tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 17 de marzo de 2013

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Proyecto Canaima cambió la perspectiva educativa en Venezuela

AVN


En un acto realizado este miércoles en la Plaza Bolívar de Caracas, profesores, representantes y unos 600 niños que ahora tienen acceso al programa Canaima Educativo, rindieron tributo al presidente Chávez, en agradecimiento por las políticas que en materia de educación se implementaron durante su gobierno.
Audrey Galavis, docente integral de quinto grado de la Escuela Básica Bolivariana Los Naranjos de la parroquia La Vega, en Caracas, manifestó que la Canaima es una herramienta tecnológica que permite elevar la calidad de la educación, "nos abre las puertas del mundo de la investigación y de la imaginación, y nos permite apoyar los proyectos de aula desde una perspectiva distinta e innovadora".
Dijo que gracias a las portátiles los niños se han convertido en protagonistas de su proceso educativo porque proponen los temas que quieren estudiar, "por lo general investigan en la Canaima y llevan su propuesta, se voltea la dinámica, antes nosotros les decíamos qué estudiar, ahora no".
La docente se mostró agradecida con los proyectos educativos emprendidos por el presidente Chávez y calificó a las Canaimas como "uno de los mejores avances que ha tenido la educación en Venezuela".
Durante el evento, los docentes de diversas instituciones educativas, destacaron la labor del Presidente por poner la tecnología al servicio de los más necesitados y de llevar a las escuelas del país esta herramienta de trabajo que ha enriquecido el proceso de enseñanza- aprendizaje en todas las escuelas venezolanas.
La profesora Angélica Caraballo, que imparte el sexto grado de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Jośe Antonio González de El Paraíso, en Caracas, destacó que gracias al uso de las portátiles el rendimiento escolar de los niños ha aumentado porque pueden hacer sus trabajos con mayor facilidad.
Dijo que en la escuela en la que labora, los niños de primero a sexto grado, un total de 920 estudiantes, tienen en sus manos las Canaimitas, con las que se integran de forma entusiasta a las actividades con el uso de las nuevas tecnologías.
"En algunas oportunidades los niños me han enseñado cosas que no conocía y eso me gusta, porque noto el interés que tienen por aprender y el provecho que sacan de la computadora, no pierden el tiempo ni el recurso", dijo.
Grecia Noriega, profesora del cuarto grado de la misma institución coincide con el punto de vista de su colega, "ahora el maestro se adapta a los niños, ellos tienen conocimientos ricos que nosotros los docentes no tenemos. Nos llevan 'una morena' en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías, todo se les facilita, nosotros en cambio nos estamos familiarizando".
Por su parte, la profesora Betty Medina de la Escuela Vicente Emilio Sojo de La Vega, afirma que gracias a la implementación del Proyecto Canaima se rompió en las instituciones educativas con el paradigma tradicional de la educación: "pizarrón y marcador es aburrido para ellos, ahora todo es más didáctico y entretenido, se motivan en el aprendizaje con imágenes, videos y lecturas ilustrativas".
"Los niños esperan ansiosos que llegue el día de trabajar con las Canaimas, las utilizamos dos días a la semana durante dos horas, no estamos jugando, estamos aprendiendo pero de manera entretenida", sostuvo.
A manera de homenaje profesores y estudiantes elevaron al cielo globos rojos en forma de corazón, en señal de agradecimiento con el Primer Mandatario venezolano por haberles dotado de nuevos instrumentos tecnológicos que abren paso a un mejor proceso educativo.
La representante Edith Rodríguez, madre de Josue y Yoselin González, cursantes del segundo y cuarto grado respectivamente, se mostró satisfecha con las políticas educativas de la actualidad, "todo se ha simplificado, antes teníamos que comprar los libros ahora no los donan (en referencia a la Colección Bicentenaria), antes era imposible tener una computadora, ahora cada uno tiene la suya, me siento muy agradecida con el presidente Chávez", manifestó.
Hasta la fecha han sido entregadas 2.430.000 Canaimas a los niños de educación primaria, con una inversión de parte del Gobierno Nacional de más de 3.000 millones de bolívares, y se prevé que a partir del mes de abril se inicie la distribución de las computadoras para los estudiantes de primer año de Educación Media.

La inminente reforma de la LPI plantea una guerra abierta contra los enlaces a descargas

Una nueva filtración de un borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (PDF), que llegará al Consejo de Ministros presumiblemente la semana próxima, plantea nuevas medidas para agilizar y reforzar el funcionamiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI) de la Secretaría de Estado de Cultura, especialmente la Sección Segunda, conocida como 'Comisión Sinde'. Entre ellas, la obligación para las 'telecos' de identificar a los usuarios a petición de un juez contencioso administrativo, o medidas para 'asfixiar' económicamente a las páginas de enlaces a descargas.
La Sección Segunda de la CPI es la encargada de notificar y en su caso bloquear enlaces o sitios web de enlaces a descargas no autorizadas, previa autorización judicial. No obstante, tras un año de funcionamiento tras la entrada en vigor de las reformas previstas en la llamada 'Ley Sinde', su efectividad ha sido limitada.
Una de las medidas más destacables para 'solucionar' este atasco que recoge este texto, publicado por la entidad Ibercrea (que aglutina a las principales entidades de gestión), es la obligación que establece para los prestadores de Internet de identificar a los infractores -a través de una dirección IP, nombre de dominio, dirección de Internet o dato similar- a petición de la Sección Segunda de la CPI.
Para ello, se plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente del apartado 1 del artículo 256, en el que se incluiría un décimo punto en el que se capacita al juez para pedir la identificación del supuesto infractor a 'telecos' y empresas de pagos y publicidad cuando "concurran indicios razonables de que esté poniendo a disposición o difundiendo a gran escala, de forma directa o indirecta, a través de cualquier enlace o redireccionamiento, contenidos" protegidos por derechos de autor.
Hasta el momento, dicha identificación se producía de este modo sólo para perseguir los delitos más graves; de esta manera, un juez de los contencioso-administrativo podrá, de prosperar la reforma, solicitar esa identificación en el caso de que exista un indicio de vulneración de la propiedad intelectual en la Red.
La Sección Segunda podrá pedir la identificación del infractor al juez para, posteriormente y si ese infractor no retira los enlaces a los contenidos 'piratas', bloquear el acceso a esos enlaces, con un nuevo permiso del juez. La idea de estas modificaciones es agilizar el proceso, que se alargaba notablemente.
Tal y como adelantaba la periodista Pilar Portero hace unas horas, "en las últimas versiones del texto también había una modificación del artículo 270 del Código Penal para armonizarlo con la nueva ley, pero parece ser que ha desaparecido de la que se aprobará en el Consejo de Ministros".
Según el abogado especializado Carlos Sánchez Almeida, este proyecto "supone una agresión sin precedentes a la libertad de expresión, y aún más, a la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica garantizada por el artículo 20 de la Constitución". "Más allá de la regulación de la comisión de censura", añade el abogado, " se pretende someter a un asfixiante control administrativo toda la actividad artística, y en particular la libre asociación de los autores y creadores".

Google se libra

Otras de las medidas resaltables del proyecto es que la Sección Segunda podrá actual contra los sitios web que "vulneren directamente los derechos de propiedad intelectual" y, subsidiariamente, contra quienes participen en la vulneración de forma "significativa considerando su nivel de de audiencia en España" y cuya "actividad principal sea la de facilitar de manera específica y masiva la localización de obras".
Los motores de búsquedas, y notablemente Google, no podrán en principio ser sancionables por esta vía ya que la actividad perseguida debe ser "activa, específica y no neutral" -"en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras"- y "que no se limite a desarrollar actividades de mera intermediación técnica".
Es decir, tal y como se explica en la exposición de motivos, "lo anterior no afecta a (...), entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos". Tampoco afectará a quienes "enlacen ocasionalmente a contenidos de terceros" -un claro guiño a los blogs y redes sociales-, aunque ésto último no aparece registrado tal cual en el articulado del borrador.
Además, la Sección Segunda podrá actuar "para el retablecimiento de la legalidad" contra prestadores "que, directa o indirectamente, actúen con ánimo de lucro, o hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial".

Mayor poder para la 'Comisión Sinde'

El procedimiento de notificación y retirada voluntaria no debería durar más de nueve días: 48 horas como máximo para notificar al infractor (previamente identificado), presentación de alegaciones por parte de éste, se practicará prueba en dos días y las conclusiones de la Sección Segunda se darán a conocer a las partes en un plazo máximo de cinco días.
Si no hay retirada voluntaria de contenidos, la norma prevé 'asfixiar' económicamente a los sitios infractores. El texto prevé que "la sección Segunda podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicion de intermediación, de lo servicios de pagos electrónicos y de publicidad, requiréndoles para que suspendan el servicio que faciliten al prestador infractor", con prioridad a las acciones dirigidas a bloquear su financiación.
De esta manera, el bloqueo del acceso a los sitios web declarados infractores sería una "medida de último recurso, en el caso de ser ineficaces las demás medidas de alcance".
Y además prevé consecuencias para los reincidentes en forma de multa, como infracción administrativa grave, de entre 30.000 y 300.000 euros, por incumplir dos o más veces la retirada de contenidos infractores, o por reanudar la actividad infractora.
Según Carlos Sánchez Almeida, "el texto puede contravenir la normativa europea de protección de datos, de libertad de expresión y de creación de empresa, otorgando a la administración facultades que corresponden en exclusiva al poder judicial". Y añade: "Amenazar con sanciones a empresas de 'hosting' y pasarelas de pago empujará al exilio virtual a buena parte de los emprendedores de la red española, con la consiguiente repercusión en la creación de empleo y riqueza.

Mayor control a las entidades de gestión

Otros puntos importantes en la reforma de la LPI pasan por aumentar el control de las entidades de gestión de derechos de autor, un asunto que las ha puesto en pie de guerra.
El texto plantea la obligación de control de las cuentas de las entidades por parte de Cultura aunque, de momento, esa tarea recaería en la Comisión Nacional de la Competencia, algo que critican las entidades.
Aglutinadas bajo el paraguas de Ibercrea, critican además la "falta de una política activa para la creación e implementación de una industria cultural robusta".
Los editores de periódicos, a través de AEDE, se han sumado también a la queja de Ibercrea de no haber sido convocados para consultarles la nueva norma.
Mientras, Carlos S. Almeida ha hecho un llamamiento directamente a los creadores quienes, en su opinión, "deben unirse en un frente común con Internet". "Este proyecto supone un pacto contra natura entre los explotadores de la propiedad intelectual y el poder político, sometiendo por igual a los artistas y a su público", ha afirmado.

'Habrá diálogo y transparencia'

Desde la Secretaría de Estado de Cultura ni confirman ni desmienten los borradores que han ido publicándose a lo lardo de los últimos meses, y recomiendan esperar a que el texto pase por la primera lectura en el Consejo de Ministros, presumiblemente la semana que viene.
"Habrá un periodo de información pública, que puede durar un mes, en un esfuerzo voluntario para mantener el diálogo y la transparencia", comentan, y recuerdan que habrá tiempo para reunirse con las partes interesadas, entidades, asociaciones y cualquier ciudadano que tenga algo que aportar (esto último confirmado de forma expresa y oficial por la Secretaría de Estado de Cultura).
El texto será objeto de un informe (no vinculante) del Consejo de Estado, volverá al Consejo de Ministros para su segunda lectura, y luego deberá pasar por su tramitación parlamentaria. "Quedan meses de tramitación", recuerdan.

Los promotores de la gran marcha de la Diada harán una cadena humana gigante

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), que convocó la multitudinaria manifestación del pasado 11 de septiembre en Barcelona, y Òmnium Cultural organizarán "una gran cadena humana por la independencia" en Cataluña, en la próxima Diada.
Así lo han anunciado hoy las presidentas de ambas entidades, Carmen Forcadell y Muriel Casals, en la asamblea general que la independentista ANC ha celebrado en Girona, en su primer aniversario, para hacer balance del año y votar su nueva "hoja de ruta", cuyo objetivo es que en 2014 se celebre una consulta soberanista.
"Haremos una cadena humana a lo largo de nuestro país, que demuestre la unidad de nuestro pueblo (...) logramos una manifestación histórica, y ahora lograremos la cadena humana de la independencia de Cataluña", ha manifestado la presidente de la ANC, acompañada de Muriel Casals, presidenta de Omnium Cultural, entidad que trabaja para la promoción de la lengua y la cultura catalanas.
La ANC, que no ha dado más detalles sobre la convocatoria de esta cadena humana, ha precisado, en un comunicado, que estará abierta "a todas las entidades" y que su objetivo es "movilizar a cientos de miles de personas en la calle" coincidiendo con la Diada.
Unas 3.000 personas, según la organización, han asistido a la asamblea, inaugurada por el alcalde de Girona, Carles Puigdemont (CiU), en la que se ha aprobado la nueva "hoja de ruta", que la ANC ha actualizado con propuestas que pretenden ampliar la mayoría social y acelerar los preparativos para la celebración de la consulta, que fijan con fecha límite del 31 de mayo del 2014.

Soldados del PP torturaron a Prisioneros durante la guerra en Irak


El nuevo aeropuerto de Berlín tiene 20.000 defectos

Esta semana ha tomado posesión de su puesto Harmut Mehdorn, expresidente de Deutsche Bahn y de la aerolínea Air Berlin y que acaba de ser nombrado director de la Sociedad Alemana de Aeropuertos. Llega con una misión muy concreta, poner fin al bochornoso acabado de las obras del nuevo aeropuerto de Berlín-Brandemburg, que llevará por nombre Willy Brandt y cuya inauguración ha sido aplazada ya en dos ocasiones por "graves problemas técnicos". La primera dificultad con la que se ha encontrado ha sido conseguir apagar las luces.
El anterior responsable, Rainer Schwarz, fue despedido en enero debido a los graves fallos. El último de ellos, la vergonzosa incapacidad para apagar las luces del aeropuerto, dotado de la última tecnología en autogestión energética, ha sido confirmado a los medios alemanes por el director técnico del proyecto, Horst Amman, con la siguiente declaración: "lo cierto es que aún no hemos progresado lo suficiente con el sistema de iluminación para poder controlarlo".
Harmut se ha encontrado con que tendrá que hacer reparar más de 20.000 defectos de distinta gravedad antes de la inauguración, según figura en un primer informe de diagnóstico. Un portavoz se ha esforzado en aclarar que en esa cifra se incluyen también desperfectos menores como azulejos rotos y ha reconocido que "el verdadero problema fue y sigue siendo la protección contra incendios". La última fecha de inauguración, en efecto, fue cancelada porque en el simulacro de rigor los bomberos de Berlín no dieron el visto bueno porque no fue posible evacuar a tiempo.
"Nuestro objetivo es una transparencia absoluta. Queremos no sólo documentar el desastre, sino también la construcción", ha dicho a 'Bild am Sonntag' Rainer Bomba, del Ministerio de Transporte.
La apertura del nuevo aeropuerto estuvo en un principio prevista para 2010, pero hubo de ser aplazada hasta junio y después hasta octubre de 2012. Hace unas semanas, sus responsables que no entrará en funcionamiento hasta 2014 debido a sus graves deficiencias técnicas. La construcción, que arrancó en 2005, se ha convertido en una pesadilla. Fallos de diseño, problemas de seguridad, errores técnicos... y la lista va en aumento. El proyecto ya le ha costado al Gobierno 4.500 millones de euros, pese a los 2.800 previstos inicialmente.
Este nuevo aeropuerto está pensado para sustituir a los aeródromos que operan actualmente, el de Berlín-Tegel, en el interior de la ciudad y que asume actualmente la mayor parte del tráfico aéreo, y el de Berlín-Schönefeld, a las afueras, y que es utilizado fundamentalmente por compañías de bajo coste.
Lo curioso es que se está construyendo en contra de los deseos de los berlineses, que según las encuestas preferirían dejar las cosas como están. El último sondeo, a cargo de Insa Consulere, señala que el 60% de los habitantes de Berlín desea seguir disponiendo de un aeropuerto más cercano, cómodo, pequeño y barato como Tegel, que data de los tiempos de la guerra fría pero que resulta enormemente práctico a los viajeros, en contraposición al 24% que desea un gran aeropuerto internacional.
La resistencia a la nueva infraestructura se percibe especialmente en los berlineses más jóvenes, en la franja de edad entre 18 y 39 años, que querrían seguir volando desde Tegel en una tasa del 67%. Para su tranquilidad, una de las primeras declaraciones de Hartmut Mehdorn en su nuevo puesto ha sido que "la decisión sobre el cierre de Tegel todavía no ha sido tomada".

Soldados españoles maltrataron a prisioneros iraquíes en Diwaniya

Un general que ocupó durante cuatro años el más alto mando de las Fuerzas Armadas solía presumir, con cierta temeridad, de que ninguno de los miles de militares españoles que en el último cuarto de siglo han desarrollado misiones en el exterior ha hecho nada de lo que haya que avergonzarse. Lo decía después de que se conocieran imágenes de marines estadounidenses orinando sobre cadáveres o soldados alemanes mofándose de calaveras en Afganistán. Hasta ahora, se ha visto a los militares españoles repartiendo comida a los niños o curando a civiles en zonas de conflicto. También, aunque menos, se les ha visto combatir. Todo eso lo han hecho. En cambio, no se les ha visto nunca infligir malos tratos a prisioneros. Y muchos preferirían que nunca se les viera hacerlo. Pero eso no significa que no haya sucedido.
El vídeo que hoy difunde EL PAÍS muestra a cinco soldados españoles entrando en una celda. En el suelo, sobre una manta, con dos botellas de agua a su lado, hay un hombre. Uno de los soldados le ordena a gritos que se incorpore. El hombre, postrado, no parece entenderle. A su lado hay otro detenido que a mitad de la grabación, que dura 40 segundos, es arrojado sobre el primero. Tres de los soldados la emprenden a patadas con ambos. Otros dos observan desde la puerta de la celda. Un sexto graba la escena. Uno de los militares los patea con especial saña. En dos ocasiones parece a punto de marcharse, pero se vuelve para descargar toda la fuerza de su bota sobre los cuerpos indefensos. De las víctimas solo se escuchan jadeos y gemidos. Un militar, que durante la paliza se ha quedado mirando desde el quicio de la puerta, comenta al final: "¡Jo! A este se lo han cargado ya".

Cronología de la guerra

Blair, Bush y Aznar en las Azores. / Sergio Pérez
No a la guerra. Miles de ciudadanos se lanzaron a las calles a principios de 2003 para intentar evitar que Estados Unidos atacara Irak. Las manifestaciones fueron masivas en España. El Gobierno de George W. Bush afirmaba que Irak poseía armas de destrucción masiva y tenía lazos firmes con Al Qaeda. El 5 de febrero, su secretario de Estado, Colin Powell, había presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU los “hechos”. Irak debía expiar las muertes norteamericanas en los atentados del 11-S. Era el preludio de una guerra que ocasionó miles de muertes y que se fundamentó en una mentira.
Cumbre de las Azores. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se reúne con el de España, José María Aznar, y los primeros ministros de Reino Unido, Tony Blair, y de Portugal, José Manuel Durão Barroso. Los mandatarios deciden lanzar un ultimátum a Sadam el 16 de marzo. Mientras tanto, países como Francia, Alemania o Rusia piden prudencia.
Comienza la invasión. Fue el 19 de marzo de 2003, el martes hará 10 años. El presidente Bush promete el ataque a objetivos concretos para desarmar Irak y liberar a su gente. Hasta abril, se libra una guerra convencional, liderada por tropas estadounidenses y británicas, acompañadas de efectivos de una coalición de países. Los primeros soldados españoles llegaron el 30 de julio. Hubo 11 bajas.
Cae Bagdad. En abril los tanques norteamericanos llegan a la capital de Irak. Ciudadanos y soldados estadounidenses derriban la descomunal estatua de 12 metros que se alzó en honor de Sadam en la plaza del Paraíso. Bush declara la victoria en mayo, lo cual no significa una declaración legal del fin de la guerra, que tampoco tuvo un inicio oficial.
Captura de Sadam. Estados Unidos anuncia que ha capturado a un desaliñado Sadam Husein al sur de Tikrit, su ciudad natal, el 13 de diciembre. Se hallaba oculto en un zulo. Será juzgado por un tribunal iraquí y ahorcado por crímenes contra la humanidad en diciembre de 2006.
Los abusos de Abu Grhaib. La cadena CBS y The New Yorker destapan los abusos de soldados estadounidenses hacia los prisioneros en la cárcel de Abu Grhaib. En 2010 WikiLeaks difunde 400.000 cables del Gobierno estadounidense que dejan al descubierto más aspectos oscuros del conflicto.
España retira sus tropas. Tan solo un día después de su toma de posesión como presidente del Gobierno español, el 18 de abril de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero informa de la retirada de las tropas españolas en Irak. El repliegue se completa en mayo.
Se recrudece el conflicto. A finales de 2003, los insurgentes contraatacan y comienzan las luchas entre milicias rivales. El conflicto se agudiza con los enfrentamientos entre suníes y chiíes. Ante el fortalecimiento de la resistencia, EE UU envía nuevas tropas al comienzos de 2007.
Retirada de EE UU. Barack Obama anuncia que la retirada de las tropas de combate se hará el 31 de agosto de 2010. Se quedan 50.000 soldados como fuerzas de transición. Alrededor de un millón habían servido en Irak desde 2003. La misión de EE UU en Irak pasa de ser llamada Operación Libertad Iraquí a Nuevo Amanecer. El 18 de diciembre de 2011 se marchan los últimos 500 soldados. Dejan atrás un país en ruinas.
La escena está grabada en Diwaniya, la base principal de las tropas españolas en Irak, en los primeros meses de 2004. La participación en la guerra de Irak, de cuyo inicio se cumple una década el próximo día 20, tiene algo que la hace radicalmente diferente a la de Bosnia o Afganistán: no solo se hizo sin el aval de la ONU y con la abrumadora oposición de la opinión pública española, sino que llevó a los militares españoles a colaborar con las fuerzas estadounidenses de ocupación. Ante el vacío de poder dejado por la disolución del Estado iraquí y del partido Baaz de Sadam Husein, la llamada CPA (Autoridad Provisional de la Coalición), en la que había oficiales y diplomáticos españoles por decisión del entonces presidente José María Aznar, se convirtió en Gobierno ocupante.
"Para hacer cumplir las leyes impuestas por la CPA" y puesto que "las fuerzas de la coalición representan la ley y el orden en Irak", en septiembre de 2003, solo un mes después de que llegase a Irak la Brigada Plus Ultra, con 1.300 españoles, se distribuyó entre sus mandos un documento de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor titulado Procedimiento de detención y actuación con el personal detenido. La guía, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ordenaba que "durante y después de la detención se empleara la violencia mínima imprescindible" y que se mantuviera "en todo momento el respeto a los derechos del detenido". Los motivos para practicar una detención eran muy amplios. "Cualquier persona puede ser detenida si crees que representa una amenaza contra las fuerzas de la coalición" o si "tienes la sospecha razonable de que ha cometido un delito", se instruía a los militares. El manual incluía un catálogo de derechos del detenido y advertía de que "no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". Tampoco nadie podía ser sometido, "durante su interrogatorio, a violencia, amenanazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o juicio". Lo que no existía es control judicial alguno, y el propio manual confiaba en "el buen juicio y sentido común" del oficial al mando.
Los detenidos por delitos comunes eran entregados a la policía local iraquí, a través de la policía militar de EE UU; mientras que los detenidos por delitos contra la coalición (es decir, los insurgentes) eran conducidos al Centro de Detención de Brigada de Base España.
Los papeles de Wikileaks sobre la guerra de Irak, difundidos en otoño de 2010, incluyen dos referencias a este centro de detención, al que denomina Detention Facility. En uno de ellos, de 7 de enero de 2004, se alude a un registro de una casa en el noroeste de Diwaniya, donde se encontraron armas "que podrían ser usadas contra las fuerzas de la coalición". Un hombre y una mujer fueron arrestados, y el primero, conducido a Base España "para ser interrogado en profundidad". El segundo, fechado el 11 de febrero de 2004, da cuenta de un atentado con un artefacto adosado a una bicicleta contra militares españoles que patrullaban a pie en Diwaniya. La explosión causó seis heridos, y dos presuntos insurgentes fueron llevados a Base España "para un interrogatorio adicional".
Según testigos consultados por EL PAÍS, el centro de detención era un barracón con cinco celdas situado a la entrada de la base, cerca del edificio del cuerpo de guardia. El manual disponía que en cada calabozo hubiera un camastro, aunque en la filmación no aparece cama alguna, a lo sumo una manta o una fina colchoneta sobre el suelo de cemento. En varias operaciones se capturó a más de cinco insurgentes, lo que obligaba a compartir celdas. En total, varias decenas de iraquíes pasaron por el Detention Facility español.
La custodia de los prisioneros estaba a cargo del cuerpo de guardia; una sección de 30 hombres encargada de la vigilancia de la base. El oficial al mando registraba las entradas y salidas de los detenidos. Los soldados se encargaban de entregarles la comida, acompañarles al aseo e impedir la entrada a quien no estuviera autorizado. El problema es que los miembros del cuerpo de guardia carecían de formación para custodiar detenidos. Es más, este cometido lo hacían en turnos de 24 horas y lo alternaban con la escolta de convoyes o las patrullas. Es decir, un soldado que hubiera sido objeto de un ataque podía estar al día siguente custodiando a su presunto agresor."La tentación de tomarte la justicia por tu mano era grande", reconoce un soldado que estuvo en Irak.
El manual del Ejército instaba a utilizar “la violencia mínima imprescindible antes y después de la detención”
Las tropas españolas llegaron en misión "de paz, reconstrucción y ayuda humanitaria" a una "tranquila zona hortofrutícola", como calificó el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, las provincias iraquíes de Al Qadisiya y Nayaf, donde se desplegó la Brigada Plus Ultra, para la que se reclutaron también contingentes centroamericanos. En solo 10 meses de misión, de agosto de 2003 a mayo de 2004, España sufrió 11 bajas mortales en Irak.
El conflicto abierto estalló cuando el imán chií Múqtada al Sáder rompió con las nuevas autoridades y llamó a sus fieles, agrupados en el Ejército del Mahdi, a la guerra santa contra las fuerzas de la coalición. Para los españoles no fue una sorpresa. En el manual de área elaborado en junio de 2003 por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) ya se advertía de que Al Sáder "es el más peligroso para los intereses de la coalición internacional, por su intención declarada de establecer un Estado islámico".
Los jefes de la brigada española intentaron mantener un difícil equilibrio entre las distintas facciones e incluso se opusieron a que se desmantelase por la fuerza un tribunal islámico en Nayaf. Pero la intervención unilateral de las tropas norteamericanas, que detuvieron al lugarteniente de Al Sáder sin informar siquiera al mando español, avivó un incendio que ya no sería posible apagar. El 4 de abril de 2004 fue atacada por una multitud en armas la base Al Andalus, el destacamento español en Nayaf. En los siguientes 50 días se produjeron 40 acciones de combate; con un muerto (del batallón salvadoreño, que compartía base Al Andalus con los españoles) y 21 heridos por parte de la Brigada Plus Ultra, y al menos ocho muertos y 23 heridos del lado de la insurgencia. Sobre la base de Diwaniya llovieron al menos 227 proyectiles de mortero, sin causar bajas, aunque uno cayó en el tejado del alojamiento femenino. Los dos prisioneros golpeados en la grabación habrían sido detenidos con material de mortero.
En este clima de creciente tensión imperaba la ley del silencio en algunas unidades, sobre todo en las más pequeñas, donde la relación entre mandos y tropa era más estrecha. "Si alguien intentaba matar a uno de mis soldados y él disparaba primero, yo no le pedía muchas explicaciones", recuerda un suboficial.
En teoría, los detenidos debían permanecer en Base España un máximo de 72 horas. Estaba previsto habilitar una zona en la prisión de Diwaniyah para el internamiento preventivo de los insurgentes por un periodo de hasta 15 días, pero este proyecto nunca se puso en marcha, por lo que la única manera de sacarlos de la base era ponerlos en libertad o trasladarlos a la cárcel de Abu Ghraib, tristemente famosa por las vejaciones y torturas a las que fueron sometidos los allí presos. Pero ni siquiera esto resultaba fácil. Según reconoce un antiguo mando del contingente español, no siempre se podía organizar un convoy para llevar prisioneros a Bagdad y, además, Abu Ghraib estaba saturada, por lo que los estadounidenses intentaban que los prisioneros se quedaran en las brigadas el mayor tiempo posible.
Dos sucesos vinieron a complicar aún más el trato con los detenidos: el primero fue el asesinato de los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que cayeron en una emboscada en la carretera que unía Diwaniyah y Bagdad el 29 de noviembre de 2003. Desde ese momento, el servicio de inteligencia se quedó sin un equipo permanente en zona. Los agentes secretos viajaban periódicamente a Irak, pero su máxima preocupación era investigar la muerte de sus compañeros. El manual sobre detenciones les atribuía el cometido de realizar un "interrogatorio adicional [...] cuando las características del detenido o la información que nos pueda estar negando lo aconsejen".
El segundo suceso fue el asesinato del comandante de la Guardia Civil Gonzalo Pérez, quien recibió un balazo en la cabeza cuando dirigía una redada contra una banda de delincuentes comunes en la localidad de Hamsa, a 40 kilómetros de la base. El 3 de febrero de 2004, después de 13 días en coma, falleció en Madrid.
En la terminología de la coalición, el comandate Gonzalo Pérez era el Provost Marshall, de quien dependía la liberación de un detenido o su traslado a Abu Ghraib. "El Provost Marshall será el responsable de la coordinación de todos los elementos implicados en el proceso [de captura, custodia y entrega de insurgentes] y la corrección del mismo", decía el manual.
Los sospechosos eran llevados a la cárcel de Abu Ghraib tras unos días en el centro de detención de Base España
La brigada contaba también con un experto en Derecho, un oficial del Cuerpo Jurídico Militar, pero el protocolo de detenciones no le asignaba ningún papel decisorio: "El Aseju [Asesor Jurídicio] informará cuando sea requerido acerca de la pertinencia de la detención llevada a cabo y también sobre las acciones subsiguientes que procedan".
Solo se conoce una denuncia por malos tratos contra el contingente español. La del iraquí Flayeh Al Mayali, que fue detenido el 22 de marzo de 2004 como "cooperacdor necesario" en el asesinato de los agentes del CNI, de quienes era traductor. El 27 de marzo -sobrepasado de largo el plazo de detención de 72 horas- fue trasladado a Bagdad. Cuando en febrero de 2005, libre de cargos y sin haber sido juzgado, salió de Abu Ghraib reivindicó su inocencia en declaraciones a El Heraldo de Aragón y aseguró que, durante su interrogatorio en Base España, le pusieron una capucha, le ataron las manos a la espalda y le pegaron. De noche, no le dejaban dormir y en el viaje a Bagdad le insultaron y golpearon con fusiles, agregó. "Recibí un trato inhumano y degradante, como si fuera un perro".
Las denuncias de Al Mayali nunca se investigaron. El Ministerio de Interior le prohibió la entrada en España y Defensa ni siquiera informó de su detención, como era preceptivo, al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a pesar de que apenas un mes antes había archivado provisionalmente la causa por el asesinato de los siete agentes del CNI debido a la ausencia de autor conocido.
El general Fulgencio Coll, que estuvo al mando de la Brigada Plus Ultra II y luego fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, asegura que no tuvo "en absoluto" ninguna noticia de que en Base España se maltratase a algún detenido y aún hoy se niega a creerlo: "Tengo plena confianza en la gente que estaba a mis órdenes". Reconoce que la custodia de detenidos "no era una misión que nos gustara, pero hubo que asumirla". Eso sí, sus instrucciones eran "cumplimentar cuanto antes el atestado y meterlos en el primer convoy para Bagdad". Mantenerlos en la base era un problema añadido para un contingente que ya estaba "sobrecargado de trabajo" y no daba abasto para cumplir todas las misiones encomendadas.
La tentación de tomarte la justicia por tu mano era grande”, admite un soldado que estuvo destinado en Irak
José Bono, ministro de Defensa en el primer Gobierno de Zapatero, asegura que desde el momento en que tomó posesión de su cargo tuvo hilo directo con el contingente español en Irak y no le consta que se produjera ningún caso de maltrato. "No puedo asegurar rotundamente que no sucediera antes, pero estoy convencido de que a mi antecesor [Federico Trillo] no le llegó esa información", alega.
Bono tenía otros motivos para preocuparse. Nada más aterrizar en La Moncloa, el 18 de abril de 2004, Zapatero le mandó la inmediata retirada de las tropas españolas de Irak. Bono tuvo una tensa conversación con el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld -quien le recriminó haberse enterado de la noticia a través del secretario de Estado, Collin Powell- y algo más que un roce con el jefe del Ejército de Tierra, el general Luis Alejandre, quien le daba la impresión de resistirse a cumplir sus ordenes. La relación con EE UU no se recuperó hasta la salida de Bush de la Casa Blanca, ya en enero de 2009, mientras que el desencuentro con Alejandre acabaría llevado a su destitución, junto al resto de la cúpula militar, en junio de 2004.
La Operación Jenofonte (la retirada de Irak) no duró diez días, como quería Bono, sino casi un mes, pero el 21 de mayo cruzó la frontera con Kuwait el último de los militares españoles. Para ellos estaba claro que no venían de una misión de paz, como sostuvo hasta el final Trillo, sino de un conflicto duro y cruel del que ninguno de sus principales protagonistas salió completamente inmaculado. La conducta de un grupo de bárbaros de uniforme, amparados en la impunidad de la noche y la indefensión de sus víctimas, no debe empañar la imagen de las Fuerzas Armadas y ni siquiera salpicar a los más de 5.000 militares españoles que cumplieron con su deber en Irak, pero ignorar el horror solo conduciría a repetir el error. -

Muere el ministro fuerte de la dictadura argentina

José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de economía de la dictadura argentina de 1976 a 1981, falleció a los 87 años en su piso de Buenos Aires, donde cumplía detención domiciliaria acusado de crímenes contra la Humanidad, informó este sábado la prensa porteña.
De familia terrateniente, ultra neoliberal y activo adherente a la monetarista escuela de Chicago, Martínez de Hoz acompañó los preparativos del golpe de estado que el 24 de marzo instaló en la Casa Rosada al dictador militar Jorge Videla y enseguida asumió el máximo cargo en el palacio de Hacienda.
Los argentinos le llamaban 'Joe' por su fidelidad hacia las posturas de los Estados Unidos, sobre todo de los republicanos, y en contra de la tradición estatista y socialcristiana del peronismo, que en 1976 fue desalojado a la fuerza del poder, y del radicalismo, las dos principales fuerzas políticas del país.
El ex jefe del Palacio de Hacienda cumplía prisión preventiva en su piso del exclusivo edificio porteño Kavanagh, del barrio de Retiro, por el secuestro y desaparición de un subordinado suyo en el ministerio de Economía, Juan Carlos Casariego, que se opuso a un negociado.

Guerra sucia

Casariego había nacido en Rivadeo, provincia gallega de Lugo, y ocupaba una secretaría en el palacio de Hacienda. Se opuso a firmar la compra por el Estado de la quebrada compañía Italo Argentina de Electricidad, que Martínez de Hoz había presidido hasta el golpe militar.
El 15 de junio de 1977 fue secuestrado por un comando militar, junto al empresario Julio Gallego Soto, el director del diario 'El Cronista', Rafael Perrota. Los tres fueron torturados y aún están desaparecidos.
Martínez de Hoz también cumplía prisión preventiva domiciliaria por el secuestro de los empresarios textiles Federico Gutheim y su hijo Miguel, en 1976, que pasaron varios meses en las mazmorras de la 'guerra sucia' de la dictadura y fueron obligados a firmar un contrato con Corea impulsado por el ministro de Economía, al que cuando estaban en libertad se oponían.