tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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lunes, 20 de enero de 2014

Indignación en Alemania por grandes sobrecostes en varias obras

La silueta de la Filarmonía del Elba en el horizonte portuario de Hamburgo recuerda a las velas hinchadas de un barco fantasma que, poderoso de lejos, resulta ser un casco vacío y desgobernado, a la merced de un huracán presupuestario. El proyecto de sala de conciertos firmado por el estudio suizo de arquitectura Herzog & de Meuron registra, por ahora, un 1.000% de sobrecoste para las arcas públicas respecto a lo aprobado hace siete años. En lugar de los 77 millones de euros que autorizó la ciudad-Estado a mediados de la pasada década, el contribuyente pagará 790 millones.
Las recientes protestas ciudadanas en Hamburgo, que dieron lugar a polémicas medidas de control policial, guardan relación con el precio disparado de un edificio que se ha convertido en uno de los símbolos del aumento de las diferencias sociales en la rica ciudad hanseática. No abrirá antes de 2017, siete años después de lo proyectado en 2006.
En Alemania, el ruinoso proyecto se ha sumado a una nutrida lista de desastres presupuestarios entre los que destacan el fallido aeropuerto internacional de Berlín y la ampliación de la estación de ferrocarril de Stuttgart. La capital del próspero Estado sureño de Baden-Württemberg fue el escenario de continuas protestas ciudadanas que contribuyeron a la derrota electoral de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en 2011.
Las últimas protestas en Hamburgo están relacionadas con estos sobreprecios de los grandes proyectos
Aunque en buena medida protagonizadas por jubilados y personas de mediana edad que se mezclaban con grupos izquierdistas y estudiantes, aquellas manifestaciones alcanzaron momentos de gran tensión. Las imágenes de un jubilado llamado Dietrich Wagner con los ojos reventados por una manguera de agua a presión conmocionaron Alemania. El faraónico proyecto urbanístico Stuttgart 21 costará, entre la remodelación de la estación y la construcción de nuevos tramos de vías, más de 9.000 millones.
El caso del aeropuerto berlinés Willy Brandt no provocó protestas ciudadanas, pero sí considerable befa desde medio mundo. La sustitución de los tres viejos aeropuertos berlineses por uno nuevo e internacional fue anunciada tras la reunificación de la ciudad. Debía llevarse a cabo sin inversión pública. En 2005, el Gobierno regional aceptó gastos de 2.000 millones para abrir las nuevas terminales en octubre de 2011. En 210 se retrasó la apertura hasta junio de 2012. Se construyó, pero el gran edificio resultó inútil.
Apenas unos meses antes, el Gobierno regional de Berlín envió un circular a la prensa anunciando un nuevo retraso hasta marzo de 2013. Había problemas, se dijo, con los sistemas antiincendios. No se ha inaugurado aún y nadie se fía de las nuevas fechas anunciadas por las autoridades. Lo único ya seguro es que costará más de 4.500 millones.
Otro gran complejo berlinés con problemas de dinero es la central de los servicios secretos exteriores alemanes (BND). Se habló de 500 millones en 2003. En 2011, la cifra aumentó hasta 811 millones. El parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) ha calculado que el gasto podría dispararse hasta los 2.000 millones.

El fiscal pide 14 años para el jefe del macroprostíbulo de La Jonquera

El dueño del macroprostíbulo Paradise de la Jonquera (Alt Empordà), José Moreno, ha vuelto a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Girona. La fiscalía pide para él 14 años de cárcel porque considera que lideró entre 2009 y 2010 una red de proxenetas dedicada a captar mujeres de Brasil para prostituirlas en los dos clubes que regentaba en las comarcas gerundenses. Junto a Moreno, también se juzga a otros siete sospechosos de formar parte de esta trama. Todos han negado los cargos que se les imputan. Está previsto que el juicio dure toda la semana.
En apenas dos horas, los ocho procesados —que solo han contestado a las preguntas de sus defensas— han negado todas las acusaciones. El fiscal ha solicitado para José Moreno 11 años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros tres por atentar contra el derecho de los trabajadores. Además, pide que pague una multa de 5.400 euros y 11 años de inhabilitación para regentar prostíbulos. El abogado de Moreno, Lluís Frigola, niega las acusaciones y pide su absolución.
En su declaración ante el tribunal de la sección cuarta, Moreno ha reconocido que en 2008 —cuando fue detenido— facilitó dinero para que vinieran tres o cuatro mujeres de otros países "como un favor" porque le habían dicho que querían trabajar en su local. Ha destacado la "ignorancia" con la que actuó porque, según ha asegurado, desconocía que "era delito". Ha recordado que ya fue condenado por estos hechos y ha reiterado ante los magistrados que, tras saber que era ilegal de boca de su abogado, "nunca jamás lo he vuelto a hacer ni lo haré". El gerente de uno de los mayores prostíbulos de Europa, ha asegurado: "Nunca he tenido necesidad de traer chicas, solo se hizo en plan de favor porque la verdad es que tanto el Eclipse como el otro local que tengo, el Paradise, están trabajando y no es necesario traer a ninguna señorita. Hay señoritas por aquí, por España y por Europa".
Ha asegurado también que no cobra ninguna cantidad por las relaciones sexuales que las mujeres que se alojan en su club mantienen con los clientes. Ha añadido que tienen total libertad en sus horarios y que cobra el mismo precio tanto a sus trabajadoras como a sus consumidores por las copas, tres factores que, de no ser ciertos, serían delito.
Según el fiscal, Moreno planeó atraer mujeres brasileñas para que ejercieran la prostitución en sus locales, el Edén de Melianta (Pla de l'Estany) —cerrado años atrás— y Eclipse de (Mont-ras), con el objetivo de "enriquecerse con la actividad sexual retribuida de las chicas". Para ello, hizo todo lo necesario "para simular que el viaje lo hacían como turistas, eludiendo así las leyes de inmigración". Para llevar a cabo su plan, se puso en contacto con varias personas y formó un grupo que le ayudaba "siguiendo sus instrucciones y a cambio de dinero".
Moreno adelantaba el dinero a sus colaboradores para pagar los billetes y otros gastos para traer a las víctimas del extranjero. Rodrigo Rodrigues, Luís Rodríguez, Thirce Rodrigues y su marido Eduardo Osuna, se encargaban de ponerse en contacto con las extranjeras, les procuraban los billetes, el dinero y la información necesaria. Además, las iban a buscar al aeropuerto y las trasladaban al Edén. Estos procesados, junto con Abraham Soler, José Manuel Caeiro y Mattia Cabras, todos ellos trabajadores del Edén, eran los encargados también de cobrar a las mujeres el dinero que se les había avanzado para el billete de avión, además de otras cantidades que les exigían. Estas deudas, según han denunciado algunas víctimas, normalmente ascendían a alrededor de 2.500 euros, aunque alguna aseguró que le pidieron 6.000 euros.
Una vez conseguían que las chicas llegaran a las comarcas de Girona, las llevaban a los locales para "ejercer la prostitución durante todos los días de la semana, en horario principalmente nocturno y no solo para devolver las cantidades de dinero que los procesados exigían". Según la fiscalía, las víctimas también eran "obligadas" a pagar por alojamiento, comida, toallas, sábanas, electricidad, análisis de sangre, exámenes ginecológicos, películas o días de fiesta, entre otros conceptos.
Para el fiscal, el objetivo de esta red de proxenetas dirigida por Moreno no solo era "enriquecerse con la actividad sexual de las chicas" sino también intentar que la deuda no se pudiera pagar rápidamente y que tuvieran que trabajar en el club el máximo tiempo posible.
Diez mujeres declararán en el juicio, la mayoría, testigos protegidos, que llegaron a España entre 2009 y 2010 y que aseguran que recibieron indicaciones claras para "fingir" que entraban en el país "como turistas". Algunas contaron a la policía que habían sido amenazadas con ser cortadas "en pedacitos" o con hacer daño a sus familias en Brasil.
Paralelamente, el fiscal también acusa a dos de los implicados, Rodrigo Rodrigues y Luis Rodríguez, de actuar por su cuenta engañando, en este caso a hombres, para hacerlos venir al país bajo el pretexto de que trabajarían como camareros o en la construcción. Una vez aquí, los llevaban a pisos de Girona, Barcelona y Madrid y los obligaban a prostituirse para saldar la deuda del viaje. El fiscal destaca que no existiría ninguna vinculación entre la red dirigida por Moreno y la actividad de prostitución de estos procesados.
La fiscalía solicita las penas más elevadas para estos dos hombres, Rodrigues y su ex pareja, Rodríguez. Para el primero, pide una pena de 20 años y 6 meses de prisión por delitos contra los derechos de los ciudadanos, contra los derechos de los trabajadores, relativo a la prostitución y amenazas. Para Luis Rodríguez, pide 18 años y 6 meses y, para ambos, solicita una multa de 7.800 euros. También pide 11 años de inhabilitación para explotar burdeles.
Para Thirce Adriana Rodrigues y Mattia Cabras , el fiscal pide 13 años y medio de prisión, 9 años de inhabilitación para explotar o trabajar en prostíbulos y 2.400 euros de multa por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y amenazas. Para el marido de Thirce, Eduardo Osuna y los encargados del Edén, Abraham Soler y José Manuel Caeiro, el fiscal pide una pena de 11 años y 6 meses de prisión y 9 años de inhabilitación para explotar burdeles por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores .
En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía solicita que los procesados paguen de forma solidaria 10.000 euros a cada una de las víctimas. En total, 100.000 euros. Rodrigo Rodrigues y Luís Rodríguez también deberían pagar, entre ambos, 10.000 a cada uno de los hombres que habrían traído engañados para ejercer la prostitución.
Se da la circunstancia de que Audiencia de Girona ya condenó en 2008 a tres años de prisión por hechos similares a José Moreno. Cuatro de los actuales procesados también fueron juzgados con Moreno en un juicio de febrero del 2012 contra una red de proxenetas.

60 millones: más turistas que nunca

Jorge Mateu es el director del hotel Princesa Sofía de Barcelona. Con 500 habitaciones es el establecimiento más grande de la ciudad. Llenarlo es todo un reto. Y en 2013 lo consiguieron con más holgura que en años anteriores. Situado en la zona alta, es un habitual para el alojamiento de las ferias y congresos. “Pero hemos visto crecer mucho el segmento del turismo de ocio”, señala Mateu, que lleva 40 años dedicados al sector hotelero.
Por nacionalidades, este hotel ejemplifica bien a la clientela del sector español: los más habituales son ingleses, franceses y alemanes. “Los rusos también han crecido. Ellos suelen alojarse en las plantas de alto standing”, señala este director. Los precios, apunta, los subieron el año pasado, y aun así, la demanda ha respondido bien. “Fue un buen año”, resume. Y es que el turismo no solo aguanta el tirón de la crisis, sino que está cosechando récords: en 2013 llegaron a España cerca de 60 millones de visitantes extranjeros. Más que nunca.
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos y Exceltur. / EL PAÍS
El hito histórico de los más de 60 millones de turistas lleva cociéndose todo el año y en noviembre, con 57,6 millones de turistas internacionales, ya se habían sobrepasado las cifras de todo el año anterior. Diciembre, dicen las patronales y los hoteleros, ha seguido la senda creciente, especialmente en Canarias y Cataluña. Exceltur, asociación de grandes de las empresas turísticas españolas, calcula que el año acabó con 60,4 millones de llegadas foráneas.
Y este lobby, poco dado a triunfalismos, cree que 2014 será todavía mejor. Además, no solo ha mejorado la cantidad: también la calidad, en cuanto a ingresos se refiere. Entre enero y noviembre los turistas se dejaron en España 55.896 millones, más que nunca también.
Pese a que las estadísticas son un baño de optimismo, el récord es agridulce en muchas partes de España. Es un récord de sol y playa. El norte y las comunidades de interior, así como muchos alojamientos de turismo rural más dependientes del mercado doméstico, languidecen. Y el empleo avanza muy despacio pese a las llegadas masivas de extranjeros.
La Comunidad de Madrid ha perdido más de un 7% de sus visitas
“Desde un punto de vista macroeconómico, todo es bueno. Pero si bajas al detalle, ahí llegan las enormes diferencias. La clave es el cliente: lo que va mal es porque depende del turista de interior, que no remonta”, explica Ricard Santomà, director de la escuela de Turismo Sant-Ignasi, vinculada a la Universitat Ramon Llull. Madrid es un ejemplo: esta comunidad ha perdido más del 7% de sus visitas.
“Mientras, en Canarias se ha vivido un año espectacular, sobre todo la segunda mitad del año”, confirma Raúl Hernández, director de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna. La subida de llegadas, apunta, está claramente vinculada a los problemas de inestabilidad en Egipto. “Así que el récord, en realidad, es un poco artificial”, aclara.
Según Exceltur, España ha recibido cerca de tres millones más de turistas en 2013. Y Egipto perdió 2,5 millones. Las grandes instalaciones turísticas del mar Rojo son grandes competidoras de los complejos costeros españoles. Y muchos touroperadores desviaron este tráfico hacia Canarias, porque el clima es imbatible.

“Las nuevas tecnologías hacen que los turistas se hayan acostumbrado a comparar precios, a evitar intermediarios en muchos casos. Pero también han generado clientes más exigentes”, apunta Jorge Carulla, director general para España y Francia de Travel Zoo, web especializada en ofertas de viajes. Lo que esta crisis ha demostrado es que el sol playa no es un modelo agotado. Los ingleses y los alemanes siguen haciendo las maletas en busca de arenas cálidas. “En 2007 hablar de potenciar el sol y playa era como mentar a un ogro. Sonaba desfasado. Por suerte, no lo dejamos, ni lo debemos dejar. Es nuestro punto fuerte. Pero sí es necesario diversificar”, recomienda Santomà.“La cuestión es que esta situación ha generado un récord coyuntural. Y deberíamos lograr un crecimiento estructural, sólido”, advierte Hernández. El problema a medio plazo, dice, es que hay un enorme déficit de inversión en la renovación hotelera. “Con establecimientos viejos no se puede competir en el tiempo”, avisa este experto. Las plantillas también siguen al mínimo, y eso puede repercutir en la calidad de los servicios. Pero si los turistas no faltan, los empresarios no piensan en hacer cambios. La falta de liquidez, recuerda Hernández, hace que incluso los que desean hacer reformas no puedan. De ahí que Exceltur lleve años exigiendo incentivos.
“Habría que cambiar el concepto: del sol-playa a costa-ocio. Los turistas no son como hace 25 años. No vienen solo a tostarse. Exigen buenas infraestructuras y una oferta complementaria. Y ahí tenemos un déficit”, opina Hernández, de la Universidad de La Laguna. El 70% del gasto de los turistas internacionales en Canarias, calcula, lo hacen en origen. Es decir: lo desembolsan ante los touroperadores. Luego, en destino, dejan la cartera guardada.

Solo el 57% de la población en riesgo pide la vacuna de la gripe A

Puede parecer paradójico, pero la pandemia de gripe A que declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2009 hizo un flaco favor a la lucha que desde hace décadas mantienen las autoridades sanitarias contra la reticencia de la población a vacunarse contra la gripe estacional. Las tasas de cobertura en mayores de 65 años, uno de los considerados como grupos de riesgo a los que se aconseja inmunizarse, han caído en España desde cerca de un 70% hasta el 57,7% que recoge el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés) en su último informe, publicado hace unos días. Ni España ni ningún otro país europeo, salvo Holanda, han conseguido llegar al objetivo del 75% de cobertura vacunal que recomiendan tanto la OMS como el Consejo de la Unión Europea.
“No es que estemos teniendo más casos de gripe, ni que sea más agresiva o diferente de otras; lo que sucede es que tenemos menos población vacunada”, explica Tomás Pumarola, virólogo y miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). “La pandemia de 2009 hizo bastante daño. Esperábamos un virus aviar altamente virulento y apareció un virus porcino menos agresivo, lo que generó un cierto escepticismo”, subraya.
Este experto insiste en la importancia de vacunarse de la gripe estacional todos los años. Sanidad recomienda la inmunización a determinados grupos de población, bien porque son personas con alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de padecer la gripe, bien porque están en contacto con ellas y pueden transmitírsela. Se trata de mayores de 65 años, enfermos crónicos cardiovasculares o pulmonares, diabéticos, embarazadas y trabajadores de centros sanitarios. La gripe afecta cada año a entre un 5% y un 15% de la población española.
Conseguir una tasa de vacunación del 75% en mayores de 65 años no solo es un objetivo de la OMS para 2015. También se lo propuso en 2009 el Consejo de la UE, que transmitió a sus miembros la necesidad de mejorar las políticas y campañas de vacunación. El informe del ECDC señala que en la mayoría de los países europeos aún se está lejos de esa cobertura, pero recoge que al menos han podido identificar qué es lo que está fallando: baja percepción de riesgo, en especial del riesgo a contagiar a los demás; miedo a posibles efectos secundarios; dudas sobre la efectividad de la vacuna; información engañosa en los medios y finalmente el desconocimiento general de lo que es la gripe y la vacunación.
“Pese a que todas las coberturas vacunales se resintieron en los primeros años después de la pandemia, las tasas de inmunización de la gripe no son malas en España”, opina Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. “No se han conseguido coberturas tan altas como sería deseable, pero se va mejorando. Es un proceso largo. Se trata de una enfermedad que durante mucho tiempo se pensó que era algo normal, que había que pasarla y nada más. Poco a poco va calando que el objetivo de la vacunación es fundamentalmente reducir la probabilidad de complicaciones en personas frágiles”, añade.
“Es fundamental concienciar a la población. En España más del 70% de los pacientes hospitalizados por un cuadro grave de gripe no fueron vacunados, por lo que bajar este porcentaje, sobre todo en los grupos que presentan mayor riesgo, cobra mucha relevancia, no solo para prevenir, sino también para reducir el riesgo de contagio”, insiste Pumarola. “Es importante tener claras dos cosas: la vacuna no protege al 100%, pero quien la pase estando inmunizado difícilmente sufrirá complicaciones”.
Los datos del ECDC muestran también que las tasas de vacunación entre el personal sanitario son muy bajas. En España, por ejemplo, han bajado del 32,4% de la temporada 2009-09 al 24,7% en la última que recoge el estudio, 2011-12. La recomendación del Consejo de la UE incluía la petición a los Estados miembros para que realizaran campañas entre sus trabajadores sanitarios. “Debe concienciarse a los trabajadores de la atención sanitaria del peligro concreto al que se enfrentan sus pacientes más vulnerables. Asimismo debe concienciarse a los trabajadores de la atención sanitaria sobre su responsabilidad en el asesoramiento adecuado a sus pacientes sobre la vacunación”, señala el texto de 2009.
“En algunos hospitales las tasas de vacunación de su personal rozan el 30%, a pesar de que se hacen esfuerzos de concienciación y campañas muy agresivas”, señala Pumarola. “Es un problema, porque no solo pueden transmitir la infección, sino que su actitud se contagia a la población”, añade. Si los trabajadores sanitarios están más informados que la población general sobre la gripe y las vacunas, ¿por qué son más reticentes a inmunizarse? Pumarola afirma que le gustaría conocer la respuesta. “Entonces tendríamos el remedio”.
Las campañas de vacunación ya han terminado en las comunidades autónomas, tal y como recordó el jueves pasado el Centro Nacional de Epidemiología. La vacuna necesita al menos dos semanas para ejercer su máximo efecto protector, continúa este organismo, pero dado que la onda epidémica de esta temporada durará previsiblemente entre seis y ocho semanas más, las personas con riesgo de complicaciones que aún no se hayan vacunado pueden solicitarlo en sus centros de salud. En muchos de ellos aún está disponible la vacuna, aseguran desde el Ministerio de Sanidad.

Los diputados rebeldes del PSC retan al partido a que les expulse

Los tres diputados del PSC que votaron el pasado jueves en el Parlamento catalán a favor de pedir competencias al Congreso para que se celebre una consulta soberanista consumaron este domingo su anuncio y desoyeron la petición que les hizo Pere Navarro para que renuncien al escaño. Cruzado este río, se abre ahora un nuevo escenario en el que la dirección del PSC ha anunciado que adoptará medidas disciplinarias de “consecuencias definitivas”.
La expulsión del partido y del grupo parlamentario de Joan Ignasi Elena, Marina Geli y Núria Ventura sería la más drástica de todas las posibles, pero la dirección socialista se negó este domingo a avanzar la concreción de la doble sanción: por la ruptura de la disciplina de voto (pues el resto de los diputados socialistas apretaron el botón del no) y por la negativa a entregar el acta de diputado. La primera corresponde al grupo parlamentario y la segunda a la comisión de garantías del PSC, que preside el exteniente de alcalde de Barcelona Joan Torres y de la que forman parte cinco federaciones del PSC. Esta comisión puede actuar de oficio o a requerimiento de cualquier militante.
Navarro, primer secretario del PSC, no ha hablado con los tres diputados críticos desde la víspera de la votación, cuando estos le comunicaron que romperían la disciplina de voto. Navarro les pidió el sábado que entregaran el acta, que ya les habían reclamado el portavoz del grupo, Maurici Lucena, y el secretario de acción política, Antonio Balmón. En declaraciones a EL PAIS, Balmón insistió en reclamar “alturas de miras” a los tres diputados: “Son solo ellos quienes han de decidir si cierran la puerta y se quedan dentro o fuera”, afirmó.

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Los diputados críticos, por su parte, insisten en rechazar las prisas para resolver la crisis. “Lo que no se puede hacer es poner el reloj en marcha, sino actuar con más moderación”, dijo Joan Ignasi Elena. Marina Geli reclamó un comité de crisis y que el tema se debata en la ejecutiva del día 27.
La dirección del PSC rechaza el aplazamiento y se da por seguro que hoy moverá ficha. Pere Navarro no tiene prevista ninguna reunión con los diputados críticos y considera que está cargado de razones para actuar contra ellos porque han desobedecido un acuerdo del consejo nacional, el máximo órgano entre congresos. Mientras, los diputados críticos recuerdan que el PSC llevaba en su programa la defensa de una consulta legal y pactada, que es lo que pretende el acuerdo del Parlamento catalán: que se transfiera la competencia a la Generalitat para convocar un referéndum. “Carme Chacón también rompió la disciplina de voto del PSC el 26 de febrero de 2013, cuando se votó en Madrid la consulta, y nadie le pidió que renunciara al escaño”, dice un dirigente crítico.
La presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, aplaudió la “valentía” de los tres diputados díscolos del PSC por votar “en conciencia con lo que creían que estaba en el programa electoral de su partido”, informa Europa Press.

El nuevo cardenal español: “La homosexualidad es una deficiencia”

El nuevo cardenal español designado por el papa Francisco, Fernando Sebastián, ha señalado la homosexualidad como una deficiencia y apuesta por tratamientos para corregirla. Así lo afirma el arzobispo emérito de Pamplona en una entrevista con el diario Sur de Málaga.
Preguntado sobre la actitud del nuevo Papa sobre los homosexuales -de quienes dijo: "¿Quién soy yo para juzgarlos?"- el cardenal responde: "Una cosa es manifestar acogida y afecto a una persona homosexual y otra, justificar moralmente el ejercicio de la homosexualidad. A una persona le puedo decir que tiene una deficiencia que es lo que es, pero eso no justifica que deje de estimarla y ayudarla. Creo que esa es la postura del Papa, lo mismo respecto del matrimonio homosexual o los divorcios. Vamos a estar a su lado, pero la Iglesia no puede cambiar las exigencias de la moral".
El arzobispo insiste en la idea de deficiencia: "Con todos los respetos digo que la homosexualidad es una manera deficiente de manifestar la sexualidad, porque ésta tiene una estructura y un fin, que es el de la procreación. En nuestro cuerpo tenemos muchas deficiencias. Yo tengo hipertensión, ¿me voy a enfadar porque me lo digan? Es una deficiencia que tengo que corregir como pueda".
En relación al escándalo sobre la pederastia en la Iglesia, que esta semana se ha tratado en la ONU, afirma Sebastián: "En la Iglesia tenemos que educar bien en los seminarios, discernir, seleccionar a los candidatos a sacerdotes lo mejor que podamos, siempre con el temor de que las personas no somos máquinas y pueden fallar. Es admirable el valor de Benedicto XVI y del Papa Francisco de afrontar este problema, reconocer las deficiencias y poner remedio en la medida en que depende de la Iglesia".
El español forma parte de la primera tanda de nuevos cardenales electores designada por Francisco. La lista incluye a 19 personas, incluidos tres eméritos y cuatro miembros de la Curia. Entre los otros 12 gana peso la periferia: Latinoamérica (4), África (2) y Asia (2).

85 ricos suman tanto dinero como 3.570 millones de pobres

La masiva concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos abre una brecha que supone una gran amenaza para los sistemas políticos y económicos inclusivos, porque favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría. Así que para luchar contra la pobreza es básico abordar la desigualdad. Esta es la conclusión del informe Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica, que publica hoy la ONG Oxfam Intermón.
El estudio parte de datos objetivos de varias instituciones oficiales e informes internacionales que constatan la “excesiva” concentración de la riqueza mundial en pocas manos. Datos como que 85 individuos acumulan tanta riqueza como los 3.570 millones de personas que forman la mitad más pobre de la población mundial. O que la mitad de la riqueza está en manos de apenas el 1% de todo el mundo. Eso sin contar, advierte el informe, que una considerable cantidad de esta riqueza está oculta en paraísos fiscales.
El informe de la organización, que será presentado en el Foro Económico Mundial de Davos junto a un clamor para que se adopten compromisos para frenar la desigualdad, advierte de que “las élites económicas están secuestrando el poder político para manipular las reglas del juego económico, que socava la democracia”.
"Los inversores se han aprovechado de los rescates", afirma el informe
El informe va acompañado de datos que plasman con nitidez el aumento de la concentración de riqueza en pocas manos desde 1980 hasta la actualidad. O cómo la concentración y la brecha siguen aumentando pese a la gran recesión del año 2008. En Estados Unidos, por ejemplo, el 1% más rico de la población ha concentrado el 95% del crecimiento posterior a la crisis financiera. En Europa, los ingresos conjuntos de las 10 personas más ricas superan el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la Unión Europea entre 2008 y 2010 (217.000 millones de euros frente a 200.000).
La tibieza en la presión fiscal a los ricos, los recortes sociales o el rescate de la banca con fondos públicos son ejemplos de un fenómeno que es tan visible que crece la conciencia pública del aumento de este poder. Oxfam Intermón apoya esta afirmación en una encuesta realizada en España, Brasil, India, Suráfrica, Reino Unido y Estados Unidos, que revela que la mayor parte de la población cree que las leyes están diseñadas para favorecer a los ricos. En España, el 80% de la población cree que las leyes están hechas con este objetivo.
Sobre el caso español, el director de Oxfam Intermón, José María Vera, afirma que el país “no escapa a esta dinámica” y que la actual crisis se explica en parte por ella: “Los casos en los que los intereses de una minoría económicamente poderosa se han impuesto a los intereses de la ciudadanía de a pie son numerosos en la historia de nuestra democracia.
La crisis económica, financiera, política y social que padece España hoy tiene buena parte de su origen precisamente en esas dinámicas perniciosas donde el interés público y los procesos democráticos han sido secuestrados por los intereses de una minoría”.
La organización pide que se tomen medidas contra los paraísos fiscales
Entre las políticas diseñadas en los últimos años que favorecen a la minoría de ricos, la organización enumera la desregulación y opacidad financiera, los paraísos fiscales, la reducción de impuestos a las rentas más altas o los recortes de gasto en servicios e inversiones públicas. El informe constata cómo, en el caso de Europa, “las tremendas presiones de los mercados financieros han impulsado drásticas medidas de austeridad que han golpeado a las clases baja y media, mientras los grandes inversores se han aprovechado de los planes de rescate públicos”.
Por todo ello, Oxfam Intermón exigirá en el marco del Foro Económico Mundial de Davos a sus asistentes (sean particulares o representantes de Gobiernos) que adopten compromisos en áreas como los paraísos fiscales (que no se permita que se utilicen para evadir impuestos); que se hagan públicas las inversiones en empresas y fondos; que respalden sistemas fiscales progresivos; que exijan a sus Gobiernos que los impuestos se destinen a servicios públicos o que si lo son inviertan en atención sanitaria y en educación universales, o que las empresas que representan paguen salarios dignos a sus empleados y los países legislen en esta dirección, fortaleciendo umbrales salariales y derechos laborales.
Por si a alguien se le ocurre pensar que los planteamientos de Oxfam Intermón son utópicos, la organización recuerda que “esta peligrosa tendencia” es reversible y que existen ejemplos de ello. Fue el caso, recuerda, de Estados Unidos o Europa tras la II Guerra Mundial, cuando el crecimiento económico se compatibilizó con la reducción de la desigualdad, o el caso de América Latina, donde la brecha ha disminuido “significativamente durante la última década gracias a una fiscalidad más progresiva, los servicios públicos, la protección oficial y el empleo digno”.
El informe también contempla ejemplos de concentración en países en desarrollo y alude a la superminoritaria élite india, millonarios que en buena parte han forjado sus fortunas en sectores cuyos beneficios dependen del acceso a los servicios básicos; al poder de las élites en Pakistán y su influencia en la manipulación legal; a la desigualdad en África, pese a la abundancia de recursos, o a lo que llama “red mundial de secretos bancarios”, que no es otra que la que forman los paraísos fiscales.

Las constructoras y la autoridad del Canal endurecen sus posiciones

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que construye las nuevas esclusas, intensificaron este domingo la guerra de comunicados de prensa, por la amenaza reiterada del consorcio de paralizar las obras si la agencia estatal panameña se niega a pagarle gastos adiciones por 1.600 millones de dólares. Sin embargo, el grupo constructor ha descartado de momento paralizar las obras, una amenaza a la que había puesto fecha: este lunes o “en cualquier momento” a partir del día 21 de enero.
El consorcio, en el que participa la constructora española Sacyr, aseguró este domingo que sus reclamos de gastos adicionales están “ampliamente documentados y verificados”. Y, en un comunicado divulgado por uno de sus directivos, Paolo Möder, propuso a la agencia estatal panameña que administra la vía que se cofinancien los costos imprevistos, mientras un tribunal internacional de Miami, Florida, resuelve el lío.
“De esta manera, los recursos financiados por la Autoridad del Canal son completamente tutelados hasta la decisión final de los árbitros sobre la responsabilidad de las partes por los costos adicionales, teniendo en cuenta que están avalados por las garantías bancarias y de las aseguradoras obtenidas por el consorcio”, precisa el comunicado. Según Möder, la propuesta del Grupo es “la única que puede ser practicada, es también la única que va a permitir cumplir el proyecto en el menor tiempo posible”.
El contrato que constructoras y la autoridad del canal firmaron en 2009 por 3.118 millones de dólares para la construcción de las esclusas nuevas en los litorales Atlántico y Pacífico, establece una secuencia para las reclamaciones. La primera instancia de solución de controversias es entre las partes, pero si las diferencias persisten, hay dos fases en manos de terceros: una Junta de Resolución de Disputas y luego la Cámara de Comercio Internacional, como arbitraje externo en Miami.
El consorcio, que el 1 de enero lanzó la amenaza de paralizar las obras, anunció que de momento no contempla esa posibilidad. “GUPC no tiene por qué realizar” este lunes “ningún cambio en el estatus de la obra, ya que el preaviso enviado el día 30 (de diciembre) da derecho al consorcio a suspender las obras en cualquier momento a partir del día 21, sin que en este momento ese escenario esté contemplado”, aseguró el conglomerado en un boletín. “No obstante, el Consejo de Administración de GUPC podrá evaluar la situación y tomar la decisión que corresponda en cualquier momento”, alertó.
El boletín se difundió después de que el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria, Antonio Tajani, aceptara mediar en el conflicto. En un recuento de hechos que entregó a EL PAÍS, la ACP aseguró que, según la correspondencia de GUPC, la obra para ampliar la vía “entra en suspensión” este lunes. Tajani reveló que GUPC, encabezado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo—con 48% de acciones cada uno—e integrado por la belga Jan de Nul (con 3%) y la panameña Constructora Urbana (con 1%), le pidió que “intentara mediar en la solución del problema”.
En una negociación que empezó el 7 de este mes, la autoridad del Canal propuso al consorcio que, si retira la amenaza, le inyectaría 183 millones de dólares al flujo de caja de la firma, que debía aportar 100 millones de dólares. Las constructoras pidieron un adelanto de 400 millones de dólares, pero luego exigió que fuera de mil millones de dólares y la ACP lo rechazó.
Möder alegó que los costos adicionales están “ampliamente documentados y verificados” por la Autoridad y por una auditoría específica de expertos independientes. “En definitiva, no hay discusión sobre la existencia de esos costos adicionales, lo único que se discute es quién los tiene que pagar, si el contratista o el cliente”, insistió.
La autoridad del Canal, por su parte, rechazó las reclamaciones e insistió en que todo cobro debe estar sujeto al contrato que las dos partes suscribieron en 2009. La amenaza de suspensión “es inválida, carece de sustento y va en contra del contrato para la construcción” del nuevo juego de esclusas, alegó la Autoridad en un comunicado que divulgó el domingo al final de la tarde.
La ACP explicó que aunque el consorcio se basa en un punto del contrato para “advertir la suspensión”, esa cláusula se aplica cuando la Administración “incurre en un impago de las cuentas que está obligada a pagar al contratista mensualmente, lo cual no ha sucedido”. “Por lo tanto no es sustentable dicha notificación para la suspensión de las obras. De hecho, la ACP paga” en promedio en los primeros 15 días de presentada la factura, pese a que dispone de “hasta 56 días” hacerlo, según el contrato, recalcó.
Durante el fin de semana, añadió, “la ACP ha mantenido comunicaciones informales” con el español Manuel Manrique, presidente de Sacyr, empresa líder del consorcio, para hallar “una solución que normalice la situación que se viene viviendo en el proyecto desde hace semanas. La ACP analizará toda propuesta que se presente de manera formal y que siempre se enmarque en lo establecido en el contrato”.
El panameño Jorge Quijano, administrador del Canal, y miembros de su equipo gerencial y técnico inspeccionaron el domingo las obras en el sector del Pacífico, para “apreciar de primera mano el estado de avance de las mismas”, informó.
Möder calculó que la construcción tiene un avance de “casi el 70%”. Quijano ha dicho que es del 65%. La ampliación, iniciada en 2007 y presupuestada en 5.250 millones de dólares, debía concluir en 2014. GUPC, que inició sus operaciones en la ampliación en 2009, sufrió problemas en 2012 y el plazo se pasó a junio de 2015.
Quijano dijo este domingo a EL PAÍS que “la ACP continúa comprometida al 100% con el desarrollo de la ampliación del Canal y por ello exigirá el cumplimiento riguroso del contrato aceptado y firmado entre las partes; mientras esperamos que GUPC recapacite y vuelva a los niveles de producción acordados nosotros continuamos preparándonos para tomar las decisiones que nos permite el contrato a fin de terminar exitosamente la obra”.
“La posición de la ACP está siendo apoyada por los principales actores de la industria marítima internacional que ven en la ampliación del Canal una nueva era de oportunidades y crecimiento”, añadió. Las nuevas esclusas son la parte principal de la expansión.
Las otras tres esclusas del Canal, construido de 1904 a 1914 por Estados Unidos y operado por Washington hasta diciembre de 1999, continúan laborando sin contratiempos, ya que las obras de ampliación se realizan en otros terrenos.