tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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lunes, 2 de junio de 2014

La gran mayoría de los votantes de Podemos tiene más de 35 años

La sorpresa de Podemos, que logró 1,2 millones de votos en las elecciones del 25-M y cinco escaños en el Parlamento Europeo,descolocó a las direcciones de los dos grandes partidos. El éxito de la formación encabezada por Pablo Iglesias superó las previsiones de PP,PSOE e Izquierda Unida y acabó de romper la baraja de los equilibrios tradicionales al irrumpir como tercera fuerza, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS sobre el perfil de los votantes de Podemos también arroja otras sorpresas que chocan con la creencia de que se trata de un voto mayoritariamente joven —el 66% tiene más de 35 años—, con el discurso público de los dirigentes del partido y con la imagen antisistema que, sobre todo, los dirigentes del PP asocian a esta opción.
En primer lugar, la encuesta concluye que más de la mitad de los ciudadanos que votaron a Pablo Iglesias no descartarían, por ejemplo, apoyar al PSOE. Solo el 43% lo excluye de forma tajante, mientras que el 95% sí rechaza sin matices apoyar al PP. El 56% votó a los socialistas o a IU en las elecciones generales de 2011, y la mayoría relativa de los electores que el 25 de mayo auparon a Podemos (un 30%) votó a Alfredo Pérez Rubalcaba. Ese porcentaje asciende hasta el 33,6% en el caso de las europeas de 2009. Este electorado, además, se define ideológicamente algo más al centro que IU.
La interpretación de estos datos ofrece un retrato del votante que, en más de la mitad de los casos, no compartiría algunos de los planteamientos de los representantes de Podemos. El propio Iglesias, quien antes de las elecciones apuntó que habría un trasvase de votos socialistas, descarta en principio cualquier posibilidad realista de alianza con el PSOE y la supeditaría a exigencias inasumibles por el principal partido de la oposición.
En cualquier caso, cuando apenas han pasado unos días de los comicios, ya puede vislumbrarse un suelo de simpatizantes fieles. El 51,5% de los encuestados afirma que en las elecciones generales de 2015 volverá a votar a Podemos, mientras que un 25,4% declara que apoyará a la formación de Cayo Lara y solo un 4,5% prevé dar su voto al futuro candidato del PSOE.
Esta previsión a largo plazo choca con el alto porcentaje de indecisos que titubearon hasta el último minuto. Desde 2011, las encuestas reflejaban que la intención directa de voto de los ciudadanos había bajado mucho. Y, según el sondeo de Metroscopia, el porcentaje de quienes dudaron hasta al final alcanza el 60% en el caso de Podemos, frente, por ejemplo, a un 53% de los que finalmente votaron a IU o un 24% de quienes respaldaron al PP. Estos datos sugieren que la magnitud del éxito de Podemos, al que este instituto de opinión daba, según los sondeos preelectorales, un máximo de tres escaños, resultaba muy difícil de prever.
El pasado martes, Pedro Arriola, principal asesor de Mariano Rajoy, llamó “frikis” a quienes respaldaron a esta formación, a la que vinculó especialmente al voto joven y a quienes acudían a las urnas por primera vez. Se trata de una percepción cierta solo en parte, según la encuesta. La mayoría relativa (el 45%) de los votantes tiene entre 35 y 54 años, mientras que los menores de 35 representan un 34%. Predomina, además, el voto masculino sobre el femenino, con 12 puntos de diferencia.
Alrededor de la mitad de esos 1,2 millones de electores que apoyaron a Iglesias tienen un trabajo, en línea con la media de las otras formaciones. El 21% cuenta con estudios universitarios superiores, un 14% de grado medio y ninguno de los encuestados tiene formación inferior al segundo grado escolar (Bachillerato o Formación Profesional).
Estos dos últimos datos echan por tierra otro de los lugares comunes sobre la llamada base social de Podemos. Es decir, la encuesta refleja que —comparativamente con otros partidos y en términos estadísticos— no se trata de un conjunto de electores con una mayoría de personas en una situación precaria en el ámbito laboral o de marginalidad social.
Más allá de los tópicos, ¿a qué puede atribuirse este fenómeno? La identificación de los votantes de Podemos con la filosofía del Movimiento 15-M, que irrumpió en el panorama político una semana antes de de las últimas elecciones autonómicas y municipales, es real. Y, al margen de las distintas opciones políticas, la sociedad se ha mostrado desde entonces mayoritariamente a favor de esos colectivos y de su forma de participación.
Hace un año, un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS reflejaba que los ciudadanos seguían teniendo la percepción de que los motivos que en 2011 animaron a este movimiento de protesta seguían vigentes.
El porcentaje de simpatía hacia ese fenómeno era abrumador entre los votantes del PSOE, entre los que recibía el 87% de apoyo, mayoritariamente joven, pero de todas las franjas de edad. Un porcentaje considerable de la ciudadanía en su conjunto, además, apoyaba la idea de que el 15-M se convirtiera en una formación política. Un 36% veía esa posibilidad con buenos ojos, no solo para combatir el sistema bipartidista, sino como un soplo de aire fresco para las dinámicas de la política tradicional. Y, de alguna manera, ha sido lo que ocurrió.
Podemos pretende ahora organizarse, armar una estructura y hasta tener listo un gabinete de Gobierno para dentro de un año. Para entonces, ya se habrán celebrado unas elecciones municipales y autonómicas que, con las proyecciones de esta semana, apuntarían, entre otras ciudades, la entrada de la fuerza de Iglesias en el Ayuntamiento de Madrid con un total de siete escaños, los mismos que Izquierda Unida y UPyD.

El desplome del PP dispara las alarmas del poder territorial

La merma de votos del Partido Popular en las elecciones europeas del pasado domingo, 2,6 millones de apoyos menos que en 2009, ha disparado todas las alarmas del poder territorial de la formación, que desde mayo de 2011 gobierna en 11 comunidades.
Si se confirma esta tendencia, el partido mayoritario podría perder Gobiernos autónomos como el de la Generalitat valenciana y, en menor medida, el de Madrid. En Andalucía, el descalabro —casi 10 puntos menos que el PSOE— alcanzó cotas sin casi precedentes y fijó lo que los asesores del PP llaman “suelo electoral”. Es decir, no se puede caer mucho más. Los principales dirigentes populares, con Mariano Rajoy yMaría Dolores de Cospedal a la cabeza, han rechazado en varias ocasiones, a lo largo de la semana, que el mal resultado sea extrapolable a unos comicios autonómicos. No obstante, el propio Pedro Arriola, sociólogo de cabecera del presidente del Gobierno, admite que se trata del termómetro electoral más fiable desde las últimas generales, por encima de cualquier encuesta, y que “unas elecciones se empiezan a preparar la misma noche en que se conoce el resultado de las anteriores”.
La dirección del PP, por tanto, diseña ya la estrategia para las municipales y autonómicas que se celebran dentro de un año. Y lo hace con preocupación máxima por los futuros equilibrios en la Comunidad Valenciana, donde podría perder una mayoría absoluta ya histórica, y con inquietud por la continuidad de gobierno al frente de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de la capital. A la espera de concretar un plan para conjurar un desastre autonómico, espera los resultados de un estudio detallado por territorios que ya ha encargado. 
La noche del 25 de mayo, no hubo brindis en el cuartel general de los populares. En Génova, 13, la frase más repetida era “el PP ha ganado las elecciones”, pero nadie, a pesar de los últimos trackings o sondeos internos de seguimiento, esperaba un panorama tan aciago para los dos grandes partidos. Y nadie celebró el resultado, al menos públicamente. La dirección encargó desmontar el escenario preparado ante la puerta de la sede central sin que nadie se atreviera a subir. Ningún dirigente salió al balcón para saludar a militantes y simpatizantes, como es habitual en las noches electorales. La foto, en cualquier caso, hubiera sido demoledora: en la calle de Génova solo aguardaban unas veinte personas.
El lunes correspondía reaccionar y, pese a la falta generalizada de autocrítica, algunos dirigentes comenzaron a dar la cara para expresar sus dudas sobre la acción del partido: el valenciano Alberto Fabra, los madrileños Ignacio González, Esperanza Aguirre y Ana Botella o el gallego Alberto Núñez Feijóo. El portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, reconoció el martes que el Gobierno debe esforzarse ahora por cumplir más con su programa electoral. La mayoría de los dirigentes autonómicos son prudentes y evitan cuestionamientos públicos. Pero la sensación de intranquilidad está instalada en el PP. Comienza la batalla por el poder autonómico.
El portavoz parlamentario reconoció que el Gobierno debe esforzarse por cumplir más su programa electoral

Comunidad Valenciana.

La euforia contenida que días antes de las elecciones recorría el PP valenciano se vino abajo en cuestión de minutos. Los votantes confirmaron la tendencia augurada por la mayoría de las encuestas, uno de los mayores temores de la dirección nacional. Los populares no llegan el 30% de los votos, mientras que solo el PSOE y Esquerra Unida sumarían el 32%. En el Ayuntamiento, se produciría un empate técnico entre los dos bloques. Se trata de un escenario que llevó al presidente autonómico a reconocer desde el principio algunos fallos, limitándolos a la gestión de la campaña y a la comunicación. "Claro que estoy preocupado. Tenemos que hacer muchas reflexiones a todos los niveles. Si no, tenemos un problema", concedió el lunes antes de acudir al Comité Ejecutivo del PP. El barón popular, que lleva meses manteniendo un exacerbado -y soterrado- pulso con el Ministerio de Hacienda por la reforma del sistema de financiación, trató, además, de echar balones fuera y apuntar directamente al Ejecutivo: "Los ciudadanos no están contentos con la relación del Gobierno para con la Comunidad Valenciana". Fabra acometió esta semana una mínima remodelación de su Gabinete y prepara ahora cambios en el partido. Y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también admitió el descalabro, pero no identificó ninguna solución: "En el momento más difícil, como es ahora, no voy a salir. Precisamente ahora es cuando no voy a dejarlo. No me tengo por una ratita política. Voy en el barco hasta que se hunda y el barco no se va a hundir".

Comunidad de Madrid.

Los dirigentes del PP madrileño, muy tocado por estas elecciones -pierde alrededor de 20 puntos en la región y en el Ayuntamiento-, son los que más se han refugiado en la autocrítica para ofrecer una imagen de sensatez política. Lo han hecho, en público y en privado, Ignacio González, Ana Botella y Esperanza Aguirre, entre otros. La presidenta de los populares madrileños llevó sus cuestionamientos ante Mariano Rajoy y el Comité Ejecutivo Nacional del partido del pasado lunes, donde pidió "cambios internos, externos y también en el sistema electoral". Aguirre admitió que la posible configuración del tablero autonómico con vistas a las próximas elecciones le parece "enormemente preocupante". "Tenemos que hacer una reflexión muy profunda. La clave está en acercar los representantes políticos a los ciudadanos por una parte y tenemos que hacer el debate ideológico que muchas veces no se hace", mantuvo en defensa de su proyecto político, más duro que el impulsado hasta ahora por el Gobierno de Rajoy. Estos resultados regionales y municipales serán, en cualquier caso, el punto de partida del líder de los populares para tomar decisiones relacionadas con la continuidad de González y Botella. El presidente autonómico ya dejó claro que quiere repetir como candidato. La regidora de la capital no lo ha manifestado tan abiertamente. Botella repetirá si se "dan las condiciones para hacerlo". Es decir, si el PP, que logró mejor resultado en el Ayuntamiento que en la Comunidad, remonta en las encuestas en los próximos meses.

Andalucía y Extremadura.

El descalabro del PP en Andalucía, mayor granero de votos de la formación, que pasa de ser el partido más votado en los últimos comicios autonómicos de 2012 a quedarse a diez puntos del PSOE de Susana Díaz, ha sido el primer termómetro para Juan Manuel Moreno. El nuevo barón andaluz, que asumió las riendas de la formación hace menos de tres meses, ha evitado la autocrítica y se ha limitado a asegurar que cumplió sus objetivos "con creces". Una estrategia que en Génova, 13 muchos consideran equivocada, sobre todo tras una situación de interinidad durante el mandato de Juan Ignacio Zoido. Los resultados de Extremadura, donde el PP se queda a tres puntos del PSOE, reflejan también que la estrategia de José Antonio Monago, que gobierna con el apoyo de Izquierda Unida, no es suficiente. No obstante, también el barón extremeño, que se ha enfrentado al Gobierno por la reforma de la ley del aborto y la hoja de ruta tributaria de Montoro, ha evitado la autocrítica: "El problema es que quien está en desempleo quiere resolver su problema cuanto antes".

El plan de Rajoy.

El presidente del Gobierno y máximo responsable de la formación fue muy claro en su declaración de intenciones, aunque eludió concretarla. ¿Qué debe hacer el PP para recuperar los votos perdidos, que atribuye mayoritariamente a la abstención de los fieles? Antes de nada, poner en marcha un plan de acción, tanto en el partido como en el Gobierno, para volver a conectar de la sociedad. ¿Cómo? Todos los dirigentes consultados apuntaban a una rebaja de impuestos como primera medida. Y eso ocurrió. El sábado, el jefe del Ejecutivo anunció en el Círculo de Economía de Sitges una rebaja impositiva a las grandes empresas que excluye las pymes. 

La monarquía, en el peor momento de popularidad

El Rey abdica en el peor momento de popularidad de la monarquía desde la Transición, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y otros sondeos. El último estudio oficial del CISrealizado hace un mes daba a la Corona una valoración de suspenso claro, con un 3,72 sobre 10. Esa nota superaba ligeramente la del anterior sondeo realizado en 2013, que bajó hasta el 3,68, pero de forma muy leve y en contraste con las notas que durante ante años logró esta institución. Hechos como el caso Urdangarín, el episodio de la caza en Botsuana y otros desgastaron a la Corona, hasta el punto de que el CIS decidió limitar y restringir las preguntas sobre la institución en sus estudios trimestrales.
A la Monarquía le arrastró también la crisis política e institucional que hace mella a otras instituciones. De hecho, por debajo de la Corona se encuentran en valoración los sindicatos, los partidos, la Iglesia, el Parlamento y el Gobierno. Es decir, las que más relación tienen con los políticos. Hasta el año 2004, la monarquía era la institución mejor valorada por los españoles en todas las encuestas oficiales. Por ejemplo, hasta 1995 estaba en el notable, en una nota del 7,5 que fue bajando progresivamente.
En distintos estudios y tesis, los expertos unen las polémicas de la Casa Real a la crisis política y, también, al hecho de que ya son amplía mayoría en la sociedad española los ciudadanos nacidos después de la Transición. Aproximadamente, el 60 % de los españoles nació después de la entrada en vigor de la Constitución, no la votó y, por tanto, tiene una valoración distante del papel del Rey en la llegada de la democracia. En la erosión de la imagen de la monarquía Influye también la implantación de las redes sociales que amplifican el debate.
El 7,4 de 1995, se convirtió en el 6,6 de 1996; el 6,7 de 1998 y mantuvo luego en el aprobado entre 2006 y 2010 con notas del 5,19 al 5,35. En 2011 llegó el primer suspenso y en 2014 ya está claramente muy por debajo del cinco, pese a los gestos diseñados en la Zarzuela para mejorar la imagen de la monarquía. Incluso, en los momentos de mayor tensión en los medios como, por ejemplo, las declaraciones judiciales del “caso Nóos”, las encuestas del CIS han llegado a situar la monarquía como uno de los problemas de España para los ciudadanos.
Ese porcentaje de suspenso no se corresponde con los de apoyo a la Corona en el actual Congreso de los Diputados. El PP y el PSOE respaldan la monarquía, aunque en algún momento algunas bases del segundo, como Juventudes Socialistas, hayan mantenido en sus programas de máximos la República. Tampoco UPyD cuestiona la monarquía, lo que otorga a la Corona el apoyo de más del 80% de la Cámara.
No obstante, en 2013, en pleno estallido del escándalo de Urdangarín, cuando el juez José Castro imputó por primera vez a la infanta Cristina, el debate sobre la monarquía empezó a llegar a la agenda de los partidos mayoritarios, algo inédito hasta entonces. En paralelo al deterioro de la valoración de la Corona, también se ha reducido según las encuestas la diferencia frente a la preferencia por la República que era muy clara hasta 2010. En 1996, por ejemplo, la ventaja de la monarquía era de 53 puntos, según Metroscopia. En 2012, el 37 % prefería la República, frente al 53% que prefería la monarquía, cerca de la inversión entre las preferencias.

Las declaraciones de Snowden sobre el 11-S que la NBC descartó para ‘prime time’

rt.com


La cadena NBC evitó emitir en horario de máxima audiencia los comentarios críticos que Edward Snowden hizo sobre el papel de la inteligencia estadounidense ante los ataques del 11-S durante una entrevista que concedió a ese canal.
La conversación entre el periodista Brian Williams y Snowden duró aproximadamente cuatro horas, pero la cadena la recortó hasta dejarla en 60 minutos. El canal mostró más adelante partes de la entrevista que no aparecieron cuando fue emitida en el horario de máxima audiencia, incluyendo declaraciones acerca de la incapacidad de la inteligencia estadounidense para impedir los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Snowden sugirió que EE.UU. contaba con la inteligencia adecuada para prevenir los atentados, pero no actuó.

Tras los atentados, "la Comisión del 11-S […] concluyó que teníamos toda la información que necesitábamos como comunidad de inteligencia y como parte de la defensa nacional de EE.UU. para detectar este complot", explicó.

"De hecho, contábamos con un registro de las llamadas telefónicas realizadas desde y hacia EE.UU. La CIA sabía quiénes eran esos tipos. El problema no era que no estuviéramos recogiendo información […], sino que no entendíamos el pajar que teníamos", aseguró Snowden.

El exanalista de la CIA, refugiado actualmente en Rusia, también lanzó una dura crítica contra los programas de espionaje masivo de EE.UU. y su supuesta efectividad para evitar atentados y acciones terroristas.

"Si estos programas no lograron evitar atentados como los de la maratón de Boston y los sistemas de vigilancia masivo no nos revelaron que aquellos chicos, cuyos nombres nos facilitó el servicio de inteligencia ruso, estaban detrás de todo, ¿es esa realmente la mejor manera de proteger a nuestro país?, preguntó Snowden. 

Viven en EE.UU. 11 millones de mexicanos sin derechos

México, 1 jun (PL) En Estados Unidos viven hoy 11 millones de mexicanos sin derechos civiles, sociales o políticos, la población más grande en esas condiciones desde el fin de la esclavitud en 1863, aseguró aquí un experto norteamericano.

Al participar en la 12 Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, Douglas Massey, de la Universidad de Princeton, señaló que las deportaciones desde territorio estadounidense están creciendo y superan al número de detenciones de quienes intentan cruzas la frontera.

Cada año la patrulla fronteriza aprehende a 200 mil mexicanos, en tanto que las autoridades deportan a 400 mil ya ingresados y establecidos en Estados Unidos, detalló el especialista, citado por el diario La Jornada en su página digital.

De acuerdo con el sociólogo, los indocumentados que habitan en esa nación se encuentran atrapados, pues sólo tienen un 20 por ciento de probabilidades de reingresar al territorio norteamericano si salen de él, y sin la posibilidad de retornar no se van, pues dejarían ahí sus casas, familias, trabajos y vidas.

Massey presentó esta semana en la Universidad Iberoamericana, sede del encuentro, el estudio Tendencias de la migración internacional altamente calificada a Estados Unidos, según el cual, aunque se cree que son jornaleros quienes más van a trabajar de manera temporal al país vecino, ese hecho está cambiando.

En años recientes ha crecido el número de mexicanos que entran de manera legal a trabajar por temporada, pero el 95 por ciento de ese incremento se debe a personas que son enviadas por las empresas para las cuales laboran, así como otras que entran con visas de negocios.

Detalló que anualmente ingresan con visa de intercambio -enviados por sus compañías- más de 300 mil mexicanos; en tanto, con la de trabajador, menos de 300 mil; como inversionistas viajan alrededor de 150 mil; y los que van por comercio suman unos cien mil.

Por eso, consideró que hay una nueva realidad en la historia de la migración entre México y Estados Unidos y no se sabe si las condiciones actuales indican una nueva era o solamente una pausa.

Al decir del integrante de la Oficina de Investigación de Población de Princeton, ello depende de decisiones que tomarán políticos de ambos lados de la frontera en los próximos años, pero especialmente de decisiones que se adoptarán en territorio norteamericano.

Las primarias de Uruguay dejan abierta la sucesión de del presidente Mujica

Un político experimentado y carismático para la izquierda del Frente Amplio y un candidato joven e inesperado dentro de la derecha delPartido Nacional: las elecciones primarias simultáneas de los partidos uruguayos celebradas el domingo dibujaron el panorama electoral para la sucesión de José Mujica en octubre, donde la inseguridad y la educación aparecen como temas dominantes.
Los comicios, no obstante, registraron una baja participación: las encuestas señalan que habría participado entre el 25% y el 35% del electorado, al menos diez puntos menos que en las primarias de 2009.
Estas primarias, obligatorias para todos los partidos e inscritas en la Constitución, cobraron una súbita emoción con la inesperada victoria de Luis Alberto Lacalle Pou, de 40 años, del Partido Nacional, en un país donde los cambios siempre son lentos y pocos apostaban por semejante recomposición del panorama político a menos de cinco meses de las presidenciales.
Como era esperado, el oncólogo y expresidente Tabaré Vázquez, de 74 años, se alzó con la victoria dentro del izquierdista Frente Amplio con más del 80% de los votos. El primero en votar este domingo fue el presidente Mujica, quien se desplazó muy temprano desde su chacra (granja) en una extraña comitiva, compuesta por su coche escarabajo azul celeste, un coche con escoltas y varios vehículos de la prensa. Votó en un colegio electoral montevideano por uno de los dos candidatos del FA, al que pertenece, y a la salida declaró a los periodistas que estaba encantado con el proceso de sucesión que se abre en el país. “No veo el momento de sacarme los zapatos que me aprietan“, dijo.
Pocos minutos después el expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010) acudía al Club de fútbol El Arbolito, que él mismo fundó. Confiado en las encuestas que lo presentan como favorito para las elecciones de octubre, habló como un estadista del buen momento económico y de “desarrollo humano” que atraviesa el país. Un discurso que tuvo que reforzar al conocerse los resultados y la candidatura de Lacalle Pou. Después de una campaña interna caracterizada por la falta de programa, Vázquez saludó a los militantes con una lista de diez propuestas de gobierno, en realidad, un resumen de los temas pendientes que dejó la administración de José Mujica. Apostando por su credibilidad como reformista, sus diez puntos prometieron mejoras en la educación, modernización de las infraestructuras y una disminución de la presión fiscal que agobia a la clase media uruguaya, entre otros.
Su única rival en el partido, la senadora y doctora en Ciencias Políticas, Constanza Moreira, de 54 años, logró aglutinar un voto marginal favorable a una renovación generacional en el FA; pero con un 17% de los votos no pudo ni siquiera acercarse a su carismático contrincante (un 83%), el primer presidente de izquierdas de la historia de Uruguay, autor de grandes reformas que cambiaron la estructura del país.
Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, se impuso claramente con un 54% de los votos después de protagonizar una campaña eficaz, que arrancó con el 15% de las intenciones de voto y fue creciendo como la espuma. Su mensaje estuvo centrado en los sectores de la población sedientos de modernidad y de un cambio generacional. Su gancho electoral fue especialmente claro en Montevideo, donde superó el 70% de los votos de los simpatizantes de su partido.
El gran perdedor de la jornada fue Jorge Larrañaga, visto como una mala apuesta frente a Tabaré Vázquez, quien lo derrotó en 2004. Larrañaga votó fuera de Montevideo, en Paysandú y se mostró estos años como un dirigente moderado, capaz de atraer parte del electorado de centro que en los últimos comicios apostó por la izquierda. Pero su propuesta no resistió al empuje de la novedad que logró encarnar su rival.
La candidatura de Lacalle Pou complica la ecuación de la izquierda ya que refuerza la presencia de la inseguridad como tema de campaña, algo que no favorece al gobernante Frente Amplio, que ha tenido una política errática en este ámbito.
Contrariamente a Larrañaga, Lacalle Pou se ha mostrado favorable a bajar la edad penal de los 18 a los 16 años, propuesta que se somete a referéndum al mismo tiempo que las presidenciales del 26 de octubre. Y Pedro Bordaberry, elegido de manera contundente el domingo a la cabeza del Partido Colorado (derecha), principal defensor de la bajada de la edad penal, completa una tenaza que podría llevar el debate electoral hacia el lado que menos conviene a la izquierda.
Bordaberry, exministro e hijo del dictador Juan María Bordaberry, tiene el desafío de traducir en votos el éxito de su discurso político que ha puesto en la agenda el tema de la lucha contra la delincuencia. El Partido Colorado, que dominó durante décadas la política uruguaya, solo obtuvo un magro 12% en las últimas elecciones presidenciales, resultado que espera revertir.
Será una campaña difícil, con muchas incógnitas debido a la dificultad que han demostrado las empresas encuestadoras para captar las intenciones de voto de los uruguayos. Pero de momento y terminadas las primarias, los uruguayos pueden olvidarse de la política y dedicarse al Mundial de Fútbol, la pasión nacional. La Corte Electoral decidió adelantar las primarias para que no coincidieran con el torneo; hasta julio, “nada importa sino el Mundial”, como reza una publicidad omnipresente estos días en las calles.

España figura a la cabeza de la UE en privatización de la escuela

Hay un debate que no ha centrado la campaña de las elecciones del 25-M y que influye, sin embargo, en el tipo de educación que reciben los jóvenes europeos: ¿en manos de quién está la enseñanza? En la respuesta a esa pregunta, España se aparta de sus colegas de la UE. Es el segundo país con más alumnos en aulas concertadas (privadas subvencionadas) o completamente privadas, solo tras Bélgica, y se sitúa hasta 22 puntos por encima de la media —en el caso de primaria— en el porcentaje de estudiantes que se educan en centros bajo una gestión o capital privados. La privatización, aunque minoritaria en Europa salvo excepciones, como España, ha avanzado en la última década, y un temor inquieta a los sindicatos europeos: la educación, alertan, puede no quedar excluida del futuro Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos, que se negocia con poca publicidad. La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) reclama la “salvaguarda” de la educación de esos “intentos liberalizadores”. Les preocupa que se abra (más) la mano al negocio con el servicio público. A otros no les parece una mala idea.
Un 32% de los alumnos españoles de primaria aprenden en la escuela concertada o privada (un 68% en la pública), un porcentaje que baja ligeramente en secundaria, bachillerato y FP (ver gráfico), según los últimos datos de la OCDE, de 2011. La controversia sobre el modelo educativo ha vuelto a ponerse encima de la mesa en España, después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, impusiera en abril en dos municipios (Parla y Rivas) los primeros colegios concertados religiosos, pese a la oposición de sus Ayuntamientos, en manos del PSOE e IU, respectivamente.
Lo cierto es que, en la media de los países europeos, los escolares cursan primaria muy mayoritariamente en la enseñanza pública (un 90%, frente a un 10% en las otras opciones) al igual que en secundaria. Bélgica y España se desmarcan de esa tendencia, junto con Holanda, que también ha tenido una fuerte tradición histórica de educación privada concertada.La OCDE precisa que sus datos sobre este país están en desarrollo y hay que remontarse a 2004 para encontrar una estadística de Eurostat que sitúa el peso de la concertada en algo más del 70%. En la no obligatoria, a partir de bachillerato, la proporción de privada en la media de la UE resulta algo mayor (17%), pero, en todo caso, los estudiantes en aulas públicas no bajan del 80%. ¿Por qué España es diferente?
Los resultados de Suecia en PISA han caído tras el cambio de modelo
“En los años ochenta, el régimen de conciertos se entiende como una apuesta por la universalización de la educación, porque no había oferta suficiente. Muchos pensaron que era algo coyuntural, pero con el paso de los años tanto los Gobiernos del PP como del PSOE han seguido apostando por este modelo”, apunta Antonio Olmedo, profesor de Política Educativa de la Universidad de Roehampton (Londres) y del Instituto de Educación londinense.
El Ejecutivo socialista reguló entonces los conciertos para ordenar las subvenciones que desde los sesenta venía recibiendo la Iglesia para crear colegios. La libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, recogida en la Constitución, ha sido, por otro lado, esgrimida siempre por los conservadores para defender a las escuelas católicas.
La Iglesia ha estado históricamente detrás de la educación concertada y privada de España —también en el caso de Bélgica, donde la fuerte influencia eclesial y el apoyo de las fuerzas políticas liberales a la educación privada explican su tradicional apuesta por este modelo—, pero hace algunos años grandes fondos de inversión han entrado a aprovechar parte del pastel. “Como Dinamia, con más de 5.000 alumnos en sus colegios Laude”, señala Olmedo, quien también cita a Cognita, “el mayor grupo británico de educación privada, que tiene el respaldo de la familia propietaria de la cadena de ropa C&A”.
“Los sistemas segregadores sacan peores resultados”, opina un experto
La sociedad de capital riesgo Dinamia, la primera española cotizada en Bolsa, explica en su web las oportunidades de negocio que ofrece la educación española: “Existe una creciente demanda de centros privados debido a la preocupación por la educación, que está llevando a las familias con rentas medias-altas a buscar una mayor calidad para sus hijos”. Entre sus negocios está también el grupo de perfumería Bodybell o la empresa de aparcamientos Eysa.
“Nosotros no estamos en contra de la concertada o la privada, pero sí de que se privatice lo público para beneficiar a algunos”, arguye Sergio Gutiérrez, eurodiputado socialista. El PP no ha atendido a este periódico por problemas de agenda de sus europarlamentarios, pero losCuadernos de Pensamiento Político de la fundación FAES, su laboratorio de ideas, defienden las alternativas a la pública. “Los centros de iniciativa privada han demostrado tener más demanda que los centros públicos, son más baratos para el contribuyente y en promedio ofrecen una mejor calidad de la enseñanza”, dice uno de sus artículos.
La educación ofrece oportunidades de negocio y la privatización avanza, aunque de forma moderada, tanto en España como en el resto de Europa. “En el año 2000, el 7,9% de los recursos de la educación procedía de la financiación privada en la media de la UE. En 2011, el porcentaje se eleva al 10,7%. En España, en el mismo periodo se ha pasado de 12,6% de financiación privada a un 14,6%”, explica Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. “No podemos decir que haya una ola general privatizadora en Europa, pero en algunos países sí hay una ofensiva en ese sentido, como en Reino Unido y Suecia”, apostilla este experto.
Grandes fondos de inversión entran en el negocio de la enseñanza
De los dos casos citados por este catedrático, el de Suecia resulta especialmente llamativo. La privatización de la escuela monopoliza el debate político de cara a las elecciones generales del próximo septiembre. “Es la conversación favorita de los profesores a la hora del café, sobre todo por cómo ha bajado el nivel de los estudiantes que llegan a la universidad, especialmente en matemáticas”, confiesa el profesor de Pedagogía de la Universidad sueca de Boras Ramón Garrote.
Un Gobierno liberal conservador introdujo en los noventa las escuelas privadas financiadas con dinero público. En la última década, el país nórdico ha pasado de tener solo un 2,6% de alumnos en educación concertada en bachillerato a un 17%. Y la evolución de los resultados de Suecia en PISA resulta significativa: el batacazo ha sido considerable. En 2000, Suecia obtenía resultados en matemáticas, lectura y ciencias por encima de la media de la OCDE (y de España). En el último examen internacional, el de 2012, ha perdido 34 puntos en matemáticas, 27 puntos en ciencias y 23 en lectura, de forma que el país nórdico ha pasado a quedar por debajo de la media en todas las disciplinas, e incluso de España, que le ha sacado ocho puntos en matemáticas, 11 en ciencias y cinco en lectura.
El 10,7% de los recursos en el sector en Europa son privados
“No creo que la privatización esté relacionada con los resultados de Suecia en PISA”, asegura Ulf P. Lundgren, exdirector de la Agencia Nacional de Educación sueca. A la hora de evaluar la reforma que permitió la gestión privada de los colegios, Lundgren no obvia, sin embargo, que “han aumentado las diferencias entre las escuelas”, que “los centros independientes tienen profesores peor formados que los del sistema público” , y que hay “casos en los que el propietario ha hecho fortuna con los impuestos de los ciudadanos y otros en los que los colegios han tenido problemas financieros y han cerrado, provocando una pérdida de un año de estudio a los alumnos”, según explica por escrito a EL PAÍS. La quiebra de los colegios John Bauer, de gestión privada, que dejó en la calle a casi 3.000 alumnos (fueron recolocados), ha impactado a la sociedad sueca.
La profesora emérita de la Universidad de Uppsala Ulla Riis sí relaciona ambos fenómenos. “Los alumnos con mejor nivel sociocultural han ido a las escuelas concertadas, y los de peor estatus a las públicas”, explica. “Eso ha provocado la pérdida del llamado efecto del compañero de pupitre, según el cual se ha estudiado que los alumnos de mejor rendimiento académico ayudan a mejorar los resultados de todo el grupo, y las expectativas de padres y tutores sobre el grupo también motivan que todos eleven su rendimiento”, abunda. Si los buenos se concentran en unas escuelas determinadas, donde no están nadie tira de los de peores resultados.
“La segregación educativa y cultural es un efecto clásico de estos sistemas”, destaca Olmedo. “En general, los sistemas segregadores obtienen peores resultados que los generales. Suele aumentar el rendimiento de una parte de la sociedad, pero no del conjunto”, explica. “Y ahí entra la apuesta política. ¿Quién nos interesa que obtenga buenos resultados?”, se pregunta.

Dimite el juez del TC Enrique López tras ser cazado sin casco y borracho como una cuba

La carrera del magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López se truncó este domingo a las 7.30 en un semáforo rojo del centro de Madrid. El juez, de 51 años, anunció a última hora de la tarde su dimisión en el tribunal de garantías tras ser sorprendido por la policía a lomos de su motocicleta sin casco y con una tasa de alcoholemia cuatro veces superior al máximo legal.
López, muy próximo al PP, a cuya sombra ha prosperado en la judicatura, se saltó un semáforo en rojo en la confluencia de la calle de Vitruvio con el paseo de la Castellana. En esa esquina estaba apostado el coche patrulla Z-53 de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Chamartín, cuyos agentes, tras advertir la doble infracción vial, salieron detrás del magistrado y le dieron el alto. Nada más apearse de la moto, López dio muestras evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol.
Los policías nacionales, que no tienen competencias en materia de tráfico, reclamaron inmediatamente la presencia de una patrulla de la Policía Municipal. Un equipo de atestados de este cuerpo de seguridad realizó siete pruebas de alcoholemia al magistrado debido a que este “cortaba el soplido sin motivo aparente”. Los agentes le advirtieron de que su actitud podría ser considerada como una negativa a someterse al test, informa Efe. El primer examen arrojó un resultado de 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando la tasa máxima para los particulares para manejar vehículos de motor es de 0,25 miligramos por litro. Una segunda prueba de contraste, 18 minutos más tarde, ofreció un resultado inferior, pero también ilegal: 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire.
Los hechos van más allá de una mera infracción administrativa. El artículo 372 del Código Penal contempla penas de tres a seis meses de prisión —sustituible por multa o trabajos comunitarios— y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años a aquel que “que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro”.
López no fue detenido por este supuesto delito contra la seguridad vial, que será instruido y juzgado por el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del magistrado. López pudo marcharse a su casa tras someterse a las pruebas de alcoholemia aunque su motocicleta quedó precintada ante la imposibilidad de que el miembro del Constitucional la condujera.
La noticia, adelantada por el diario Abc, se conoció a última hora de la mañana. En declaraciones a la agencia Efe, apenas seis horas después de ser interceptado por la policía, el magistrado López manifestó: “Reconozco los hechos y asumo las consecuencias que tienen”. Y añadió: “Hay circunstancias personales que podrían justificarlos pero que no vienen al caso”. A última hora de la tarde, López confirmó su intención de presentar hoy la dimisión ante el presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos.
Tras el incidente, López, uno de los miembros más marcadamente políticos de la judicatura española, se quedó solo. El PP, que en los últimos años ha visto a varios de sus líderes, como Esperanza Aguirre,Miguel Ángel Rodríguez o Ignacio Uriarte, implicados en sucesos de seguridad vial, guardó silencio sobre el caso de López, a quien el Gobierno colocó en el Tribunal Constitucional en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE en el Congreso y el Senado. El propio Tribunal Constitucional evitó ayer pronunciarse sobre la conducta del magistrado, que consideró un “asunto privado”.
La salida de López no variará las relaciones de fuerzas entre el sector conservador y el progresista del Constitucional. En el pleno seguirá habiendo seis magistrados conservadores —además del voto de calidad de Pérez de los Cobos— y cinco progresistas. Además, el recambio del magistrado le corresponde directamente al Ejecutivo de Mariano Rajoy.