tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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lunes, 27 de octubre de 2014

ELECCIONES URUGUAY

El Frente Amplio habría ya logrado 15 senadores y está a punto de confirmar 50 diputados, según informaron a El País fuentes de la Corte Electoral. 

De esta forma, de ganar el balotaje alcanzaría la mayoría parlamentaria en las dos cámaras gracias a la presencia del vicepresidente en el Senado. 

El diputado 50 aún no está plenamente confirmado debido a que se deben escrutar los votos observados, aunque, en general, la tendencia se mantiene y debería ocurrir un “cataclismo” para que eso no suceda. 

El Partido Nacional mantiene su bancada de 10 senadores aunque pierde un diputado, llegando a 32 bancas. El Partido Colorado logra 13 diputados, uno menos que la actual legislatura, y pierde una banca en el Senado, quedando con cuatro escaños. Esa banca pasa a obtenerla el Partido Independiente, que a su vez gana 3 diputados. 

Unidad Popular, de acuerdo a los datos proyectados hasta el momento, logra un diputado.

Ese mediodía tras el Secretariado del Frente Amplio, su presidenta, Mónica Xavier dijo que "la satanización de las mayorías parlamentarias del FA no es real" y afirmó que "en el Parlamento siempre hay una negociación que es permanente"  y que las mayorías solo "posibilitaron avances como la ley de aborto y la reforma tributaria". 

El engaño de la comida ecológica que venía de McDonald's

Medio centenar de detenidos en una gran operación contra la corrupción del PP

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una macrooperación contra una trama de supuesta corrupción municipal y regional infiltrada en varios Ayuntamientos y entidades provinciales y autonómicas de Madrid, Murcia, León y Valencia. Según la Fiscalía Anticorrupción, el valor de las adjudicaciones obtenidas de forma irregular asciende a 250 millones de euros. Ya hay 51 detenidos, entre políticos, empresarios y funcionarios. En esta operación han sido arrestados el hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, seis alcaldes de Madrid y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP.
Fuentes jurídicas informan de que no se trata de una trama de financiación irregular de partidos, sino de gente que está en política, a la que se le acaba la carrera, y "se corrompe para lucro personal". El PP ha anunciado que suspenderá de militancia a los detenidos y exigirá su dimisión.
En esta trama, según las mismas fuentes, se investiga a los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca como ejes sobre los que se extendió la red. Ambos, con destacados contactos entre las Administraciones locales y regionales —entre los que se encontraba Francisco Granados—, extendieron el entramado. Marjaliza lo hizo, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y desde Valdemoro, donde consolidó su carrera como constructor. De Pedro, en la costa mediterránea, donde desarrolló un negocio de consultoría de servicios, lo que le llevó a relacionarse con las Administraciones valenciana y murciana, según las primeras pesquisas. La empresa de este último, EICO, ubicada en el centro de Valencia, también ha sido registrada por la Guardia Civil, que ha desplegado a 150 efectivos para ejecutar la operación.
La trama usaba influencias políticas para introducirse en la Administración pública con el fin de conseguir adjudicaciones de contratos y de servicios públicos a cambio, supuestamente, de comisiones. Además, según la investigación, blanqueaban los beneficios a través de un complejo entramado societario con ayuda de empresas que, a su vez, también les servían para conseguir los servicios y los contratos contraviniendo el principio de libre concurrencia. Según las mismas fuentes, se constata que modifican pliegos de contrato con los políticos y los técnicos municipales.
En realidad, la trama se ha destapado tras la localización, en 2013, del destino final de parte del dinero que movieron. El juez empezó a investigar, por sospechas de blanqueo, una cuenta en Suiza y, a partir de ahí, con el trabajo de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha ido destapando el hilo que ha llevado hasta el origen de ese dinero.
Granados en un homenaje a víctimas del terrorismo en 2010. / CARLOS ROSILLO
Entre los arrestados hay seis alcaldes, entre los que se encuentran los regidores de las localidades madrileñas de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP), y Parla, José María Fraile (PSOE), y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP. Fuentes municipales de Parla niegan que el alcalde esté detenido, ya que está de viaje a Madrid desde Málaga. No obstante, fuentes de la Guardia Civil aseguran que está entre los objetivos de la operación Púnica. Al regidor parleño se le espera hoy en las VIII jornadas de Modernización y Calidad municipales que se celebran en la capital malagueña, informa Esperanza Codina. En dicha localidad han sido arrestados al menos dos funcionarios, según fuentes de la investigación. Fue finalmente arrestado a su llegada a Madrid.
Igualmente han sido arrestados los regidores de Torrejón de Velasco, Casarrubuelos (David Rodríguez Sanz), Collado-Villalba (todos del PP y de la Comunidad de Madrid) y Serranillos del Valle (en manos de un independiente del partido UDMA). El alcalde de la localidad serrana de Collado-Villalba, Agustín Juárez, es considerado uno de los delfines del PP madrileño. Además, la Guardia Civil ha entrado en la sede del Ayuntamiento de Móstoles, también en Madrid, para un registro. La agencia Efe asegura que también está detenido el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, al tiempo que fuentes socialistas aseguran que la operación también ha conllevado el arresto del exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso.
En Murcia han sido detenidos el jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del Gobierno murciano, José Fidel Saura (exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena), y la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez (exedil del PP en Molina de Segura).
Tanto el PSOE como el PP han anunciado la suspensión de militancia para sus afiliados detenidos en esta operación.
Uno de los imputados, en este caso por revelación de secretos, es un guardia civil que supuestamente informó a Francisco Granados de que estaba siendo investigado. Así se desprende, según fuentes jurídicas, de los pinchazos telefónicos a los que han sido sometidos los principales miembros de la trama. Varios ediles y funcionarios están supuestamente implicados en esta trama de corrupción y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas municipales y autonómicas. 
La Fiscalía Anticorrupción asegura que en la llamada Operación Púnica se ha golpeado una "trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia". La nota añade que los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de "comisiones ilegales" a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por unos 250 millones de euros en los últimos dos años.
Las autoridades iniciaron la investigación debido a la cooperación internacional en enero de este año con la comisión rogatoria del gobierno suizo por sospechas graves del presunto blanqueo de capitales.Se trata de una comisión rogatoria de Lausana, que en diciembre de 2013 envió a Anticorrupción el dato de dos personas que tienen cuenta en Suiza (Granados y el conseguidor Marjaliza).
Las autoridades helvéticas bloquearon estos fondos dentro de una investigación en ese país por un delito de blanqueo de capitales agravado. Suiza avisó a España porque, según las leyes helvéticas, estaba obligada a tomar declaración a estos imputados y ante la posibilidad de que movieran el dinero. Anticorrupción ha investigado durante seis meses para aclarar el origen de estos fondos, que según las pesquisas proviene de empresas del sector de la construcción.
Luego la Fiscalía especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado junto con la AEAT e IGAE y UCO presentaron en un plazo breve una detallada querella ante el magistrado central del Juzgado de Instrucción número 6 quien incoó diligencias en junio de este año por los supuestos delitos de: falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.
La UCO junto con la Fiscalía y la Policía Judicial han realizado 51 detenciones en Madrid, Valencia, León y Murcia; 259 registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos; han emitido 400 órdenes dirigidas a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos; y 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados. 
Fue en enero cuando se inició la operación después de recibir la Audiencia Nacional una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
Este ha sido el origen de las pesquisas de la Fiscalía en coordinación con Agencia Tributaria e Intervención General del Estado (IAG) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La información aportada por todos permitió presentar una "detallada querella" ante Velasco, quien incoó diligencias en junio por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
A partir de esa fecha, según la Fiscalía, el juzgado ha dirigido "un eficiente trabajo de investigación", junto con las instituciones ya mencionadas, para culminar hoy con las detenciones de los 51 acusados y la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito.