tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 27 de febrero de 2013

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Catalunya: independencia y proceso constituyente

Público.es


Los crecientes escándalos de corrupción que salpican la política catalana, el espionaje intra e interpartidario, y la inminente nueva tanda de recortes sociales del gobierno Mas señalan sin equívoco posible que la inestabilidad política y social será la nota dominante a medida que avanza el proceso de “transición nacional” catalán entrecruzado en permanencia con una crisis económica que va para largo.
CiU tiene que gestionar una situación en la que el poder financiero catalán asiste alarmado a la dinámica de inestabilidad institucional abierta y empuja para dar marcha atrás, mientras que su base social ha basculado hacia la opción independentista, en ausencia de otras alternativas creíbles. De su capacidad de resolver esta tensión dependerá en gran medida su futuro político en un escenario demasiado turbulento para una formación conservadora y de orden.
La debilidad del gobierno de Mas, fruto de un inestable pacto entre CiU y ERC, ofrece a las fuerzas políticas y sociales opuestas a las políticas de austeridad una oportunidad mayor para incidir en dicho proceso de “transición nacional” que la inicialmente prevista, aunque la correlación de fuerzas y el punto de partida siga siendo muy desfavorable.
En este escenario volátil el doble desafío es, primero, garantizar que el ejercicio del derecho a decidir vaya hasta al final y que la consulta independentista se celebre, manteniendo la presión social para que CiU no se eche atrás y para neutralizar las maniobras represivas del gobierno de Rajoy con la complicidad del PSOE. Y, segundo, evitar que CiU y ERC la capitalicen en beneficio propio. Para ello, junto con el necesario impulso de las luchas contra los recortes, el conjunto de los movimientos sociales y populares y de la izquierda política y social catalana no deben dejar la iniciativa en manos de Mas y Junqueras, intentando articular un amplio polo social y ciudadano favorable al ejercicio del derecho a decidir y opuesto a las políticas de austeridad.
Quienes defendemos el derecho a la autodeterminación sin hacer del independentismo ningún a priori, y consideramos que la opción concreta a defender debe determinarse en función de lo que sea más favorable a los intereses de la mayoría, tenemos que señalar que el “sí” a la “independencia” en un futuro referéndum aparece ahora como la opción de mayor contenido democrático y de mayor potencial de ruptura. Ello debe hacerse desde una firme convicción internacionalista y solidaria y de defensa de un horizonte de libre federación de los pueblos de Europa, frente a un encierro-refugio en los Estados nacionales. Así como también desde la defensa de una idea de nación y de cultura donde se combine la firme defensa de la lengua catalana con la de una Catalunya cada vez más plurilingüística y pluriétnica, y una visión de la cultura catalana que no se reduzca a las tradiciones autóctonas populares.
La cuestión política estratégica principal es aprovechar el potencial democrático que abre el debate sobre la independencia para, no sólo generar una ruptura democrática con el actual marco institucional, sino para desbordar el marco decisorio fijado por CiU y ERC y ampliar el “derecho a decidir” a otras esferas de la sociedad. Frente a la independencia como receta mágica el debate a plantear es qué Catalunya queremos, qué modelo de país y de sociedad. Catalunya no es una entidad homogénea sino una sociedad atravesada por contradicciones sociales. No vamos todos en el mismo barco o, si es así, algunos van en primera y están en la cabina de mando y otros viajan hacinados en las bodegas. ¿Por qué el pueblo catalán puede decidir sobre la independencia y no sobre los recortes? ¿Cuál es la razón de que las mujeres catalanas puedan decidir qué relación pueden mantener con España y no puedan hacerlo sobre sus propios cuerpos? ¿Soberanía? Pues empecemos por defender la soberanía alimentaria frente al agrobusiness. ¿Control de nuestro destino? Bien, ¿por qué no empezamos a hacerlo en el puesto de trabajo?
¿Cuál es el sentido de reivindicar la “independencia” respecto al Estado español y acatar sin peros la política de la UE? La aceptación de las imposiciones de la UE por parte del gobierno de Mas vacían el derecho a decidir. Una independencia tutelada por la Troika y Merkel sería una soberanía sin contenido. Un contrasentido en los términos. La soberanía real implica una ruptura con las políticas de austeridad y la sumisión neocolonial a la Troika. Por ello la consulta sobre la independencia no puede asociarse a la aceptación de la política de una UE que, más que dar libertad a los pueblos, se la quita en favor de los intereses de la minoría financiera.
Partiendo del discurso oficial sobre la “transición nacional” hay que ir desgajando una propuesta alternativa que muestre las contradicciones y límites del primero para aprovechar el empuje democrático de la pulsión independentista y evitar que sea utilizada en contra de las luchas sociales anti-austeridad y de los procesos de deslegitimación del poder abiertos tras la rebelión indignada.
El debate sobre la independencia y un Estado propio debe servir para poner encima de la mesa la necesidad de un proceso constituyente para Catalunya en el que habrá que definir cuál es el nuevo marco institucional y el modelo de sociedad. Esta es la cuestión central. Hay ahí una serie de batallas estratégicas a preparar para fijar las nuevas reglas del juego. ¿Qué sistema electoral? Qué modelo de relaciones laborales? Qué derechos de ciudadanía para las personas inmigrantes? ¿Qué política de defensa? ¿Qué…?
Al mismo tiempo la dinámica independentista en Catalunya debe vincularse con la necesidad de romper a escala estatal el maltrecho Régimen nacido en la Transición para evitar que sean las derechas respectivas las que capitalicen la situación actual. Ello implica un esfuerzo de explicación política del proceso en marcha por parte de las fuerzas soberanistas y democráticas catalanas fuera de Catalunya y, sobretodo, la comprensión estratégica por parte de las fuerzas indignadas y anti-austeridad españolas de que la resolución democrática de la cuestión nacional es un elemento fundamental para romper el agrietado edificio forjado en el falso “consenso” de la Transición.
Se trata de conseguir que el pueblo catalán pueda decidir su futuro libremente y que un acto de soberanía desde Catalunya, lejos de contribuir a legitimar fuera de ésta a un modelo político e institucional cada vez más desacreditado, sirva como elemento decisivo para desencadenar una profunda crisis de Régimen en todo el Estado y dar paso a una dinámica de procesos constituyentes nacionales propios, independientes, pero coordinados y retroalimentados en su búsqueda común de un nuevo orden democrático, justo y solidario.

Uribe, en el punto de mira de la Corte Penal Internacional por masacres durante su mandato

Público.es


El que fuera Presidente de Colombia entre 2002 y 2010 está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana.

Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados "falsos positivos", el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de "casos aislados", aunque para el tribunal internacional, al que han llegado los más de 3.000 casos reconocidos por la propia fiscalía colombiana: "hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad...".

La última de las denuncias contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido presentada personalmente por el Presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: " a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución contra opositores, magistrados, políticos y periodistas contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por motivos políticos". Algunas de estas persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de de los servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de sicarios paramilitares que actuaban con la información suministrada por éste.

Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía por su protagonismo en la formación del ejércitos paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe está intentando blindarse con la creación de una nueva fuerza política, el "Puro Centro Democrático" por la que sería cabeza de lista al Senado en las elecciones del año próximo, o incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.

Mientras tanto, el expresidente intenta cada día sumar adhesiones con su oposición a las conversaciones de paz que llevan a cabo en La Habana emisarios del Presidente Juan Manuel Santos con los portavoces de las FARC, en aras de una política de exterminio y guerra sin cuartel, que no consiguió resultados decisivos durante su mandato.

El Supremo avala el modelo de inmersión lingüística de Cataluña

El Tribunal Supremo (TS) avala el modelo de inmersión lingüística de Cataluña, aunque reconoce el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en castellano. Así lo dictaminó el alto tribunal en una sentencia conocida ayer, aunque con fecha del 19 de febrero, que confirma una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de marzo de 2012. Parece que se supera así una etapa del conflicto que enfrenta a decenas de familias, amparadas por la entidad Convivencia Cívica Catalana, y la Generalitat. Pero del ámbito jurídico la pugna tomará ahora un cariz político, con la reforma educativa que planea el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que busca equilibrar el peso del catalán y el castellano en la escuela.
“El Supremo no se había pronunciado nunca de forma tan clara a favor de la inmersión. La sentencia aclara de una forma bastante definitiva que los derechos individuales hay que atenderlos tal y como se está haciendo actualmente, pero dice que otra cosa es tocar todo el modelo de inmersión lingüística”, tercia Joaquim Arenas, experto en política lingüística. “Es posible que el Supremo intente moderar el conflicto e intentar pacificar la polémica alrededor de la lengua”, interpreta Albert Branchadell, profesor de filología catalana de la UAB.
El Supremo da respuesta al recurso de Feliciano Sánchez, un padre que hace cerca de un lustro interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Generalitat porque esta le había denegado la petición para que sus dos hijos —entonces estudiantes de tercero de primaria y segundo de ESO— recibieran las clases en castellano y, más allá, que la lengua castellana fuera introducida como lengua vehicular en la escuela.
Sánchez, junto a otras dos familias llevaron estas dos peticiones a los tribunales amparándose en la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, que consideraba al castellano lengua vehicular. El Supremo, en diciembre de 2010, a raíz de una denuncia de otras familias, instó a la Generalitat a adoptar “cuantas medidas sean precisas” para darle al castellano este papel de lengua vehicular en la escuela. Eso sí, dejaba en manos del gobierno catalán la potestad para fijar la proporción de ambas lenguas.
Las familias recibieron una de cal y otra de arena con la resolución del TSJC de marzo del año pasado. Por un lado, constataba que la Generalitat no había “ejecutado debidamente el fallo” del Supremo e instaba al Departamento de Enseñanza a hacerlo. Pero la obligación quedaba limitada a las tres familias denunciantes y el tribunal catalán no entraba a cuestionar la inmersión.
“El Supremo viene a decir que el modelo no hay que tocarlo, que es bueno y que está bien”, celebró el presidente de la Generalitat, Artur Mas, desde Bélgica. Mas volvió a defender que el modelo de escuela catalana “garantiza la cohesión social en Cataluña”. “Si se eligiera la lengua, romperíamos el sistema educativo en Cataluña y romperíamos la población en base a la creación de líneas totalmente diferenciadas”, zanjó.
En una línea muy parecida se expresó la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, quien defendió que las familias que han ganado sus recursos en los tribunales ya se les ha atendido de forma individualizada, pero dejó claro que la Generalitat no piensa hacer de esto una práctica mayoritaria. “La atención individualizada siempre se ha hecho dentro el aula, pero siempre hemos defendido que no separaremos a los niños por razón de lengua”, aclaró Rigau, quien confió que el Supremo se pronuncie en la misma línea en los posibles casos que en el futuro puedan aparecer.
Las celebraciones por la sentencia del Supremo vinieron también del ámbito educativo. La plataforma Somescola.cat, que aglutina una treintena de asociaciones y se ha erigido como principal baluarte de la defensa del modelo de escuela catalana, consideró que “el sistema de inmersión lingüística queda avalado, una vez más, también por instancias judiciales españolas. Este hecho permitirá, pues, que las escuelas e institutos del país puedan continuar trabajando con normalidad”. Asimismo, Somescola.cat pidió que se deje de judicializar la enseñanza en Cataluña porque “obliga a invertir esfuerzos y recursos que se deberían dedicar a la mejora de la calidad y la eficacia” de la educación.
Sin embargo, la plataforma se mostró prudente y, a través de un comunicado, aseguró que “hay que seguir alerta” de cara a la reforma educativa, “lo que podría ser una nueva legislación española que ataque de raíz el modelo de éxito de inmersión lingística”. Sobre la reforma educativa, la Lomce, también se refirió Rigau, quien invitó a Wert a dejar de lado las cuesitones de lengua. “Si la Lomce hablaba más del catalán que de la ESO, ara ya puede hablar solo de la secundaria”, remachó Rigau.El Ministerio lo ve de otra forma y considera que la sentencia del TS avala el papel que la Lomce da a las lenguas cooficiales. “Las comunidades tienen el derecho a proteger su lengua cooficial en su sistema de enseñanza, pero dentro de unos límites que significan que el castellano no sea excluido como lengua vehicular”. El conflicto se prevé duradero.

Siete años de conflicto lingüístico en los tribunales

Julio 2006. Tres familias acuden a la justicia después de que la Generalitat les niegue su petición de que el castellano sea lengua vehicular en la misma proporción que el catalán.
Diciembre 2008. La Sección Quinta del TSJC desestima el recurso y los padres recurren al Supremo.
Julio 2010. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que equipara castellano y catalán como lengua de la enseñanza.
Diciembre 2010. El Supremo acepta el recurso y concluye que la familia tiene derecho a que el castellano sea lengua vehicular. La sentencia insta a la Generalitat a “adoptar cuantas medidas sean precisas” para adaptarse a la “nueva situación” creada por el TC.
Marzo 2011. Educación no pide que se aclare el alcance de la sentencia del Supremo.
Mayo 2011. La familia pide ejecutar la sentencia tras manifestar la Administración su voluntad de no hacerlo. La Generalitat no se pronuncia en las alegaciones.
13 julio 2011. Educación remite un escrito con las medidas y concluye que, por el déficit de conocimiento del catalán, es necesario seguir con el modelo educativo.
28 julio 2011. La Sección Quinta de la sala contencioso-administativa del TSJC da dos meses a Educación para “adaptar su sistema de enseñanza”.
Septiembre 2011. El auto sale a la luz. La Generalitat pide que quede sin efecto. El TSJC suspende la efectividad del auto hasta que resuelva el recurso.
8 marzo 2012. El pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC acepta el recurso y avala el modelo de inmersión lingüística.
19 febrero 2013. El TS confirma la resolución del TSJC y rechaza el recurso interpuesto por una de las tres familias, la de Feliciano Sánchez.

Guerra y otros históricos del PSOE apuestan por la ruptura total con el PSC

Clima de guerra civil y cisma entre los socialistas en el Congreso por el soberanismo en Cataluña y satisfacción en el PP que, pese a lo que tienen encima, ven a Alfredo Pérez Rubalcaba cada vez más debilitado. El PSC rompió este martes por primera vez en la historia democrática la disciplina de voto del Grupo Parlamentario del Congreso y desató una oleada de críticas en el PSOE contra los socialistas catalanes, un profundo malestar entre los diputados y hasta voces que plantearon abiertamente la ruptura entre ambas formaciones. Trece diputados del PSC apoyaron en el Pleno, junto a CiU, ERC e ICV, la propuesta de resolución que asegura que “el Congreso insta al Gobierno a iniciar un diálogo con el Govern de la Generalitat, en aras a posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya para decidir su futuro”. Enfrente estaba el PSOE con el PP y con UPyD para oponerse al derecho a decidir y marcar la línea para frenar el proceso soberanista impulsado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
La socialista Carme Chacón no votó ni con unos ni con otros: estuvo presente pero no apretó ningún botón. No siguió la disciplina de voto del PSOE, pero rompió la instrucción de sus compañeros del PSC por su posición crítica contra el llamado derecho a decidir. La posición de la diputada por Barcelona era especialmente delicada porque debía optar entre indisponerse con su partido en Cataluña o enfrentarse a la formación que sigue aspirando a liderar en unas hipotéticas primarias en 2014, tras perder frente a Rubalcaba en un congreso hace más de un año. Se quedó en medio y el hecho de que no votara ni con uno ni con otro provocó malestar en algunos que antes habían elogiado su desmarque del PSC.
La situación es que la apuesta de Mas no ha roto aún España, pero sí ha abierto brechas notables en el segundo partido del país: el PSC se aleja del PSOE: cinco diputados rompieron hace un mes la disciplina del PSC para apoyar la moción soberanista en el Parlament; Rubalcaba ha abierto un proceso para una propuesta federal que no la aceptan todos y que, además, ni siquiera satisface a los socialistas catalanes, y Chacón se queda en tierra de nadie y con vida propia.
“Se están traspasando todos los límites y para nada”, aseguró el ex número dos del PSOE José Blanco a puerta cerrada, ante diputados y senadores socialistas, para resumir el profundo malestar con el PSC y el hecho de que, según aseguró un buen número de intervinientes, hayan caído en la trampa del resto de partidos catalanes en la votación de una moción sin efectos prácticos.
Chacón no votó ni con unos ni con otros: estuvo presente pero no apretó ningún botón
Una veintena de diputados secundó esa oleada de críticas al PSC. Hablaron, entre otros, Txiki Benegas, Juan Luis Gordo, Carmela Silva y José María Barreda. El discurso de todos fue en la línea de lamentar que el PSC traspasara la raya sin necesidad y a pesar de que el PSOE está asumiendo el riesgo de adaptar su discurso para hacer una propuesta federal.
Otro pequeño grupo de diputados fue aún más lejos y planteó abrir el debate sobre la posibilidad de romper con el PSC, después de 35 años de acuerdo, para comparecer en Cataluña con las siglas del PSOE. Lo significativo es que ese grupo lo encabezó otro ex número dos del partido, Alfonso Guerra, para quien si los socialistas catalanes siguen “retando” al PSOE defendiendo las reivindicaciones de los nacionalistas, lo suyo sería que el PSC se presentara solo en Cataluña. Le secundaron José Martínez Olmos, Consuelo Rumí y Valeriano Gómez. Este último nombre es significativo porque forma parte de la actual Ejecutiva del PSOE, es de la confianza de Rubalcaba y como tal es el responsable de economía.
Por parte del PSC contestaron a la avalancha de críticas Francesc Vallés, Isabel López Chamosa y Román Ruiz. El primero habló de respeto mutuo y de desacuerdo puntual y el tercero mencionó el maltrato fiscal de Cataluña, lo que levantó un significativo murmullo próximo al abucheo entre sus compañeros de grupo.
Por la dirección intervino Elena Valenciano con el mensaje oficial de que el acuerdo entre el PSOE y el PSC es el único “puente político” que queda intacto entre Cataluña y España y, por eso, es necesario preservarlo. Les dijo también que los diputados serán sancionados, pese a que minutos antes la portavoz Soraya Rodríguez había explicado que no se les aplicaría ninguna multa por ser una discrepancia política.
La bronca al PSC es la tercera en tres días
Esa bronca al PSC es la tercera en dos días, porque el lunes en la Ejecutiva, la única asistente por parte de los catalanes, Esperanza Esteve, escuchó reproches de varios asistentes, empezando por Rubalcaba. Y eso que entonces no se conocía la decisión de romper la disciplina de voto, pero sí la petición de abdicación del Rey que hizo el líder del PSC, Pere Navarro, minutos antes de que Rubalcaba subiera a la tribuna a confrontar con Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación. También el mismo lunes, Rubalcaba lanzó a Navarro los reproches en una reunión en Ferraz en la que se constató la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Unas semanas antes hubo ya un amago de ruptura de la disciplina de voto cuando el PSC se negó a apoyar la Iniciativa legislativa Popular sobre los toros. El PSOE cedió entonces y salvó la situación optando por la abstención.
La preocupación en el grupo es que el proceso soberanista no ha hecho más que arrancar y los partido independentistas y nacionalistas han encontrado un arma para debilitar a los socialistas forzando votaciones. De hecho, desde la tribuna, el diputado de ERC Joan Tardà, feliz, proclamó la “histórica unidad del catalanismo político” y presentó el voto conjunto de PSC, CiU, ERC e ICV como un paso hacia la independencia.

Bárcenas demanda al PP alegando que su despido fue 'improcedente'

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha presentado una demanda contra este partido por "despido improcedente", según confirmaron a ELMUNDO.es fuentes cercanas a Génova.
Fuentes jurídicas citadas por el diario 'El País' indican que Bárcenas trabajó para la formación política como asesor desde marzo de 2010 hasta el pasado 31 de enero, cuando fue dado de baja "sin su consentimiento". Durante ese tiempo percibió "21.300,08 euros brutos al mes, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias".
Fuentes oficiales del PP entienden que esta acción judicial puede formar parte de su estrategia de defensa, informa Luis Ángel Sanz. Apuntan además que el fin de la relación laboral con Luis Bárcenas, que reiteraron que tuvo lugar en abril de 2010, fue absolutamente legal. "Nos veremos en los tribunales", añadieron desde el partido que preside Mariano Rajoy.

González Pons: '¡Ya está bien!'

La noticia de la demanda ha sido muy comentada en los pasillos del Congreso, donde se celebra un pleno. "¡Ya está bien!", exclamó el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, al ser preguntado sobre este asunto. "El PP tiene la credibilidad que tiene y el señor Bárcenas tiene la credibilidad que tiene. Ustedes pueden elegir a quién creer".
El dirigente popular indicó que en su formación "hay cientos de miles de personas" que son honradas y que no merecen que se siga poniendo en cuestión al PP por el comportamiento de Bárcenas. González Pons subrayó que ahora "ya estamos cada uno en un sitio", con Bárcenas "a un lado" y el partido "a otro en los tribunales de justicia" y se mostró convencido de que "los jueces al final van a darnos la razón".
Por otra parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha rehusado pronunciarse sobre la demanda. "Me parece todo un disparate, no tengo nada que valorar", ha comentado en los pasillos de la Cámara Baja.

Entrega del pasaporte

El propio Bárcenas no ha querido confirmar si ha demandado al PP cuando ha sido preguntado por la prensa a su llegada a la Audiencia Nacional, donde se ha presentado esta tarde para entregar su pasaporte al juez Pablo Ruz en cumplimiento de las medidas cautelares que le impuso tras considerar que existe un "riesgo fundado" de que quiera eludir la acción de la Justicia.
Bárcenas, que ha entregado el documento apenas una hora antes de que expirara el plazo de 24 horas que tenía para cumplir con esta obligación, ha llegado junto a su conductor en el mismo Citroën C5 negro en el que acudió este lunes a su declaración ante el juez como imputado en el 'caso Gürtel', que se prolongó durante casi tres horas.
El ex tesorero 'popular' ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid a las 17.09 horas y, tras permanecer 15 minutos en las dependencias del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha abandonado el tribunal sin realizar manifestaciones.
La entrega del pasaporte es la primera medida cautelar que le impuso el juez Ruz para asegurar su sometimiento a la acción de la Justicia, que podía verse afectado, según explicaba en un auto, por el "relevante" patrimonio que acumula en el extranjero, las manifestaciones vertidas por el imputado y la "frecuencia" con la que "viene desplazándose fuera de España".
Las otras dos medidas que el ex tesorero tendrá que cumplir son la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de personarse en la Audiencia Nacional los días 1 y 15 de cada mes.
Ruz repasaba en su auto los "múltiples indicios" que existen de la comisión por parte de Bárcenas de delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales. El ex tesorero, según fuentes jurídicas, aseguró que el patrimonio que llegó a acumular en sus cuentas en Suiza ascendió a 38 millones de euros.

México reconoce la existencia de más de 26.000 desaparecidos en la 'era Calderón'

México está volviendo la vista hacia sus desaparecidos, un drama invisible hace unos meses. El gobierno de Enrique Peña Nieto acaba de hacer pública la primera lista oficial de personas "no localizadas" en el sexenio de Felipe Calderón, un registro que asciende a 26.121 personas, y se ha comprometido a hacer públicos de forma periódica los datos de desaparecidos que haya en su sexenio.
Pero más allá de la cifra, para las familias de las víctimas todavía no está claro cómo y cuándo se cumplirán sus dos principales exigencias: buscar a sus seres queridos vivos o muertos y hacer justicia.
De momento, la presentación del listado ha generado un sinfín de preguntas. No hay datos exactos sobre cuántas de esas personas son realmente desaparecidos o cuántas simples extraviados. Tampoco se sabe cuántas pueden catalogarse como desapariciones forzosas, es decir, en las que participa alguna autoridad, o cuántas son obra del crimen organizado.
Y no se ofrece una información clara sobre el porqué hay distintas bases de datos y todas con cantidades completamente dispares. Solo hay una cifra oficial, los 26.121, y un compromiso claro y concreto: depurar y aclarar la información. Tal vez por eso, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, antes de dar a conocer el dato, se esforzó en resaltar "lo importante que son las personas" para el gobierno de Peña Nieto.
Limón, que intentó evitar en todo momento la palabra "desaparecidos", explicó que el listado de 26.121 personas "no localizadas" cubre todo el periodo del gobierno anterior (del 1 de diciembre de 2006 a 30 de noviembre de 2012) y fue elaborado con los datos que aportaron las procuradurías de cada estado. Añadió que en 20.915 casos hay una investigación abierta mientras que los otros 5.206 están pendientes de validación de datos.

Punto de partida

También subrayó que en el listado no se prejuzga sobre las causas de la ausencia de esas personas ni se determina si su falta se debe a un hecho criminal o no. Por ello enfatizó que se trata de "un punto de partida" con el que el gobierno comenzará a trabajar para depurar los datos en colaboración con las procuradurías locales y los distintos colectivos de la sociedad civil.
De hecho, dijo que contactaría con la ONG Human Right Watch, que la semana pasada hizo público un informe sobre el tema, para contrastar lo que este colectivo considera datos contundentes de la existencia de, al menos, 149 detenciones forzosas.
El objetivo final, añadió, será tener un registro fiable de desaparecidos, tal y como exige la Ley de Víctimas, las familias y las organizaciones internacionales, y posteriormente, iniciar las labores de búsqueda de esas personas.
Para ello, el portavoz de la secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, recordó que ya se ha firmado un protocolo de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja y se comprometió a que se iniciarán las labores de búsqueda «en cuestión de semanas».
Para evitar malos entendidos y dado que la conferencia de prensa fue muy breve y la subsecretaria de Derechos Humanos se levantó cuando la prensa le preguntaba por los desaparecidos de Peña Nieto, Sánchez volvió a salir para encontrarse con los medios y garantizarles que también se informaría periódicamente de los desaparecidos que haya durante este sexenio. México parece haber destapado la caja de los truenos y, como dicen algunos comentaristas, todavía no sabe cómo la cerrará.

Detienen por un caso de corrupción a la líder sindical más poderosa de México

La nueva etapa del PRI en el poder, con Enrique Peña Nieto como presidente, acaba de marcarse su primer tanto en la lucha contra la corrupción: la detención de quien era considerada la mujer más poderosa de México, Elba Esther Gordillo, la líder del sindicato más grande de América Latina, el de los maestros (el SNTE) y una de las figuras más polémicas y controvertidas de la escena política mexicana.
Según informó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, 'La Maestra' y su red de colaboradores desviaron fondos del sindicato de manera "sistemática" entre 2008 a 2011. En concreto, se detectó que 2.000 millones de pesos (unos 117 millones de euros) del sindicato fueron triangulados y acabaron pagando tarjetas de crédito de Gordillo o destinados a comprar casas, como una en California a nombre de su madre, obras de arte o cirugías estéticas.
La Maestra, de 67 años y reelegida líder del SNTE el pasado mes de octubre, fue detenida el martes por la tarde en el aeropuerto de Toluca (Estado de México) y trasladada a la cárcel de mujeres de Santa Martha Acatitla.
Con un impresionante gráfico en el que se detallaban todos los flujos de dinero ilícito, Karam indicó que la investigación se inició cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación inusual de 2,6 millones de pesos de Nora Ugarte. Esta mujer y otras dos personas, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores, fueron los intermediarios de toda la trama de corrupción y ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del sindicato.
La investigación indica también que se hicieron numerosas transferencias a una cadena de tiendas de lujo de EEUU, Neiman Marcus, en la que Gordillo –una apasionada de la ropa y las marcas- tenía una línea de crédito de tres millones de dólares, así como transferencias a cuentas en Suiza y Liechestein a nombre de una sociedad de la que la madre de Gordillo, ya fallecida, era titular con depósitos de "por lo menos dos millones de dólares".

Siempre polémica

Elba Esther Gordillo es una ex parlamentaria priísta que dirige el sindicato de maestros de forma directa o indirecta desde 1989, una agrupación con millón y medio de afiliados, generalmente muy disciplinados tanto a la hora de votar como de protestar, y de ahí su poder político. En 2003 fue expulsada del PRI por colaborar con gobiernos del PAN pero su relación con Felipe Calderón se tensó tanto como la actual con presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo desde que este abogó por una reforma educativa a la que ella se oponía.
'La Maestra' nunca escondió su gusto por el dinero, su ambición y su arrogancia pero siempre aseguró que todo lo que tiene lo consiguió con su trabajo, un sueldo oficial de 21.000 pesos (unos 1.100 euros) que dudosamente dan para tener 67 casas e inmuebles en México y el extranjero, como denunció hace tiempo el periodista José Gil Olmos.
El presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) la ayudó a subir pero los mandatarios que le siguieron tuvieron siempre que mantenerla contenta sobre todo desde que reforzó su poder con la creación de un partido político, el PANAL, que no llegó al 4% de los votos en las últimas elecciones, pero se mantiene como fuerza importante para el regateo político de cualquier iniciativa. Los analistas consideran, además, que su apoyo a Felipe Calderón fue clave para que este ganara las elecciones de 2006 por 0,56% de los votos.
Su gestión educativa también está en entredicho, de hecho, hay autores como Raúl Trejo ('Crónica del sindicalismo en México') que consideran "el SNTE el principal problema de la educación" en un país que ocupa el último lugar de la OCDE en este terreno, donde las huelgas de maestros se han alargado hasta un año, y donde todavía hay lugares en los que las plazas de maestro se heredan o se compran por 50.000 o 100.000 pesos (de 3.000 a 6.000 euros), como llegó a reconocer la propia Gordillo en el documental 'De Panzazo'.
Hasta la Conferencia Episcopal ha arremetido contra sus prácticas "corporativistas y clientelares". Pero pese a todas las críticas, las polémicas y las acusaciones, Elba Esther Gordillo se mantenía en la cima… hasta ahora.
Hoy, todo México espera ver su foto ingresando en la cárcel mientras en los medios el gran debate es si el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto ha iniciado realmente una cruzada contra la corrupción o la detención de «La Maestra» se debe solo a venganzas políticas.

Miércoles de abrigo, paraguas y guantes

Un total de 35 provincias estarán este miércoles en alerta por fenómenos costeros, viento, temperaturas significativamente bajas y nevadas especialmente fuertes en zonas de la meseta y Extremadura. Las mínimas alcanzarán hasta los 10 grados bajo cero, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
En concreto, la nieve activará la alerta amarilla en Extremadura, Córdoba, Huelva, Sevilla, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, y se elevará a riesgo importante en Cantabria. Mientras, la cota de nieve oscilará entre los 300 y los 600 metros en la mayor parte de la Península, excepto en el extremo sur, donde subirá hasta los 600-1.200 metros, y en Baleares, donde se situará entre los 500 y los 1.000 metros.
Las bajas temperaturas también activarán la alerta amarilla en Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Murcia, Guipúzcoa, Córdoba, Gerona, Barcelona, Tarragona, Mallorca, Ibiza y Formentera, que ascenderá a nivel naranja en Lérida, donde se podrá llegar a los 10 grados bajo cero.
Así, las temperaturas experimentarán un ascenso en Baleares, así como las diurnas en el nordeste peninsular. Por la noche los termómetros disminuirán moderadamente en el Cantábrico oriental y ascenderán en el noroeste peninsular y en el litoral de Andalucía oriental. En el interior las heladas pasarán de débiles a moderadas y localmente fuertes en zonas de montaña.
Además, estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros Asturias, Murcia, A Coruña, Lugo, Alicante, Melilla, Ceuta, Málaga, Granada, Cádiz y Almería, que sufrirá también rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.
Habrá chubascos débiles dispersos en Castilla y León, sistema central y, al principio de la jornada, en el cantábrico occidental, que se extenderán por la tarde al suroeste peninsular. Posiblemente las precipitaciones afecten también a otros puntos del resto de la mitad sur peninsular y sur de Aragón, con posible tormenta en Baleares. En Canarias, los cielos estarán nubosos en las islas occidentales, con precipitaciones débiles o localmente moderadas.
El viento soplará del este y noreste, moderado a fuerte en el litoral de Alborán y de Galicia, y flojo a moderado en el resto, siendo de componente norte en Canarias.

El jueves nevará en cinco comunidades

La dirección general de Protección Civil y Emergencias alerta por las nevadas que se esperan este jueves a la Comunidad de Madrid, Teruel, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Tarragona e interior de Cataluña, de acuerdo a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Además, avisa por "fuertes lluvias" a los litorales de Valencia, Castellón, Tarragona y en el litoral catalán, donde podrán alcanzar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. La persistencia de las bajas temperaturas provocará que estas precipitaciones sean en forma de nieve en el interior.
En cuanto a las temperaturas, serán más altas que los días anteriores, de forma que el jueves y viernes, las heladas serán débiles en zonas de precipitación del interior peninsular. El viento no será muy significativo y únicamente se prevén rachas muy fuertes en los litorales del este y noreste peninsular y en Menorca.