México está volviendo la vista hacia sus desaparecidos, un drama
invisible hace unos meses. El gobierno de Enrique Peña Nieto acaba de
hacer pública la primera lista oficial de personas "no localizadas" en el sexenio de Felipe Calderón, un registro que asciende a 26.121 personas, y se ha comprometido a hacer públicos de forma periódica los datos de desaparecidos que haya en su sexenio.
Pero más allá de la cifra, para las familias de las víctimas todavía
no está claro cómo y cuándo se cumplirán sus dos principales exigencias:
buscar a sus seres queridos vivos o muertos y hacer justicia.
De momento, la presentación del listado ha generado un sinfín de
preguntas. No hay datos exactos sobre cuántas de esas personas son
realmente desaparecidos o cuántas simples extraviados. Tampoco se sabe
cuántas pueden catalogarse como desapariciones forzosas, es decir, en las que participa alguna autoridad, o cuántas son obra del crimen organizado.
Y no se ofrece una información clara sobre el porqué hay distintas
bases de datos y todas con cantidades completamente dispares. Solo hay
una cifra oficial, los 26.121, y un compromiso claro y concreto: depurar y aclarar la información.
Tal vez por eso, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, antes
de dar a conocer el dato, se esforzó en resaltar "lo importante que son
las personas" para el gobierno de Peña Nieto.
Limón, que intentó evitar en todo momento la palabra "desaparecidos",
explicó que el listado de 26.121 personas "no localizadas" cubre todo
el periodo del gobierno anterior (del 1 de diciembre de 2006 a 30 de
noviembre de 2012) y fue elaborado con los datos que aportaron las
procuradurías de cada estado. Añadió que en 20.915 casos hay una
investigación abierta mientras que los otros 5.206 están pendientes de
validación de datos.
Punto de partida
También subrayó que en el listado no se prejuzga sobre las causas de
la ausencia de esas personas ni se determina si su falta se debe a un
hecho criminal o no. Por ello enfatizó que se trata de "un punto de
partida" con el que el gobierno comenzará a trabajar para depurar los
datos en colaboración con las procuradurías locales y los distintos
colectivos de la sociedad civil.
De hecho, dijo que contactaría con la ONG Human Right Watch, que la
semana pasada hizo público un informe sobre el tema, para contrastar lo
que este colectivo considera datos contundentes de la existencia de, al
menos, 149 detenciones forzosas.
El objetivo final, añadió, será tener un registro fiable de
desaparecidos, tal y como exige la Ley de Víctimas, las familias y las
organizaciones internacionales, y posteriormente, iniciar las labores de
búsqueda de esas personas.
Para ello, el portavoz de la secretaría de Gobernación, Eduardo
Sánchez, recordó que ya se ha firmado un protocolo de colaboración con
el Comité Internacional de la Cruz Roja y se comprometió a que se
iniciarán las labores de búsqueda «en cuestión de semanas».
Para evitar malos entendidos y dado que la conferencia de prensa fue
muy breve y la subsecretaria de Derechos Humanos se levantó cuando la
prensa le preguntaba por los desaparecidos de Peña Nieto, Sánchez volvió
a salir para encontrarse con los medios y garantizarles que también se
informaría periódicamente de los desaparecidos que haya durante este
sexenio. México parece haber destapado la caja de los truenos y, como
dicen algunos comentaristas, todavía no sabe cómo la cerrará.
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