tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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martes, 21 de enero de 2014

Cada año entre 40.000 y 50.000 personas son explotadas sexual y laboralmente en España

Cáritas ha identificado a Brasil, Nigeria y Rumanía como los países de donde proceden la mayor parte de las víctimas que se registran en España. En general, son personas jóvenes, mayoritariamentemujeres de entre 20 y 35 años.
"La trata de personas es un crimen contra la humanidad", suele repetir el Papa. De su mano, el tema ha entrado con fuerza en la agenda de la Iglesia católica. Hoy mismo, en Madrid, los representantes de numerosas entidades católicas de todo el mundo denunciaron "este cruel y despiadado comercio", que sólo en España atrapa anualmente en sus redes entre 40.000 y 50.000 jóvenes y niñas explotadas sexual y laboralmente. Y, en Europa occidental, la cifra asciende a medio millón.
Una cifra que, en todo el mundo se multiplica y afecta a millones de personas, sobre todo mujeres obligadas a prostituirse, niños esclavos o jóvenes explotadas laboralmente. En Madrid, se está celebrando, desde el lunes, una cumbre de 60 expertos procedentes de organizaciones eclesiales de todo el mundo afiliadas a la Red de Organizaciones Cristianas contra el Tráfico de Seres Humanos (COATNET). Entre ellas, Cáritas, Confer, Justicia y Paz o la comisión episcopal de migraciones del episcopado español.
Precisamente el secretario de dicha comisión episcopal, el jesuita José Luis Pinilla, subrayaba en rueda de prensa que este fenómeno, que hunde sus raíces en la pobreza, la discriminación y la falta de estabilidad política, "hay que atajarlo en los países de salida y de llegada de la emigración". Porque, además, la trata de personas "está creciendo en el actual contexto de crisis y de pobreza.
Según los responsables de Coatnet, la trata de personas no sólo engloba la explotación sexual o laboral, sino también los matrimonios concertados o el tráfico de drogas y de órganos. La explotación laboral se produce especialmente en fábricas, en el campo, en el servicio doméstico y a través de la mendicidad.

Los 'viveros' de la trata

Europa del Este, Latinoamérica o Asia son algunos de los "tristes viveros" de los secuestros, la explotación y la violencia contra los seres humanos víctimas del tráfico en todo el mundo.
Al igual que el Papa, que acaba de denunciar a los "mercaderes de carne humana", las organizaciones eclesiales aseguran que "cualquier forma de tráfico de personas es un crimen y cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres, un pecado".
Para poner coto a esta lacra, Pinilla apuesta por una de las consignas del papa Francisco: "Hacer lío", es decir "incidir en las políticas globales y en las políticas migratorias". Porque, como explicó Martina Liebsch, directora de incidencia de Cáritas Internationalis, "las mafias utilizan las leyes de inmigración como amenazas contra los migrantes".
Lo que sí tienen claro los representantes de las organizaciones eclesiales es que son las mafias las que se enriquecen con el tráfico de personas y con las migraciones. Un negocio clandestino éste que se ha convertido en el segundo del mundo (sólo por detrás del comercio de armas), con un volumen de entre 7 y 13 billones de dólares.
Según los datos aportado por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la trata de personas mueve cinco millones de euros al día en España.
El negocio de la vergüenza con el que, como dice la responsable de Cáritas, Francesca Petriliggieri, "las personas son utilizadas como cosas que se pueden poseer, intercambiar vender y comprar". Un auténtico crimen de lesa humanidad.

La justicia obliga a cortar Internet a un usuario por compartir música

La Audiencia de Barcelona ha ordenado a la operadora R Cable y Telecomunicaciones Galicia a suspender "de inmediato y de forma definitiva" la conexión a Internet de un usuario por infringir los derechos de propiedad intelectual de varias discográficas al usar el programa de intercambio de archivos P2P para poner al servicio de otros internautas más de 5.000 canciones en una carpeta compartida.
El auto al que ha tenido acceso Europa Press, resuelve un recurso de apelación de las compañías Promusicae, Wea Internacional Inc, Sony Music Entertainment, Warner Music, Universal Music, y Emi Music contra una sentencia desestimatoria del Juzgado Mercantil 6 de Barcelona. El juzgado mercantil había considerado que se trataba simplemente de un intercambio de archivos entre particulares sin ánimo de lucro y que el usuario 'nito75' no vulneró la Ley de Propiedad Intelectual cuando puso a través de una carpeta compartida a disposición del resto de internautas 5.097 archivos sonoros para que pidieran descargarlos.
Sin embargo, la Audiencia de Barcelona considera que esta actividad vulnera los derechos de propiedad intelectual de las discográficas y, pese a que la operadora gallega no haya cometido "en sí misma" ninguna infracción, ha aceptado la petición de las empresas demandantes de suspender inmediatamente la conexión a Internet de este abonado. La Audiencia de Barcelona razona que cuando "esas grabaciones se ponen a disposición de una pluralidad de personas, que pueden tener acceso a la obra desde el lugar y el momento que tengan por conveniente" se están vulnerando los derechos de propiedad intelectual de las discográficas.
La compañía gallega asegura que este procedimiento es habitual en casos de delitos como la pornografía infantil, y que ellos simplemente se limitan a cumplirla sin entrar a valorar el contenido del fallo. Las discográficas hacen la petición a la empresa porque en el momento de producirse las descargas la IP de ese usuario pertenecía a la compañía y es el único dato que les sirve porque no pueden identificar a la persona con ese nick registrado.

Francia avanza en la consolidación del aborto como derecho

Mientras la reforma del aborto española sigue copando titulares en la prensa de Francia, donde miles de manifestantes provida demostraron el domingo su apoyo a la ley de supuestos propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, Francia se dirige en dirección opuesta. El Parlamento inició ayer el debate en torno a la extensa ley de igualdad entre mujeres y hombres que incluye dos enmiendas destinadas a facilitar la interrupción voluntaria del embarazo. La más simbólica, la que suprime la obligación de que la mujer tenga que alegar que se encuentra en situación de desamparo para poder interrumpir el embarazo.
El aborto es legal y libre en Francia hasta la semana 12 con esa justificación desde la aprobación en 1975 de la Ley Veil, que debe por nombre de la ministra Simone Veil.
En el caso de las menores de edad, si no disponen del consentimiento de sus padres pueden recurrir al de otra persona adulta de confianza. Con los años, se han ido añadiendo facilidades al aborto, culminando en 2013 con la aprobación del reembolso al 100% de las operaciones por parte de la Seguridad Social —hasta entonces solo cubría el 80%—. Más de una francesa de cada tres admite haber abortado al menos una vez en su vida y en total se calcula que son 210.000 las operaciones de este tipo practicadas cada año en el país.
La enmienda que estipula que cualquier “mujer que no desee seguir adelante con su embarazo” podrá acudir a su médico para interrumpir la gestación ha incendiado el debate, calentado por la manifestación del domingo. “Está claro que tiene sobre todo un alcance simbólico, en la práctica no supone grandes cambios”, explica Danille Gaudry, ginecóloga e integrante del Movimiento asociativo de Planning Familial. “Pero está claro que molesta a los antiabortistas porque, en definitiva, equivale a establecer que se trata de un derecho y no que simplemente se tolera”. O lo que es lo mismo, establecer una ley de plazos, como hizo en España en 2010 José Luis Rodríguez Zapatero.
El Ejecutivo también planea ampliar el delito ya existente de “obstaculizar” el acceso al aborto, castigado con dos años de cárcel y 30.000 euros de multa y pensado para los comandos que invaden clínicas donde se practican estas operaciones, al hecho de impedir “informarse” sobre el aborto. En el objetivo tiene varias páginas de Internet, que bajo informaciones aparentemente neutras, reenvían luego a números de teléfonos donde se presiona para evitar a la mujer que aborte. “Tengo pacientes que me cuentan que han llamado y les han dicho que si abortan sufrirán un cáncer de pecho dentro de unos años”, se indigna Gaudry.
“El derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo ha sido adquirido duramente y será protegido duramente”, señaló la ministra de Derechos de la Mujer y portavoz del Gobierno, Najat Vallaud-Belkacem, ayer en la apertura de los debates. La también portavoz del Gobierno socialista, que criticó duramente el proyecto de reforma español y remitió una carta de protesta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, apeló al consenso parlamentario para seguir avanzado en esta dirección.
El Ejecutivo quiere ampliar el delito a obstaculizar esta práctica
Las asociaciones feministas aseguran que lo que está pasando en España —donde solo se permitirá abortar en caso de violación o riesgo para la salud de la madre— está contaminando el debate en Francia. “Vemos a la derecha adoptar un discurso que antes pertenecía a la extrema derecha”, alerta Anne-Cécile Mailfert, portavoz de la asociación Osez le féminisme. Así, el ex primer ministro y diputado de la conservadora Unión por un Movimiento Popular, François Fillon, ha calificado de “falta moral y política” la intención de retirar el condicionante de desamparo. Una quincena de diputados del mismo partido propone también acabar con el reembolso de las operaciones. En este contexto, las asociaciones planean una manifestación de apoyo en París a la que se celebrará el 1 de febrero en Madrid en contra de la reforma.

El Canal de Panamá se juega entre tres y cinco años de retraso

Las obras de la ampliación del Canal de Panamá continuaron ayer a bajo ritmo, tras vencer el plazo del preaviso que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) dio para paralizar los trabajos. El consorcio liderado por Sacyr aún espera encontrar soluciones en las próximas semanas para acabar las obras y ofrece cofinanciar los sobrecostes, cifrados en unos 1.200 millones. La alternativa sería más lenta y cara. Un documento confidencial de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), el órgano panameño mediador entre las partes, advierte de que, en caso de ruptura del contrato, las obras no se acabarían en 2015, como está previsto, sino más probablemente entre 2018 y 2020, según fuentes de dicho órgano.
Dicho órgano admite que el problema de falta de financiación es real y no una especie de coacción del contratista para lograr beneficios extra. No obstante, esa junto dio la razón a Panamá por dos votos a uno en el primero de los grandes asuntos en disputa, los sobrecostes en la construcción de la ataguía o presa provisional. La DAB, un órgano previsto en el contrato para dirimir las reclamaciones a modo de árbitro, considera que la continuación de los trabajos por parte del consorcio es la alternativa más económica para continuar con las obras y aboga por la inyección de liquidez necesaria para evitar retrasos y más costes.
Precisamente, GUPC alertó anoche en un comunicado de que la falta de un acuerdo sobre la financiación se traducirá en que “las obras no terminarán en los plazos previstos y supondrá un grave retraso, con perjuicio para todas las partes”. En cambio, un acuerdo permitiría finalizar la obra en 2015, "lo que supondría una inmediata generación de riqueza para todos los panameños y aportaría significativos beneficios a todos los que, confiando en la Ampliación del Canal en el plazo previsto, hayan efectuado ya inversiones relevantes", según la nota.
La aseguradora ve prematuro pagar la fianza y apuesta por la mediación
La amenaza de paralización se converte de alguna manera en amenaza de retrasos: "Las obras, que tienen un coste de más de 100 millones de dólares por mes, hoy cuentan con un avance de casi el 70% y técnicamente nada impide que se pueda alcanzar el cronograma presentado. Sólo hay una cosa que puede afectar al proyecto: la difícil situación financiera en la que se encuentra a causa de los costes imprevistos que se han generado, y la consiguiente solicitud del reconocimiento económico de los mismos incurridos en la obra y presentados por GUPC", dice el consorcio.

Cofinanciar los costes

Aunque se han tanteado varias alternativas, finalmente lo que ofreció ayer el consorcio tras una reunión de su consejo de administración es cofinanciar los costes imprevistos para cumplir con el contrato actual dentro del calendario previsto. “GUPC (...) no está pidiendo beneficios extra, solo el cofinanciamiento mientras espera la decisión sobre los mismos del arbitraje internacional”, aunque sin detallar con qué parte de esa cofinanciación correría cada parte.
El consorcio sigue con las obras a bajo ritmo en espera de una solución
El consorcio explica que los fondos que aportase la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estarían protegidos hasta que los árbitros decidiesen quién debe cargar con los sobrecostes, pues cuentan con las garantías bancarias y de las aseguradoras. GUPC subraya que los sobrecostes están documentados y verificados por la ACP: “No hay discusión sobre la existencia de estos costes imprevistos, lo único que se discute es quién los tiene que pagar, si el contratista o el cliente”, señala en su nota el consorcio, que dice que "está unido y siempre ha tomado decisiones unitarias". Trata de salir al paso así de las informaciones sobre las diferencias entre sus miembros: Sacyr, de España; Salini‐Impregilo, de Italia; Jan De Nul, de Bélgica, y Constructora Urbana SA (CUSA), de Panamá.
El consorcio y el Canal ya negociaron un acuerdo en diciembre bajo la mediación de la aseguradora Zurich, que concluía que GUPC era la opción más barata y más eficiente para completar la obra, un punto que aceptaban ambas partes. El preacuerdo, que al final la ACP rechazó cuando en el consorcio creían que estaba casi cerrado, preveía desembolsos del Canal a modo de adelanto condicionado a lo que la DAB o el arbitraje internacional decidiese sobre las reclamaciones. La negativa de la ACP a firmar el pacto provocó el preaviso de suspensión, según fuentes conocedoras del conflicto. Ahora, GUPC “prorroga el preaviso” sin fecha.

La postura de la aseguradora

Tras el fracaso del intento de mediación de diciembre y el estallido del conflicto, Zurich volvió a dirigirse a Jorge Quijano, administrador del Canal, para subrayarle que caben vías dentro del contrato para que la ACP financie las obras pendientes. Zurich cree improductivo enzarzarse en una batalla legal y aboga por un pacto.
La aseguradora debe hacer frente inicialmente al pago de la fianza en caso de incumplimiento por parte del contratista, aunque a su vez ha reasegurado ese riesgo con firmas nacionales de seguros a la exportación (Cesce, en la parte que corresponde a Sacyr).
Por ahora, Zurich ve prematuro plantearse el pago del aval. Esa fianza es parte del dinero con que contaba el Canal para financiar las obras en caso de ruptura con el consorcio. Zurich, sin embargo, considera que hay demasiados flecos jurídicos abiertos y que para resolverlos haría falta esperar al arbitraje.
Por ello, al igual que la DAB, la aseguradora considera que lo mejor sería una solución negociada. En su análisis de la situación, los expertos de Zurich desmontaban los argumentos de la ACP según los cuales no hay mecanismos dentro del contrato que permitan al Canal financiar las obras sin esperar a un arbitraje.
Zurich considera que cabe un acuerdo entre las partes para cerrar algunas reclamaciones y recuerda que las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por las que se regirían los arbitrajes contemplan la mediación como alternativa previa. Además, hay reclamaciones que están en primera instancia, sobre las que el Canal tiene plena capacidad de disposición, sin necesidad de remitirlos ni a la DAB ni al arbitraje internacional, que son la segunda y tercera instancia. Un acuerdo completo o parcial sobre esas reclamaciones en una negociación de buena fe permitiría un respiro financiero para continuar con las obras. Además, la aseguradora tampoco ve obstáculos legales para que la ACP adelante financiación para el Canal cuya liquidación final esté sujeta a los mecanismos de resolución de las disputas, como ahora propone el consorcio. Zurich se lamenta de la intransigencia de la ACP para aceptar propuestas que permitan desbloquear el conflicto.
Por ahora, la postura de la española Sacyr, como líder del consorcio, pasa por tratar de acortar la resolución de conflictos, resolver bilateralmente algunas reclamaciones pequeñas, sondear alternativas de financiación (fondos europeos, banca local, aportaciones de los socios...) y esperar que la ACP flexibilice algo su posición, de modo que facilite financiación aunque el ajuste de cuentas quede pospuesto a la resolución de los conflictos.
"La ampliación del Canal de Panamá es una obra estratégica tanto para la economía como para la seguridad mundial. Todo el tráfico marítimo global espera con impaciencia la finalización de este proyecto que permitirá a los barcos atravesar por el nuevo canal ampliado en 2015", decía ayer el consorcio en su nota. El margen para negociar es de días o semanas. Sin acuerdo, la ampliación del Canal de Panamá puede retrasarse meses o años.

La injerencia de Torres-Dulce rebela a los fiscales del Constitucional

Los fiscales del Tribunal Constitucional no han consentido que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, les imponga los criterios con los que han de repartirse su trabajo. Una cosa es la superioridad jerárquica y otra arrogarse competencias que ni siquiera son unipersonales. Y los fiscales del Constitucional han querido que la diferencia entre ambas quede clara. Asumen la primera, pero se han rebelado contra la segunda hasta truncar la injerencia que pretendía el fiscal general.
La sublevación ha llegado a cuenta de lapetición de amparo de una mujer, Purificación Lapeña, por los continuos desestimientos judiciales a investigar la desaparición de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos (Madrid). La sección tercera del Tribunal Constitucional decidió, el pasado noviembre, no admitir a trámite la petición de amparo y, en un acto poco habitual, el fiscal que llevaba el caso, Manuel Miranda, presentó un recurso contra la resolución, en el que argumentaba la trascendencia constitucional de la solicitud, tal como requiere la ley para que estas sean admitidas a trámite.
Además, pedía que se diera respuesta las respuestas jurídicas de distintos tribunales que, incluso, se dictan “con argumentaciones”.
La respuesta de Torres-Dulce fue inmediata y tajante al exigir a Miranda que retirara el recurso que hubiera permitido, de ser aceptado, que el Constitucional sentara jurisprudencia sobre las desapariciones de represaliados durante y tras la Guerra Civil y que debatiera sobre las consecuencias de la Ley de Amnistía de 1977 y la memoria histórica. Tras esta decisión, Miranda desistió y retiró el recurso, pese a que podía haberse acogido al artículo 27 de su estatuto. Este señala las posibilidades que tienen los fiscales de responder a una “orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente”. En este caso, al proceder del fiscal general del Estado, Miranda podría haber remitido un informe con sus alegaciones sobre el que hubiera resuelto el propio Torres-Dulce pero después de oír a la Junta de Fiscales de Sala.
Pese a ello, el fiscal general del Estado trató de ir más lejos y, a través de un oficio, acusó de desleales a una parte de los fiscales del tribunal de garantías constitucionales por, supuestamente, no cumplir una norma dictada por su antecesor, Cándido Conde-Pumpido, para que los recursos sean supervisados. Sin embargo, esta norma no hace referencia a los recursos contra inadmisiones a trámite, sino sobre los que entran en el fondo de los asuntos, algo que no se cumplía en este caso.
El enfado de Torres-Dulce fue tal que, además, en el mismo oficio, ordenó que, a partir de ese momento, todos los casos que entraran en el Constitucional y que tuvieran que ver con el franquismo o la memoria histórica fueran supervisados por una persona de su confianza, el teniente fiscal, Anselmo Sánchez Tembleque. Y con la orden llegó la revuelta.
La semana pasada, los fiscales del Constitucional convocaron una junta y el fiscal general del Estado anunció su asistencia como presidente, según fuentes de la fiscalía. Pese a que Torres-Dulce comenzó la reunión con tono grave y tratando de imponer sus criterios, el hecho es que el cónclave acabó acordando la propuesta de la junta. Varios fiscales reprocharon al fiscal general su injerencia y le recordaron que las normas de reparto han de ser dictadas por la propia junta de fiscales y que entre sus atribuciones no está la de asignar el trabajo, dependiendo de la materia que traten, a un fiscal en concreto. Torres-Dulce acabó reculando en su intención, pero los asuntos referidos a la memoria histórica no serán debatidos en el Constitucional.

“Es imposible defender la tesis de prohibir”

“Como jurista, es imposible defender la tesis de prohibir, olvidar, erradicar la memoria, la verdad, la justicia y sobretodo, la no repetición”. Eduardo Ranz, el abogado que presentó la petición de amparo que ha originado la trifulca en la fiscalía del Tribunal Constitucional no da crédito a lo ocurrido.
Al conocer que el fiscal Manuel Miranda había decidido recurrir la decisión de no admitir a trámite la solicitud de amparo de su clienta celebró la apuesta de la fiscalía: “Hemos pasado de lo imposible a lo improbable y, si se acepta el recurso, a lo incierto”, señaló antes de saber que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce había ordenado retirar el recurso.
“La decisión de no entrar ni a resolver, ni siquiera admitir un recurso planteado por una víctima del franquismo y respaldado por un Fiscal del Tribunal Constitucional, directamente es propia de otros tiempos”, señaló ayer, a través de una nota, al conocer la decisión de Torres-Dulce.
“Las víctimas del franquismo han sufrido y sufren, cada día, un atentado contra su dignidad y solo luchan por una reparación. Nadie quiere enjuiciar la guerra civil, tan solo buscan algo tan simple como que se haga justicia. Justicia que se sostiene gracias al dinero de los impuestos de los ciudadanos, justicia que engloba por cierto, el sueldo del Fiscal General del Estado”, sostiene en su escrito el letrado que defiende a otros familiares de víctimas y causas para la devolución de los restos a sus familias, “en base al derecho de reparación y el deber de investigación judicial”.
“La inconstitucionalidad de la ley del aborto va muy despacio y, en cambio, la inadmisión a trámite de un recurso que solo pretende la devolución a sus familiares de restos humanos que fueron robados de sus lugares, de personas que fueron fusiladas por tener un pensamiento contrario al pensamiento del hoy Fiscal de Estado y que siguen secuestradas junto con su verdugo, no genera la más mínima duda para el sector más reaccionario de este país”, concluye.