tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 4 de septiembre de 2013

Putin considera absurdo ataque químico por Ejército sirio



Moscú, 4 sep (PL) El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró hoy en entrevista televisada que considera absurdo un ataque químico de las fuerzas gubernamentales sirias cuando están logrando victorias a sabiendas de que esto puede conllevar sanciones e incluso una agresión.
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Putin ratificó en declaraciones al Primer Canal que a Moscú solo lo convencerá una investigación profunda y la presencia de datos que sean evidentes y demuestren claramente quién empleó las armas químicas y qué sustancias se usaron.

Reiteró sus dudas respecto al pretexto de Estados Unidos para justificar una inminente agresión contra Damasco.

Si se determina que fueron los rebeldes quienes emplearon armas de destrucción masiva, ¿qué hará con ellos Estados Unidos? ¿Qué harán con ellos sus patrocinadores? ¿Dejarán de pertrecharlos de armamentos? ¿Iniciarán operaciones militares contra ellos?, preguntó.

Instó a washington y sus aliados occidentales a no tomar medidas unilaterales sobre Siria pues todavía no hay datos exactos respecto al empleo de los agentes químicos.

Como mínimo, resulta imprescindible esperar los resultados de las investigaciones realizadas por la comisión de inspectores de la ONU, enfatizó.

Reconoció que podría aceptar la operación militar estadounidense si hubiera pruebas irrefutables de que Damasco empleó los arsenales prohibidos.

Sin embargo, destacó que de acuerdo con el Derecho Internacional vigente, solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede autorizar una acción castrense contra un Estado soberano.

Son inaceptables y solo pueden ser calificadas como una agresión otras causas y pretextos justificativos del uso de la fuerza contra un país independiente y soberano, recordó.

Interrogado acerca de la decisión de algunos países de distanciarse de la operación militar antisiria, el jefe del Kremlin manifestó elogios.

Me sorprendió, sinceramente, porque creía que en Occidente ya se hacía todo de acuerdo con principios de cierta uniformidad, pero esta situación demuestra que no es así, observó.

Existen personas que valoran su soberanía, analizan la situación y tienen la valentía de tomar decisiones favorables a los intereses de sus propios países y de defender su punto de vista, agregó Putin.

Tales discrepancias nos muestran que el mundo realmente se fortalece en su multipolaridad, concluyó el jefe del estado más extenso del planeta y uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Canarias amplía las comidas gratis para alumnos hasta los 16 años

El Gobierno de Canarias anunció este martes que extenderá el servicio gratuito de comedor a los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) cuyas familias no dispongan de recursos o se encuentren en situación de exclusión social. Unos 38.000 escolares de tres a 16 años podrían beneficiarse de esta medida que llega por primera vez a la ESO; en Andalucía, la otra comunidad donde existe una iniciativa similar, esta se circunscribe al segundo ciclo de infantil y la primaria (de tres a 12 años).
Tras las quejas hace un año de las asociaciones de padres por la fuerte disminución de las becas de comedor en la mayor parte de España, trabajadores sociales y docentes han ido viendo cómo se deterioraba la situación y aumentaban los casos de menores que no se alimentan adecuadamente, bien porque se saltan comidas, bien porque no tienen acceso a algunos alimentos básicos (la fruta, por ejemplo) o directamente, que “pasan hambre”, aseguraba hace unas semanas en este diario Gustavo García Herrero, director del albergue municipal y la casa de amparo de Zaragoza.
Así, a las iniciativas de ofrecer comidas gratuitas en los comedores escolares que comenzaron el curso pasado en Canarias y en Andalucía, se unieron este verano otras similares en Extremadura, la Diputación de Valencia o los Ayuntamientos de Barcelona, Terrasa, Tarragona y Amposta.

Un problema social

Malnutrición. Trabajadores sociales y docentes alertaron el último curso de un aumento de los menores que no se alimentan adecuadamente. El Gobierno canario vio que un 16% de alumnos se dieron de baja del comedor porque ya no podían pagar la cuota. En junio, Barcelona detectó 2.865 escolares con malnutrición.
Comedores de verano. Los Gobiernos de Canarias, Andalucía y Extremadura, diputaciones como la de Valencia o Ayuntamientos como Barcelona, Terrasa, Tarragona y Amposta han ofrecido en verano comidas gratis a 12.000 menores.
Todo el curso. Canarias y Andalucía continuarán este curso que empieza los programas de comida gratis que empezaron el pasado. Andalucía espera llevar tres comidas diarias a 50.000 escolares.
E La reivindicación. Las principales asociaciones de padres y la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han reclamado que no se reduzcan las becas de comedor y un estudio sobre la situación de los menores en riesgo de malnutrición en toda España.
En Canarias también se mantuvieron abiertos los comedores este verano para ofrecer comida gratis a más de 6.000 alumnos menores de 12 años. El éxito de esta medida ha motivado que el consejero de Educación, José Miguel Pérez, anunciara que se ofrecerán almuerzos gratuitos para todos aquellos alumnos que lo precisen, además de ampliar la gratuidad a los desayunos en toda la secundaria. Por el momento, el ejecutivo no ha desvelado cuál será el coste de esta medida, sin embargo, fuentes de la Consejería de Educación aseguran que superará ampliamente el presupuesto aprobado para mantener los comedores escolares abiertos durante los meses de verano, que rondó el millón y medio de euros. A pesar de ello, el ejecutivo regional destinará una partida para comedores en el curso que ahora empieza que asciende a 11 millones de euros, de los cuales se empleará la “cantidad que sea necesaria para que ningún niño de Canarias que esté en situación de exclusión social pase hambre”, explicó Pérez. En este punto, el consejero indicó que la partida económica definitiva se sabrá cuando empiece el curso escolar, previsto para el 9 de septiembre en la

Madrid recorta el gasto en la escuela pública el triple que en la concertada

Los recortes en educación se ensañan en la escuela pública. La inversión de la Comunidad de Madrid por alumno ha bajado de media un 13,5% en la enseñanza pública y solo un 3,4% en los colegios concertados en el último año, según los datos de los Presupuestos regionales de 2012 y 2013.
El mayor hachazo se lo han llevado los institutos públicos (Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional), donde el gasto por alumno se ha rebajado en más de 1.000 euros, hasta los 4.230, un 21,7%, mientras que en los mismos niveles educativos en los centros subvencionados el recorte presupuestario es ocho veces inferior, del 2,6%.
La educación básica en la escuela pública ha visto mermada la inversión por alumno en un 5,2%, mientras los conciertos educativos para esos niveles recibieron de los Presupuestos un 0,3% más que el ejercicio anterior.
Inversión de la Comunidad de Madrid en Educación
La Consejería de Educación objeta a este análisis que se han tomado las cifras de alumnos de comienzo de curso y que “el presupuesto de 2012, de hecho, solo afecta a dos trimestres de este curso”, lo mismo que para 2013. Es decir, que los datos de alumnos se refieren al curso académico correspondiente y los presupuestarios, al año natural. En todo caso, se han utilizado criterios homogéneos y los únicos datos oficiales disponibles, ya que la consejería rechaza proporcionar sus propios cálculos de gasto por alumno.
Sí se ha hecho público el “coste real” de las plazas de Educación Infantil de cero a tres años, en una carta que desde hace cinco años envía la consejera Lucía Figar a las familias: 5.100 euros anuales. Esa carta ha generado un “descontento” que no entiende Figar, que aseguró la semana pasada que es “simplemente una carta informativa”.
La misiva solo refiere ese coste real, que no se detalla, y que la propia consejería reconoce que incluye lo que pagan la Comunidad, las familias y, en su caso, los Ayuntamientos. Hace dos años Figar afirmó, para defender su carta (que no se envía a los usuarios de escuelas infantiles concertadas, pese a que reciben también dinero público) que en ella figuraba “el coste real de la plaza, qué parte subvenciona la Comunidad, el Ayuntamiento en el caso de que sea la titularidad municipal y cuál es la cuota de los padres”. En la de este año no se desglosa nada.
Lo que Figar califica de “descontento” llega a enorme enfado en el caso de algunos padres, toda vez que las cuotas que se pagan en las guarderías públicas de la Comunidad de Madrid subieron el curso pasado (hasta 2008 había familias que no pagaban nada) y en algunos casos la familia sufraga hasta el 65% del supuesto coste real. Los ingresos que figuran en los Presupuestos por el concepto “centros de Educación Infantil” ha crecido un 15,8% (hasta los 11 millones) en el último ejercicio.
La consejería aduce que “la inversión por alumno de la Comunidad de Madrid en la escuela pública en el año 2013 fue un 42% superior en primaria y un 23% más en secundaria que la inversión por alumno realizada en la educación concertada. Esta diferencia fue mayor aún en el ejercicio 2012”.
En efecto, el gasto es superior en las escuelas públicas, donde los ratios de alumnos por clase son en general menores que en las subvencionadas, y los sueldos de los profesores, mucho mayores. Pueden llegar a un 20% más de lo que cobra un enseñante en los centros concertados en algunas comunidades, según explican fuentes sindicales.
Además, en estos últimos es habitual que los padres tengan que abonar “cuotas voluntarias” por distintos conceptos (por ejemplo, ampliación de horario o incluso material escolar), pese a que en principio la educación es gratuita, ya que se paga con los Presupuestos autonómicos, con los impuestos de todos los madrileños, al igual que la que se imparte en los centros públicos.
El análisis que ha realizado este periódico sobre el gasto por alumno ha tomado las partidas correspondientes a la Educación pública Infantil, Primaria y Especial, por un lado, y de Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, por otro, ya que los presupuestos no desglosan el coste de personal de cada uno de los niveles. Sí se especifica en cambio el dinero público que se destina a los conciertos educativos por etapas, por lo que en ese caso se han agrupado para realizar la comparación con el presupuesto de la pública.
El resto de partidas presupuestarias transversales de la educación pública (formación del profesorado, planificación de recursos humanos, servicios educativos, calidad de la enseñanza) se ha imputado en un 63% a los niveles más básicos y el 37% a los avanzados, en función del peso relativo en el sistema educativo.
Por indicación de la propia consejería, se ha repartido entre alumnos de centros públicos y concertados la partida del programa “Dirección, coordinación e inspección educativa”, con el mismo criterio de peso relativo (el 65% a los colegios públicos y el 35% a los subvencionados).
Además, el departamento que dirige Figar argumenta que la comparativa del gasto por alumno “no tiene en cuenta el aumento de ratios decretado por el Ministerio de Educación” para el curso pasado. Pero obvia añadir que ese aumento decretado por el ministro Juan Ignacio Wert se refería al máximo de alumnos permitidos por clase, y no es de obligado cumplimiento.
Aun así, la consejería aduce que los “ratios en la escuela concertada han estado siempre más altos que en la pública, por lo que el ahorro en la concertada por este concepto fue menor que en la pública. Precisamente el objetivo de este aumento de ratios estatal era el ahorro. Algo que también se produjo en la Comunidad de Madrid”.
También señala Educación que no se tiene en cuenta otra modificación decretada por el ministerio, esta sí de obligado cumplimiento, que impide sustituir al personal público docente por baja laboral hasta pasados 10 días. Pero la consejería tampoco ofrece datos del impacto de estas medidas en la inversión en la educación pública.
Los únicos datos de gasto por alumno que hasta ahora ha proporcionado la Comunidad se refieren a enseñanzas no obligatorias, como las universitarias (Figar señaló que una plaza cuesta entre 7.500 y 8.000 euros al año) o la citada de las guarderías para niños de hasta tres años.
La consejería, a preguntas de este periódico, explica que ese cálculo de 5.100 euros anuales por niño se ha obtenido analizando el presupuesto de las escuelas infantiles por todos los conceptos en las distintas modalidades (gestión directa e indirecta, que a su vez puede tener dos modos de financiación diferentes) y dividido por el número de plazas de cada centro. Luego se ha realizado la ponderación en función del peso relativo de ambos tipos de centros en el conjunto de la red pública.
Aclara la consejería que la cifra de 5.100 euros anuales no diferencia entre el coste de la plaza para niños de 0, 1 y 2 años y recuerda que el coste de la plaza es asumido en una parte importante por las cuotas realizadas por las familias.
La secretaria de Educación del PSM-PSOE, Carmen Bonilla, acusó a la consejera de “manipular a la opinión pública madrileña” y de “ocultar datos fundamentales” con esa carta, como la disminución de la inversión en Educación Infantil. La secretaria de Universidad y Ciencia de Izquierda Unida, Carmen Domínguez, emplazó a Figar a “mandar una carta informando del sobreprecio que tienen los estudios universitarios” en Madrid, respecto a otras comunidades autónomas.

El Congreso de Brasil aprueba acabar con el secreto de voto de los legisladores

El Congreso de Brasil ha adoptado este martes por la noche una medida histórica al aprobar una enmienda constitucional que acaba con el voto secreto en todas las decisiones tomadas por diputados y senadores. Y lo ha hecho por unanimidad de los 452 diputados presentes, aunque solo se necesitaba el apoyo de 308. Para que sea efectiva, la medida deberá ser aprobada ahora por el Senado, donde el presidente Renán Calheiros es contrario a la anulación del voto secreto en todas las ocasiones. Según él, este debería reservarse solo para cuando se decida la pérdida de mandato de uno de los legisladores.
En realidad hacían falta dos votaciones de la Cámara. La primera se celebró hace nada menos que hace siete años pero desde entonces todo había quedado parado. Este martes tuvo lugar por fin la segunda votación. La decisión se aceleró después de que días atrás el Congreso aprobara, escudándose en el secreto, que se mantuviera en su cargo al diputado Natan Donadonon, encarcelado por una condena de 13 años de prisión por corrupción. Era el primer “diputado preso” en la historia de la democracia, y el caso fue considerado por la opinión pública como un baldón para una institución que representa a la sociedad.
Además, en las manifestaciones anunciadas para el próximo día 7, con motivo de la Fiesta de la Liberación, una de las reivindicaciones era, según se anunció por las redes sociales, la de acabar con el voto secreto que los diputados y senadores usan para salvar a sus colegas cuando se pide para alguno de ellos la pérdida del mandato por falta de ética. Y la sociedad quiere saber qué decisiones importantes toman los diputados que han elegido, en vez de que se escondan bajo el anonimato del voto secreto.
Para justificar la sesión de urgencia de este martes, el presidente del Congreso, Henrique Alves, del partido centrista PMDB, el mayor aliado del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, llegó a decir que la votación secreta en la que se mantuvo el mandato del diputado encarcelado fue una de las mayores heridas a la credibilidad del legislativo. “Puedo afirmar, sin sombra de dudas, que no he visto mayor daño a la credibilidad de esta casa que la ocurrida en la fatídica sesión de la semana pasada. El mea culpa es de todos nosotros. Yo mismo me acuso de aquel resultado, que no fue el deseado por la sociedad brasileña”, dijo Alves desde la tribuna de presidencia.
Mientras hablaba, diputados del Frente Popular se manifestaron a favor de la aprobación de la ley recorriendo el salón verde con pancartas que pedían “voto abierto, ya”.
También parte de la oposición se ha mostrado contraria a la obligatoriedad del voto abierto en todas las circunstancias. Por ejemplo, el diputado del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), Alvaro Días, propuso un proyecto de ley en este sentido más restrictivo. El miedo de la oposición es que, sin el voto secreto, sería, por ejemplo, más difícil votar en libertad contra algunos vetos presidenciales a leyes aprobadas por el Congreso.
Sin embargo, Carlos Sampaio, diputado también del PSDB defendió la anulación total del voto secreto: "Acabar con el voto secreto para todo es lo que la sociedad espera". Y añadió: "No existen medias transparencias". La calle exige, en efecto, la mayor transparencia en las decisiones de los congresistas para que los que les otorgaron su voto puedan saber qué uso hacen de él a la hora de tomar decisiones importantes.
Habrá que ver si el Senado, después de la decisión de la Cámara Alta, se atreverá a oponerse a una decisión que es aplaudida por la gran mayoría de la sociedad que siempre ha criticado los trapicheos de los señores congresistas a la sombra del voto secreto. En el último sondeo nacional en el que fue analizado el grado de aprobación de las 15 instituciones más importantes del país, el Congreso se quedó en el furgón de cola. Las dos instituciones más valoradas fueron la prensa y la Iglesia.

El PSOE pide a Ruz que cite al técnico que destruyó el disco duro de Bárcenas

El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que ordene al PP que identifique a la persona que ordenó el borrado y la destrucción de los dos discos duros de los ordenadores portátiles que utilizaba el extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas. El PSPV, personado como acusación popular en el caso Gürtel y en la pieza separada sobre la contabilidad secreta del extesorero, ha solicitado también al magistrado que requiera al PP a que identifique al técnico o técnicos que procedieron a la destrucción de los dispositivos de almacenamiento. Una vez identificados, el PSOE pide que todos ellos declaren como testigos en el juzgado.
Asimismo, los socialistas pretenden que Ruz cite también como testigo a Alberto Durán, abogado que firmó el escrito en el que el PP anunciaba al juez el pasado 20 de agosto que se habían destruido las memorias informáticas en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Este escrito acompañaba a los dos ordenadores de Bárcenas había dejado en la sede central del PP en la calle Génova y que fueron entregados por el partido tras solicitarlo el magistrado instructor.

La policía y la Guardia Civil buscan a 10 fugitivos británicos... ¿los ha visto?

La Policía Nacional y la Guardia Civil han dado un último impulso a la operación Captura, que empezó en 2006 para buscar a los últimos diez fugitivos británicos que Reino Unido sospecha que están en España. En siete años han sido detenidos 53 de los 65 delincuentes perseguidos en el marco de esta operación, entre los que se encuentran algunos de los "más peligrosos" de ese país, según los define la policía.
Crimestoppers ha publicado hoy la lista de la última decena y la ha difundido en toda España, especialmente en las zonas con las comunidades más grandes de británicos, como Málaga y Alicante, en las que las autoridades piensan que los fugitivos pueden estar gozando de una camuflada vida de sol y playa.
Tras la captura de Darren Kevin O'Flaherty en el norte de Gales a principios de agosto, la mayoría de los detenidos se encuentran cumpliendo penas de prisión por sus delitos, que van desde el narcotráfico a los delitos sexuales y asesinato. A O'Flaherty se le imputaba un delito de secuestro y robo a un camionero que fue obligado a conducir a punta de navaja durante más de 185 kilómetros entre las ciudades de North Yorkshire a Liverpool. Tras descargar una mercancía valorada en 450.000 euros, los atracadores liberaron al conductor y prendieron fuego al vehículo.
Entre los más buscados que continúan en libertad se encuentra, por ejemplo, Christopher Guest More (1977), acusado de haber asesinado a un granjero que se resistió a entregarle el dinero cuando atracó su casa en 2003 en Cheshire (Reino Unido), según su ficha en Interpol.
Un segundo es Allan James Foster (también conocido como Shaun Michael Wilkinson), de 39 años, acusado por el asesinato de David "Noddy" Rice en un parking en 2006 y por robo de diamantes y drogas. La policía cree que tiene vínculos con las islas Canarias y Baleares. Darren Kevin O'Flaherty (1974) está acusado de robo y, según la descripción elaborada por Crimestoppers mide entre 1'85 y 1'90, tiene los ojos verdes, una cicatriz en la muñeca izquierda y los brazos llenos de tatuajes. De un tercero, Fatah Benlaredj, acusado de haber violado a una niña de siete años, la policía británica solo sabe que tiene entre 30 y 35 años, que responde al nombre de Samir y que se encuentra en territorio español.
Una de las últimas detenciones fue la del capo de narcotráfico Mark Lilley, que la Policía encontró el 6 de julio escondido en una “habitación del pánico”, en una operación policial en una villa de lujo en Málaga.
El director de Operaciones en Crimestoppers, Roger Critchell, ha señalado que con la detención de Darren Kevin O’Flaherty, “ahora sólo quedan los últimos diez fugitivos en el marco de la operación Captura. El éxito de la colaboración ciudadana en estos casos, ha incidido, es fundamental para lograr su detención en un corto espacio de tiempo”. Por esta razón, Crimestoppers solicita la colaboración de la ciudadanía, a la que pide que visite en su página web la sección de los más buscados y proporcione información que considere oportuna en relación con los individuos que allí aparecen al número de teléfono 900 555 111.

La edad mínima de consentimiento sexual pasará de los 13 años a los 16

El Gobierno va a elevar la edad de consentimiento sexual en España, de los 13 años en los que está fijada actualmente a los 16. Eso quiere decir que si un adulto tiene relaciones sexuales con un chico o chica que aún no haya cumplido los 16, aunque estas sean consentidas, el adulto podrá ser condenado por “abusos” a una pena de entre dos y seis años de cárcel (hasta 12 años si hay penetración vaginal, anal o bucal). Habrá, sin embargo, una excepción: las relaciones sexuales consentidas con un menor de 16 años no serán delito “cuando el autor sea una persona próxima a la víctima por edad y grado de desarrollo o madurez”. Una circunstancia eximente muy genérica, cuya concreción quedaría, aparentemente, a criterio del juez.
Así figura en la última versión del anteproyecto de reforma del Código Penal, que el Consejo de Ministros está a punto de aprobar en segunda vuelta —lo hará previsiblemente este mes— y que después iniciará la tramitación parlamentaria. La edad mínima de los 16 años es una incorporación de última hora a propuesta del Ministerio de Sanidad: en el anteproyecto que fue elaborado por el Ministerio de Justicia y aprobado en primera vuelta el pasado octubre esa edad de consentimiento sexual se había fijado en 15 años.
España tiene una de las edades de consentimiento sexual más bajas de Europa: 13 años; un umbral que la ONU había pedido elevar y que en la mayoría de los países europeos es de 14, 15 o 16 años. En 2009 todos los grupos políticos acordaron en el Congreso, por unanimidad, elevar esa edad de 13 años (aunque no fijaron hasta dónde), y el Gobierno, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo de acuerdo. Pero aquella modificación del Código Penal no prosperó finalmente.

Delito de abusos a menores

Borrador del anteproyecto de Código Penal:
183.1. “El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años”.
183.3. “Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos [...], el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años”.
Nuevo 184 quáter. “El consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo, cuando el autor sea una persona próxima a la víctima por edad y grado de desarrollo o madurez”.
El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el primer borrador de reforma del Código Penal, ya había elevado la edad de los 13 años a 15; el pasado mayo, la ministra de Sanidad, Ana Mato, planteó en el Congreso que a su juicio el umbral debería fijarse en 16 años. Y así ha quedado finalmente en el anteproyecto de ley. Mato, además, anunció que la edad mínima para contraer matrimonio pasará de 14 a 16 años (modificando el Código Civil); por tanto, si esas dos iniciativas prosperan, la edad legal en España para tener relaciones sexuales y para casarse será la misma.
El anteproyecto de Código Penal, al que ha tenido acceso a este diario, no modifica las penas previstas para el delito de “abusos y agresiones sexuales a menores”. Las deja como están en el artículo 183 y siguientes: de dos a seis años de prisión por realizar “actos de carácter sexual” (hasta diez años si es con violencia); y de ocho a 12 años de prisión si hay “acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos” (hasta 15 años si es con violencia). Lo que cambia es qué se considera un “menor” a efectos de consentimiento sexual: esa edad se fijaría ahora en 16 años. Por tanto, cualquier relación sexual con un menor de 16 años sería considerada abuso o agresión, porque el consentimiento dado por este no sería tenido en cuenta.
¿Quiere eso decir que un chico de 18 años que tuviera relaciones sexuales consentidas con una chica de 15 podría ser denunciado por abusos —por ejemplo, por los padres de la menor— y condenado a 12 años de prisión? El anteproyecto crea un nuevo artículo 184 quater que parece apuntar a que el Gobierno intenta evitar esa posibilidad: “El consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo, cuando el autor sea una persona próxima a la víctima por edad y grado de desarrollo o madurez”, reza ese artículo. Es decir, que si las relaciones son consentidas y la diferencia de edad entre ambos no es muy grande, no habrá delito. Pero el texto no concreta esa “proximidad” en edad o grado de madurez, algo que teóricamente quedaría a criterio del juez.

La Audiencia Nacional no ve ni justo ni conveniente indultar a Ángel Carroñero

La Sección Primera de la Audiencia Nacional se ha opuesto al indulto solicitado en nombre del peligroso terrorista a sueldo del PP  Ángel Carroñero, el dirigente de las juventudes del PP condenado en Cuba por homicidio imprudente por el accidente de tráfico en el que falleció el gusano cubano Oswaldo Payá en julio de 2012. Los magistrados, que incluyen en su documento las consideraciones de la fiscalía, entienden que no existen razones de justicia, equidad o conveniencia para otorgar la medida de gracia al dirigente de Nuevas Generaciones. La decisión final sobre la amnistía a Carroñero, actualmente clasificado en tercer grado penitenciario y sujeto a control telemático, recaerá en cualquier caso en el Ministerio de Justicia.
En su informe, los jueces recuerdan que los hechos juzgados en la isla caribeña tienen la misma calificación jurídica en España, y recuerda que cuando se produjo el siniestro en el que perdió la vida Payá Carromero tenía retirado el permiso de conducir.
El indulto había sido solicitado por Carlos Alberto Payá, hermano del opositor cubano fallecido. Los magistrados tienen en cuenta para oponerse a la medida de gracia que Carroñero "no ha mostrado o manifestado ningún signo" de arrepentimiento.
En caso de que el Gobierno español decidiera otorgar el indulto al exdirigente popular tiene la obligación de comunicárselo a las autoridades cubanas. Carroñero permaneció en una prisión de la isla desde el 23 de julio de 2012 hasta el 29 de diciembre pasado, cuando fue trasladado a España para cumplir la condena de cuatro años de prisión que le fue impuesta en Cuba.