tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

.

.

jueves, 26 de diciembre de 2013

HAARP: el proyecto de EEUU para controlar el clima mundial

¿El comienzo del fin? De esa manera marcan diferentes especialistas al último y misterioso proyecto que lleva a cabo el gobierno, en conjunto con la Marina y la Fuerza Aérea estadounidense en el medio de Alaska.

HAARP significa 'High Frequency Advanced Auroral Research Project'. En español sería, 'Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia'.

Para entender de lo que estamos hablando, el proyecto consiste en 180 antenas que trabajando en conjunto serán como una antena gigante que podría generar alrededor de un billón de megavatios, es decir, un billón de ondas de radio de alta frecuencia.


Estas ondas penetrarían en la atmósfera inferior (ionósfera) ubicada hasta los 350 metros de altura, que representa a la parte terreste ionizada, provocada por la radiación solar. En criollo, allí se concentra la energía que flota alrededor de la tierra en forma de iones.

Este peligroso y controvertido plan tiene la capacidad para desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde el punto de vista militar, es la peor arma de destrucción masiva jamás creada, aunque es disfrazada de un gran experimento científico para el bien de la humanidad.

Incluso, especialistas afirman que HAARP podría tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta, desde arriesgadas modificaciones en la ionósfera, hasta la misma manipulación de la mente humana a través de estas frecuencias increíblemente altas.

Los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior y penetran dentro de la Tierra. Entre otras cosas, esto podría servir para encontrar depósitos de misiles, túneles subterráneos, o comunicarse con submarinos sumergidos, por ejemplo.

HAARP, con sus cientos de millones de vatios de potencia, se puede considerar como un verdadero "calefactor" de la alta atmósfera, provocando una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias imprevisibles, y que gracias a su efecto "espejo", podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta. Eso quiere decir, elegir qué parte del Planeta destruirá.
El propio creador del proyecto, el doctor Bernard Eastlund, admitió que su invento podría controlar el clima de todo el mundo.

La censura mediática silencia que 3.158 españoles se han suicidado por la crisis, 119 de ellos por desahucios

España es un país que está resistiendo bien la crisis porque a pesar de la dureza y crueldad con que sus dirigentes tratan a los ciudadanos, la “paz social” es un hecho incuestionable, dice el economista hindú Raghuram Rajan, autor del libro Grietas del Sistema. Y no le falta razón, solo que las causas de esta “paz social” no están en la eficacia de los sindicatos y de los partidos de la oposición para vehicular todo el odio e indignación que suscita el saqueo permanente de esta “casta” o “partitocracia” que arrasa nuestra economía, sino que directamente se han unido a ella en detrimento de los propios españoles. Por eso la “paz social” en España, construida a costa de desarticular la sociedad civil para sustituirla por partidos y sindicatos subvencionados, se basa en un hecho oculto que provoca la ausencia de salidas y alternativas: 3.158 españoles se han suicidado, 119 de ellos por desahucios.
Esta semana ha ocurrido en Málaga, uno más. Leandro C.M.G., de 36 años de edad, se ha quemado a lo bonzo frente a la Junta de Andalucía, que le había negado una ayuda para atender a su madre, que falleció por ello. El político responsable, delegado territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, el socialista Daniel Pérez, se lavó las manos: “su expediente no se resolvió favorablemente porque no se presentó la documentación solicitada”.Hasta el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se mostró inflexible: “no consta ninguna solicitud en la Junta de Andalucía”.
Su caso apenas suscitó unas líneas en la prensa ni generó interés en el resto de la sociedad, cuando este mismo hecho en Túnez, cuando el joven universitario y vendedor ambulante,Mohamed Bouazizi, se prendió fuego y produjo desde 2010 una oleada de revoluciones y derrocamientos de partidos en el mundo árabe: Túnez, Egipto, Libia, Siria y ahora Turquía, donde la sociedad civil también ha hecho retroceder al “sultán” Erdogán manifestándose masivamente en la calle sin perder su capacidad de intimidar a los políticos.
La crueldad e insensibilidad de los políticos en torno al drama de la pobreza y el paro ha convertido a España en la vergüenza del mundo, sin que los poderes públicos se aperciban de la gravedad de la catástrofe para quienes la sufren. Este cataclismo ha obligado al movimiento 15-M a abrir una página en wikipedia para intentar cuantificar el número de suicidios en Españarelacionados con la crisis, cifra que va a aumentando cada mes. No están incluidas las tentativas como la del joven Leandro en Málaga, lo que incrementaría notablemente la cifra.
La situación parece evidenciar que en España, ante la falta de alternativas políticas, los ciudadanos optan por quitarse la vida antes que rebelarse contra el régimen o ayudar a su derrocamiento o sustitución. Algunos movimientos sociales están barajando la idea de dar a conocer los nombres de los políticos con cargo y sueldo vigente que desempeñan su labor en la provincia en la que se produce el suicidio de un ciudadano por las crisis, para poder hacerlos algún día responsables del mismo. El propio Leandro, con quemaduras en un 50% de su cuerpo que le han destrozado la vida, culpó a Rubalcaba y a la Junta de Andalucía por su desesperación. Los ciudadanos saben bien donde apunta el origen del drama.
images
Aunque la prensa y las administraciones públicas lo silencian, ya es oficial que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, pues en 2011 aumentó  a 3.158 casos debido a la pobreza, al paro y a los desahucios, según el Instituto Nacional de Estadística. La enumeración se hace muy difícil en estos casos, que solo transcienden muy pocas veces a la prensa y cuya relación se publica en cualquier caso con mucho retraso. Uno de los escasos datos que se conocen fue divulgado por Tercera Información y Mundo Obrero, dos diarios que han investigado el drama y han estimado en 119 el número de personas que se quitaron la vida entre enero y noviembre de 2012 al ser desahuciados por no poder pagar la hipoteca bancaria.

El desastre se agrava porque los periodistas del régimen son obligados a silenciar estos sucesos, ya que los medios de comunicación son víctimas de una creencia política, alimentada por la “casta”, que presupone que la publicación de la noticia de un suicidio provoca un sentimiento de imitación en quien, padeciendo las mismas circunstancias que el afectado, la lee o escucha. Esto lleva al silencio y a la censura, en unos momentos en que es fundamental conocer cual es la realidad del verdadero impacto de la crisis económica en las clases medias y trabajadoras de España.

Un juez argentino impide el aborto de una niña de 14 años atacada por su padrastro

“Hay un juez que está obligando a mi hija a tener un hijo que no quiere. Es algo horroroso”. La hija de esta mujer argentina —que ha preferido mantener su anonimato al hacer estas declaraciones al diario Página/12— tiene 14 años y quedó embarazada después de ser violada por su padrastro. Un magistrado de la provincia norteña de Salta, sobre la que pesa el mito de ser una de las sociedades más conservadoras de este país, ha impedido a la muchacha interrumpir su embarazo, a pesar de que en Argentina, desde 2012, rige un fallo de la Corte Suprema que establece que todas las mujeres violadas pueden abortar sin ser penalizadas y sin intervención judicial.
 Por eso, la Suprema Corte de Salta ha decidido intervenir en el caso y se espera una pronta resolución. Además, una dirigente de laFederación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas apeló el pasado día 17 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tomó como antecedente el fallo de mayo pasado de la Corte, que ordenó a El Salvador que permitiera que se le practicara un aborto a Beatriz, la joven de 22 años enferma de lupus cuya vida corría riesgo por un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro). El caso de Beatriz se resolvió con una cesárea anticipada.
El caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La niña argentina y su familia viven en la periferia pobre de la ciudad de Salta. El pasado 9 de noviembre, su madre sorprendió a su pareja violando a la adolescente en su casa. Ella lo detuvo, pero él reaccionó dándole una paliza a ambas. La niña fue tan golpeada que acabó en el Hospital Materno Infantil salteño. Cuando los médicos la revisaron, descubrieron que además se había quedado embarazada. Cristina y su hija pidieron entonces a las autoridades del hospital que interrumpieran el embarazo.
Si bien existe el fallo de la Corte Suprema que elimina la intervención judicial en estos casos, cada provincia ha elaborado su protocolo de actuación. El de Salta obliga a que la víctima de la violación presente una denuncia judicial, lo que fue hecho de inmediato y por eso el agresor se encuentra preso desde hace más de un mes. Pero la norma salteña también establece que, cuando se trata de una embarazada de menos de 18 años, debe informarse antes del aborto a un asesor público de menores de edad.
La asesora Claudia Flores Durán se enteró del caso y presentó en la justicia un recurso de amparo con el argumento de defender la vida del feto. El aborto se fue demorando hasta que el 13 de diciembre el juez Víctor Soria no solo aceptó el recurso para impedirlo, sino que además estableció que, una vez finalizado el embarazo, la niña deberá entregar el bebé en adopción.
Beatriz, de El Salvador, denunció a su país por impedirle abortar
De inmediato, dos integrantes de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres en Salta, Mónica Menini y Graciela Abutt Carol, apelaron el fallo ante un tribunal de segunda instancia. También lo hicieron otro asesor de menores y el propio Gobierno de la provincia, que está en manos de un peronista, Juan Manuel Urtubey, de perfil conservador pese a su alineamiento con el kirchnerismo. La presión del Gobierno salteño es la que, probablemente, ha hecho intervenir a la Suprema Corte de la provincia.
La abogada Menini cuenta que la joven se deprimió y perdió ocho kilos de peso durante el mes que permaneció en el hospital a la espera del aborto, hasta que el pasado día 13, cuando se le denegó, recibió el alta y cambió su ánimo. “Ella antes no quería levantarse de la cama, pero terminó allí el sexto grado [de escuela primaria]. Cuando le dieron el alta, dijo: ‘No te lo puedo creer’. Se levantó y se fue. Es que estuvo privada de su libertad y ahora está esperando”, relata Menini. Tanto ella como Chiapparrone no pueden creer que el juez además obligue a la niña a dar al bebé en adopción. “Es la muestra de un patriarcado misógino. En Salta hay muchas violaciones contra mujeres adultas y niñas”, cuenta Chiapparrone. En esa sociedad la sorpresa fue que en las pasadas elecciones a diputados nacionales, el peronismo opositor y de derecha logró el 20,9%; el peronismo kirchnerista, el 19,1%, pero el trotkismo irrumpió con un 18,8% y logró un escaño, al igual que sus dos rivales.
Varios Comités de la ONU se han pronunciado en diversos dictámenes para reclamar a los estados que modifiquen sus legislaciones para garantizar el acceso al aborto seguro; sobre todo en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. Las organizaciones que apoyaron a la joven Beatriz en El Salvador han denunciado ahora a este país ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulnerar sus derechos humanos al impedirle abortar y obligarla a continuar con el embarazo de un feto inviable.

Así cayó la flota más veloz de la ría

El macroproceso abierto contra la organización que lideró el mayor capo del transporte de cocaína en España, el difunto Manuel Abal Feijóo, Patoco, ha puesto al descubierto los entresijos de la gran infraestructura demandada por las redes del narcotráfico en Galicia para competir en el negocio. La muerte, en noviembre de 2008, de este avezado piloto de planeadoras que, con 38 años, llegó a ser el número uno en el desembarco de cargamentos, abrió una guerra por la sucesión. Además de sus contactos y la confianza de los carteles sudamericanos, Patoco dejó una herencia envenenada: la mayor narcolanzadera intervenida en España, que acabó con el procesamiento de toda la banda, incluidos subgrupos de lancheros que asumieron la descarga de los alijos que Abal había concertado antes de morir.
 La operación policial que se desató para neutralizar a Os Patocos tuvo otros daños colaterales, cuando jueces y fiscales decidieron, por primera vez, procesar a los vendedores de lanchas, de teléfonos por satélite y de todo tipo de pertrechos y provisiones que requería el grupo. Todos ellos se encuentran entre las 26 personas que serán juzgadas en la Audiencia Nacional por narcotráfico.
Ahora se ha sabido cómo aquel aspirante a capo que logró enternecer al tribunal de la Operación Nécora con sus rocambolescas historias comenzó su conquista en el narcotráfico con la adquisición de la lancha más costosa y mejor equipada de la historia del crimen organizado en España. Una impecable investigación policial del Greco de Galicia que servirá de principal prueba de acusación del fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, Javier Redondo, contra esta potente organización de transportistas. En su afán por seguir revalidando su primer puesto en el gremio de lancheros, Abal se propuso alcanzar el Atlántico en tiempo récord. En otoño de 2007, había diseñado la embarcación que necesitaba y que le fabricaron a la carta en los astilleros Sacs de Milán: 18 metros de eslora por siete de ancho y otros tantos motores con arranque independiente de 300 CV de potencia cada uno. Su intermediario fue el representante de la empresa italiana en España y también procesado, José Campos, que continuamente le enviaba fotos del proceso de construcción.
Abal se desplazó a Palma de Mallorca el 19 de noviembre y se reunió con el empresario para viajar a Italia y cerrar el contrato de compra con la entrega de un adelanto: 70.000 euros en efectivo que llevaba escondidos entre su ropa, tal y como le había indicado el intermediario en una previa conversación telefónica. Otros 60.000 euros ya estaban adelantados para la compra de los motores. Paralelamente, Abal dispuso que se construyera una rampa de acceso al río Ulla en una finca de Dodro (A Coruña), para facilitar la entrada y salida de la enorme lancha y de las cinco planeadoras almacenadas allí. La situación de la nave fue uno de los secretos mejor guardados de la organización, que accedía a ella con grandes medidas de seguridad, como realizar giros en las rotondas varias veces, detenerse en los arcenes sin motivo aparente o conducir a escasa velocidad.
En la madrugada del 23 de febrero de 2008, la lancha salió del astillero con una comitiva controlada por la policía hasta Porriño. De allí se trasladó hasta una nave del polígono de A Picusa, en Padrón, como almacén de seguridad donde acabaron de incorporarle todos los componentes electrónicos necesarios para la navegación. Patoco viajó a Madrid el 6 de marzo con su lugarteniente, José Ángel Vázquez Agra, para ultimar los detalles de un cargamento de cocaína en el aeropuerto de Barajas con un intermediario colombiano. Pero los problemas comenzaron para la banda cuando el dueño de la nave se presentó allí y al ver la lanzadera amenazó a los empleados de Patoco con llamar a la Guardia Civil si no desalojaban inmediatamente. Ante ello, Patoco alertó a todos sus subordinados sobre el inminente traslado de la lancha y avisó a José Campos para que le mandara urgentemente vía fax la factura del barco, por si tenía que mostrársela a la Guardia Civil. Después ordenó trasladar la lancha desde Padrón a otro lugar río arriba, remolcada por otra embarcación y una grúa.
Mientras la lancha navegaba por el río, se personó en la nave una dotación de la Guardia Civil, que identificó e interrogó a todos los operarios que todavía permanecían allí recogiendo los enseres. Patoco fue informado de que el instituto armado había avisado a sus medios marítimos y a los de Vigilancia Aduanera para que fueran en su búsqueda. Desde los teléfonos intervenidos, el jefe llegó a plantearse la posibilidad de prender fuego a la lancha y abandonarla como último recurso, mientras ordenaba a sus hombres que permanecieran en sus puestos y siguieran vigilando. A duras penas lograron alcanzar otra de las naves —tenía dos más en Cambados y Ribadumia—, situada también en la desembocadura del río.
El día 6 de junio de 2008, Abal se reunió en el bar Senra de Ribadumia con el procesado Baltasar Vilar Durán, la persona que iba a pilotar la lancha cuando saliera a recoger la droga en el Atlántico, un mes después. Todo estaba preparado. El lanchero Ramón Fabeiro le contaba a su novia por teléfono que tendría que “desaparecer una semana o algo más”, al igual que su hermano Gabriel, quien dijo a través de su móvil, también intervenido: “Está todo listo y cuando avisen hay que trabajar”.
La policía, que estaba a punto de desplegar la operación, interceptó otras conversaciones como los comentarios de los mecánicos encargados de instalar los motores -comprados en Galicia, una vez que la lancha ya llegó construida- y los aparatos de navegación: “Vinieron los mafiosos de ayer y compraron los motores, me quedé ahí hasta las tres de la tarde. Ellos tantean, y hoy vienen y compran. Traen una bolsa con 10 millones de pesetas y a contar billetes, y ahora quedó allá el dinero”.

La última gran operación

Cuando la gran lanzadera estaba a punto de salir a por un cargamento de droga, José Vázquez Pereira, Nando, se dispuso a controlar los medios navales de Aduanas en su lugar de atraque y comunicárselo a Patoco por teléfono. Sobre las 6 de la madrugada del 19 de agosto de 2008, José Pereira, y su hermano Ramón, junto con los hermanos Gabriel y Ramón Fabeiro, botaron la lancha y partieron rumbo hacia las coordenadas pactadas en busca del buque nodriza que les proporcionaría en el lugar convenido el alijo de cocaína para desembarcar en la costa.
La droga no se llegó a cargar en la lancha porque esta y el barco nodriza enviado por el cartel no consiguieron encontrarse en las coordenadas pactadas. Lo intentarían cuatro días después. “Mi novia está a cuatro horas”, decía un mensaje interceptado desde un móvil. La nave volvió a su refugio, pero una patrulla de la Guardia Civil la logró interceptar por lo que fue precintada en el almacén.
Patoco rompió los precintos y se llevó el barco a otro de sus escondites, aunque desistió de ir a por el cargamento. Cuando venía de ultimar el segundo intento de alijar la droga, el 8 de noviembre, murió en un accidente de moto. Ante la incertidumbre de quién le sucedería al frente de la organización, Gregorio García, Yoyo, tomó las riendas. Entre enero y febrero de 2009 cargaron ocho toneladas de cocaína en dos operaciones que terminaron en manos de la policía. La lanzadera, que había costado más de medio millón de euros, aparecía varado en una playa de Nigrán, con los motores estropeados y todos los códigos de navegación a bordo. Del uno al 22, cada número tenía un significado: no están, ya cargamos, cómo estáis, todo OK, tenemos mal tiempo, estamos averiados, motor roto, estamos a punto, nos pasó el avión, salió el helicóptero o todo dentro.

Las víctimas del franquismo podrán declarar ante la juez argentina por videoconferencia en Madrid


Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño' (izda.), y Jesús Muñecas Aguilar.

La juez María Servini de Cubría recibirá en febrero del año próximo "querellas y testimonios" por parte de las víctimas del franquismo y sus familiares que se quieran personar en la embajada de Argentinaen España, ubicada en la calle de Serrano del barrio madrileño de Salamanca.
Así lo informaron este miércoles fuentes del juzgado federal 1 en exclusiva a EL MUNDO y explicaron que las declaraciones se realizarán a través de videoconferencias entre Madrid Buenos Aires, donde la juez tiene su despacho y tomará nota de las mismas.
A comienzos de 2013 Servini de Cubría iba a viajar a Madrid para encabezar en persona las audiencias, pero la Corte Suprema no le entregó el dinero requerido. Por eso la magistrada planeó la alternativa de hacerlas mediante videoconferencias y puso una nueva fecha el pasado mes de mayo.
Cuando todo estaba listo para arrancar, las audiencias repentinamente se suspendieron porque, según confió a los querellantes el embajador Carlos Bettini, recibió una llamada telefónica de un alto cargo del Gobierno de España informando que La Moncloa no avalaría el trámite judicial.
Pero la situación ha cambiado, según las fuentes, a partir del avance del proceso y la retirada del pasaporte por la Justicia española a dos represores franquistas que podrían ser extraditados: Juan Antonio González Pacheco, de 66, alias Billy El Niño, y Jesús Muñecas Aguilar, de 74.

'Justicia universal'

Este proceso al franquismo es único en el mundo y se inspira en el principio de la justicia universal, por el que cualquier país puede juzgar crímenes contra la Humanidad aunque hayan sido perpetrados en otra nación, siempre y cuando ésta nunca haya juzgado esos delitos.
En el expediente que tramita Servini de Cubria, según las fuentes, ya hay "entre 150 y 200 querellantes" que han viajado expresamente a Buenos Aires para declarar en el juzgado y constituirse como acusadores de funcionarios de Francisco Franco. O, si no, enviaron a apoderados.
Entre los últimos presentados destaca la hermana del ejecutado por la dictadura Salvador Puig Antich, que ha pedido a la juez una orden internacional de busca y captura contra el ex ministro del régimen José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Esta causa penal arrancó el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República. El primer querellante fue el gallego Darío Rivas Cando, de 94 años, que reclamó por su padre, Severino, fusilado el 29 de octubre de 1936 siendo alcalde de la localidad de Castro de Rei y diputado provincial.
Y le siguió Inés García Holgado -también residente en Argentina-, que se querelló por dos tíos abuelos fusilados en 1936, Elías García Holgado, alcalde de Lumbrales, y Luis, administrador de Correo enHerbas, así como por un tío, Vicente, desaparecido en 1937, en elbatallón Lister.
A esas querellas se han ido sumando otras de distintos represaliados de la dictadura, como por ejemplo los ex presos políticos agrupados en La Comuna; las familias de etarras y miembros del FRAP fusilados en los 70, e incluso la Asociación de Niños Robados en España.

18.30 Manchester City – Liverpool


El PSOE inicia hoy una 'llamada de socorro europea' anti ley del aborto

Apelando a los acuerdos UE-ONU, tirando de escaños internacionales y convocando incluso a las fuerzas conservadoras más moderadas, el PSOE quiere "europeizar la llamada de socorro" contra la ley española del aborto en ciernes.
Ferraz estrena hoy su larga estrategia de combate con una reunión entre la dirección del partido y los eurodiputados socialistas para empezar a decidir las iniciativas, los informes, las entrevistas y las intervenciones en el Pleno o las comisiones del Parlamento Europeo "que expliquen lo que ha pasado aquí y que logren reunir una mayoría para evitar este atropello y mantener la ley de 2010".
Habla Elena Valenciano, que ya tiene el bolígrafo a punto para la ofensiva de hoy. Por ejemplo, la redacción de una carta que el PSOE y el Grupo Socialista del Parlamento Europeo van a dirigir a todos los diputados y diputadas de la Eurocámara pidiéndoles su oposición a la ley Gallardón con, entre otras cosas, una apelación a los compromisos que la UE suscribió con Naciones Unidas sobre legislaciones que garanticen el aborto seguro. "Tras la declaracion de El Cairo, los países de la UE, España incluida, suscribieron acuerdos con la ONU sobre salud sexual y reproductiva que incluían legislaciones específicas contra las prácticas de aborto inseguro".
¿Y por qué la ley Gallardón implica aborto inseguro? "Porque fuera de los dos únicos supuestos, la obstaculización que se impone a la mujer es tal que se va a dar una circunstancia de aborto inseguro de facto. El 93% de las interrupciones actuales, más de 100.000 casos, no tendrá cabida. Por tanto, las mujeres se irán fuera de España o abortarán en condiciones de riesgo para su propia vida. Resultado: aborto inseguro".
Elena Valenciano extenderá la tesis de que la ley que viene no sólo 'tutela a las mujeres', sino que las 'culpabiliza'
Los destinatarios de la carta y de los movimientos contra la norma deAlberto Ruiz-Gallardón no serán sólo los eurogrupos de izquierda o ecologistas, sino la bolsa de conservadores moderados que puebla la Eurocámara, como cuenta Carmen Montón, portavoz socialista en laComisión de Igualdad en elCongreso. "Yo no soy eurodiputada, pero se trata de llegar a los liberales europeos o a los partidos de una derecha no tan dura como la española. Ellos tienen otra visión y verán la ley del PP como un retroceso inaceptable".
En su reunión de hoy con los eurodiputados socialistas, Elena Valenciano extenderá la tesis de que la ley que viene no sólo "tutela a las mujeres", sino que las "culpabiliza". "Hay graves malformaciones del feto que no son incompatibles con la vida o no lo son en el momento del diagnóstico. Si una mujer engendra un embrión con una enfermedad gravísima, pero no mortal, no podrá abortar. Es una forma de decirle: '¿No va a ser usted capaz de matarlo, verdad?'.La culpabilización es total".

'Ley Rajoy'

En las 18 páginas del anteproyecto del Ministerio de Justicia se especifican lo que el PP llama "garantías" y el PSOE "obstáculos" para la mujer que quiera interrumpir su embarazo. Además del informe de dos psiquiatras que no tengan relación con el centro que vaya a practicar el aborto y la acreditación de que el embarazo produce en la gestante un menoscabo "importante" en su salud "con permanencia o duración en el tiempo", la mujer deberá obtener una entrevista con funcionarios de servicios sociales. Y éstos habrán de ser profesionales "que no desarrollen su actividad en el centro" en el que se vaya a practicar el aborto. Es decir, la mujer tendrá que visitar un tercer espacio, aparte de las dos consultas de los psiquiatras. Y tras todo ello, siete días de "reflexión".
"Después de los recortes, los servicios sociales de los ayuntamientos tienen una lista de espera de tres meses. Como no darán abasto, la jugada va a ser externalizarlos y dárselos a asociaciones de defensa de la maternidad. O sea, antiabortistas. Ésa es una de las claves", denuncia Ángeles Álvarez, diputada del PSOE con callo en lucha feminista.
Álvarez no habla de ley Gallardón, sino de ley Rajoy, "porque está inspirada por el presidente del Gobierno, con ayuda del ministro del Interior y el silencio escandaloso de Soraya. Por cierto, Matosigue ninguneada por su partido y su Gobierno".
La diputada socialista promete una batalla personal contra la ley dentro de la batalla colectiva de su partido: "Al menos yo, en cada cosa que defienda, en cada intervención que haga, ya sea en laComisión de RTVE o en la de Interior, haré un hueco para denunciar la ley del aborto del PP".

Medir igualdad y abortos

El PP ha contestado al PSOE asegurando que la igualdad "no es un patrimonio de la izquierda ni se mide por el número de embarazos que se interrumpen". La secretaria general de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad y senadora 'popular', Carmen Fúnez, ha dicho en un comunicado que la nueva ley es "una iniciativa garantista que protege los derechos de la mujer, del no nacido y de los profesionales sanitarios". Además de señalar que el texto está abierto al diálogo para mejorarlo -algo en lo que desde Vitoria insistió Iñaki Oyarzabal, secretario general del PP vasco-, la senadora afirmó que ·no quita derechos, sino que aporta seguridad a los implicados·. A los no nacidos, porque es consecuente con el Tribunal Constitucional y garantiza la protección de la vida del concebido como bien jurídico. Y a la mujer, porque le aporta "seguridad" debido a la información que va a recibir durante todo el proceso y a que es la primera ley de la democracia que despenaliza su conducta, según Fúnez.

Competencia recomienda al Gobierno subir la luz el 1,4% o el 2,9%

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado al Gobierno dos fórmulas para fijar de forma transitoria el componente de la energía dentro de la revisión de la tarifa eléctrica. Se trata de dos fórmulas alternativas, cuya aplicación en enero arrojaría subidas finales del 1,4% o del 2,9%, según la elegida, tal y como consta en el informe que acaba de publicar el organismo.
Esta propuesta se refiere solo a la parte liberalizada del recibo. Para calcular el aumento final que pagarán los consumidores hay que sumarle la subida que se derive de la parte regulada que fija el Ministerio de Industria, aún no concretada, pero que estará en un máximo del 0,9%. De esta forma, el incremento real que deben asumir los 18 millones de consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), la más usual, estará en torno al 2% o al 3,5%.
 La fórmula elegida sería provisional, pero podría sustituir el método que elija como definitivo el Gobierno durante el próximo año. De este modo, serviría para sustituir el método de la subasta eléctrica, que de aplicarse ahora, habría obligado a aumentar el recibo eléctrico un 11%, por lo que el sistema quedó anulado.
La primera opción que ofrece ahora Competencia utiliza como referencia el precio del mercado de futuros del último trimestre (de octubre a diciembre), mientras que la segunda consiste en utilizar como referencia los dos últimos trimestres (de julio a diciembre). En caso de que se aplique la primera fórmula, el coste estimado de la energía para la revisión de enero supondría un alza del 7,26% y tendría como consecuencia una subida de la tarifa del 2,9%.
En caso de que se aplique la segunda opción y se tomen los últimos seis meses como referencia, el aumento del coste de la energía sería del 3,47%, lo que repercutiría en un incremento final de la tarifa del 1,4%. El Gobierno es el que debe decantarse ahora por la fórmula que considere más oportuna.
Como el Ministerio de Industria le pidió a la CNMC que elaborara una propuesta válida para todo 2014, el regulador considera que el método recomendado puede ser prorrogado a lo largo de todo el año que viene, considerando siempre el último trimestre o los dos últimos trimestres para el cálculo del precio de la TUR cada tres meses, según la fórmula que el Gobierno elija inicialmente. No obstante, el regulador recomienda que el Ministerio, en lugar de aplicar una prórroga de este método transitorio, busque una fórmula definitiva a lo largo del primer trimestre de 2014.
"Esta Comisión considera que, con el fin de evitar cualquier impacto distorsionador en el mercado minorista, debería plantearse la implementación de un mecanismo transitorio, que permitiera soslayar el efecto de no haber considerado válido el precio resultante de la subasta Cesur. En todo caso, este mecanismo debería resultar de aplicación en el mínimo tiempo posible, y sólo en tanto no se disponga de un procedimiento definitivo que asegure la competencia y la estabilidad", precisa la CNMC.
En el informe, elaborado a petición del Gobierno, el regulador señala que estas dos opciones forman parte de un "mecanismo transitorio" y detalla en paralelo, de forma más elaborada, una propuesta para fijar el precio de la electricidad. La CNMC considera en las conclusiones que, con el fin de "evitar cualquier impacto distorsionador en el mercado minorista", debería plantearse un "mecanismo transitorio" para "soslayar" el efecto de no haber considerado válida la última subasta Cesur.

Crecen en el PP las voces discrepantes con la ley del aborto de Gallardón

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha reconocido este jueves que personalmente no coincide con la "opinión mayoritaria" del PP en lo que respecta a la reforma de la ley del aborto y se ha mostrado más partidaria de una "regulación de plazos que de supuestos", aunque entiende que era algo que iba en el programa electoral del partido y que hay que cumplir. No es la única voz discrepante en la formación popular. Borja Sémper, portavoz del PP en el Parlamento Vasco, admite que hay aspectos de la norma que plantea el Gobierno que no le gustan y pide a su partido que les dejen votar "en conciencia" porque "los partidos políticos no deben ser sectas".
Sémper ha afirmado este jueves que "la clave" está en el equilibrio, "en respetar el derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida y en hacerlo compatible con proteger a quien no puede hacerlo. El dirigente popular ha considerado también que el anteproyecto de ley debe "afinar un poco más" en lo relativo al supuesto de malformaciones en el feto: "Hay situaciones muy dramáticas para muchas parejas que tienen que afrontar una situación extrema cuando un médico les dice que el feto tiene malformación".
El modelo de ley de plazos, como la aprobada por el Gobierno socialista en 2010, permite interrumpir un embarazo por libre decisión de la madre hasta la semana 14 de gestación, y más tarde en ciertos supuestos, entre ellos el de malformación del feto. Ese modelo, dominante en Europa, es el que rechaza Gallardón, que solo acepta el aborto bajo indicación médica o por una violación.
La voz de Cifuentes, que ha abogado por "una regulación de plazos", es la segunda que se ha escuchado en el PP en tono crítico con la reforma —después de ella llegó la de Sémper—. La primera en pronunciarse fuela alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, quien se reconoció "preocupada" por la exclusión de las anomalías fetales como causa de interrupción del embarazo.
Preguntada en una entrevista en RNE, sobre la nueva Ley de Protección de Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, Cifuentes ha indicado que el proyecto está en fase "muy inicial" y que "responde al cumplimiento de un compromiso del programa electoral".
"La gente que se está llevando las manos a la cabeza no lo entiendo bien porque era un compromiso electoral del PP", ha reiterado Cifuentes, quien cree que esta reforma supone una vuelta a la legislación anterior que había en el año 1985, "donde se habla de ley de supuestos". En este punto, ha añadido que ella es más de "ley de plazos" pero que había que modificar la ley socialista de 2010.
En esta última normativa, Cifuentes ha recordado que se contemplaban aspectos con los que no está "nada de acuerdo" como el hecho de que los menores de 16 años puedan abortar "sin conocimiento paterno" o se pueda dispensar como método anticonceptivo la conocida como "píldora del día después" sin prescripción médica.
"Personalmente mi posición no coincide con la opinión mayoritaria del partido, pues estoy más de acuerdo en hacer una regulación de plazos pero tengo que aceptar la medida que ha tomado el partido", ha indicado Cifuentes, quien cree que es un "tema muy complicado" que afecta "mucho a toda la sociedad" y provoca "una división grande".
En este sentido, ha reiterado que la ley socialista sobre el aborto no le gusta y que cree que la del 85 "había conseguido ser aceptada prácticamente por el cien por cien de la sociedad". En su opinión, el PSOE quiso "revolver el avispero modificando la ley de manera unilateral" y no fue una "medida positiva". "Lo que ahora está haciendo el PP es volver a la situación anterior", ha señalado.
Cuestionada sobre las discrepancias con su partido en este sentido, ha indicado que no cree "nada excepcional" que en "algunos asuntos algunas personas" piensen "de manera diferente". "Eso no negativo, es positivo", ha apuntado Cifuentes, quien cree que "no puede ser un titular el hecho de que una persona de un partido pueda discrepar".
"Discrepo de más cosas", ha asegurado la delegada, quien ha hablado de que siempre hay 'matices importantes' y que no cree que debiera decir una "cosa diferente" a la que piensa. "Igual que no todos los votantes piensan lo mismo de todos los temas, no todos los cargos públicos del PP y militantes tenemos que pensar lo mismo... las opiniones caben todas", ha sentenciado.