tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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lunes, 10 de diciembre de 2012

Hola cari, ya estoy lista para ir a ver a tu padre al hospital después de su infarto


PASTEL DE CHOCOLATE (BIZCOCHO CON COBERTURA)


Protestas contra ley que frena sindicalismo en Michigan, EE.UU.

Washington, 9 dic (PL) Gremios y agrupaciones sociales de Michigan, en el medio oeste de Estados Unidos, protestarán esta semana contra una ley sobre el derecho al trabajo que prohíbe el pago de cuotas sindicales como condición para obtener un empleo.

Los movilizados prevén concentrarse mañana de forma pacífica en Lansing, la ciudad capital de ese estado, y el martes frente a la sede del parlamento, indicaron los organizadores.

El sindicato de trabajadores de la industria automotriz espera reunir a miles de personas y con ese fin convoca desde ayer a sus afiliados y ciudadanos de Michigan por teléfono y correo electrónico.

Dicha organización denuncia que la nueva legislación está orientada a debilitar los gremios al privarlos de ingresos seguros por cada contrato realizado en los sectores donde operan.

También consideran que los políticos conservadores y grandes donantes quieren dividir al movimiento sindical y reducir la capacidad de las negociaciones colectivas en los centros laborales.

Legisladores republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado aprobaron el proyecto legal el jueves anterior bajo el argumento de que ayudaría a impulsar la competitividad económica de Michigan, considerado la cuna del sindicalismo en el país.

Las bancadas demócratas en ambos órganos parlamentarios rechazaron la iniciativa, que ahora pasará a manos del gobernador Rick Snyder en busca de la promulgación.

De recibir el visto bueno del jefe del ejecutivo, la normativa entraría en vigor en abril de 2013 y convertiría a Michigan en el vigésimo cuarto estado del país que adopta ese tipo de legislación.

Presidente Francés asistirá a ceremonia de polémico Nobel europeo

París, 10 dic (PL) El presidente de Francia, François Hollande, partipará hoy en Oslo en la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz otorgado a la Unión Europea (UE), cuando atraviesa su peor crisis económica y social. Según el Parlamento noruego, el galardón tiene como objetivo reconocer los esfuerzos del bloque por reconciliar viejos adversarios y construir un área de paz, democracia y respeto por los derechos humanos.

Numerosos críticos señalan, sin embargo, que el premio fue designado precisamente cuando la UE enfrenta graves divisiones internas y los severos programas de ajuste económico generan profundas diferencias sociales y protestas en varios países.

El mismo presidente de la Eurozona, Herman Van Rompuy, admitió durante una conferencia de prensa en la capital noruega que la región atraviesa por un período muy difícil.

Los programas de austeridad impuestos para contener las turbulencias desatadas por la abultada deuda pública y el déficit fiscal dispararon las cifras del desempleo y la pobreza en las naciones menos desarrolladas del bloque.

En algunos países, como Grecia y España, la población se lanzó a las calles para protestar contra las medidas de rigor y en muchos casos fue reprimida con dureza por las fuerzas del orden.

Observadores señalan que las desavenencias en el interior de la UE son cada vez mayores, como se demostró en el fracaso de la cumbre extraordinaria convocada para aprobar el presupuesto comunitario del período 2014-2020.

Los líderes del bloque tampoco lograron llegar a un consenso respecto a la cuestión del reconocimiento de Palestina como un Estado no miembro de la Organización de Naciones Unidas, donde votaron divididos.

La víspera más de un millar de personas participaron en una manifestación en Oslo para protestar contra la entrega del Nobel a la Unión Europea.

Elsa-Britt Enger, de la organización Abuelas por la Paz, señaló que Alfredo Nobel concibió el premio como un estímulo para quienes luchen contra el desarme y la guerra y la UE tiene una de las mayores industrias militares del mundo.

Algunos galardonados de años anteriores, como el argentino Adolfo Pérez Esquivel, así como numerosos partidos de izquierda europeos y organizaciones sindicales y sociales también criticaron esa designación.

De los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE, seis declinaron la invitación para asistir a la ceremonia, entre ellos, el primer ministro británico, David Cameron.

Presidente de Venezuela viaja a cumplir con tratamiento médico

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Caracas, 10 dic (PL) El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, viajó hoy hacia Cuba para cumplir con el tratamiento médico que contempla una nueva intervención quirúrgica tras surgir la presencia de células malignas en la misma área de operaciones anteriores.
La Asamblea Nacional de Venezuela autorizó la salida del mandatario tras recibir la solicitud correspondiente, la cual fue debatida por el legislativo en sesion extraordinaria.

Este lunes, la red social Twitter se erige en el escenario del respaldo internacional al presidente Chávez, tras una convocatoria lanzada con ese propósito por las autoridades de este país suramericano.

El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, llamó a una acción de ese tipo a nivel mundial para este mediodía.

El funcionario lanzó el reclamo a participar bajo la etiqueta de lMundoEstaConChavez.

La iniciativa apunta a ampliar el apoyo al estadista, tras el balance positivo que arrojó la habilitación de la etiqueta PalanteComandante, mediante la cual los venezolanos transmitieron su deseo de una pronta recuperación al mandatario.

Chávez, en cadena nacional de radio y televisión informó sobre la aparición de algunas células malignas en el área de las operaciones anteriores, lo cual implica una nueva intervención quirúrgica.

Cerebros que hacen las maletas

El mayor temor de la comunidad científica española se está cumpliendo: la fuga de cerebros es ya una realidad, un goteo creciente en los centros de investigación camino de convertirse en un grifo abierto por el que se escapen muchos de los mejores investigadores de una generación llamada a ser el puntal de la I+D española. Un bioquímico que trabajaba en enfermedades autoinmunes en Granada, en situación precaria, y que ya se ha ido a un centro alemán; un experto en biocatálisis que regresó de EE UU y que ya está pensando en volverse a ir y, si lo hace, dice, no volverá a España “más que de vacaciones y a congresos”; un especialista en física estelar planteándose si no será mejor abandonar la ciencia y buscarse otro trabajo…
Los casos se van acumulando y tienen en común una edad en torno a los 40 años, una buena carrera científica a sus espaldas, pocas o nulas perspectivas en España y ofertas en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido o Australia. Los científicos e ingenieros españoles están bien valorados en el extranjero. El panorama no es mejor para los más jóvenes, los que acaban de terminar la tesis doctoral o aspiran a alguna beca para hacerla y ven con desesperación que las convocatorias se retrasan o se cancelan, los contratos desaparecen y la generación anterior emprende de nuevo el camino de la fuga de cerebros.
“¿Cómo se pretende hacer ciencia de vanguardia cuando la edad media del personal de plantilla supera con creces los 50 años?”, se pregunta el astrofísico Luis Colina, del Centro de Astrobiología. “Todo el personal joven, becarios, doctores recientes, posdoc… se está yendo sin esperar: nos estamos hundiendo a gran velocidad”, añade.

DIEGO GARCÍA-BELLIDO: Destino Australia

Diego García-Bellido tiene 42 años, dos hijos, un contrato Ramón y Cajal a punto de terminar y escasísimas perspectivas de ver estabilizada su situación y poder continuar en España con sus investigaciones paleontológicas sobre los organismos que vivían en la tierra hace 540 millones de años. También tiene un billete para Australia, para incorporarse en la Universidad de Adelaida, que le ha hecho una buena oferta de trabajo, dado el alto nivel de sus resultados de investigación. De momento, está en el Instituto de Geociencias (CSIC-Universidad Complutense) y considera que ha habido un claro “incumplimiento por parte del Gobierno”, en cuanto a su contrato. “Y no lo digo yo, lo dice el BOE, ya que en la convocatoria Ramón y Cajal de 2007 por primera vez se asumía el compromiso de estabilizar el puesto de trabajo al concluir el contrato…”. Pero, claro, en años posteriores se añadió una coletilla a ese compromiso: “Si las partidas presupuestarias lo permiten”. En su instituto están buscando vías, dice, de regularizar su situación para que se quede, pero la situación es muy complicada, con las arcas de las instituciones exhaustas y sin apenas posibilidad legal de convocar plazas para científicos. Ante el panorama, Australia está al otro lado del túnel para este científico de una familia de científicos, lo que ha hecho, dice, “que vea la ciencia como un modo de vida maravilloso”. Pero ahora esa vida en España se le ha puesto muy difícil.
Efectivamente, toda una generación de científicos que salieron de España para formarse en el extranjero y que han ido regresando en los últimos 10 años de mano del programa Ramón y Cajal (de acceso de investigadores de alto nivel al sistema de ciencia) con excelentes currículos, ven cómo se cierra la vía española y han empezado a salir de nuevo hacia otros lares que les ofrecen mejores perspectivas para desarrollar su labor. La maleta la llevan llena de frustración al cerrarse la vía que creyeron tener en España.
Cesar Terrer, de 27 años, licenciado en Ciencias Ambientales y con un máster en gestión de la biodiversidad, ha estado trabajando en España en un proyecto de investigación pero, a la vista de la situación, ha decidido buscar una beca fuera que le permita realizar el doctorado “de forma digna”, dice, criticando la escasa inversión en investigación y la falta de presupuesto para hacer grandes experimentos. “Por suerte, en Australia ha interesado mi perfil y voy a poder realizar mi doctorado con un sueldo aceptable y unas instituciones y un personal docente de primer nivel”, dice. Su centro en los próximos tres años será la Universidad de Western Sydney.
“Era consciente de que el sistema de I+D español tenía serias deficiencias y de que la situación económica del país iba a peor, pero aun así no quise dejar pasar la oportunidad de volver a mi país, con los contratos Ramón y Cajal como puerta de entrada”, dice Jorge Peñarrubia, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. “Lo que me he encontrado supera mis peores previsiones”, añade, enumerando varios elementos de ese pronóstico: imposibilidad de lograr una plaza como científico en España ante la previsiblemente tardía recuperación económica; recortes en la I+D que dificultan la obtención de proyectos; y la decreciente posibilidad de atraer fondos internacionales dada la situación del sistema.
Peñarrubia, a sus 36 años, volvió a España en 2011 tras una estancia posdoctoral en Cambridge (Reino Unido) y más de 10 años en centros de Alemania y Canadá. Regresó con la idea de aportar su grano de arena a la investigación española, pero considera que en este momento quedarse es una trampa. “Es ahora cuando tengo posibilidades de volver a salir, si me quedara, me arriesgaría a defenestrar mi carrera como investigador”. Ya ha tomado la decisión: se va a la Universidad de Edimburgo (Escocia), con una plaza fija.
La fuga de cerebros es la realidad, negada incluso como riesgo por el anterior Gobierno, pero anunciada hace tiempo por los expertos como consecuencia dramática de la reducción continuada de la inversión en I+D, lo que muchos denuncian como manifiesta falta de apoyo. Porque el apoyo, desde las Administraciones públicas, se plasma en una financiación adecuada y constante, entre otras cosas.

MARCOS PITA: Emigrar otra vez

Marcos Pita tiene 34 años y dice que él ya fue un “cerebro fugado”; estuvo tres años trabajando como investigador en Estados Unidos, en la Universidad Clarkson. Luego decidió regresar a España con la oportunidad del Programa Ramón y Cajal. El sueldo era inferior, pero lo aceptó: “Tenía ganas de trabajar en casa y conseguir aplicar aquí todo lo posible mi investigación de allí”. Todavía le quedan un par de años de contrato y trabaja en el Instituto de Catálisis y Petroquímica, del CSIC, pero la situación se ha vuelto gris o gris oscuro. “Ahora, tal y como están las cosas, quién sabe si habrá que volver a irse”, añade.
Ahora tiene un hijo pequeño y otro en camino. Reconoce que cuenta con todo el apoyo de su instituto, pero que el problema viene de más arriba, del Ministerio de Economía. Al CSIC, recuerda, le han recortado un 30% el presupuesto en los últimos años y no tiene dinero, hasta el punto de que faltan fondos para pagar a su personal. “El tiempo se acaba y a medida que pasan los años hay menos posibilidades de acogerse a programas de otros países, ya sea en Europa o en EE UU… Si me veo forzado a volver a emigrar, aquí no vuelvo más que de vacaciones y a congresos”, asegura.
El sistema, en cuanto a recursos humanos, hace agua por múltiples grietas. La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía afirma que carece de datos sobre la fuga de cerebros. Tampoco parece que sea una brecha preocupante para el Gobierno, a la vista del borrador de Estrategia Española de Ciencia Tecnología e Innovación 2013-2020 que ha preparado. Así lo han denunciado los expertos de las sociedades científicas. “Entre las fortalezas que la comunidad científica española posee destaca la existencia de una masa crítica de investigadores de alto nivel. Gran parte de ella se alimenta de contratos no estables, altamente competitivos, cuya oferta ha decrecido significativamente en los últimos años”, alertan dichos analistas. “La nueva Estrategia no contempla planes para estabilizar este capital humano, que en la actualidad está engrosando las cifras del paro o se está yendo a otros países que los reciben con los brazos abiertos”. El exilio de científicos de 30 a 40 años, en su periodo más productivo, señalan los expertos, “es una de las más sangrantes emigraciones de nuestro país en décadas recientes y una de las que podría tener efectos económicos más perjudiciales a largo plazo”.
El científico Mariano Barbacid, defensor de la estancia en el extranjero para obtener una buena formación, dice: “El problema no es la salida de científicos, sino el hecho de que, una vez formados, no sepamos cómo utilizarlos y se desprecie su talento, ya sea porque no encuentran opciones de progresar en su carreta científica en España, ya sea porque deciden volver al extranjero... En cualquier caso, es talento perdido para nuestra comunidad científica”. Señala que, con el Ramón y Cajal se intentó paliar el problema endémico de los recursos humanos en I+D en España, pero muchos de los contratados “se han caído”, “algunos por no haber dado el nivel, pero los demás por un rígido sistema, tanto en el CSIC [Consejo Superior de Investigaciones Científicas] como en la Universidad, donde la estructura operativa sigue siendo un jefe de grupo con plaza de funcionario y media docena de becarios”. Barbacid apunta que en los últimos años se había empezado a revertir la fuga de cerebros, atrayendo a científicos extranjeros de primer nivel, sobre todo, en algunos centros de vanguardia como el CNIO y el CRG: “Este flujo inverso de talento es ya historia; ahora sería impensable”. Lo cierto es que han empezado a irse doctores extranjeros que vinieron a España durante la expansión del sistema.
Este año, por primera vez desde que se puso en marcha hace una década, no se hacen nuevos contratos del programa Ramón y Cajal. La convocatoria se ha hecho a finales de octubre, pero no se conocerán los seleccionados antes del verano, y solo entonces se podrán hacer los contratos. Parece un simple aplazamiento, pero significa un largo periodo en blanco para quienes están esperando someterse a las evaluaciones científicas que pueden abrir la puerta de un contrato de cinco años, prorrogable otros dos. Y eso que el programa ha demostrado ser estratégico para atraer a buenos científicos a España. La situación es idéntica para otras convocatorias, como la Juan de la Cierva para investigadores con menos veteranía y con contratos de tres años. Y el número de contratos convocados se reduce respecto a convocatorias anteriores.

MERCEDES LÓPEZ-MORALES: De regreso a Estados Unidos

Mercedes López-Morales tiene 39 años, es astrofísica y su especialidad son los planetas extrasolares, una de las áreas de investigación más activas y competitivas desde hace unos años. Hizo su doctorado en Estados Unidos y, tras 12 años trabajando como científica en el extranjero, decidió regresar a España, optando por el programa Ramón y Cajal, explica. Con una excelente trayectoria en centros estadounidenses de gran reputación y buenos resultados de investigación, pasó la evaluación obligada y obtuvo este mismo año un contrato de ese programa, diseñado hace una década para recuperar cerebros y que se ha convertido en clave para atraer científicos a España. López-Molares volvió para poner en marcha su nuevo trabajo, pero entre los recortes, la falta de perspectiva y los reiterados incumplimientos por parte de la Administración ha decidido volverse a EE UU. Ha recibido una oferta “con muchas más garantías”, dice, nada más y nada menos que de Harvard. López-Morales, obviamente, ha aceptado con entusiasmo, pero también “con mal sabor de boca”, dice, por tener que irse de su país. Ha renunciado al Ramón y Cajal, sin comenzar siquiera, y ha concluido su aventura.
También es dramática la situación de quienes terminan su periodo Ramón y Cajal. Pese al compromiso de “favorecer la estabilización a la finalización del contrato, a través de la creación de puestos permanentes en los que puedan participar con éxito los investigadores que hayan superado positivamente los procesos de evaluación y seguimiento”, como indicó el BOE en 2007, la realidad ahora es que no se estabiliza su puesto en muchos casos. Ni las universidades ni los organismos públicos de investigación están en condiciones de hacerlo, y Economía ha dispuesto que ellos se hagan cargo de las prórrogas de los contratos que vencen, pero “en el marco de sus propias posibilidades presupuestarias y con la autorización preceptiva del Ministerio de Hacienda”.
El CSIC, el principal organismo de investigación, atraviesa serias dificultades presupuestarias: con las medidas presentadas por su presidente, Emilio Lora Tamayo, no se convoca ni una plaza para técnicos, predoctorales y doctores y el programa se suspende en los próximos años. El año pasado, el CSIC solo convocó 97 nuevos contratos de tres años, mientras que fueron 175 en 2010 y 259 en 2009. Este año, ni uno.
Aun en los casos en los que no hay cancelación de programas sino recortes, retrasos y aplazamientos, la situación puede resultar insostenible cuando uno está pendiente de las evaluaciones para intentar obtener un puesto de investigador y ve cómo va pasando el tiempo en blanco… Así, muchos investigadores, los mejores, aprovechan sin dudarlo las puertas que les abren otros países.
Los más jóvenes también tienen su calvario. “La última convocatoria FPI [ayudas predoctorales de Formación de Personal Investigador] fue convocada el 3 de febrero de 2012, ofrecía 1.020 ayudas para realizar la tesis doctoral en el seno de diferentes proyectos de investigación”, informa la Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios. Pues bien, en julio pasado se dieron a conocer los resultados provisionales de la selección, pero hasta el 29 de noviembre no se ha publicado la concesión definitiva, lo que ha supuesto “semanas de desesperación e incertidumbre para los afectados”, señala la asociación.
La situación es muy complicada para los investigadores que no son funcionarios. E incluso esta vía, la del funcionariado, la normal en el sistema español para los puestos consolidados, está prácticamente bloqueada, ya que la I+D no está exenta de la regla general de la Administración de reponer solo una de cada 10 vacantes que se producen.
“Los grupos que estamos en proyectos internacionales, como los de la Agencia Europea del Espacio o el Observatorio Europeo Austral, y, en general, todos los equipos de investigación, no tenemos ninguna posibilidad de renovación ni captación de gente joven y brillante”, advierte Colina, resumiendo la marea de “profunda preocupación por la situación y por el cariz que están tomando las medidas de personal científico”. La fuga de cerebros, advierte, resta credibilidad al sistema español de I+D justo cuando había empezado a ganarse una merecida respetabilidad internacional.

ROCÍO RUIZ BUSTOS: “Me volveré a un país donde me traten dignamente”

Rocío Ruiz Bustos trabajaba hasta hace poco en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete, en el Instituto de Energías Renovables; lideraba un proyecto de investigación de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre pilas de combustible y codirigía otros financiados por el Gobierno español y por la Junta de Castilla-La Mancha. Pero recientemente recibió el despido fulminante, tras cuatro años desempeñando su labor como investigadora con un contrato indefinido. “De nada ha valido mi doctorado en la Complutense ni mi periodo posdoctoral de casi cuatro años en la Universidad de Oxford, ni estancias en las universidades de Cambridge y McMaster de Canadá”, se lamenta.
Durante su proceso de despido, esta doctora en Química ha tenido que escuchar hasta que “la investigación no sirve para nada”. No es ella un caso único, por supuesto, en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete, donde se está despidiendo a investigadores con muy buena formación y currículos, dicen expertos del entorno. “Es gente de mucha valía y costó mucho traerlos hasta nuestra región”, dice un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En cuanto a Ruiz Bustos, en dos semanas desde el despido fulminante ha recibido cuatro ofertas desde Holanda, y está segura de que se tiene que ir al extranjero porque en España “no hay salida”. Aunque le hubiera gustado quedarse, seguir investigando en pilas de combustible, y también que sus hijos, su familia vivirán en España. Pero la realidad se impone: “Deseo que la región mejore y que no pierda esta universidad; yo me volveré a otro país donde me traten dignamente”, dice.

Las caras de los vuelos de la muerte

El tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los dos principales centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983), ha comenzado hace dos semanas, pero aún no se ha acabado la lectura de las acusaciones contra los 68 imputados. Es el mayor proceso judicial que se ha hecho contra el régimen, en el que se juzgarán delitos de lesa humanidad contra 789 personas, la mayoría de ellas víctimas de los llamados vuelos de la muerte. Durará dos años y declararán casi 900 testigos.
Quien caía secuestrado por la dictadura podía tener tres destinos: que lo liberaran después de unos días o unos años, que lo fusilaran o que muriera en plena tortura o como punto final de esta. Los cuerpos eran enterrados como NN, o entregados a sus familiares como guerrilleros muertos en combate o arrojados al Río de la Plata, al Atlántico o al delta del río Paraná. Cuando un detenido salía de la ESMA con rumbo al vuelo final, se decía que era traslado, pero sus compañeros de cautiverio no sabían qué le iba a suceder. “El traslado era un enigma, había un silencio sepulcral”, cuenta Ana María Careaga, superviviente de otro centro clandestino de detención, El Atlético, e hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que estuvo en la ESMA y murió en uno de los vuelos de la muerte. Los marinos llevaban en camiones a los detenidos hasta el cercano aeropuerto de Buenos Aires para vuelos domésticos, el Jorge Newbery, u otras bases aéreas y desde allí partían vuelos pilotados por integrantes de la Armada o de la Prefectura Naval (policía de mares y ríos). Las víctimas eran drogadas con pentotal, un barbitúrico que las sedaba por completo pero por poco tiempo. Alguien los empujaba del avión desnudos, atados de manos y pies, encapuchados y golpeados.
Solo algunos cuerpos fueron encontrados e identificados, como el de la madre de Ana Careaga, Esther Ballestrino, y el de otras cuatro mujeres que con ella integraban el grupo de los 12, que se reunían en la iglesia porteña de Santa Cruz para organizar la búsqueda de desaparecidos y que fueron secuestrados después de que el marino Alfredo Astiz, El Ángel Rubio, se infiltrara entre ellos. Entre esos restos identificados en 2005 figuran los de otras dos fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y María Ponce, y el de una de las dos monjas francesas de aquel grupo, Leonnie Duquet. “Las monjitas voladoras”, bromeaban los marinos en la ESMA, orgullosos de haber inventado un nuevo método de exterminio.
En el segundo proceso de la ESMA se juzgó el secuestro y la tortura de los 12 fallecidos de la Santa Cruz, pero en este tercer proceso se juzgarán los vuelos en los que murieron. El hallazgo de aquellos cuerpos sirvió como prueba contundente de lo sucedido. A partir de ellos se descubrió que las víctimas morían al impactar en el agua. Se supone que la mayoría de los desaparecidos de la ESMA sufrieron el mismo destino, con algunas excepciones, como la del eximio periodista Rodolfo Walsh, militante de la guerrilla peronista Montoneros abatido a tiros en la calle. El cuerpo de Walsh fue mostrado a los prisioneros de la ESMA. Algunos de los responsables de su asesinato fueron condenados en el segundo juicio sobre este centro, pero otros acusados serán juzgados en el tercer proceso.
El ex marino Alfredo Astiz, en 2010. / AFP
En el primer juicio de la ESMA solo había un acusado, que se suicidó en 2007. En el segundo, en cambio, fueron sentenciados 16 exmilitares y expolicías por 85 casos de terrorismo de Estado. En este tercer proceso se juzgarán todos los demás delitos cometidos en esa escuela del horror que aún no han sido condenados, como secuestros, torturas, homicidios, robos de hijos de desaparecidas y trabajo esclavo (algunos prisioneros eran obligados a cumplir tareas para el régimen, como en el gabinete de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores). Solo quedarán pendientes para otros juicios los robos de bienes de los secuestrados.
La mayoría de los condenados en el segundo juicio han vuelto al banquillo en el tercero. Están Jorge Acosta, alias El Tigre; Astiz; Juan Antonio Azic, que se adueñó de la hija de desaparecidos y actual diputada opositora Victoria Donda; Adolfo Donda, tío de esta dirigente política, y Ricardo Cavallo, que estuvo detenido en España entre 2001 y 2008 por orden del entonces juez Baltasar Garzón. Entre los nuevos imputados aparecen el exsecretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, acusado de presenciar tormentos contra un guerrillero que había atentado contra él; los presuntos pilotos de la muerte Enrique de Saint Georges, Mario Arru, Emir Hess, que confesó a un exempleado suyo que las víctimas “caían como hormiguitas”, y Julio Poch, que también admitió su autoría a compañeros de trabajo en una compañía aérea holandesa. También hay otros ya condenados en el juicio que este año se hizo por el plan sistemático de robo de niños, como el médico militar Jorge Magnacco.
Por la ESMA pasaron 5.000 secuestrados. Entre las desapariciones que se analizarán en este tercer juicio figuran las del hermano y la madre del actual diputado kirchnerista Dante Gullo —el primero militante peronista y la segunda, una italiana que perdió la vida buscando a presos políticos—, así como sus dos hijos; la joven militante peronista Alicia Alfonsín, que dió a luz en la ESMA al bebé robado Juan Cabandié, que recuperó su identidad en 2004 y es diputado del Parlamento de Buenos Aires por el kirchnerismo; Norma Arrostito, fundadora de Montoneros; el padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini, que era fiscal y buscaba a un hijo desaparecido; el hermano de la exdiputada Liliana Chiernajowsky, que también fue detenida por el régimen; la adolescente Dagmar Hagelin, argentina de origen sueco cuyo caso llevó a que casi rompieran relaciones Buenos Aires y Estocolmo en 1977.
También se juzgará la desaparición de Elena Holmberg, una diplomática que había sido enviada a la Embajada argentina en París para contrarrestar la información en contra de la dictadura y cuya familia sospecha que se enteró de la corrupción del entonces jefe de la Armada, Emilio Massera —por eso debió de regresar a Buenos Aires—, y su cuerpo fue hallado en el delta del Paraná. Otras desapariciones son la de hija de uno de los principales dirigentes del organismo de derechos humanos, el fallecido Emilio Mignone, que era un catequista de un barrio pobre; los dos hermanos de la actual diputada opositora Norma Morandini, ambos militantes peronistas; María Hilda Pérez, montonera que dio a luz en cautiverio a Victoria Donda; los montoneros Orlando Ruiz y Silvia Dameri y sus tres hijos robados, una de las cuales también acabó apropiada por Azic; y la hija del periodista, poeta y montonero desaparecido Paco Urondo, que también era una militante de esa guerrilla.
Se juzgarán también casos de supervivientes de la ESMA, como Myriam Lewin, periodista de investigación del Grupo Clarín; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; Carlos Lordkipanidse, militante del peronismo revolucionario que en un interrogatorio bajo tortura vio cómo Azic sometía a su bebé a la picana eléctrica; y los sacerdotes jesuitas Francisco Jalics y Orlando Yorio, este último ya fallecido, que en su momento acusaron al actual arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, de haberles tachado de guerrilleros ante las autoridades militares.

El Gobierno abre la puerta al copago en farmacias hospitalarias

El Real Decreto-Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para modificar las pensiones también ha introducido un cambio en la Ley del Medicamento por la que se establece que los medicamentos que se administran en las farmacias de los hospitales mediante orden de dispensación hospitalaria se equiparan a los que se administran a través de receta médica y, por tanto, podrían estar sujetos al copago farmacéutico.
Como aclara un portavoz de Sanidad a ELMUNDO.es, esto no quiere decir que haya que pagar por los medicamentos que reciben los pacientes mientras están ingresados; sino por aquellos tratamientos de dispensación hospitalaria pero que también se venden en farmacia.
El objetivo de la medida, añaden, tiene que ver con la implantación de la receta electrónica y pretende unificar la aportación del usuario si le dispensan el fármaco en el hospital tanto como si se lo receta su médico de cabecera y los debe comprar en la farmacia. "Sólo afecta a fármacos que también están en la farmacia", añaden.

Medicamentos 'con especial vigilancia'

El pasado sábado 1 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto-ley 28/2012 de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que introducía una modificación del artículo 94 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, relativo a las aportaciones de los usuarios.
En el primer punto de dicho artículo se amplía el concepto de la prestación farmacéutica ambulatoria para incluir en él -además de a los medicamentos dispensados mediante receta médica- a los fármacos que "se dispensan al paciente mediante orden de dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia".
En concreto, las órdenes de dispensación hospitalaria son el documento que se utiliza para prescribir a pacientes no ingresados "medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control, que deban ser dispensados por los servicios de farmacia hospitalaria a dichos pacientes".
Como explican fuentes de un Servicio de Farmacología Clínica, en su mayoría son tratamientos que afectan a pacientes con patologías crónicas; como la hepatitis C, la fibrosis quística, eritropoyetinas para pacientes con anemia por insuficiencia renal, algunos factores de crecimiento de colonias para pacientes con cáncer cuyas defensas están muy debilitadas... Los antirretrovirales que retiran los pacientes con VIH en la farmacia del hospital estarán exentos del copago según insiste Sanidad.
De este modo, al ampliar el concepto de prestación farmacéutica ambulatoria se estaría también ampliando el abanico de medicamentos "sujetos a aportación del usuario", el llamado copago farmacéutico, en el que la aportación del usuario depende de su nivel de renta.
Fuentes del departamento de Ana Mato consultadas por Europa Press aseguran esta modificación "no cambia nada" el sistema de copago que entró en vigor el pasado mes de junio, y que los medicamentos que son de uso hospitalario, como los antirretrovirales, "están exentos de pago porque aunque te los lleves a casa a efectos legales es como si estuvieses ingresado".
De igual modo, precisan que los medicamentos para enfermedades graves o invalidantes tienen una aportación reducida por lo que, en caso de estar sujetos a copago, los ciudadanos sólo pagarían un 10% de su valor con un máximo de 4,13 euros por fármaco.

Cáncer, artritis...

Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, entre los medicamentos que requieren orden de dispensación hospitalaria están algunos tratamientos contra el cáncer, la hepatitis C, la artritis reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple o numerosas enfermedades raras.
Su precio varía en función de la duración de los mismos y el número de dosis requerida. Por ejemplo, el fármaco para la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn, adalimumab, cuesta unos 1.127 euros por envase (que incluye dos jeringas de 40 miligramos), pero si se tiene en cuenta que el tratamiento requiere al menos seis envases el coste ascendería a unos 6.762 euros, de los que el paciente debería abonar el porcentaje correspondiente a su nivel de renta.
Asimismo, algunos tratamientos para la esclerosis múltiple como natalizumab o fingolimod también requieren orden de dispensación hospitalaria, y el coste medio anual del tratamiento suele ascender a unos 14.500 euros por paciente.
Por su parte, en la exposición de motivos del RD-Ley, el Gobierno explicó que el objetivo de esta modificación era "precisar la equivalencia" existente entre la dispensación mediante receta médica y la dispensación mediante orden de dispensación hospitalaria ante las "desigualdades" que, según dicen, estaba provocando la existencia de una diferente nomenclatura para el mismo acto de dispensación, "unido al proceso acelerado de cierre de la implantación de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud (SNS)".
La noticia ha causado alarma en los pacientes y también preocupación en sectores sanitarios que critican la improvisación del Ministerio. Algunos farmacéuticos han lamentado que la medida se haya "colado de tapadillo" en un texto legal de otro sector (en este caso las pensiones); mientras que fuentes hospitalarias se preguntan cómo piensa Sanidad articular el cobro del copago en los propios hospitales. Otras voces lamentan que ésta, "como otras medidas recientes", se haya anunciado sin un debate previo con los profesionales del sector y sin consultar con expertos independientes. El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha emitido una nota de prensa en la que no desmiente dicho copago, aunque aclara en qué casos no se aplicará.

Los Presupuestos fijarán cuánto se pagará por el nuevo canon digital

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada -el conocido como nuevo canon digital- con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que este Real Decreto regulará y fijará quiénes son los beneficiarios de la compensación equitativa por copia privada, con cuánto han de ser compensados, cómo se va a determinar la cuantía, qué porcentajes van para soportes sonoros, audiovisuales y libros y la asignación a las entidades de gestión para su posterior reparto.
Según ha apuntado, la cuantía será fijada y abonada a ejercicio vencido y se fijará cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
"Con carácter técnico, el Real Decreto regula y fija quiénes son los beneficiarios y con cuánto han de ser compensados, en virtud de una serie de criterios objetivos", ha señalado la vicepresidenta.
También ha recalcado "cómo se va a determinar la cuantía (de la compensación), qué porcentajes se destinarán a sonoros y audiovisuales y, por ultimo, la asignación que corresponderá a las entidades de gestión".

Supresión del anterior canon

Sáenz de Santamaría ha recordado que una de las primeras medidas aprobadas por Gobierno fue suprimir el canon digital, por el cual las entidades de gestión de derechos de autor recaudaban una serie de cantidades por los aparatos tecnológicos que compraban los ciudadanos.
Esa ley modificó el sistema y lo sustituyó por una compensación equitativa por copia privada a través de los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el Real Decreto aprobado este viernes "permitirá llevar a cabo esa compensación y cumplir con la obligación que impone la normativa comunitaria de abonar la compensación por copia privada a los titulares de los derechos de propiedad intelectual", en palabras de la vicepresidenta.

El padre de Mas vendió su negocio por la décima parte de lo que acumuló en Suiza

La incógnita de cómo acumuló el padre del actual presidente de la Generalitat de Cataluña una fortuna en paraísos fiscales no se despeja. La venta del negocio familiar de Artur Mas Barnet supuso 240.000 euros a repartir con otros dos socios, según ha recopilado EL MUNDO de datos del Registro de la Propiedad. Esta cifra supone apenas una décima parte de los hasta 2,3 millones de patrimonio reunido en Liechtenstein y Suiza.
Se trataba de la fábrica de ascensores situada en la calle Pamplona de Barcelona y que era la sede de Mas Goberna i Mosso (Magomo), la empresa fundada en 1924 por el abuelo del actual líder de CiU.
Según los datos que constan en el Registro de la Propiedad, la venta de la enorme instalación en la capital catalana se produjo el 9 de mayo de 1980 por 40 millones de pesetas. El grupo comprador fue Marco Ibérica Distribución de Ediciones, S. A. (Midesa), según consta en el Registro. Esta sociedad era propiedad de la editorial Planeta, de la familia Lara, para la distribución de sus libros y publicaciones y forma actualmente parte del grupo Logista.
Los datos de aquella compraventa no coinciden con la versión que facilitó Convergència i Unió (CiU) en 2010, cuando este diario publicó que Mas era beneficiario de una cuenta secreta de su padre en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Fuentes de la formación nacionalista convergente señalaron entonces que el dinero procedía de pagos en 1984 por la venta de «negocios familiares» a inversores que querían pagar parte de la transacción en el exterior y de forma opaca al fisco.
Ni CiU ni los Mas explicaron nunca de qué negocios familiares se trataba. Artur Mas Barnet falleció el pasado marzo. "Las operaciones de mi padre le corresponden a él", declaró entonces el líder de CiU a este diario. Posteriormente, cuando ha resurgido el escándalo en la reciente campaña electoral tras la publicación en EL MUNDO de un borrador de informe sobre el caso Palau de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía, el candidato nacionalista afirmó que consideraba de "mal gusto" suscitar de nuevo la evasión fiscal de su padre, porque "ya regularizó su situación" y porque, "al estar fallecido, no se puede defender". Pero Artur Mas, que inició su carrera profesional trabajando precisamente junto a su progenitor en Mas Goberna i Mosso -una denominación irónicamente premonitoria-, nunca ha explicado el origen del dinero.
Mas Barnet figura también en los archivos del Registro Mercantil como presidente durante unos años de Aigües de Vilassar, la compañía de distribución de agua de la localidad catalana, pero su propietario era la amplia comunidad de propietarios que incluía, entre otros muchos, al propio padre del presidente de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, el gran negocio familiar por el que se conoce a Mas Barnet en el sector industrial catalán era la citada Magomo.

2,3 millones en el exterior

En los años de esplendor llegó a instalar ascensores y montacargas en edificios emblemáticos de Cataluña, como ocurrió con la sede del Banco de España, y daba empleo hasta a 300 personas. Sin embargo, a finales de los 70 entró en crisis y llegó a suspender pagos en enero de 1979. Aquella decisión societaria fue el fin de la empresa. Entonces empezó la venta final de todos sus activos.
El principal de ellos era la citada fábrica, en el barrio de Poblenou de la capital catalana. Pero, en contraste con el resultado de su venta a Midesa, un informe de la Agencia Tributaria en poder de este diario señala que el padre de Mas reconoció contar con hasta 1,95 millones de euros en el exterior, tras ser descubierto en 2008. Posteriormente, esa cifra fue creciendo hasta los 2,3 millones, según el último informe policial.
A lo largo de toda la pasada década y antes de ser descubierto, el presunto evasor declaraba como principal fuente de ingresos en España los en torno a 22.000 euros anuales que recibía de la Seguridad Social en concepto de pensión de jubilación. En aquel 2008, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) recibió del Gobierno alemán un DVD con datos sobre poseedores de cuentas en el LGT Bank de Liechtenstein en el que, entre otros titulares, aparecía 'Arturo Mas Barnet'. Su hijo figuraba como 'beneficiario' con un copia de su DNI.
El organismo de Hacienda les dio a todos ellos la posibilidad de regularizar el dinero defraudado y la mayoría de los afectados lo hizo presentando declaraciones complementarias. Pero teniendo en cuenta sólo el dinero evadido a partir del ejercicio fiscal de 2002, puesto que todo lo anterior había prescrito.

Lo multan por saltarse un semáforo en rojo en una calle donde no hay

Hace siete años a José Luis Simó Ribas le llegó una sorpresa a su casa, una multa por pasarse un semáforo en rojo. El asombro de este vecino de Palma no fue la propia sanción, sino el hecho de que en la calle que le marcaba el papel no hay semáforo alguno. Fue en ese momento cuando comenzó su cruzada personal contra el Ayuntamiento de Palma y la Policía Local para que se la quitaran, batalla que aún no ha acabado para él.
El afectado pensó que todo era un malentendido que se solucionaría de forma rápida porque, al fin y al cabo, no sería difícil explicar a las autoridades oportunas que no se puede multar una infracción que es imposible de cometer. No sólo no hay ningún semáforo en la calle Passeig del Born de El Molinar, donde lo multaron, sino que José Luis puede certificar que el día de la denuncia no pasó por el barrio porque estaba trabajando en el centro de la ciudad.
Todo su optimismo desapareció cuando le embargaron la cuota de la sanción del banco en marzo del 2007, un total de 185 euros que no ha vuelto a ver. A las pocas semanas de que le retiraran el dinero de la cuenta, fue cuando envió su primer recurso a Cort para pedir que revisaran el expediente y solicitar la devolución por defecto de la multa. Meses después, la Tesorería del Ayuntamiento dictó su resolución en la que lo desestimaba y aseguró que, tras consultar el soporte informático, el expediente de su sanción se notificó de forma correcta. Ni el book de fotos de la calle que también envió para demostrar la carencia de semáforos sirvió para que anularan la sanción. "Las imágenes lo dejan claro, pero ni con eso me la quitaron", comenta.
José Luis persistió en su intento de que anularan la multa y en 2009 interpuso una reclamación económico-administrativa contra la desestimación del recurso anterior. En este caso, fue el Consejo Tributario del consistorio palmesano el que se reunió en pleno para acordar una resolución de este caso tan peculiar.
La contestación fue que desestimaron la reclamación porque, como ya habían explicado desde la Tesorería, los motivos que invoca el interesado no son ninguno de los establecidos de forma legal para la oposición de constreñimiento. Pago, prescripción, aplazamiento, falta de notificación de la liquidación y error u omisión del mismo constreñimiento que impida la identificación de la deuda o el deudor son los argumentos que sirven para poder reclamar, pero como lo que pide José Luis no está dentro de lo normal para exigir el dinero de la multa, rechazaron su petición.
"Ya estaba harto de que negaran todo, así que solicité una instancia al Ayuntamiento para que ellos mismos dijeran si hay o no semáforos en el Passeig del Born de El Molinar". La respuesta del Departamento de Movilidad –Circulación– no se hizo esperar: "No hay ninguna instalación semafórica que dependa de nuestro departamento".
Tras recibir la contestación, hace cuatro meses, José Luis envió otro recurso donde la adjuntó, algo que no le sirvió de nada. Lo único que obtuvo por parte del Departamento Financiero del Ayuntamiento, que se debería encargar de la devolución del embargo, fue un recordatorio de que en diciembre de 2009 desestimaron la reclamación donde exigía la devolución del dinero.
El afectado acudió también a la Policía Local de San Fernando para intentar que echaran atrás la sanción. Tras intentar explicarles que el fallo había sido de uno de sus agentes, asegura que la única ayuda que consiguió del Cuerpo fue que un policía le dijera que "si un agente dice que pasa un tren por el Borne, es que pasa un tren por allí".
José Luis lleva años luchando sin obtener la anulación de la multa que busca, pero no se dará por vencido. Ahora, cuando pasa por El Molinar le viene a la cabeza la sanción. "No es por el dinero, lo único que quiero es que no se salgan con la suya, porque no tienen ninguna razón en esto", concluye.

Las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos españoles, a subasta

Aena Aeropuertos inicia hoy la subasta para adjudicar el concurso de sus tiendas libres de impuestos ('duty free') de 26 aeropuertos de la red. A este concurso optarán siete empresas, de cinco grupos empresariales, que son las que han presentado 14 ofertas técnicas por alguno de los tres lotes que conforman el concurso, según informó Aena en un comunicado.
El gestor aeroportuario resaltó que se trata de la primera vez en que se utiliza este procedimiento para llevar a cabo la adjudicación de un concurso público, para garantizar su "máxima transparencia". En las subasta actuará como notario Pablo Ramallo Taboada del Ilustre Colegio de Madrid.
Las ofertas presentan nuevos diseños para las 80 tiendas de los 26 aeropuertos recogidos en el concurso. Aena dice que son novedosas en cuanto a espacios, conceptos propuestos, modelos comerciales a implantar, canales de promoción y venta, y medios tecnológicos de última generación, y apuestan por la prestación de un servicio de alta calidad con las mejores marcas del mercado.
Con la licitación de la explotación comercial de esta actividad en 26 aeropuertos de la red y en más de 80 puntos de venta, Aena fomentará la competencia en este sector, ya que hasta la fecha era gestionado mayoritariamente por World Duty Free Group España, antigua Aldeasa, (15 aeropuertos) y otros operadores (Canariensis, filial de World Duty Free Group España, antigua Aldeasa, en 6 aeropuertos canarios, y Dufry Islas Canarias. en Tenerife Sur).
Un total de cinco aeropuertos que no tienen en la actualidad tiendas libres de impuestos se suman a esta oferta comercial, que son A Coruña, Asturias, Federico García Lorca Granada-Jaén, Murcia-San Javier y Santander.

Muere Jenni Rivera

Las autoridades mexicanas han encontrado este domingo "totalmente destruido" el avión privado en el que viajaban la cantante Jenni Rivera y otras seis personas, que no sobrevivieron al accidente, informaron fuentes oficiales.
"La información que tenemos es esa: no hay un solo sobreviviente", dijo a la cadena Televisa el director general de Aeronáutica Civil, Alejandro Argundín.
El alto funcionario mexicano explicó que la aeronave fue hallada en el rancho conocido como 'El Tejocote', en la comunidad conocida como 'La Colorada', del municipio de Iturbide, en el norteño estado de Nuevo León.
Restos del avión siniestrado. | EfeRestos del avión siniestrado. | Efe
La aeronave, modelo Learjet, quedó "destrozada, totalmente fragmentada" y sus restos esparcidos por una zona de "250 ó 300 metros cuadrados". "Estamos iniciando el protocolo de recolección de las piezas, de los fragmentos que quedaron en la zona, que es muy complicada, muy amplia", agregó Argudín.
Por su parte, en declaraciones la misma cadena de televisión el secretario de Transportes y Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que las evidencias halladas "hacen suponer que se trata del avión en el que viajaba la cantante Jenni Rivera".
El ministro explicó que "el golpe fue tan fuerte" que "prácticamente el avión no está reconocible".
El ministro dijo no tener por ahora el detalle de la matrícula del aparato para su plena identificación pero admitió que "por el lugar en el que cayó, por las condiciones en que se encuentran los restos de que sí se trata de la aeronave" en la que iba la artista.
Última foto de Jenni.Última foto de Jenni.
El titular de la SCT remitió a la investigación abierta del caso "para acreditar con pruebas totalmente evidentes" que es la nave de los siete. "Todo está totalmente destruido, es muy lamentable decirlo así", agregó.
La muerte de Rivera ha conmocionado México y las redes sociales se han llenado de mensajes de pésame y dolor tras conocer el fatal accidente. Entre los últimos tuits y fotografías de la cantante destaca una fotografía que habría difundido su maquillador y en la que se ven a varios de los pasajeros junto a Jenny antes de despegar.

Diva de la música

Además de la artista en la aeronave, un Learjet 25 matrícula N325MC, iban Arturo Rivera, representante de la artista, su abogado, Mario Macias, el maquillador Jacob Llenares, una persona más identificada como "Gerardo N.", y los pilotos, Miguel Pérez y Alejandro Torres.
La aeronave pertenecía a la empresa estadounidense Starwood Management. El avión salió del aeropuerto internacional de Monterrey a las 03.15 hora local (09.15 GMT) y tenía como destino el aeropuerto de Toluca, pero se perdió contacto con ella a una distancia de 61,8 millas de Monterrey.
La artista Jenni Rivera ofreció anoche un multitudinario concierto en la Arena Monterrey, tras lo cual abordó el avión en el que perdió la vida.
Rivera era considerada una de las artistas más importantes de la música regional mexicana que ha vendido más de 22 millones de discos y recibido seis premios Billboard a la música Latina y tres Premios Lo Nuestro.

Un diputado del PP, implicado en un intento de chantaje en Navarra

El diputado del PP Santiago Cervera fue detenido ayer, aunque quedó en libertad tras prestar declaración, por su presunta implicación en un intento de chantaje económico al presidente de Caja Navarra (CAN), José Antonio Asiaín, al que se le exigieron 25.000 euros.
Según revela hoy 'Diario de Navarra', el presidente de la CAN presentó el pasado día 5 una denuncia ante la Guardia Civil tras recibir un correo electrónico anónimo en el que se le conminaba al pago de 25.000 euros si quería evitar que se hiciera publica una información sobre sus actividades profesionales.
El diario señala que "se le acusaba de haber facturado importantes cantidades de la entidad financiera por su trabajo de su despacho de abogado y de las que también se había beneficiado su hijo Diego, que trabaja en el mismo bufete".
El anónimo precisaba la fecha de hacer la entrega de los 25.000 euros, el día 7 de diciembre; cómo, en un sobre cerrado, y dónde, en una ranura de la muralla cercana al Club Natación. La Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia desde ese día, que concluyó con la detención del diputado del PP cuando se disponía a recoger el sobre.
El diputado fue puesto en libertad tras prestar declaración en la que sostuvo que había sido víctima de una trampa también a través de un anónimo.

La respuesta de Cervera

El diputado del PP ha dado su versión de los hechos en su blog. En él, Cervera asegura que "hace unos días" recibió un correo electrónico en el que se le indicaba que "podía disponer de cierta documentación sobre asuntos relativos a Caja Navarra, recogiéndola de un determinado lugar de Pamplona".
"En ese mensaje se me indicaba que se trataba de documentación de relevancia judicial. Respondí al correo diciendo que no me parecía la manera de facilitarme ningún tipo de información, y que si el comunicante quería enviármela podía buscar otros medios para hacerlo. Mi respuesta fue devuelta por el servidor", continúa el diputado en su blog.
Cervera, que el domingo se encontraba en Pamplona, reconoce que tuvo "curiosidad" por saber si la información se había depositado en el lugar que se le indicó. "Acudí al sitio y en efecto vi que en él había depositado un paquete aparentemente con documentación. Lo tomé, y a continuación aparecieron varios agentes de la Guardia Civil que procedieron a identificarme. Posteriormente fui trasladado ante el Juez de guardia, que escuchó mi versión de los sucedido y decretó un auto de libertad".
"Cualquiera que conozca mi trayectoria política en Navarra sabrá que he sido muy crítico con lo sucedido en los últimos años en relación con Caja Navarra, y que éste es un asunto que me ha interesado por su gran significancia", señala.
"Antes del verano escribí un artículo en prensa en el que indicaba que algunas de las cosas sucedidas incluso merecerían la atención de la fiscalía. En fechas recientes, he hecho públicas determinadas críticas sobre asuntos ocurridos hace pocas semanas, en los cuales figuraban como protagonistas algunos de los dirigentes actuales y pasados de la Caja", asegura en el mismo texto hecho público este lunes.
Cervera reconoce que ha cometido "una imprudencia" y señala que "las consecuencias las pude constatar inmediatamente". Sostiene, además, que el tema "tiene vertientes políticas y judiciales" y lamenta "el perjuicio que estoy causando a mi partido".