lunes, 10 de diciembre de 2012
Protestas contra ley que frena sindicalismo en Michigan, EE.UU.
Washington, 9 dic (PL) Gremios y agrupaciones sociales de Michigan,
en el medio oeste de Estados Unidos, protestarán esta semana contra una
ley sobre el derecho al trabajo que prohíbe el pago de cuotas sindicales
como condición para obtener un empleo.
Los movilizados prevén concentrarse mañana de forma pacífica en
Lansing, la ciudad capital de ese estado, y el martes frente a la sede
del parlamento, indicaron los organizadores.
El sindicato de trabajadores de la industria automotriz espera reunir a miles de personas y con ese fin convoca desde ayer a sus afiliados y ciudadanos de Michigan por teléfono y correo electrónico.
Dicha organización denuncia que la nueva legislación está orientada a debilitar los gremios al privarlos de ingresos seguros por cada contrato realizado en los sectores donde operan.
También consideran que los políticos conservadores y grandes donantes quieren dividir al movimiento sindical y reducir la capacidad de las negociaciones colectivas en los centros laborales.
Legisladores republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado aprobaron el proyecto legal el jueves anterior bajo el argumento de que ayudaría a impulsar la competitividad económica de Michigan, considerado la cuna del sindicalismo en el país.
Las bancadas demócratas en ambos órganos parlamentarios rechazaron la iniciativa, que ahora pasará a manos del gobernador Rick Snyder en busca de la promulgación.
De recibir el visto bueno del jefe del ejecutivo, la normativa entraría en vigor en abril de 2013 y convertiría a Michigan en el vigésimo cuarto estado del país que adopta ese tipo de legislación.
El sindicato de trabajadores de la industria automotriz espera reunir a miles de personas y con ese fin convoca desde ayer a sus afiliados y ciudadanos de Michigan por teléfono y correo electrónico.
Dicha organización denuncia que la nueva legislación está orientada a debilitar los gremios al privarlos de ingresos seguros por cada contrato realizado en los sectores donde operan.
También consideran que los políticos conservadores y grandes donantes quieren dividir al movimiento sindical y reducir la capacidad de las negociaciones colectivas en los centros laborales.
Legisladores republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado aprobaron el proyecto legal el jueves anterior bajo el argumento de que ayudaría a impulsar la competitividad económica de Michigan, considerado la cuna del sindicalismo en el país.
Las bancadas demócratas en ambos órganos parlamentarios rechazaron la iniciativa, que ahora pasará a manos del gobernador Rick Snyder en busca de la promulgación.
De recibir el visto bueno del jefe del ejecutivo, la normativa entraría en vigor en abril de 2013 y convertiría a Michigan en el vigésimo cuarto estado del país que adopta ese tipo de legislación.
Presidente Francés asistirá a ceremonia de polémico Nobel europeo
París, 10 dic (PL) El presidente de Francia, François Hollande,
partipará hoy en Oslo en la ceremonia de entrega del premio Nobel de la
Paz otorgado a la Unión Europea (UE), cuando atraviesa su peor crisis
económica y social.
Según el Parlamento noruego, el galardón tiene como objetivo reconocer
los esfuerzos del bloque por reconciliar viejos adversarios y construir
un área de paz, democracia y respeto por los derechos humanos.
Numerosos críticos señalan, sin embargo, que el premio fue designado precisamente cuando la UE enfrenta graves divisiones internas y los severos programas de ajuste económico generan profundas diferencias sociales y protestas en varios países.
El mismo presidente de la Eurozona, Herman Van Rompuy, admitió durante una conferencia de prensa en la capital noruega que la región atraviesa por un período muy difícil.
Los programas de austeridad impuestos para contener las turbulencias desatadas por la abultada deuda pública y el déficit fiscal dispararon las cifras del desempleo y la pobreza en las naciones menos desarrolladas del bloque.
En algunos países, como Grecia y España, la población se lanzó a las calles para protestar contra las medidas de rigor y en muchos casos fue reprimida con dureza por las fuerzas del orden.
Observadores señalan que las desavenencias en el interior de la UE son cada vez mayores, como se demostró en el fracaso de la cumbre extraordinaria convocada para aprobar el presupuesto comunitario del período 2014-2020.
Los líderes del bloque tampoco lograron llegar a un consenso respecto a la cuestión del reconocimiento de Palestina como un Estado no miembro de la Organización de Naciones Unidas, donde votaron divididos.
La víspera más de un millar de personas participaron en una manifestación en Oslo para protestar contra la entrega del Nobel a la Unión Europea.
Elsa-Britt Enger, de la organización Abuelas por la Paz, señaló que Alfredo Nobel concibió el premio como un estímulo para quienes luchen contra el desarme y la guerra y la UE tiene una de las mayores industrias militares del mundo.
Algunos galardonados de años anteriores, como el argentino Adolfo Pérez Esquivel, así como numerosos partidos de izquierda europeos y organizaciones sindicales y sociales también criticaron esa designación.
De los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE, seis declinaron la invitación para asistir a la ceremonia, entre ellos, el primer ministro británico, David Cameron.
Numerosos críticos señalan, sin embargo, que el premio fue designado precisamente cuando la UE enfrenta graves divisiones internas y los severos programas de ajuste económico generan profundas diferencias sociales y protestas en varios países.
El mismo presidente de la Eurozona, Herman Van Rompuy, admitió durante una conferencia de prensa en la capital noruega que la región atraviesa por un período muy difícil.
Los programas de austeridad impuestos para contener las turbulencias desatadas por la abultada deuda pública y el déficit fiscal dispararon las cifras del desempleo y la pobreza en las naciones menos desarrolladas del bloque.
En algunos países, como Grecia y España, la población se lanzó a las calles para protestar contra las medidas de rigor y en muchos casos fue reprimida con dureza por las fuerzas del orden.
Observadores señalan que las desavenencias en el interior de la UE son cada vez mayores, como se demostró en el fracaso de la cumbre extraordinaria convocada para aprobar el presupuesto comunitario del período 2014-2020.
Los líderes del bloque tampoco lograron llegar a un consenso respecto a la cuestión del reconocimiento de Palestina como un Estado no miembro de la Organización de Naciones Unidas, donde votaron divididos.
La víspera más de un millar de personas participaron en una manifestación en Oslo para protestar contra la entrega del Nobel a la Unión Europea.
Elsa-Britt Enger, de la organización Abuelas por la Paz, señaló que Alfredo Nobel concibió el premio como un estímulo para quienes luchen contra el desarme y la guerra y la UE tiene una de las mayores industrias militares del mundo.
Algunos galardonados de años anteriores, como el argentino Adolfo Pérez Esquivel, así como numerosos partidos de izquierda europeos y organizaciones sindicales y sociales también criticaron esa designación.
De los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE, seis declinaron la invitación para asistir a la ceremonia, entre ellos, el primer ministro británico, David Cameron.
Presidente de Venezuela viaja a cumplir con tratamiento médico
Cerebros que hacen las maletas
El mayor temor de la comunidad científica española se está
cumpliendo: la fuga de cerebros es ya una realidad, un goteo creciente
en los centros de investigación camino de convertirse en un grifo
abierto por el que se escapen muchos de los mejores investigadores de
una generación llamada a ser el puntal de la I+D española. Un bioquímico
que trabajaba en enfermedades autoinmunes en Granada, en situación
precaria, y que ya se ha ido a un centro alemán; un experto en
biocatálisis que regresó de EE UU y que ya está pensando en volverse a
ir y, si lo hace, dice, no volverá a España “más que de vacaciones y a
congresos”; un especialista en física estelar planteándose si no será
mejor abandonar la ciencia y buscarse otro trabajo…
Los casos se van acumulando y tienen en común una edad en torno a los
40 años, una buena carrera científica a sus espaldas, pocas o nulas
perspectivas en España y ofertas en Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido o Australia. Los científicos e ingenieros españoles están bien
valorados en el extranjero. El panorama no es mejor para los más
jóvenes, los que acaban de terminar la tesis doctoral o aspiran a alguna
beca para hacerla y ven con desesperación que las convocatorias se
retrasan o se cancelan, los contratos desaparecen y la generación
anterior emprende de nuevo el camino de la fuga de cerebros.
“¿Cómo se pretende hacer ciencia de vanguardia cuando la edad media
del personal de plantilla supera con creces los 50 años?”, se pregunta
el astrofísico Luis Colina, del Centro de Astrobiología. “Todo el
personal joven, becarios, doctores recientes, posdoc… se está yendo sin
esperar: nos estamos hundiendo a gran velocidad”, añade.
DIEGO GARCÍA-BELLIDO: Destino Australia
Efectivamente, toda una generación de científicos que salieron de
España para formarse en el extranjero y que han ido regresando en los
últimos 10 años de mano del programa Ramón y Cajal (de acceso de
investigadores de alto nivel al sistema de ciencia) con excelentes
currículos, ven cómo se cierra la vía española y han empezado a salir de
nuevo hacia otros lares que les ofrecen mejores perspectivas para
desarrollar su labor. La maleta la llevan llena de frustración al
cerrarse la vía que creyeron tener en España.
Cesar Terrer, de 27 años, licenciado en Ciencias Ambientales y con un
máster en gestión de la biodiversidad, ha estado trabajando en España
en un proyecto de investigación pero, a la vista de la situación, ha
decidido buscar una beca fuera que le permita realizar el doctorado “de
forma digna”, dice, criticando la escasa inversión en investigación y la
falta de presupuesto para hacer grandes experimentos. “Por suerte, en
Australia ha interesado mi perfil y voy a poder realizar mi doctorado
con un sueldo aceptable y unas instituciones y un personal docente de
primer nivel”, dice. Su centro en los próximos tres años será la
Universidad de Western Sydney.
“Era consciente de que el sistema de I+D español tenía serias
deficiencias y de que la situación económica del país iba a peor, pero
aun así no quise dejar pasar la oportunidad de volver a mi país, con los
contratos Ramón y Cajal como puerta de entrada”, dice Jorge Peñarrubia,
del Instituto de Astrofísica de Andalucía. “Lo que me he encontrado
supera mis peores previsiones”, añade, enumerando varios elementos de
ese pronóstico: imposibilidad de lograr una plaza como científico en
España ante la previsiblemente tardía recuperación económica; recortes
en la I+D que dificultan la obtención de proyectos; y la decreciente
posibilidad de atraer fondos internacionales dada la situación del
sistema.
Peñarrubia, a sus 36 años, volvió a España en 2011 tras una estancia
posdoctoral en Cambridge (Reino Unido) y más de 10 años en centros de
Alemania y Canadá. Regresó con la idea de aportar su grano de arena a la
investigación española, pero considera que en este momento quedarse es
una trampa. “Es ahora cuando tengo posibilidades de volver a salir, si
me quedara, me arriesgaría a defenestrar mi carrera como investigador”.
Ya ha tomado la decisión: se va a la Universidad de Edimburgo (Escocia),
con una plaza fija.
La fuga de cerebros es la realidad, negada incluso como riesgo por el
anterior Gobierno, pero anunciada hace tiempo por los expertos como
consecuencia dramática de la reducción continuada de la inversión en
I+D, lo que muchos denuncian como manifiesta falta de apoyo. Porque el
apoyo, desde las Administraciones públicas, se plasma en una
financiación adecuada y constante, entre otras cosas.
MARCOS PITA: Emigrar otra vez
Ahora tiene un hijo pequeño y otro en camino. Reconoce que cuenta con todo el apoyo de su instituto, pero que el problema viene de más arriba, del Ministerio de Economía. Al CSIC, recuerda, le han recortado un 30% el presupuesto en los últimos años y no tiene dinero, hasta el punto de que faltan fondos para pagar a su personal. “El tiempo se acaba y a medida que pasan los años hay menos posibilidades de acogerse a programas de otros países, ya sea en Europa o en EE UU… Si me veo forzado a volver a emigrar, aquí no vuelvo más que de vacaciones y a congresos”, asegura.
El sistema, en cuanto a recursos humanos, hace agua por múltiples
grietas. La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio de Economía afirma que carece de datos sobre
la fuga de cerebros. Tampoco parece que sea una brecha preocupante para
el Gobierno, a la vista del borrador de Estrategia Española de Ciencia
Tecnología e Innovación 2013-2020 que ha preparado. Así lo han
denunciado los expertos de las sociedades científicas. “Entre las
fortalezas que la comunidad científica española posee destaca la
existencia de una masa crítica de investigadores de alto nivel. Gran
parte de ella se alimenta de contratos no estables, altamente
competitivos, cuya oferta ha decrecido significativamente en los últimos
años”, alertan dichos analistas. “La nueva Estrategia no contempla
planes para estabilizar este capital humano, que en la actualidad está
engrosando las cifras del paro o se está yendo a otros países que los
reciben con los brazos abiertos”. El exilio de científicos de 30 a 40
años, en su periodo más productivo, señalan los expertos, “es una de las
más sangrantes emigraciones de nuestro país en décadas recientes y una
de las que podría tener efectos económicos más perjudiciales a largo
plazo”.
El científico Mariano Barbacid, defensor de la estancia en el
extranjero para obtener una buena formación, dice: “El problema no es la
salida de científicos, sino el hecho de que, una vez formados, no
sepamos cómo utilizarlos y se desprecie su talento, ya sea porque no
encuentran opciones de progresar en su carreta científica en España, ya
sea porque deciden volver al extranjero... En cualquier caso, es talento
perdido para nuestra comunidad científica”. Señala que, con el Ramón y
Cajal se intentó paliar el problema endémico de los recursos humanos en
I+D en España, pero muchos de los contratados “se han caído”, “algunos
por no haber dado el nivel, pero los demás por un rígido sistema, tanto
en el CSIC [Consejo Superior de Investigaciones Científicas] como en la
Universidad, donde la estructura operativa sigue siendo un jefe de grupo
con plaza de funcionario y media docena de becarios”. Barbacid apunta
que en los últimos años se había empezado a revertir la fuga de
cerebros, atrayendo a científicos extranjeros de primer nivel, sobre
todo, en algunos centros de vanguardia como el CNIO y el CRG: “Este
flujo inverso de talento es ya historia; ahora sería impensable”. Lo
cierto es que han empezado a irse doctores extranjeros que vinieron a
España durante la expansión del sistema.
Este año, por primera vez desde que se puso en marcha hace una
década, no se hacen nuevos contratos del programa Ramón y Cajal. La
convocatoria se ha hecho a finales de octubre, pero no se conocerán los
seleccionados antes del verano, y solo entonces se podrán hacer los
contratos. Parece un simple aplazamiento, pero significa un largo
periodo en blanco para quienes están esperando someterse a las
evaluaciones científicas que pueden abrir la puerta de un contrato de
cinco años, prorrogable otros dos. Y eso que el programa ha demostrado
ser estratégico para atraer a buenos científicos a España. La situación
es idéntica para otras convocatorias, como la Juan de la Cierva para
investigadores con menos veteranía y con contratos de tres años. Y el
número de contratos convocados se reduce respecto a convocatorias
anteriores.
MERCEDES LÓPEZ-MORALES: De regreso a Estados Unidos
También es dramática la situación de quienes terminan su periodo
Ramón y Cajal. Pese al compromiso de “favorecer la estabilización a la
finalización del contrato, a través de la creación de puestos
permanentes en los que puedan participar con éxito los investigadores
que hayan superado positivamente los procesos de evaluación y
seguimiento”, como indicó el BOE en 2007, la realidad ahora es que no se
estabiliza su puesto en muchos casos. Ni las universidades ni los
organismos públicos de investigación están en condiciones de hacerlo, y
Economía ha dispuesto que ellos se hagan cargo de las prórrogas de los
contratos que vencen, pero “en el marco de sus propias posibilidades
presupuestarias y con la autorización preceptiva del Ministerio de
Hacienda”.
El CSIC, el principal organismo de investigación, atraviesa serias
dificultades presupuestarias: con las medidas presentadas por su
presidente, Emilio Lora Tamayo, no se convoca ni una plaza para
técnicos, predoctorales y doctores y el programa se suspende en los
próximos años. El año pasado, el CSIC solo convocó 97 nuevos contratos
de tres años, mientras que fueron 175 en 2010 y 259 en 2009. Este año,
ni uno.
Aun en los casos en los que no hay cancelación de programas sino
recortes, retrasos y aplazamientos, la situación puede resultar
insostenible cuando uno está pendiente de las evaluaciones para intentar
obtener un puesto de investigador y ve cómo va pasando el tiempo en
blanco… Así, muchos investigadores, los mejores, aprovechan sin dudarlo
las puertas que les abren otros países.
Los más jóvenes también tienen su calvario. “La última convocatoria
FPI [ayudas predoctorales de Formación de Personal Investigador] fue
convocada el 3 de febrero de 2012, ofrecía 1.020 ayudas para realizar la
tesis doctoral en el seno de diferentes proyectos de investigación”,
informa la Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios. Pues bien,
en julio pasado se dieron a conocer los resultados provisionales de la
selección, pero hasta el 29 de noviembre no se ha publicado la concesión
definitiva, lo que ha supuesto “semanas de desesperación e
incertidumbre para los afectados”, señala la asociación.
La situación es muy complicada para los investigadores que no son
funcionarios. E incluso esta vía, la del funcionariado, la normal en el
sistema español para los puestos consolidados, está prácticamente
bloqueada, ya que la I+D no está exenta de la regla general de la
Administración de reponer solo una de cada 10 vacantes que se producen.
“Los grupos que estamos en proyectos internacionales, como los de la
Agencia Europea del Espacio o el Observatorio Europeo Austral, y, en
general, todos los equipos de investigación, no tenemos ninguna
posibilidad de renovación ni captación de gente joven y brillante”,
advierte Colina, resumiendo la marea de “profunda preocupación por la
situación y por el cariz que están tomando las medidas de personal
científico”. La fuga de cerebros, advierte, resta credibilidad al
sistema español de I+D justo cuando había empezado a ganarse una
merecida respetabilidad internacional.
ROCÍO RUIZ BUSTOS: “Me volveré a un país donde me traten dignamente”
Durante su proceso de despido, esta doctora en Química ha tenido que escuchar hasta que “la investigación no sirve para nada”. No es ella un caso único, por supuesto, en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete, donde se está despidiendo a investigadores con muy buena formación y currículos, dicen expertos del entorno. “Es gente de mucha valía y costó mucho traerlos hasta nuestra región”, dice un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En cuanto a Ruiz Bustos, en dos semanas desde el despido fulminante ha recibido cuatro ofertas desde Holanda, y está segura de que se tiene que ir al extranjero porque en España “no hay salida”. Aunque le hubiera gustado quedarse, seguir investigando en pilas de combustible, y también que sus hijos, su familia vivirán en España. Pero la realidad se impone: “Deseo que la región mejore y que no pierda esta universidad; yo me volveré a otro país donde me traten dignamente”, dice.
Las caras de los vuelos de la muerte
El tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA),
uno de los dos principales centros clandestinos de detención de la
última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983), ha comenzado
hace dos semanas, pero aún no se ha acabado la lectura de las
acusaciones contra los 68 imputados. Es el mayor proceso judicial que se
ha hecho contra el régimen, en el que se juzgarán delitos de lesa
humanidad contra 789 personas, la mayoría de ellas víctimas de los
llamados vuelos de la muerte. Durará dos años y declararán casi 900 testigos.
Quien caía secuestrado por la dictadura podía tener tres destinos: que lo liberaran después de unos días o unos años, que lo fusilaran o que muriera en plena tortura o como punto final de esta.
Los cuerpos eran enterrados como NN, o entregados a sus familiares como
guerrilleros muertos en combate o arrojados al Río de la Plata, al
Atlántico o al delta del río Paraná. Cuando un detenido salía de la ESMA
con rumbo al vuelo final, se decía que era traslado, pero sus
compañeros de cautiverio no sabían qué le iba a suceder. “El traslado
era un enigma, había un silencio sepulcral”, cuenta Ana María Careaga,
superviviente de otro centro clandestino de detención, El Atlético, e
hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que estuvo en
la ESMA y murió en uno de los vuelos de la muerte. Los marinos
llevaban en camiones a los detenidos hasta el cercano aeropuerto de
Buenos Aires para vuelos domésticos, el Jorge Newbery, u otras bases
aéreas y desde allí partían vuelos pilotados por integrantes de la
Armada o de la Prefectura Naval (policía de mares y ríos). Las víctimas
eran drogadas con pentotal, un barbitúrico que las sedaba por completo
pero por poco tiempo. Alguien los empujaba del avión desnudos, atados de
manos y pies, encapuchados y golpeados.
Solo algunos cuerpos fueron encontrados e identificados, como el de
la madre de Ana Careaga, Esther Ballestrino, y el de otras cuatro
mujeres que con ella integraban el grupo de los 12, que se reunían en la
iglesia porteña de Santa Cruz para organizar la búsqueda de
desaparecidos y que fueron secuestrados después de que el marino Alfredo
Astiz, El Ángel Rubio, se infiltrara entre ellos. Entre esos
restos identificados en 2005 figuran los de otras dos fundadoras de
Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y María Ponce, y el de una de
las dos monjas francesas de aquel grupo, Leonnie Duquet. “Las monjitas
voladoras”, bromeaban los marinos en la ESMA, orgullosos de haber
inventado un nuevo método de exterminio.
En el segundo proceso de la ESMA se juzgó el secuestro y la tortura
de los 12 fallecidos de la Santa Cruz, pero en este tercer proceso se
juzgarán los vuelos en los que murieron. El hallazgo de aquellos cuerpos
sirvió como prueba contundente de lo sucedido. A partir de ellos se
descubrió que las víctimas morían al impactar en el agua. Se supone que
la mayoría de los desaparecidos de la ESMA sufrieron el mismo destino,
con algunas excepciones, como la del eximio periodista Rodolfo Walsh,
militante de la guerrilla peronista Montoneros abatido a tiros en la
calle. El cuerpo de Walsh fue mostrado a los prisioneros de la ESMA.
Algunos de los responsables de su asesinato fueron condenados en el
segundo juicio sobre este centro, pero otros acusados serán juzgados en
el tercer proceso.
En el primer juicio de la ESMA solo había un acusado, que se suicidó
en 2007. En el segundo, en cambio, fueron sentenciados 16 exmilitares y
expolicías por 85 casos de terrorismo de Estado. En este tercer proceso
se juzgarán todos los demás delitos cometidos en esa escuela del horror
que aún no han sido condenados, como secuestros, torturas, homicidios,
robos de hijos de desaparecidas y trabajo esclavo (algunos prisioneros
eran obligados a cumplir tareas para el régimen, como en el gabinete de
prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores). Solo quedarán
pendientes para otros juicios los robos de bienes de los secuestrados.
La mayoría de los condenados en el segundo juicio han vuelto al banquillo en el tercero. Están Jorge Acosta, alias El Tigre; Astiz;
Juan Antonio Azic, que se adueñó de la hija de desaparecidos y actual
diputada opositora Victoria Donda; Adolfo Donda, tío de esta dirigente
política, y Ricardo Cavallo, que estuvo detenido en España entre 2001 y
2008 por orden del entonces juez Baltasar Garzón. Entre los nuevos
imputados aparecen el exsecretario de Hacienda de la dictadura Juan
Alemann, acusado de presenciar tormentos contra un guerrillero que había
atentado contra él; los presuntos pilotos de la muerte Enrique de Saint
Georges, Mario Arru, Emir Hess, que confesó a un exempleado suyo que
las víctimas “caían como hormiguitas”, y Julio Poch, que también admitió
su autoría a compañeros de trabajo en una compañía aérea holandesa.
También hay otros ya condenados en el juicio que este año se hizo por el
plan sistemático de robo de niños, como el médico militar Jorge
Magnacco.
Por la ESMA pasaron 5.000 secuestrados. Entre las desapariciones que
se analizarán en este tercer juicio figuran las del hermano y la madre
del actual diputado kirchnerista Dante Gullo —el primero militante
peronista y la segunda, una italiana que perdió la vida buscando a
presos políticos—, así como sus dos hijos; la joven militante peronista
Alicia Alfonsín, que dió a luz en la ESMA al bebé robado Juan Cabandié,
que recuperó su identidad en 2004 y es diputado del Parlamento de Buenos
Aires por el kirchnerismo; Norma Arrostito, fundadora de Montoneros; el
padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini, que era
fiscal y buscaba a un hijo desaparecido; el hermano de la exdiputada
Liliana Chiernajowsky, que también fue detenida por el régimen; la adolescente Dagmar Hagelin, argentina de origen sueco cuyo caso llevó a que casi rompieran relaciones Buenos Aires y Estocolmo en 1977.
También se juzgará la desaparición de Elena Holmberg,
una diplomática que había sido enviada a la Embajada argentina en París
para contrarrestar la información en contra de la dictadura y cuya
familia sospecha que se enteró de la corrupción del entonces jefe de la
Armada, Emilio Massera —por eso debió de regresar a Buenos Aires—, y su
cuerpo fue hallado en el delta del Paraná. Otras desapariciones son la
de hija de uno de los principales dirigentes del organismo de derechos
humanos, el fallecido Emilio Mignone, que era un catequista de un barrio
pobre; los dos hermanos de la actual diputada opositora Norma
Morandini, ambos militantes peronistas; María Hilda Pérez, montonera que
dio a luz en cautiverio a Victoria Donda; los montoneros Orlando Ruiz y
Silvia Dameri y sus tres hijos robados, una de las cuales también acabó
apropiada por Azic; y la hija del periodista, poeta y montonero
desaparecido Paco Urondo, que también era una militante de esa
guerrilla.
Se juzgarán también casos de supervivientes de la ESMA, como Myriam Lewin,
periodista de investigación del Grupo Clarín; el secretario de Culto,
Guillermo Oliveri; Carlos Lordkipanidse, militante del peronismo
revolucionario que en un interrogatorio bajo tortura vio cómo Azic
sometía a su bebé a la picana eléctrica; y los sacerdotes jesuitas
Francisco Jalics y Orlando Yorio, este último ya fallecido, que en su
momento acusaron al actual arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio,
de haberles tachado de guerrilleros ante las autoridades militares.
El Gobierno abre la puerta al copago en farmacias hospitalarias
El Real Decreto-Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para modificar las pensiones
también ha introducido un cambio en la Ley del Medicamento por la que
se establece que los medicamentos que se administran en las farmacias de
los hospitales mediante orden de dispensación hospitalaria se equiparan
a los que se administran a través de receta médica y, por tanto, podrían estar sujetos al copago farmacéutico.
Como aclara un portavoz de Sanidad a ELMUNDO.es, esto no quiere decir
que haya que pagar por los medicamentos que reciben los pacientes
mientras están ingresados; sino por aquellos tratamientos de
dispensación hospitalaria pero que también se venden en farmacia.
El objetivo de la medida, añaden, tiene que ver con la implantación
de la receta electrónica y pretende unificar la aportación del usuario
si le dispensan el fármaco en el hospital tanto como si se lo receta su
médico de cabecera y los debe comprar en la farmacia. "Sólo afecta a
fármacos que también están en la farmacia", añaden.
Medicamentos 'con especial vigilancia'
El pasado sábado 1 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto-ley 28/2012
de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad
Social, que introducía una modificación del artículo 94 de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
relativo a las aportaciones de los usuarios.
En el primer punto de dicho artículo se amplía el concepto de la
prestación farmacéutica ambulatoria para incluir en él -además de a los
medicamentos dispensados mediante receta médica- a los fármacos que "se dispensan al paciente mediante orden de dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia".
En concreto, las órdenes de dispensación hospitalaria son el
documento que se utiliza para prescribir a pacientes no ingresados
"medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y
control, que deban ser dispensados por los servicios de farmacia
hospitalaria a dichos pacientes".
Como explican fuentes de un Servicio de Farmacología Clínica, en su
mayoría son tratamientos que afectan a pacientes con patologías
crónicas; como la hepatitis C, la fibrosis quística, eritropoyetinas
para pacientes con anemia por insuficiencia renal, algunos factores de
crecimiento de colonias para pacientes con cáncer cuyas defensas están
muy debilitadas... Los antirretrovirales que retiran los pacientes con
VIH en la farmacia del hospital estarán exentos del copago según insiste
Sanidad.
De este modo, al ampliar el concepto de prestación farmacéutica
ambulatoria se estaría también ampliando el abanico de medicamentos
"sujetos a aportación del usuario", el llamado copago farmacéutico, en
el que la aportación del usuario depende de su nivel de renta.
Fuentes del departamento de Ana Mato consultadas por Europa Press aseguran esta modificación "no cambia nada" el sistema de copago
que entró en vigor el pasado mes de junio, y que los medicamentos que
son de uso hospitalario, como los antirretrovirales, "están exentos de
pago porque aunque te los lleves a casa a efectos legales es como si
estuvieses ingresado".
De igual modo, precisan que los medicamentos para enfermedades graves
o invalidantes tienen una aportación reducida por lo que, en caso de
estar sujetos a copago, los ciudadanos sólo pagarían un 10% de su valor con un máximo de 4,13 euros por fármaco.
Cáncer, artritis...
Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, entre los
medicamentos que requieren orden de dispensación hospitalaria están
algunos tratamientos contra el cáncer, la hepatitis C, la artritis
reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple o numerosas
enfermedades raras.
Su precio varía en función de la duración de los mismos y el número
de dosis requerida. Por ejemplo, el fármaco para la artritis reumatoide y
la enfermedad de Crohn, adalimumab, cuesta unos 1.127 euros por envase (que
incluye dos jeringas de 40 miligramos), pero si se tiene en cuenta que
el tratamiento requiere al menos seis envases el coste ascendería a unos
6.762 euros, de los que el paciente debería abonar el porcentaje
correspondiente a su nivel de renta.
Asimismo, algunos tratamientos para la esclerosis múltiple como
natalizumab o fingolimod también requieren orden de dispensación
hospitalaria, y el coste medio anual del tratamiento suele ascender a unos 14.500 euros por paciente.
Por su parte, en la exposición de motivos del RD-Ley, el Gobierno
explicó que el objetivo de esta modificación era "precisar la
equivalencia" existente entre la dispensación mediante receta médica y
la dispensación mediante orden de dispensación hospitalaria ante las
"desigualdades" que, según dicen, estaba provocando la existencia de una
diferente nomenclatura para el mismo acto de dispensación, "unido al
proceso acelerado de cierre de la implantación de la receta electrónica
en el Sistema Nacional de Salud (SNS)".
La noticia ha causado alarma en los pacientes y también preocupación
en sectores sanitarios que critican la improvisación del Ministerio.
Algunos farmacéuticos han lamentado que la medida se haya "colado de tapadillo" en un texto legal de otro sector
(en este caso las pensiones); mientras que fuentes hospitalarias se
preguntan cómo piensa Sanidad articular el cobro del copago en los
propios hospitales. Otras voces lamentan que ésta, "como otras medidas
recientes", se haya anunciado sin un debate previo con los profesionales
del sector y sin consultar con expertos independientes. El Ministerio
de Sanidad, por su parte, ha emitido una nota de prensa en la que no desmiente dicho copago, aunque aclara en qué casos no se aplicará.
Los Presupuestos fijarán cuánto se pagará por el nuevo canon digital
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada -el conocido como nuevo canon digital- con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
ha anunciado que este Real Decreto regulará y fijará quiénes son los beneficiarios
de la compensación equitativa por copia privada, con cuánto han de ser
compensados, cómo se va a determinar la cuantía, qué porcentajes van
para soportes sonoros, audiovisuales y libros y la asignación a las
entidades de gestión para su posterior reparto.
Según ha apuntado, la cuantía será fijada y abonada a ejercicio vencido y se fijará cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
"Con carácter técnico, el Real Decreto regula y fija quiénes son los
beneficiarios y con cuánto han de ser compensados, en virtud de una serie de criterios objetivos", ha señalado la vicepresidenta.
También ha recalcado "cómo se va a determinar la cuantía (de la compensación), qué porcentajes se destinarán a sonoros y audiovisuales y, por ultimo, la asignación que corresponderá a las entidades de gestión".
Supresión del anterior canon
Sáenz de Santamaría ha recordado que una de las primeras medidas aprobadas por Gobierno fue suprimir el canon digital,
por el cual las entidades de gestión de derechos de autor recaudaban
una serie de cantidades por los aparatos tecnológicos que compraban los
ciudadanos.
Esa ley modificó el sistema y lo sustituyó por una
compensación equitativa por copia privada a través de los Presupuestos
Generales del Estado. De esta forma, el Real Decreto aprobado este
viernes "permitirá llevar a cabo esa compensación y cumplir con la
obligación que impone la normativa comunitaria de abonar la compensación
por copia privada a los titulares de los derechos de propiedad intelectual", en palabras de la vicepresidenta.
El padre de Mas vendió su negocio por la décima parte de lo que acumuló en Suiza
La incógnita de cómo acumuló el padre del actual presidente de la
Generalitat de Cataluña una fortuna en paraísos fiscales no se despeja.
La venta del negocio familiar de Artur Mas Barnet supuso 240.000 euros a
repartir con otros dos socios, según ha recopilado EL MUNDO de datos
del Registro de la Propiedad. Esta cifra supone apenas una décima parte de los hasta 2,3 millones de patrimonio reunido en Liechtenstein y Suiza.
Se trataba de la fábrica de ascensores situada en la calle Pamplona de Barcelona y que era la sede de Mas Goberna i Mosso (Magomo), la empresa fundada en 1924 por el abuelo del actual líder de CiU.
Según los datos que constan en el Registro de la Propiedad, la venta
de la enorme instalación en la capital catalana se produjo el 9 de mayo
de 1980 por 40 millones de pesetas. El grupo comprador fue Marco Ibérica
Distribución de Ediciones, S. A. (Midesa), según consta en el Registro.
Esta sociedad era propiedad de la editorial Planeta, de la familia
Lara, para la distribución de sus libros y publicaciones y forma
actualmente parte del grupo Logista.
Los datos de aquella compraventa no coinciden con la versión que facilitó Convergència i Unió
(CiU) en 2010, cuando este diario publicó que Mas era beneficiario de
una cuenta secreta de su padre en el paraíso fiscal de Liechtenstein.
Fuentes de la formación nacionalista convergente señalaron entonces que
el dinero procedía de pagos en 1984 por la venta de «negocios
familiares» a inversores que querían pagar parte de la transacción en el
exterior y de forma opaca al fisco.
Ni CiU ni los Mas explicaron nunca de qué negocios familiares se
trataba. Artur Mas Barnet falleció el pasado marzo. "Las operaciones de
mi padre le corresponden a él", declaró entonces el líder de CiU a este
diario. Posteriormente, cuando ha resurgido el escándalo en la reciente
campaña electoral tras la publicación en EL MUNDO de un borrador de informe sobre el caso Palau de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales
(Udef) del Cuerpo Nacional de Policía, el candidato nacionalista afirmó
que consideraba de "mal gusto" suscitar de nuevo la evasión fiscal de
su padre, porque "ya regularizó su situación" y porque, "al estar
fallecido, no se puede defender". Pero Artur Mas, que inició su carrera
profesional trabajando precisamente junto a su progenitor en Mas Goberna i Mosso -una denominación irónicamente premonitoria-, nunca ha explicado el origen del dinero.
Mas Barnet figura también en los archivos del Registro Mercantil
como presidente durante unos años de Aigües de Vilassar, la compañía de
distribución de agua de la localidad catalana, pero su propietario era
la amplia comunidad de propietarios que incluía, entre otros muchos, al
propio padre del presidente de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto,
el gran negocio familiar por el que se conoce a Mas Barnet en el sector
industrial catalán era la citada Magomo.
2,3 millones en el exterior
En los años de esplendor llegó a instalar ascensores y montacargas en
edificios emblemáticos de Cataluña, como ocurrió con la sede del Banco
de España, y daba empleo hasta a 300 personas. Sin embargo, a finales de
los 70 entró en crisis y llegó a suspender pagos en enero de 1979.
Aquella decisión societaria fue el fin de la empresa. Entonces empezó la
venta final de todos sus activos.
El principal de ellos era la citada fábrica, en el barrio de Poblenou
de la capital catalana. Pero, en contraste con el resultado de su venta
a Midesa, un informe de la Agencia Tributaria en poder de este diario
señala que el padre de Mas reconoció contar con hasta 1,95 millones de euros en el exterior,
tras ser descubierto en 2008. Posteriormente, esa cifra fue creciendo
hasta los 2,3 millones, según el último informe policial.
A lo largo de toda la pasada década y antes de ser descubierto, el
presunto evasor declaraba como principal fuente de ingresos en España
los en torno a 22.000 euros anuales que recibía de la Seguridad Social
en concepto de pensión de jubilación. En aquel 2008, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) recibió del Gobierno alemán un DVD
con datos sobre poseedores de cuentas en el LGT Bank de Liechtenstein en
el que, entre otros titulares, aparecía 'Arturo Mas Barnet'. Su hijo figuraba como 'beneficiario' con un copia de su DNI.
El organismo de Hacienda les dio a todos ellos la posibilidad de
regularizar el dinero defraudado y la mayoría de los afectados lo hizo
presentando declaraciones complementarias. Pero teniendo en cuenta sólo
el dinero evadido a partir del ejercicio fiscal de 2002, puesto que todo
lo anterior había prescrito.
Lo multan por saltarse un semáforo en rojo en una calle donde no hay
Hace siete años a José Luis Simó Ribas le llegó una sorpresa a su
casa, una multa por pasarse un semáforo en rojo. El asombro de este
vecino de Palma no fue la propia sanción, sino el hecho de que en la calle que le marcaba el papel no hay semáforo alguno.
Fue en ese momento cuando comenzó su cruzada personal contra el
Ayuntamiento de Palma y la Policía Local para que se la quitaran,
batalla que aún no ha acabado para él.
El afectado pensó que todo era un malentendido que se solucionaría de
forma rápida porque, al fin y al cabo, no sería difícil explicar a las
autoridades oportunas que no se puede multar una infracción que es
imposible de cometer. No sólo no hay ningún semáforo en la calle Passeig
del Born de El Molinar, donde lo multaron, sino que José Luis puede certificar que el día de la denuncia no pasó por el barrio porque estaba trabajando en el centro de la ciudad.
Todo su optimismo desapareció cuando le embargaron la cuota de la
sanción del banco en marzo del 2007, un total de 185 euros que no ha
vuelto a ver. A las pocas semanas de que le retiraran el dinero de la
cuenta, fue cuando envió su primer recurso a Cort para pedir que
revisaran el expediente y solicitar la devolución por defecto de la
multa. Meses después, la Tesorería del Ayuntamiento dictó su resolución
en la que lo desestimaba y aseguró que, tras consultar el soporte
informático, el expediente de su sanción se notificó de forma correcta. Ni el book de fotos de la calle que también envió para demostrar la carencia de semáforos sirvió para que anularan la sanción. "Las imágenes lo dejan claro, pero ni con eso me la quitaron", comenta.
José Luis persistió en su intento de que anularan la multa y en 2009
interpuso una reclamación económico-administrativa contra la
desestimación del recurso anterior. En este caso, fue el Consejo
Tributario del consistorio palmesano el que se reunió en pleno para
acordar una resolución de este caso tan peculiar.
La contestación fue que desestimaron la reclamación porque, como ya
habían explicado desde la Tesorería, los motivos que invoca el
interesado no son ninguno de los establecidos de forma legal para la
oposición de constreñimiento. Pago, prescripción, aplazamiento, falta de
notificación de la liquidación y error u omisión del mismo
constreñimiento que impida la identificación de la deuda o el deudor son
los argumentos que sirven para poder reclamar, pero como lo que pide
José Luis no está dentro de lo normal para exigir el dinero de la multa,
rechazaron su petición.
"Ya estaba harto de que negaran todo, así que solicité una
instancia al Ayuntamiento para que ellos mismos dijeran si hay o no
semáforos en el Passeig del Born de El Molinar". La respuesta
del Departamento de Movilidad –Circulación– no se hizo esperar: "No hay
ninguna instalación semafórica que dependa de nuestro departamento".
Tras recibir la contestación, hace cuatro meses, José Luis envió otro
recurso donde la adjuntó, algo que no le sirvió de nada. Lo único que
obtuvo por parte del Departamento Financiero del Ayuntamiento, que se
debería encargar de la devolución del embargo, fue un recordatorio de
que en diciembre de 2009 desestimaron la reclamación donde exigía la
devolución del dinero.
El afectado acudió también a la Policía Local de San Fernando para
intentar que echaran atrás la sanción. Tras intentar explicarles que el
fallo había sido de uno de sus agentes, asegura que la única ayuda que
consiguió del Cuerpo fue que un policía le dijera que "si un agente dice que pasa un tren por el Borne, es que pasa un tren por allí".
José Luis lleva años luchando sin obtener la anulación de la multa
que busca, pero no se dará por vencido. Ahora, cuando pasa por El
Molinar le viene a la cabeza la sanción. "No es por el dinero, lo único
que quiero es que no se salgan con la suya, porque no tienen ninguna
razón en esto", concluye.
Las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos españoles, a subasta
Aena Aeropuertos inicia hoy la subasta para adjudicar el concurso de
sus tiendas libres de impuestos ('duty free') de 26 aeropuertos de la
red. A este concurso optarán siete empresas, de cinco grupos
empresariales, que son las que han presentado 14 ofertas técnicas por
alguno de los tres lotes que conforman el concurso, según informó Aena
en un comunicado.
El gestor aeroportuario resaltó que se trata de la primera vez en que
se utiliza este procedimiento para llevar a cabo la adjudicación de un
concurso público, para garantizar su "máxima transparencia". En las
subasta actuará como notario Pablo Ramallo Taboada del Ilustre Colegio de Madrid.
Las ofertas presentan nuevos diseños para las 80 tiendas de los 26
aeropuertos recogidos en el concurso. Aena dice que son novedosas en
cuanto a espacios, conceptos propuestos, modelos comerciales a
implantar, canales de promoción y venta, y medios tecnológicos de última
generación, y apuestan por la prestación de un servicio de alta calidad
con las mejores marcas del mercado.
Con la licitación de la explotación comercial de esta actividad en 26
aeropuertos de la red y en más de 80 puntos de venta, Aena fomentará la
competencia en este sector, ya que hasta la fecha era gestionado
mayoritariamente por World Duty Free Group España, antigua Aldeasa, (15
aeropuertos) y otros operadores (Canariensis, filial de World Duty Free
Group España, antigua Aldeasa, en 6 aeropuertos canarios, y Dufry Islas
Canarias. en Tenerife Sur).
Un total de cinco aeropuertos que no tienen en la actualidad tiendas libres de impuestos
se suman a esta oferta comercial, que son A Coruña, Asturias, Federico
García Lorca Granada-Jaén, Murcia-San Javier y Santander.
Muere Jenni Rivera
Las autoridades mexicanas han encontrado este domingo "totalmente destruido" el avión privado en el que viajaban la cantante Jenni Rivera y otras seis personas, que no sobrevivieron al accidente, informaron fuentes oficiales.
"La información que tenemos es esa: no hay un solo sobreviviente",
dijo a la cadena Televisa el director general de Aeronáutica Civil,
Alejandro Argundín.
El alto funcionario mexicano explicó que la aeronave fue hallada en
el rancho conocido como 'El Tejocote', en la comunidad conocida como 'La
Colorada', del municipio de Iturbide, en el norteño estado de Nuevo
León.
Restos del avión siniestrado. | Efe
La aeronave, modelo Learjet, quedó "destrozada, totalmente fragmentada"
y sus restos esparcidos por una zona de "250 ó 300 metros cuadrados".
"Estamos iniciando el protocolo de recolección de las piezas, de los
fragmentos que quedaron en la zona, que es muy complicada, muy amplia",
agregó Argudín.
Por su parte, en declaraciones la misma cadena de televisión el
secretario de Transportes y Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, dijo
que las evidencias halladas "hacen suponer que se trata del avión en el
que viajaba la cantante Jenni Rivera".
El ministro explicó que "el golpe fue tan fuerte" que "prácticamente el avión no está reconocible".
El ministro dijo no tener por ahora el detalle de la matrícula del
aparato para su plena identificación pero admitió que "por el lugar en
el que cayó, por las condiciones en que se encuentran los restos de que
sí se trata de la aeronave" en la que iba la artista.
Última foto de Jenni.
El titular de la SCT remitió a la investigación abierta del caso
"para acreditar con pruebas totalmente evidentes" que es la nave de los
siete. "Todo está totalmente destruido, es muy lamentable decirlo así",
agregó.
La muerte de Rivera ha conmocionado México y las redes sociales se
han llenado de mensajes de pésame y dolor tras conocer el fatal
accidente. Entre los últimos tuits y fotografías de la cantante destaca
una fotografía que habría difundido su maquillador y en la que se ven a
varios de los pasajeros junto a Jenny antes de despegar.
Diva de la música
Además de la artista en la aeronave, un Learjet 25 matrícula N325MC,
iban Arturo Rivera, representante de la artista, su abogado, Mario
Macias, el maquillador Jacob Llenares, una persona más identificada como
"Gerardo N.", y los pilotos, Miguel Pérez y Alejandro Torres.
La aeronave pertenecía a la empresa estadounidense Starwood
Management. El avión salió del aeropuerto internacional de Monterrey a
las 03.15 hora local (09.15 GMT) y tenía como destino el aeropuerto de
Toluca, pero se perdió contacto con ella a una distancia de 61,8 millas
de Monterrey.
La artista Jenni Rivera ofreció anoche un multitudinario concierto en
la Arena Monterrey, tras lo cual abordó el avión en el que perdió la
vida.
Rivera era considerada una de las artistas más importantes de la música regional mexicana que ha vendido más de 22 millones de discos y recibido seis premios Billboard a la música Latina y tres Premios Lo Nuestro.
Un diputado del PP, implicado en un intento de chantaje en Navarra
El diputado del PP Santiago Cervera fue detenido ayer, aunque quedó en libertad tras prestar declaración, por su presunta implicación en un intento de chantaje económico al presidente de Caja Navarra (CAN), José Antonio Asiaín, al que se le exigieron 25.000 euros.
Según revela hoy 'Diario de Navarra', el presidente de la CAN presentó el pasado día 5 una denuncia ante la Guardia Civil tras recibir un correo electrónico anónimo en el que se le conminaba al pago de 25.000 euros si quería evitar que se hiciera publica una información sobre sus actividades profesionales.
El diario señala que "se le acusaba de haber facturado importantes cantidades de
la entidad financiera por su trabajo de su despacho de abogado y de las
que también se había beneficiado su hijo Diego, que trabaja en el mismo
bufete".
El anónimo precisaba la fecha de hacer la entrega de los 25.000
euros, el día 7 de diciembre; cómo, en un sobre cerrado, y dónde, en una
ranura de la muralla cercana al Club Natación. La Guardia Civil montó
un dispositivo de vigilancia desde ese día, que concluyó con la detención del diputado del PP cuando se disponía a recoger el sobre.
El diputado fue puesto en libertad tras prestar declaración en la que sostuvo que había sido víctima de una trampa también a través de un anónimo.
La respuesta de Cervera
El diputado del PP ha dado su versión de los hechos en su blog.
En él, Cervera asegura que "hace unos días" recibió un correo
electrónico en el que se le indicaba que "podía disponer de cierta
documentación sobre asuntos relativos a Caja Navarra, recogiéndola de un
determinado lugar de Pamplona".
"En ese mensaje se me indicaba que se trataba de documentación de relevancia judicial.
Respondí al correo diciendo que no me parecía la manera de facilitarme
ningún tipo de información, y que si el comunicante quería enviármela
podía buscar otros medios para hacerlo. Mi respuesta fue devuelta por el
servidor", continúa el diputado en su blog.
Cervera, que el domingo se encontraba en Pamplona, reconoce que tuvo
"curiosidad" por saber si la información se había depositado en el lugar
que se le indicó. "Acudí al sitio y en efecto vi que en él había depositado un paquete aparentemente con documentación. Lo tomé, y a continuación aparecieron varios agentes de la Guardia Civil que
procedieron a identificarme. Posteriormente fui trasladado ante el Juez
de guardia, que escuchó mi versión de los sucedido y decretó un auto de
libertad".
"Cualquiera que conozca mi trayectoria política en Navarra sabrá que he sido muy crítico con lo sucedido en los últimos años en relación con Caja Navarra, y que éste es un asunto que me ha interesado por su gran significancia", señala.
"Antes del verano escribí un artículo en prensa en el que indicaba que algunas de las cosas sucedidas incluso merecerían la atención de la fiscalía.
En fechas recientes, he hecho públicas determinadas críticas sobre
asuntos ocurridos hace pocas semanas, en los cuales figuraban como
protagonistas algunos de los dirigentes actuales y pasados de la Caja",
asegura en el mismo texto hecho público este lunes.
Cervera reconoce que ha cometido "una imprudencia" y señala que "las consecuencias las pude constatar inmediatamente". Sostiene, además, que el tema "tiene vertientes políticas y judiciales" y lamenta "el perjuicio que estoy causando a mi partido".
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