tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 28 de mayo de 2014

Software Libre en Cancillería de Uruguay refuerza la soberanía



El pasado 20 de mayo el Ministro Luis Almagro presentó hacia funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, con presencia de prensa local y transmitido en vivo por AdinetTV[1], el proyecto de Gestión de Recursos y Planificación (GRP).
El Ministro Almagro dijo que la implementación de este proyecto representa un salto cualitativo en la mejora de los procesos administrativos “tal como conocemos en la actualidad” y un nuevo y sustancial avance en la Reforma del Estado y la mejora de gestión, uno de los cinco pilares fundamentales de la gestión de la Cancillería.
En este sentido expresó que “el Ministerio necesita de una tecnología contemporánea, procesos ágiles, realistas y orientados a los objetivos. Pero sobre todo, necesita del empeño y el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Desde Uruguay y desde cada punto que representa al Uruguay en el planeta”.
El Canciller Almagro enmarcó la decisión como parte de una serie de cambios que se vienen realizando en la Cancillería, entre otros, la multiplicación por diez del ancho de banda de internet, gracias a los convenios con Antel [2], la constante mejora de la infraestructura informática y la implementación de políticas informáticas globales en consonancia con el reciente decreto de Ciber-seguridad [3].
También se enmarca en los acuerdos de cooperación internacional de intercambio tecnológico basado en Software Libre. En este sentido el Ministerio de Relaciones Exteriores ha firmado acuerdos, entre otros, con SERPRO en Brasil y Presidencia de Ecuador. En el primer caso sobre la herramienta ExpressoLivre[4] y en el segundo el sistema de gestión documental Quipux[5].
El ministro destacó además, la elección de tecnología de código abierto en línea con la política de software libre que ha decidido adoptar la Cancillería[6], con el fin de asegurar la generación, acceso al sistema y modificación del mismo, preservando la soberanía y seguridad sobre la información del Estado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es la segunda cartera en implementar una solución GRP, precedido por el Ministerio de Economía y Finanzas y la primera en hacerlo utilizando herramientas de Software Libre. En este caso se trata de una implementación de la conocida y probada herramienta OpenERP adaptada e implementada por una empresa nacional.
La implementación del sistema GRP llevará 15 meses de trabajo y abarcará la compleja trama administrativa del Ministerio, integrando en un mismo ambiente de trabajo a la Cancillería en Montevideo con todas las representaciones en el exterior

¿Se acuerdan de cuando Venezuela y Bolivia expulsaron la DEA de sus países, acusándola de espionaje?

The Americas Blog (CEPR)


En su más reciente artículo para The Intercept sobre el espionaje realizado por el gobierno de EEUU, Ryan Devereaux, Glenn Greenwald y Laura Poitras examinan y publican documentos filtrados que parecen demostrar que el gobierno de EE UU ha utilizado a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ayudar a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) a espiar a ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos en países extranjeros. En éstos se muestra que la NSA asistió a la DEA en esfuerzos por capturar a narcotraficantes, pero los documentos filtrados también se refieren a “una vibrante relación de doble vía para el intercambio de información” entre las dos agencias de inteligencia, lo que implica que la DEA comparte su información con la NSA para contribuir a un trabajo de espionaje sin relación al tráfico de drogas. Esto quizás sirva para explicar cómo la NSA ha podido recopilar no solamente metadatos, sino también el audio completo de “prácticamente cada una de las conversaciones por teléfono celular en la nación insular de Bahamas”.
Los autores escriben que,
Desde hace mucho tiempo, la DEA se ha encontrado en una posición única para asistir a la NSA con obtener acceso clandestino a redes telefónicas extranjeras. “La DEA tiene estrechas relaciones con contrapartes en gobiernos extranjeros y socios extranjeros aprobados”, informó en un memorándum del año 2004 el director de los esfuerzos de la NSA en la guerra contra las drogas. Efectivamente, con más de 80 oficinas internacionales, la DEA es una de las agencias estadounidenses más ampliamente desplegadas alrededor del mundo.
Pero lo que muchos gobiernos extranjeros ignoran es que los agentes de narcóticos estadounidenses no se limitan a simplemente combatir a los narcotraficantes. “La DEA es de hecho una de las operaciones de espionaje más importantes que existen”, menciona Finn Selander, ex agente especial de la DEA quien trabaja con el grupo que aboga por la reforma en el área de las drogas, Law Enforcement Against Prohibition (Fuerzas de orden público en contra de la Prohibición). “Nuestro mandato no sólo incluye las drogas. Coleccionamos inteligencia”.
Es más, agrega Selander, la NSA ha asistido a la DEA durante años en operaciones de vigilancia. “En nuestros informes, hay información relacionada a las drogas, pero también hay información que no está relacionada con las drogas”, menciona. “Así que los países nos dejan entrar porque no nos ven, en realidad, como una organización de espionaje”.
Mientras que los documentos que acompañan el artículo revelan información detallada que nunca antes ha estado a disponibilidad del público, no se trata de la primera vez que la DEA ha enfrentado acusaciones de espionaje.
En el año 2005, el presidente Hugo Chávez de Venezuela dejó de cooperar con la DEA tras acusarla de espionaje en su país. En ese entonces, el portavoz del Departamento de Estado respondió diciendo, “las acusaciones de que, de alguna manera, la Agencia para el Control de Drogas está involucrada en espionaje no tienen base. No existe fundamento o justificación para ellas”. Utilizando argumentos que cambiarían muy poco durante los próximos nueve años, un funcionario del Departamento de Estado dijo en esos momentos, “pienso que para nosotros está bastante claro que el motivo de esto no es la acusación en sí o no lo que ellos señalan ser el problema. El motivo es un esfuerzo por distraer la atención del récord cada vez más deficiente de cooperación del gobierno”.
Tres años después, el presidente Evo Morales expulsó a la DEA de Bolivia indicando que, “Existieron agentes de la DEA que trabajaban haciendo espionaje político”. También dijo, “nosotros podemos controlarnos internamente. No necesitamos ningún espionaje de nadie”. A lo que el portavoz del Departamento de Estado respondió, “los cargos que se han hecho son evidentemente absurdos. Nosotros los rechazamos categóricamente”, y la agencia de noticias EFE informó que “Washington ha negado repetidamente que la DEA haya estado involucrada en cualquier actividad en Bolivia fuera de la guerra contra las drogas”.
Pocos de los informes de prensa entre 2005 y 2008 tomaron estas acusaciones seriamente y el Departamento de Estado desestimó las acusaciones categóricamente, pero en el año 2008, el codirector de CEPR, Mark Weisbrot, escribióque “Para los bolivianos, EE UU está usando la “guerra contra las drogas” por toda Latinoamérica principalmente como excusa para tener más efectivos sobre el terreno, y establecer nexos con fuerzas militares y policiales locales”. A esta lista, podemos ahora agregar el acceso a las redes nacionales de telecomunicaciones y el almacenamiento del contenido de llamadas telefónicas.

El Gobierno rectifica y suaviza la ley de seguridad ciudadana

El Ministerio del Interior ha rectificado el anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o ley Fernández, recogiendo todas las objeciones del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, que en algún caso advertían de la posible inconstitucionalidad de ciertos aspectos. El nuevo texto ha sido enviado al Consejo de Estado para que esta institución también formule su dictamen. Tras las duras censuras políticas y ciudadanas suscitadas por el borrador inicial, el Gobierno ha suavizado una norma que algún partido de izquierda tildó de “ley mordaza” o de “patada en la boca” por creer que limita el derecho de manifestación y expresión. Es el único proyecto legislativo del PP en el que este partido ha sido sensible a las críticas.
El nuevo texto ha perdido mucho del cariz netamente policial que tenía el inicial. Las modificaciones más destacadas se refieren a la entrada y registro de domicilios, la identificación de las personas, los controles callejeros, los cacheos, el catálogo de sanciones y una novedosa escala de multas para las diferentes infracciones, y la publicidad de las sanciones.
Entrada y registro. La entrada y registro en domicilios se mantiene en los términos de la norma vigente, es decir, que la policía sólo podrá entrar en una casa con mandamiento judicial o en casos de delito flagrante.
Identificaciones. La identificación de las personas se limita a los supuestos en que la policía lo considere razonable para la prevención de un delito, nunca frente a una mera infracción administrativa. Sólo podrán ser trasladados a comisaría aquellos que no puedan ser identificados en la calle cuando eso resulte necesario para impedir un delito o sancionar una infracción ya cometida. Esa persona deberá ser informada “de modo inmediato y comprensible” de los motivos por los que la policía le pide la documentación. En un libro-registro se anotará el tiempo de retención del sospechoso y, además, de este tipo de diligencias se informará “periódicamente” al ministerio fiscal.
Controles. Los controles en la calle se restringen mucho y únicamente se harán si el objetivo es descubrir al autor de un delito de especial gravedad o generador de alarma social.
Cacheos. Por primera vez se regula cómo serán los cacheos corporales, cuya única finalidad será cuando haya motivos para suponer que pueden conducir a prevenir o esclarecer un delito. Deberán hacerse por un agente del mismo sexo que el sospechoso y si a este se le obliga a desnudarse parcialmente, eso deberá hacerse en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros.
Sujetos responsables. Se suprime la atribución de responsabilidad a los organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones por las infracciones que cometan terceras personas.
Catálogo de infracciones. Es uno de los capítulos con mayores cambios, al reducir las 58 del borrador anterior a 47 sanciones que recoge el proyecto actual.
Fotografiar a policías. El uso de imágenes o datos de policías será infracción si pueden poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación.
Concentraciones ante el Congreso. Fue uno de los aspectos que causaron más polémica en su día. Ahora, las reuniones ante el Congreso, el Senado, y los parlamentos autonómicos serán faltas graves solamente cuando ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana.
Prostitución. En el controvertido borrador anterior se sancionaba a quienes ejercieran la prostitución cerca de colegios o lugares frecuentados por menores, así como a sus clientes. Ahora sólo se sancionará a los clientes.
Multas por tramos. La cuantía de las sanciones se mantiene igual. Las infracciones muy graves serán castigadas de 30.001 euros a 600.000, las graves con entre 601 y 30.000 euros; y las leves con multas de 100 a 600 euros. Interior ha introducido una gran novedad: para las infracciones muy graves y graves, las multas se dividirán en tres tramos correspondientes a los grados mínimos, medio y máximo. Es decir, puede ser un hecho calificado muy grave, pero el infractor puede ser multado en el grado mínimo, medio o máximo, según las circunstancias de su conducta. Para fijar la cuantía, se tendrá en cuenta su capacidad económica.
Registro de infractores. Se mantiene el registro central de infractores contra la seguridad ciudadana, para controlar así a los multirreincidentes. Su finalidad será sólo esa, según lo establecido por la Agencia de Protección de Datos.
Publicidad de las sanciones. Como solicitó el Poder Judicial, no se dará publicidad a las sanciones impuestas a reincidentes.

Cambios que suavizan la norma

Entrada en domicilio. El nuevo proyecto de ley elimina la posibilidad de que la policía pueda registrar, sin autorización judicial, un domicilio. En el anterior era posible si el dueño lo autorizaba previamente.
Identificación de personas. Se elimina la posibilidad de que la policía identifique a personas para prevenir tan sólo una infracción administrativa.
Retención de personas. La policía, a diferencia de lo que establecía el primer proyecto, no podrá retener a quienes no pueda identificar en el lugar de los hechos, sino que se les requerirá que acompañen a los agentes a la comisaría o cuartel más próximo. Las medidas extraordinarias de seguridad en caso de peligro inminente para las personas y los bienes ya no incluirán “la retención de personas”.
Controles en la vía pública. No se pueden establecer controles en la vía pública por la necesidad de descubrir y detener al autor de una infracción penal y administrativa, sino sólo a quien hubiese cometido un delito de especial gravedad o generador de alarma social.
Prostitución. La modificación de la ley saca del capítulo de infracciones graves a quienes ofrezcan servicios sexuales cerca de colegios, parques infantiles o espacios de ocio reservados a menores. Sólo serán castigados sus clientes.
Cacheos. La nueva norma regula los registros corporales externos, que deberán realizarse “por un agente del mismo sexo y, si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se harán en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros”.
Promotores y organizadores, sin responsabilidad. Se suprime en el nuevo texto toda posible atribución de responsabilidad a los organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones —legalmente autorizadas— por los altercados que puedan originar terceras personas durante el desarrollo de las mismas.
Multas a menores. El nuevo texto elaborado por el Ministerio del Interior introduce como novedad que las multas que se impongan a menores por consumo o tenencia ilícita de drogas podrán suspenderse siempre que los chicos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación o a actividades de reeducación.