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miércoles, 10 de julio de 2013

Ruz cita a Bárcenas y al director de EL MUNDO por el original de los papeles

Nada más llegar hoy a Madrid procedente de La Haya, el juez Pablo Ruz ha citado a declarar mañana mismo como testigo al director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, y el próximo lunes al imputado Luis Bárcenas tras la reciente entrega del primer original de los papeles del ex tesorero del PP en la Audiencia Nacional y que este diario publicó ayer.
La reacción del magistrado que instruye el 'caso Gürtel' ha sido inmediata tras retomar su actividad en el juzgado después de un viaje de trabajo y tener entre sus manos uno de los documentos originales con los apuntes contables manuscritos que indican presuntos sobresueldos ilegales a dirigentes del PP como Mariano Rajoy, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja o Francisco Álvarez-Cascos.
En una providencia, el juez expresa asimismo su interés en citar al también ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta. Ruz pide primero que los forenses de la Audiencia Nacional determinen si su situación médica, grave tras dos caídas, le permite ser interrogado por este asunto.
El primero en declarar por este documento será el director de EL MUNDO, que está citado como testigo este jueves a las 11.30 horas. Ya el lunes será el turno de Luis Bárcenas, a las 10.30 horas, en la que sería su primer interrogatorio desde que Ruz decretara para él prisión incondicional sin fianza e ingresara en la cárcel madrileña de Soto del Real.
El director de EL MUNDO tendrá que comparecer en menos de 24 horas, una premura inusual en cualquier asunto y muy expresiva de la relevancia penal que el juez concede al original de Bárcenas y a la entrevista publicada el pasado domingo en la que el ex tesorero del PP confesaba la financiación irregular durante más de dos décadas del partido en el poder.
Bárcenas, sin embargo, no declarará hasta el lunes para tener tiempo de designar una nueva defensa letrada, después de la renuncia del catedrático Miguel Bajo y el abogado Alfonso Trallero tras las revelaciones de este periódico.

Financiación ilegal

El caso tomó un nuevo impulso el pasado domingo, cuando Pedro J. Ramírez relató los detalles de una larga conversación de cuatro horas con Bárcenas donde el ex tesorero detallaba que durante al menos los últimos 20 años el PP ha estado financiándose de forma ilegal, recibiendo donaciones en metálico de constructores y otros empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos de las administraciones gobernadas por el partido.
Varias acusaciones habían presentado entre ayer y hoy sendos escritos en los que solicitaban la declaración del director de EL MUNDO y del ex tesorero del PP para que aclaren los extremos contenidos en esa entrevista y en el primer orginal de los 'papeles de Bárcenas' que llega al juzgado.
Según la confesión de Bárcenas, el dinero de los empresarios se entregaba en bolsas, maletines o maletas en el despacho de Lapuerta -entonces tesorero- en la calle Génova y en presencia de Bárcenas, en calidad de gerente.
Ayer, EL MUNDO daba algún detalle más de cómo se hacía llegar el dinero de los sobresueldos de la contabilidad B a los dirigentes del PP que eran ministros de Aznar. En concreto, en el caso de Rajoy se habría entregado en el interior de una caja de puros que Lapuerta llevaba puntualmente y en persona al Ministerio.

El TSJM suspende cautelarmente la privatización sanitaria en Madrid


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente el proceso de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, por el que se pretende "externalizar" la gestión de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. Eso fue lo que reclamó el Partido Socialista de Madrid (PSM)
El Tribunal aprecia que, efectivamente, existen circunstancias de "especial urgencia" para paralizar el proceso sin ni siquiera escuchar antes los argumentos de la Comundiad de Madrid por cuanto ya se ha llegado a anunciar incluso la adjudicación de los contratos por parte del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada adjudicar los centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey a Ribera Salud; el Hospital de Henares de Coslada a Bupa Sanitas, y el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez al grupo Hima San Pablo.
La causa que da origen a la denuncia presentada por los socialistas es la reducción de las garantías que las empresas que optan a la privatización de los centros tendrían que depositar en caso de resultar adjudicatarias. Esa garantía, del 5% del valor del contrato, fue modificada por la Consejería de Sanidad a cuatro días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes como una corrección de errores. El departamento que dirigie Javier Fernández Lasquetty incluyó la palabra "anual" en el texto, lo que implica una reducción del 90% dado que los contratos de concesión son por 10 años.
El PSM considera que "esta disminución injustificada del importe de la garantía definitiva exigida es arbitraria y contraria a los intereses generales que deben presidir la actividad administrativa". Con esta modificación de última hora, reza la demanda del PSM, "se permite a las futuras empresas adjudicatarias aportar una garantía que está infinitamente por debajo de las penalizaciones que se pueden imponer por la Administración". Los socialistas advierten que este cambio, además de ir abiertamente contra la legalidad, "pone a la Administración en clara situación de riesgo ante un caso de insolvencia empresarial o de imposición de penalidades por incumplimiento contractual".
El TSJM considera que esa modificación en la garantía exigida a las empresas "pudiera exceder del ámbito de rectificación de un simple error material, siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea del 5% del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año)". El tribunal da un plazo de tres días a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que formule alegaciones con relación a la medida cautelar acordada.
Este proceso se suma a la querella por vía penal presentada por la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM) contra dos ex consejeros de Sanidad y dos altos cargos de la consejería. El juez ha citado a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre y las declaraciones concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes

AUGIRONA CINE : Kill Bill I y II







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POLLO RELLENO


Estrasburgo declara ilegal el sistema inglés de cadena perpetua

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha declarado contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos el sistema de sentencias a cadena perpetua de Inglaterra y Gales que niega a los condenados el derecho a una revisión de su condena. La sentencia, dictada este martes, apenas tiene efectos prácticos pero supone una bomba política porque intensificará la campaña que se vive en Reino Unido desde hace tiempo proponiendo que el país se retire de la convención.
Estrasburgo se ha pronunciado contra el cambio legal introducido en 2003 por el entonces Gobierno laborista, obligando a que la cadena perpetua sea efectivamente reclusión de por vida, salvo que el ministro de Justicia decida la puesta en libertad por razones humanitarias. Es decir, si el reo está a punto de morir. La sentencia solo afecta a Inglaterra y Gales porque en Escocia no hay cadena perpetua y en Irlanda del Norte sí que hay un sistema de revisión de las condenas de por vida.
La decisión, que es inapelable, ha sido tomada por 16 votos contra uno por la llamada Gran Cámara, que revoca así la tomada en enero de 2012 por el tribunal a favor de la ley inglesa con el apoyo de cuatro jueces y el voto contrario de tres.
El tribunal argumenta que “si un prisionero es encarcelado sin ninguna perspectiva de ser puesto en libertad y sin ninguna posibilidad de que su sentencia a perpetuidad sea revisada, existe el riesgo de que nunca se arrepienta de su crimen”. “Haga lo que haga en prisión, por muy excepcionales que sean sus avances hacia la rehabilitación, su castigo es inamovible y no se puede revisar”, razonan los jueces. El problema de fondo, argumentan, es que un sistema como el que existe en Inglaterra y Gales se aleja del objetivo que se supone que tienen las políticas penales modernas: rehabilitar al criminal.
La sentencia es consecuencia de la demanda interpuesta por tres de los 49 asesinos que han sido condenados a perpetuidad. Se trata de Jeremy Bamber, condenado por el asesinato de cinco miembros de su familia en Essex en 1985 aunque siempre ha mantenido su inocencia; Douglas Vinter, que se declaró culpable del asesinato de su mujer en 2008; y Peter Moore, que mató “por placer” a cuatro homosexuales en Gales en 1995.
En la práctica, la sentencia difícilmente supondrá la puesta en libertad de estos reos porque el tribunal no niega el derecho de los Estados a imponer sentencias de cadena perpetua ni el derecho a mantener a los condenados en prisión toda la vida si considera que siguen siendo peligrosos para la sociedad. Lo que exige es la posibilidad de que puedan tener derecho a ser excarcelados si el Estado considera que se han rehabilitado. Esa decisión puede ser tomada por jueces o por el Gobierno directamente, argumenta el tribunal. Londres tiene seis meses para adoptar las medidas que considere necesarias para cumplir con el dictamen del tribunal.
Pese a ello, la sentencia está provocando una intensa tormenta política en Reino Unido y refuerza a quienes defienden ya desde hace tiempo juna profunda reforma de la legislación europea sobre derechos humanos o incluso la retirada británica del tribunal. “Discrepo profundamente con el tribunal y esto no hace más que reforzar mi determinación de restringir el papel del Tribunal de Derechos Humanos tiene en Reino Unido”, ha declarado el ministro británico de Justicia, Chris Grayling. “Lo que está diciendo el tribunal es que un juez ya no le puede decir a los más terribles criminales que nunca estarán en libertad. Creo que quienes redactaron la Declaración de Derechos Humanos original estarían revolviéndose en sus tumbas con esta sentencia”, añadió.

Multas a víctimas de preferentes por tocar el claxon en sus protestas

Las sanciones a los afectados por las preferentes van camino de convertirse en alud. A las ya desveladas multas de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, algunas de las cuales fueron tramitadas en bloque, se suma ahora una nueva tanda, con la particularidad de que esta vez se persiguen ya no solo los supuestos excesos en las protestas, sino infracciones de circulación como no llevar el cinturón de seguridad puesto o tocar la bocina “sin motivo reglamentariamente admitido”.
Las sanciones, comunicadas estos días, se ceban con los afectados de la plataforma de Baixo Miño, acribillados a multas tras el desalojo del consistorio, donde permanecían encerrados desde diciembre. Tras la expulsión, que se llevó a cabo el 3 de junio, la protesta se trasladó al exterior del edificio, situado en la praza de O Calvario. En ese emplazamiento se puso las botas la Guardia Civil. Entre el día 5 y el 11 constan al menos nueve expedientes con multas por no llevar el cinturón “correctamente abrochado” (100 euros, rebaja incluida, más tres puntos de carné) o “emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido” (40 euros con el descuento). Se repite igualmente una multa por “colocar una mesa y tres sillas encima de un paso de peatones”. Los afectados dicen que el paso estaba efectivamente ocupado, pero recuerdan que el consistorio estaba vallado y aseguran que los coches no circulaban por ese punto exacto.
Xulio Vicente, portavoz de la plataforma, acumula cerca de 2.000 euros en sanciones y ve en esta avalancha una persecución a los afectados. “Una mujer de 81 años que utiliza andador acaba de recibir una multa por coacciones”, protesta. Sobre el apartado circulatorio, no da crédito: “A mí nadie me paró con el coche”. A las multas de circulación se suman nuevas sanciones de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra. Por las protestas en el exterior del consistorio en los días posteriores al desalojo hay otras tres multas, al menos, por insultar a los agentes o “ponerse agresivo” un manifestante. Al propio Vicente le han caído otros 500 euros como supuesto “promotor” de una manifestación en A Estrada que coincidió con la Fiesta del Salmón, el 19 de mayo. La manifestación fue convocada por la plataforma local, y a ella asistieron también miembros de las plataformas de Santiago, además de los del sur de la provincia, pero los agentes dicen constatar “que el denunciado marcaba todas las pautas a seguir”.
Sobre los expedientes circulatorios de O Rosal, los afectados apuntan al alcalde, Jesús Fernández Portela, como impulsor. El regidor popular se defiende: “Yo no sé nada de esas multas, estaba en el despacho”, dice, y añade que, con motivo del desalojo del consistorio, “la subdelegación mandó a la Guardia Civil”, que estuvo presente “dos o tres semanas”. El político del PP afirma que el tráfico en la vía no estaba cortado y se muestra algo dubitativo sobre las multas impuestas: “No sé si es sancionable, no pienso que se sancione sin razón. Será cuestión de recurrir”.

Dos altos cargos condenados a cuatro años salen a los 48 días

Tan solo 48 días después de entrar en prisión el Departamento de Justicia de la Generalitat ha otorgado el tercer grado penitenciario a los expresidentes de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Enric Roig y Antoni Herce, que fueron condenados a cuatro años y medio de prisión cada uno por malversar 2,7 millones de euros de las arcas públicas.
El tercer grado supone la aplicación del régimen abierto para ambos presos, que ayer mismo ya abandonaron la cárcel. A partir de ahora solo tendrán la obligación de acudir para pernoctar de lunes a jueves. Y ni siquiera hará falta que lo hagan en Quatre Camins, sino que pueden hacerlo en un centro de régimen abierto que tiene la Generalitat en la prisión Modelo de la ciudad de Barcelona.
El tercer grado penitenciario fue acordado de manera unánime por la junta de tratamiento de la prisión el pasado lunes. La junta la preside el director de Quatre Camins, José Custodio, y de ella también forman parte el jurista del centro, un psicólogo y un educador social. Ninguno realizó objeciones al régimen abierto para los dos presos y se valoró que eran delincuentes primarios, con voluntad de devolver lo que se llevaron y con un entorno social y familiar estable.
Los dos presos habían intentado evitar su ingreso en la cárcel con la petición del indulto al Gobierno. Al ser denegado, la Audiencia de Barcelona ordenó el encarcelamiento para cumplir la pena. Enric Roig fue presidente de Ferrocarrils de la Generalitat entre 1993 y 1999 y le sucedió un año en el cargo Antonio Herce, cuando el presidente de la Generalitat era Jordi Pujol. La sentencia relata que en el año 1991 constituyeron un fondo de pensiones ilegal para directivos de espaldas a la Administración y sin control oficial. Al final, 15 de esos directivos se repartieron los 2,7 millones.
Por este mismo caso también fue juzgado Albert Vilalta, consejero de Medio Ambiente de la Generalitat con Pujol y secretario de Estado de Infraestructuras con José María Aznar. Los jueces sentenciaron que prevaricó como los demás, aunque él no cobrase ningún dinero. Fue absuelto porque el delito había prescrito.
Antoni Herce.
Diversas fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS coincidieron ayer en resaltar que la decisión de la Generalitat se ajusta a la legalidad, pero supone un trato de favor respecto a lo que es la práctica habitual con el resto de presos y a la aplicación de la legislación penitenciaria. El Departamento de Justicia dictó hace apenas un año la circular 2/12 en la que se asegura que el criterio general para la concesión del tercer grado penitenciario es haber cumplido la mitad de la condena. En el caso de Roig y Herce serían 51 meses y solo han estado en prisión mes y medio.
El tercer grado penitenciario implica también la concesión de 48 días de permiso al año, que Roig y Herce podrán empezar a disfrutar de manera inmediata, con lo que la libertad condicional estaría a la vuelta de la esquina.
El Código Penal establece que para la concesión de la libertad condicional se valorará el resarcimiento del daño causado. Es decir, el pago de la responsabilidad civil derivada del delito. Este requisito tampoco se da en el caso de Roig y Herce, que solo han devuelto a la empresa pública unos 646.660 euros, lo que ni siquiera cubre una cuarta parte de los 2,7 millones que el Tribunal Supremo les condenó a pagar, incluidos los intereses.
En septiembre del año pasado Ferrocarrils de la Generalitat solicitó a la Audiencia de Barcelona que averiguara el patrimonio de los dos expresidentes para que devolvieran el dinero. Hasta ahora Herce ha entregado a la empresa que presidió un total de 98.356 euros y ha llegado a un acuerdo por el que ingresará 200 euros mensuales a su cuenta. La cantidad devuelta es sensiblemente inferior a los 276.465 euros que se embolsó Herce en su día (46 millones de pesetas).
Roig ofrece dos fincas y Herce dice que pagará 200 euros al mes a Ferrocarrils de la Generalitat
Por su parte, Roig ha ofrecido dos fincas de su propiedad cuyo valor alcanza los 548.303 euros. La pensión que se llevó de manera ilegal superó el millón de euros (178 millones de pesetas). Una vez que la operación sea avalada por la Audiencia de Barcelona, las fincas pasarán a engrosar el patrimonio de Ferrocarrils de la Generalitat.
El tribunal de la Audiencia de Barcelona que les juzgó y condenó consideró probado que los dos idearon una “trama” para la creación del millonario plan de pensiones, “ambicionando un enriquecimiento económico personal muy superior al que le proporcionaría su retribución salarial”. Con la intención de “enmascarar su ilegal enriquecimiento”, añaden los jueces, hicieron extensivo el plan de pensiones a otros directivos, al punto que algunos de ellos cobraron su retribución sin cumplir los requisitos fijados.
En el caso de Albert Vilalta, nunca dispuso del dinero porque antes de ser nombrado consejero de la Generalitat constituyó un fondo de pensiones con una aseguradora. Por eso los jueces dicen en la sentencia que “no compartió el enriquecimiento ilícito” de Roig y Herce y no cometió delito de malversación, pero sí prevaricó como ellos al participar en la creación de ese plan de pensiones sabiendo que era ilegal. Sin embargo acabó absuelto por la prescripción del delito.
La concesión del tercer grado que les ha concedido la junta de tratamiento puede ser recurrido por el fiscal ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. El recurso, sin embargo, no paralizaría el régimen abierto del que ya disfrutan Roig y Herce desde ayer.

La policía rescata a una discapacitada del burdel Paradise

Cuando la policía entró en su habitación en el macroburdel Paradise, en La Jonquera (Girona), la joven no dio grandes muestras de alivio, de alegría o de pena. “No tiene sentido de la realidad. Es como estar ante una niña de 10 años, es pura inocencia”, cuenta una fuente de la investigación. La policía rescató en marzo a F. B., rumana de 22 años y con una grave discapacidad psíquica, de uno de los mayores burdeles de España. “No hacen falta ni 30 segundos de conversación para darse cuenta”, añade esa misma fuente. Cuando la encontraron acababa de salir de la carretera, donde un proxeneta la golpeaba para que se prostituyese.
Una fundación de apoyo a la reinserción fue quien dio la voz de alarma. La conocían de un par de años antes, cuando la tuvieron acogida en uno de sus pisos hasta que decidió marcharse (es mayor de edad y su discapacidad aún no está reconocida en España). Haciendo su trabajo de apoyo a prostitutas, la vieron en una rotonda en La Jonquera. “¿Estás bien?”, le preguntaron. Pero la joven se mostraba esquiva. “No os puedo contar ahora”, contestó, y se marchó. Entonces avisaron a la policía, que inició una investigación de varios meses que ha culminado con su rescate, la detención de su madre por prostituirla desde los 18 años, y la del proxeneta que la tenía en la carretera.
“Es como estar ante una niña de 10 años”, explica una fuente del caso
La vida de F. B. ha sido un calvario. Originaria de Rumanía, hasta los dos años vivió tutelada por la Administración porque su madre no podía hacerse cargo de ella y, además, padecía un retraso en el crecimiento. A ello se sumaron dos episodios de meningitis, a los 6 y a los 14 años, según fuentes del caso. Ya entonces fue ingresada en un centro de educación especial en Bucarest, donde estudió hasta que a los 17 años se trasladó con su madre a Terrassa. A los 18 años, esta empezó a explotarla sexualmente, según la policía.
Su primer destino fue un club de la ciudad, Las Palomas, donde la madre además ejerce en la actualidad de meretriz y controla al resto de las mujeres. “Allí todo el mundo conocía su retraso”, lamenta una fuente del caso.
Los agentes encontraron en los registros del piso de su madre diversa documentación que demuestra que su hija le hacía transferencias de dinero, dándole parte de lo que ganaba como prostituta.
En cuatro años, la joven ha vendido su cuerpo a cambio de dinero en Terrassa, en pisos privados, en las calles del barrio barcelonés del Raval, en la calle madrileña de Montera… “Y en el extranjero”, aseguran esas mismas fuentes, en referencia a Chipre y Malta. La joven, explican, no tiene picardía alguna: “Se va con el primero que pasa”.
Cuando la encontraron en el Paradise, el encargado, al que tomaron declaración, alegó que la habían acogido porque en la calle le pegaban. Pero los agentes pudieron comprobar que también allí se había prostituido. En la actualidad, la joven se encuentra en uno de los pisos de la fundación que la encontró y se han iniciado los trámites para que la fiscalía aborde su incapacitación.

Colombia, México y Perú, entre los países vigilados por EE UU

La onda expansiva de las revelaciones de Edward Snowden continúan. Tras sacar a la luz el lunes que Brasil había estado en el punto de mira de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, en sus siglas en inglés), las ediciones del martes de los diarios O Globo y The Guardian (brasileño y británico, respectivamente) dan a conocer documentación que apunta a que el programa de captación de datos llevado a cabo por Washington también se extendió por varios países latinoamericanos, entre los que están Colombia, México, Venezuela y Perú. El ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Antonio Patriota, ha afirmado que su país aún está esperando una respuesta de Estados Unidos.
Según un artículo publicado el martes en O Globo, que también firma Glenn Greenwald, el periodista de The Guardian que se entrevistó con Snowden en Hong Kong, entre enero y marzo de este año agentes de la NSA utilizaron el programa Boundless Informant ("informante sin límites", en inglés) para catalogar llamadas de teléfono y accesos a internet. Siempre según la documentación supuestamente de Snowden, durante un periodo específico, del 2 al 8 de febrero, los agentes estadounidenses también hicieron uso de Prism, el supuesto programa elaborado con la  colaboración con gigantes de internet como Google o Facebook - colaboración negada por estos últimos - para recopilar datos de comunicaciones personales.
Ambos diarios también aseguran que la NSA, en colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, mantuvo oficinas en Brasilia, Bogotá, Caracas, México y Panamá. En el caso brasileño, según la documentación supuestamente filtrada por Snowden, el equipo conjunto tenía la tarea de compilar datos procedentes de un programa específico llamado Fornsat. Toda esta información se coordinaba en una base de operaciones de la NSA en Puerto Rico, un estado libre asociado con EE UU. No hay informaciones sobre lo que hacían los equipos en las otras oficinas latinoamericanas, ni si mantuvieron estos programas después de 2002. Siempre según estos diarios, 65 ciudades en todo el mundo acogían esta clase de equipos especiales.
El artículo de O Globo afirma que, según los documentos filtrados, Estados Unidos no utilizó estos sistemas para captar únicamente información de interés militar o de seguridad nacional, sino también para sus propios intereses económicos en la zona. Así, según el diario carioca, la NSA habría captado con Prism información sobre compras de armas efectuadas por el Gobierno venezolano, datos sobre la política energética y la lucha contra el narcotráfico en México, y habría seguido los movimientos de las FARC en Colombia.
Una serie de mapas publicadas por el rotativo brasileño dan a entender que la NSA implantó en varios países latinoamericanos su sistema X-Keyscore, que identifica mensajes y llamadas telefónicas por el idioma de la conversación. Este sistema habría sido implantado en México, Perú, Venezuela y Colombia, así como en Brasil y en la mayor parte de estados de América Central.
Aunque, según la documentación citada por O Globo, Brasil fue el país más vigilado por la NSA en términos absolutos, es Colombia, el segundo en la lista, el que parece haber atraído más la atención de la inteligencia estadounidense. El artículo recuerda que Colombia tiene con Estados Unidos una relación de cooperación, especialmente en el ámbito militar, sin parangón en el resto del continente. En marzo, cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez agonizaba en Caracas, las agencias de información redoblaron sus captaciones de datos tanto en Venezuela como en Colombia.

“La NSA está conchabada con la mayoría de países occidentales”

En una entrevista realizada usando correos electrónicos cifrados, Edward Snowden, el autor de las filtraciones sobre el espionaje de EE UU y Gran Bretaña, habla del poder de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA por sus siglas en inglés), de cómo “está conchabada con los alemanes” y del enorme alcance del espionaje en Internet llevado a cabo por EE UU y Gran Bretaña.
Poco antes de que se convirtiera en una persona conocidísima en todo el mundo por sus filtraciones, Edward Snowden respondió a una extensa lista de preguntas elaboradas por Jacob Appelbaum, un desarrollador de encriptación y de programas informáticos de seguridad de 30 años. Appelbaum proporciona formación a los grupos internacionales de derechos humanos y a los periodistas sobre cómo usar Internet de forma anónima.
Appelbaum se dio a conocer primero a la opinión pública después de hablar en nombre del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en una conferencia de piratas informáticos en Nueva York en 2010. Junto con Assange y otros coautores, Appelbaum publicó recientemente una recopilación de entrevistas en un libro titulado Cypherpunks: la libertad y el futuro de Internet.
Appelbaum acabó en el punto de mira de las autoridades estadounidenses en el transcurso de sus investigaciones sobre las revelaciones de WikiLeaks. Desde entonces han requerido a Twitter, Google y Sonic que les den información sobre sus cuentas. Pero Appelbaum describe su relación con WikiLeaks como “ambigua”, y explica aquí cómo pudo hacerle preguntas a Snowden.
“A mediados de mayo, la realizadora de documentales Laura Poitras se puso en contacto conmigo”, señala Appelbaum. “Me dijo que estaba en contacto con una posible fuente anónima de la NSA que había aceptado que ella la entrevistase”.
“Poitras estaba elaborando las preguntas y pensó que realizar algunas preguntas técnicas concretas era una parte importante del proceso de verificación de la fuente. Uno de los objetivos era determinar si estábamos tratando en realidad con un informante de la NSA. Me preocupaba mucho que fuese una trampa al estilo del departamento de operaciones clandestinas del FBI. Enviamos nuestras preguntas codificadas de forma segura a nuestra fuente. No conocía la identidad de Edward Snowden antes de que se diera a conocer al mundo en Hong Kong. Tampoco él sabía quién era yo. Esperaba encontrar a un hombre de unos 60 años cuando desapareciese el anonimato”.
“Las siguientes preguntas están extraídas de una entrevista más larga que abarcaba numerosos temas, muchos de las cuales son de una naturaleza muy técnica. Algunas de las preguntas se han reordenado para proporcionar el contexto adecuado. Las preguntas se centran casi por completo en las capacidades y en las actividades de la NSA. Es fundamental entender que estas preguntas no se plantearon en un contexto que responda a los acontecimientos de esta semana, o incluso de este mes. Se plantearon en un periodo relativamente tranquilo, cuando Snowden estaba disfrutando probablemente de sus últimos momentos en un paraíso hawaiano, un paraíso que abandonó para que todas las personas del mundo pudiesen llegar a entender la actual situación como él la entiende”.
“En un momento posterior, también tuve un contacto directo con Edward Snowden en el que revelé mi propia identidad. En ese momento, manifestó su disposición a que se publicasen sus opiniones y sus comentarios sobre estos temas cuando yo considerase que era el momento oportuno”.
Reino Unido, Canadá, Australia o Nueva Zelanda van a veces más allá de la NSA
Nota del editor: Los siguientes extractos proceden de la versión original en inglés de la entrevista. Las posibles diferencias idiomáticas entre las versiones alemana e inglesa pueden explicarse por el hecho de que hemos conservado en gran medida los términos técnicos usados por Snowden en esta transcripción. Se facilitan explicaciones de una parte de la terminología empleada por Snowden y unas notas del editor en forma de notas a pie de página.
Pregunta. ¿Cuál es la misión de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA), y cómo puede ser compatible su labor con el sistema de derecho?
Respuesta. Su labor consiste en saber todo lo que sea importante que ocurra fuera de EE UU. Es un reto importante. Cuando se hace que parezca que el hecho de no saberlo todo sobre todo el mundo es una crisis existencial, se tiene la impresión de que incumplir las normas está bien. Una vez que la gente te odia por incumplir esas normas, su incumplimiento se convierte en una cuestión de supervivencia.
P. ¿Las autoridades alemanas y los políticos alemanes participan en el sistema de vigilancia de la NSA?
R. Sí, por supuesto. Estamos [la NSA] conchabados con los alemanes al igual que con la mayoría de los países occidentales. Por ejemplo, nosotros les avisamos cuando alguien a quien queremos va a pasar por sus aeropuertos (algo que hemos sabido, por ejemplo, por una llamada desde el teléfono móvil de la novia de un presunto pirata informático en un tercer país sin ninguna relación), y nos lo entregan. Ellos [las autoridades extranjeras] no nos piden que justifiquemos cómo sabemos algo, y viceversa, para proteger a sus líderes políticos de las reacciones violentas por el hecho de saber lo grave que es su violación de la privacidad mundial.
Las fibras británicas
son radiactivas.
Lo recogen todo
P. Pero si los detalles de este sistema se hacen públicos ahora, ¿a quién se acusará?
R. ¿Ante los tribunales estadounidenses? No estoy seguro de que lo diga en serio. Una investigación descubrió a las personas concretas que autorizaron las intervenciones telefónicas sin órdenes judiciales a millones y millones de comunicaciones, que podrían haber dado lugar a las condenas más largas de la historia mundial, y nuestra máxima autoridad simplemente pidió que se parara la investigación. El hecho de saber quién ‘puede’ comparecer ante un tribunal por las acusaciones es irrelevante cuando no se cumple la ley. Las leyes están hechas para los demás, no para ellos.
P. ¿La NSA colabora con otros países, como Israel?
R. Sí. Todo el tiempo. La NSA tiene un enorme organismo que se encarga de esto: la FAD (Dirección de Asuntos Exteriores).
P. ¿La NSA ayudó a crear Stuxnet? (Stuxnet es un virus informático que se usó contra el programa nuclear iraní.)
No se debería confiar en las multinacionales con sede en EE UU
R. La NSA e Israel lo crearon conjuntamente.
P. ¿Cuáles son algunos de los grandes programas de vigilancia que están activos actualmente, y cómo ayudan los socios internacionales a la NSA?
P. En algunos casos, los llamados Socios de los Cinco Ojos [EE UU, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá] van más allá de lo que lo hace la propia NSA. Por ejemplo, la Sede Central de las Comunicaciones Generales de Reino Unido (GCHQ por sus siglas en inglés) tiene un sistema llamado TEMPORA que es el primer búfer de Internet para grabaciones full-take de la comunidad de los servicios de inteligencia que no se preocupa del contenido y que solo presta una mínima atención a la Ley de Derechos Humanos. Lo recoge todo en un búfer que permite realizar una investigación retroactiva sin perder un solo bit. Ahora mismo, el búfer puede conservar tres días de tráfico, pero se está mejorando. Puede que tres días no parezcan mucho, pero recuerde que eso no son metadatos. Full-take significa que no se pierde nada y que absorbe toda la capacidad de cada circuito. Si envías un único paquete ICMP [“ICMP” hace referencia al Protocolo de Control de Mensajes en Internet por sus siglas en inglés. La respuesta dada aquí por Snowden era muy técnica, pero era evidente que se estaba refiriendo a todos los paquetes de datos enviados hacia o desde Gran Bretaña] y pasa por Reino Unido, lo interceptamos. Si bajas algo y resulta que los servidores de la CDN (Red de Entrega de Contenidos por sus siglas en inglés) se encuentran en Reino Unido, lo interceptamos. Si los historiales médicos de tu hija enferma se tramitan en un centro de llamadas de Londres, bueno, capta la idea, ¿no?
P. ¿Existe una forma de burlar eso?
R. Por regla general, mientras tengas la opción de poder hacerlo, nunca deberías usar rutas que pasen por Reino Unido o conexiones con Reino Unido bajo ninguna circunstancia. Sus fibras son radioactivas, e incluso las fotos de la Reina al encargado de limpiar la piscina quedan registradas.
P. ¿La NSA y sus socios en todo el mundo recogen información de llamadas telefónicas, de mensajes de texto y de datos?
La NSA e Israel han creado el virus que atacó el programa nuclear iraní
R. Sí, pero la cantidad que recogen depende de la capacidad de los sitios de recogida individuales, es decir, algunos circuitos tienen un elevado ancho de banda pero tienen diminutos sistemas de recopilación, por lo que tienen que ser selectivos. Esto es más un problema para los sitios de recogida en el extranjero que para los nacionales [estadounidenses], que es lo que hace que la recogida nacional sea tan aterradora. La NSA no está limitada por restricciones de potencia, espacio y refrigeración PSC.
P. ¿Durante cuánto tiempo se almacenan los datos recogidos?
R. Hasta ahora, la recogida full-take desaparece rápidamente (en unos días) debido a su tamaño, a menos que un analista haya realizado una ‘asignación’ (7) de un objetivo o de una comunicación, en la que las comunicaciones asignadas se almacenan para siempre con independencia de la política, porque siempre puedes conseguir una exención. Los metadatos [números de teléfono, direcciones IP y horas de conexión, entre otras cosas] también desaparecen, aunque con menos rapidez. La NSA quiere llegar a un punto en el que al menos todos los metadatos se almacenen permanentemente. En la mayoría de los casos, el contenido no es tan valioso como los metadatos porque puedes o bien recuperar el contenido basándote en los metadatos, o bien, si no puedes, simplemente asignar todas las futuras comunicaciones de interés para que se recojan permanentemente ya que los metadatos te dicen qué es lo que quieres realmente de su flujo de datos.
P. ¿Ayudan las empresas privadas a la NSA?
R. Sí. Es difícil probarlo porque la NSA considera que las identidades de los colaboradores de telecomunicaciones son las joyas de su corona de omnisciencia. Por regla general, no se debería confiar en las multinacionales con sede en EE UU. Es triste porque tienen la capacidad de proporcionar los mejores y más fiables servicios del mundo si realmente desean hacerlo. Para facilitar esto, las organizaciones de libertades civiles deberían usar esta revelación para obligarlas a actualizar sus contratos a fin de incluir unas clausulas ejecutables que establezcan que no te están espiando, y tienen que introducir cambios técnicos. Si pueden conseguir que una sola empresa coopere, eso cambiará la seguridad de las comunicaciones mundiales para siempre. Si no lo consiguen, plantéense crear esa empresa.
P. ¿Hay empresas que se niegan a cooperar con la NSA?
R. Sí, también, pero no conozco ninguna lista. Esta categoría será mucho más grande si los consumidores castigan a los colaboradores en el mercado, algo que debería ser la máxima prioridad para alguien que cree en la libertad de pensamiento.
P. ¿Qué sitios web debería evitar una persona si no quiere convertirse en un objetivo de la NSA?
R. Normalmente, a uno le seleccionan específicamente para ser un objetivo en función, por ejemplo, del contenido de su página de Facebook o de su correo de Internet. Los únicos que conozco personalmente que se podrían convertir en un objetivo sin haber sido seleccionados son los que participan en foros yihadistas.
P. ¿Qué sucede después de que la NSA convierta en un objetivo a un usuario?
R. Simplemente se les controla. Un analista recibirá un informe diario (o programado en función de un resumen de extracción) sobre lo que cambió en el sistema, etcétera, etcétera. Depende del analista hacer lo que quieran en ese momento: la máquina del objetivo ya no les pertenece más, pertenece al Gobierno estadounidense.

Venezuela se prepara para recibir al “compañero” Snowden

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se sumó este martes desde Beijing a los voceros oficiales que, cada vez con más frecuencia, dan señas de la disposición de Caracas para conceder asilo efectivo a Edward Snowden, el extécnico de seguridad norteamericano que desde semanas atrás permanece atascado en el aeropuerto Sheremetievo de Moscú, a donde fue a parar en peregrinación desde Hong Kong en busca de un país que le otorgue refugio luego de revelar detalles de las actividades de espionaje global que efectúan los organismos de inteligencia de Estados Unidos.
“Ojalá no ponga más obstáculos el Gobierno de Estados Unidos y entienda que este compañero merece vivir, tal como cualquier ciudadano”, dijo Cabello desde la capital china, donde se encuentra desde hace dos días en visita oficial a las autoridades del principal aliado económico y político del gobierno venezolano.
Las palabras de Cabello prolongaron la continuación de declaraciones que parecen preparar el terreno para la eventual aparición pública del estadounidense de 30 años de edad en territorio venezolano. El viernes pasado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció a Snowden asilo humanitario, y desde entonces Caracas parece haberse posicionado –sobre los gobiernos de Bolivia y Nicaragua- como la opción definitiva que el ex analista de seguridad tendrá para guarecerse de la caza internacional de la que es objeto.
También el martes se escenificó otra confusa escaramuza de la guerra de posiciones en la que se ha convertido el estatus legal de Snowden en Moscú. Un parlamentario de la Duma rusa, Aléxei Pushkov, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, publicó en su cuenta en Twitter un comentario según el cual Snowden habría aceptado viajar a Venezuela. Media hora más tarde, sin embargo, el propio Pushkov procedió a suprimir el texto de la red social.
Si bien Pushkov, al retractarse, hizo mella en la credibilidad de su versión, el amago puede interpretarse como otro signo de que Snowden estaría a punto de encontrar destino en América Latina, y con gran probabilidad, en Venezuela.
El mismo martes, en un programa del principal canal de televisión del Estado venezolano, Hermann Escarrá, un abogado constitucionalista muy influyente en el gobierno –intermitente consejero del propio Hugo Chávez, para más señas- defendió el asilo para Snowden, con la tesis de que, aunque Estados Unidos haya buscado convertir a ese ciudadano en un paria, hay mecanismos que permitirían conseguirle refugio conforme al derecho internacional.
“El presidente Nicolás Maduro no sólo le ofreció asilo, sino que también se lo confirmó”, recapituló Escarrá. “Ahora lo que queda por resolver son problemas de otra naturaleza: él tiene suspendidas sus credenciales como ciudadano, su pasaporte, habrá que ver si un organismo internacional le facilita la situación para que pueda trasladarse a Venezuela y pueda ser asilado. En ese tránsito, él tiene un salvoconducto, un sistema de garantías, donde ningún país podría intervenir”.
Maduro había ratificado el lunes que recibió una solicitud formal de asilo de Snowden. El presidente venezolano, que enfrenta su propia crisis doméstica con ribetes políticos y económicos, ha huido hacia adelante con esta iniciativa que, si bien coloca de nuevo a Venezuela en el primer renglón de la agenda noticiosa internacional, parece contradecir los recientes gestos de aproximación hacia Washington, que incluyeron el nombramiento por parte de Venezuela de un nuevo encargado de negocios en la capital norteamericana, y una reunión sin precedentes entre el Secretario de Estado, John Kerry, y el Canciller venezolano, Elías Jaua.
Jaua y el propio Maduro acaban de estar en Moscú, a propósito de la reunión de jefes de Estado de países exportadores de gas natural. El régimen de Vladimir Putin ha hecho méritos para ser calificado con propiedad como un socio de Caracas, tanto en el plano comercial, como en su rol de proveedor de equipos militares y de inversiones petroleras. No hay duda de que, haciéndose cargo de Snowden, el gobierno venezolano le estaría ahorrando al Kremlin la pesada tarea de lidiar con un asunto que podría enturbiar sus nexos con Estados Unidos.
Caracas, mientras tanto, que ya conoce del gasto que suponen estas crisis luego de trabajar la delicada ingeniería del relato con que hizo saber a la opinión pública sobre la enfermedad, agonía y muerte de su líder Hugo Chávez, se siente en posición de aceptar el caso y ponerlo a valer como una baza a su favor en el crónico tira-y-encoge que caracteriza a su relación con Washington.

Bárcenas pasa al ataque contra Rajoy y amenaza con contarlo todo ante el juez

Todo el mundo en el PP sabía que Luis Bárcenas se convertiría en una auténtica bomba en cuanto entrara en prisión. Lo había avisado, lanzó todo tipo de mensajes a la cúpula, directamente y a través de intermediarios. Un chantaje en toda regla. Ayer empezó a cumplir su amenaza y dio un giro radical a su estrategia. El extesorero había negado hasta ahora la contabilidad paralela de su puño y letra publicada por EL PAÍS hace cinco meses. Pero ayer El Mundo publicó una parte de los originales de esos documentos, y contó que se los entregó el propio Bárcenas, un gesto claro que demuestra que ha decidido iniciar una dura ofensiva que afecta directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El extesorero no se ha conformado con eso. Está lanzando desde la cárcel avisos, a través de personas que le están visitando, como el abogado Miguel Durán —que finalmente no se hará cargo de su defensa—. El mensaje es muy claro: ha cambiado, está dispuesto a hablar y a refrendar ante el juez que esos papeles son reales y corresponden a pagos que se hicieron a la cúpula del PP, entre ella a Rajoy, incluso siendo ministro, algo prohibido por la Ley de Incompatibilidades.
Y eso sí sería un giro de imprevisibles consecuencias judiciales y políticas. Tanto la policía como los fiscales y el juez estaban avanzando en la investigación de los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS. Ya habían sido dados por buenos, se certificó que era su letra e incluso se constató que algunas de las anotaciones de ingresos supuestamente de constructores —algo también ilegal— coincidían con donaciones registradas como anónimas en la contabilidad oficial del partido.
Pero había un problema: Bárcenas lo negó todo ante el juez. Si ahora lo certifica y da nuevos detalles —nadie tiene más información que él sobre cómo se ha gestionado el dinero del PP durante 20 años clave— en sede judicial, el caso podría dar un giro.
“Bárcenas se ha ratificado en todas las acusaciones y tiene suficiente información para hacer caer al Gobierno actual. El motivo por el que no lo dijo cuando declaró ante el juez es que ha estado muy presionado a la hora de ratificar los papeles”, explicó Durán a RAC 1 después de verse con el extesorero. “En la cárcel, está entristecido, cabreado, pero no lo vi deprimido. Se siente maltratado por su gente”, remató, ofreciendo así la imagen de alguien dispuesto a la venganza.
Durán, y no parece un dato casual, es abogado de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel y mano derecha de Francisco Correa, que también ha cambiado su estrategia y empieza a contar cosas. Se está reuniendo con muchos periodistas, como hizo Bárcenas en las semanas anteriores a su entrada en la cárcel, y ha empezado a dar entrevistas. Incluso el propio Correa, que, como Crespo, ha salido de la cárcel, empieza a difundir información en reuniones con periodistas. El giro está muy claro. Y el PP lo sigue con inquietud, aunque públicamente se insista en que todo es mentira y por tanto nada se podrá probar. En privado se asegura además que Rajoy aguantará hasta el final porque es falso que él cobrara sobresueldos opacos.
Tanto el Gobierno como el PP están convencidos de que Bárcenas está lanzado e irá sacando más papeles de forma controlada. El mensaje del extesorero para el Ejecutivo y el PP está claro: si no sale de la cárcel, está dispuesto a todo. Sin embargo, y pese al enorme desgaste que este asunto está produciendo de nuevo en el Gobierno y el PP, ya que afecta nada menos que a su presidente, varios dirigentes transmiten que hay una cierta tranquilidad basada en varios elementos.
Primero, explican, lo que figura en los papeles de Bárcenas, aunque fuera cierto —todos insisten en negarlo, incluso en privado, y se remiten al desmentido rotundo que hizo Rajoy cuando EL PAÍS publicó estos mismos papeles ampliados—, no es delito —son cantidades que no suponen delito fiscal e incumplir la ley de incompatibilidades no es un delito— y en cualquier caso estaría prescrito. Por tanto, es impensable que el juez inicie el proceso para que el Tribunal Supremo impute a Rajoy, explican. Y ni siquiera tendría sentido que lo citara como testigo después de haber rechazado llamar al expresidente José María Aznar.
Pero, además, creen que Bárcenas, por mucho que esté amenazando con contar todo ante el juez, no lo hará porque procesalmente no le conviene, se estaría autoinculpando como gerente y después tesorero. Por eso confían en que una vez más vaya de farol.
En cualquier caso, según el análisis más extendido, el extesorero parece estar esperando la resolución de su recurso ante la sala contra su encarcelamiento. Si se lo rechazan, como parece probable, él empezaría a poner el ventilador a toda velocidad.
Por si estos frentes fueran pocos, a Rajoy se le abre también de nuevo el interno. Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, fue durísima ayer en una intervención ante la cúpula regional del partido en la calle Génova, en el mismo edificio en que está la sede nacional, donde exigió a Rajoy que depure ya las responsabilidades por este escándalo, que no espere a la justicia —esa es la respuesta oficial del presidente y del PP—. “España y los españoles necesitan que nuestro partido esté limpio, que lo diga y que lo demuestre. Y si ha habido corruptos, tenemos que descubrirlos y denunciarlos con más fuerza de la que pueda emplear la Justicia. Si ha habido irregularidades en la financiación, hay que reconocerlas. No podemos mirar hacia otro lado. No puede ser que nuestros militantes pasen vergüenza por ser del PP”, llegó a decir.
Otros dirigentes, sobre todo autonómicos, que no se animan a ser tan abiertamente críticos como Aguirre —ella siempre se queda sola en el Comité Ejecutivo Nacional y en el último directamente decidió no hablar— y que están muy alejados de ella, sí creen sin embargo que el caso no se está gestionando bien desde el punto de vista político y que con el silencio y la estrategia típica de Rajoy de esperar y ver ha dejado todo el espacio para que Bárcenas tenga la sartén por el mango.
Rajoy no habló, ya que no tiene ningún acto público hasta hoy, en Zaragoza, donde visitará la fábrica Opel. Sus ministros, sí. Jorge Fernández Díaz (Interior) dijo que él “pone la mano en el fuego por Rajoy”. Luis de Guindos (Economía) señaló que a los mercados no les afecta el escándalo, como prueba que ayer bajó la prima de riesgo. Y José Manuel García Margallo (Exteriores) admitió: “Es obvio que esto no favorece a la Marca España, pero precisamente por eso hay que hacer un mayor esfuerzo en subrayar las luces de España, que son muchas”. Mientras, la estrategia del PP para hacer frente al aluvión consistió en decir que no hay novedad sobre lo publicado por EL PAÍS. Incluso llegó a copiar el comunicado que emitió hace cinco meses, aunque quitando la parte en la que amenazaba a ese periódico con medidas legales. Para el PP, la historia se repite. Pero si Bárcenas da el giro total y habla, podrían cambiar muchas cosas.

El perito descarta que Bárcenas escribiera el original de una vez

El documento presenta «distintos momentos escriturales», según Tomás A. de Corcuera, presidente de la asociación de peritos calígrafos / Añade que las características del papel son de un documento de los años 1997 a 1999.