tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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viernes, 12 de abril de 2013

El racista del PP García Albiol será juzgado por incitación al odio estaba acompañado por la racista Sanchez Camacho

El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona ha decretado la apertura del  juicio oral contra el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol (PP), por repartir en 2010 junto a la líder del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, panfletos electorales que vinculaban a los gitanos rumanos con los problemas de seguridad y delincuencia de la ciudad.
En un auto, la juez considera "sólidas y consistentes las acusaciones formuladas" por la Fiscalía y la acusación particular --SOS Racisme Catalunya-- que atribuyen a Albiol un delito de provocación al odio, a la discriminación o a la violencia por el que solicitan para el ahora alcalde un año de cárcel. También indica en el mismo escrito que el órgano competente es el Juzgado Penal de Barcelona y advierte de que contra esta decisión de apertura de juicio oral --que aún no tiene fecha prevista-- no se puede interponer recurso alguno.
En un comunicado remitido este viernes, SOS Racisme se ha felicitado por la apertura del juicio y por ser "la primera vez en Cataluña y en el resto del Estado español que un político es juzgado por este motivo". Los 15.000 dípticos que los populares repartieron por los barrios de Llefià, Sant Roc y La Salut de Badalona el 24 de abril de 2010 --año anterior a las elecciones municipales-- contenían fotografías de gitanos rumanos acompañados de lemas como inseguridad, delincuencia y vandalismo, y la imagen de una pintada con el mensaje "No queremos rumanos".
En las semanas posteriores al reparto de los folletos, Albiol continuó promocionando el mismo discurso en diferentes medios de comunicación y actos, como por ejemplo en una butifarrada popular en la plaza de Trafalgar el 19 de septiembre. En ese acto al que asistieron más de 800 personas, la mayoría de avanzada edad, Albiol dijo: "Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor, están repartidos por los barrios de la ciudad haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos nos atacan y nos tachan de racistas", recoge el escrito de SOS Racisme remitido al juez.
La Audiencia de Barcelona había obligado a mediados de septiembre al Juzgado de Instrucción 2 de Badalona a reabrir la acusa al concluir que estas expresiones representan objetivamente un ataque a la dignidad personal y al honor de todos lo miembros del colectivo de gitanos rumanos y pueden contener un "mensaje claramente incitador a la discriminación y al odio".
Esta decisión echó por tierra la decisión del juzgado de instrucción que lo había archivado al considerar únicamente como excesos verbales algunas de las declaraciones del alcalde, apelando a la libertad y al derecho del político de "expresar políticas de inmigración alternativas a la vigente".




Otro del PP : procesado por la contratación de los 104 enchufados

El juez de Instrucción Número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha dictado un auto este viernes que inicia formalmente el procedimiento para el procesamiento del ex presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, cono presunto autor de un delito de prevaricación continuada en relación a la contratación de 104 personas en el año 2010 vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En el auto dictado por el juez Álvarez se incoa el inicio del procedimiento abreviado y las partes personadas (PSdeG y Manos Limpias) deberán redactar el escrito de acusación contra el ex barón del PP.
En esta ocasión el 'cacique bueno' no se va a librar de la acción de la justicia. Y ayer mismo la Audiencia Provincial frenó el último intento de José Luis Baltar de librarse de los efectos de la querella interpuesta por el ministerio fiscal ordenando que la investigación prosiguiese.
Ahora, Baltar, suspendido voluntariamente de militancia en el PP, deberá responder ante la justicia por la contratación de 104 trabajadores en las vísperas de la elección de su hijo, Manuel Baltar, como presidente del PP de Ourense.
Los socialistas, promotores del procedimiento en el año 2010, están satisfechos con la decisión judicial. Fuentes del partido ven en la decisión judicial la posibilidad de hacer justicia y "reparación histórica" tras el gobierno personalísimo del cacique durante más de 20 años.

Rape con patatas al ajillo


Nicolás Maduro: "Estoy preparado para ser Presidente por los próximos seis años"


AVN


El candidato socialista, Nicolás Maduro, indicó este jueves que está preparado para asumir la Presidencia de la República para los próximos seis años, y continuar con el legado del Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías.
Ante una multitud de millones de venezolanos que abarrotaron desde tempranas horas las avenidas capitalinas Urdaneta, Baralt, Fuerzas Armadas, Lecuna, México, Universidad y Bolívar, Maduro aseguró que el 19 de abril se juramentará ante la Asamblea Nacional (AN) como Presidente Constitucional de la República, luego de resultar victorioso en los comicios del domingo 14 de abril, con 10 millones de votos.
En compañía de su familia, el gabinete ministerial y las hijas del líder de la Revolución, Rosa Virginia, Rosinés y María Gabriela Chávez, destacó que "hay que sacar fuerzas del corazón y del amor para continuar el camino de la patria y cumplirle a Chávez, pero este pueblo no le falló nunca y no le fallará por los próximos 500 años a su legado. Nosotros sus hijos vamos a garantizar colectivamente que eso sea así".
Camino junto a Chávez
El abanderado de las fuerzas revolucionarias para los comicios de este domingo manifestó no recordar un día de su vida desde la revolución cívico militar del 4 de febrero de 1992, en el que no haya trabajado para apoyar al comandante Chávez.
"Desde que surgió el comandante yo lo acompañe con lealtad infinita", afirmó.
Maduro indicó que los actores del imperialismo y la burguesía se equivocan al considerar que el proceso revolucionario se extinguirá en Venezuela.
"Creen que porque perdimos físicamente a nuestro comandante, esta revolución llegó a su fin, pero nosotros respondemos con humildad y convicción. Ahora es que hay Chávez para rato en la historia futura de esta patria libre y soberana".
Recordó que el comandante Hugo Chávez "inauguró una época histórica y democrática, de unión y participación de las mayorías que fueron excluidas".
Asimismo, resaltó que el líder de la revolución bolivariana fue el primer presidente de la República que cumplió lo que prometió durante su campaña electoral, tal como ocurrió en 1999, cuando convocó una Asamblea Nacional Constituyente.
Desarrollo socioeconómico
Maduro anunció este jueves que durante su gobierno promoverá el crecimiento económico y el desarrollo de las misiones sociales, así como la lucha en contra de la corrupción y la inseguridad.
"Si alguien quiere saber qué voy a hacer yo, aquí está. Yo voy a hacer el Plan de la Patria completo, escrito por puño y letra del Comandante Eterno Hugo Chávez", expresó.
Para acompañar este proyecto Maduro ejecutará un conjunto de planes focales que abarcan sectores estratégicos para la nación entre los que figuran: la seguridad, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las misiones, el crecimiento económico, la reestructuración del sector eléctrico y el impulso al poder popular.
Una campaña democrática
El abanderado de la Revolución Bolivariana exaltó el carácter popular que tuvo la campaña electoral de las fuerzas bolivarianas, que hicieron posible la realización de más de 25 grandes actos populares en todo el país.
Indicó que durante los últimos 10 días se ha evidenciado el fortalecimiento de una democracia movilizada fortalecida , en la que se garantiza la libertad absoluta para las ideas.
"Hemos recorrido esta Patria completa para construir la victoria. Yo aspiro a estar a la altura de la responsabilidad que me dio el comandante Chávez, a la altura de este pueblo, pueden saber los pobres que tendrán en mí su Presidente".
Llamado a votar temprano
Nicolás Maduro llamó a votar en las primeras horas de la mañana de este domingo y solicitó el apoyo de los sectores populares para lograr una victoria irreversible en las urnas.
"Los llamo a votar temprano. Propongo que vayamos en avalancha a los centros electorales a las 3:00 de la mañana. Yo necesito el apoyo de ustedes", exhortó este jueves, al tiempo que resaltó que "mientras más grande sea la brecha (de la victoria electoral) más paz vamos a tener en este país".
Durante el acto de cierre de campaña , también convocó a los testigos electorales de la revolución bolivariana a cumplir con su deber de asistir al proceso de instalación de las mesas electorales que se realizará este viernes en todo el país, al tiempo que llamó a la organización y participación de la población en los distintos programas y proyectos que desarrolla el Gobierno nacional.
"Me considero un ser humano humilde, un hijo de Chávez, así que necesito ayuda", expresó Maduro, quien pidió ayuda "de las mujeres, de la juventud, de la clase obrera y de los profesionales de esta Patria".
Alerta ante planes desestabilizadores
El candidato Maduro alertó al pueblo venezolanos sobre los planes desestabilizadores que intentan ejecutar los actores de la derecha, de cara a los comicios de este domingo, e informó de la detención de paramilitares colombianos la madrugada de este jueves, implicados en un plan de violencia que el Gobierno está desmontando.
"Yo pido al pueblo para que estemos muy alertas primero, con mucha serenidad, fe y confianza, porque aquí hay un Gobierno que se respeta, y una Fuerza Armada Nacional unida y un pueblo unido. Y con nosotros no ha podido ni podrá jamás esta burguesía", expresó desde la avenida Bolívar de Caracas.
Maduro precisó que este plan de la derecha obedece a que los opositores saben que perderán en las urnas electorales.
"Si nos buscan por un golpe de Estado, haremos una revolución aún más profunda que ésta. Si nos buscan por los votos, con los votos ganaremos también", enfatizó.
"Estamos preparados para lo que sea y para lo que venga. Así lo declaro", dijo.
Gobierno incluyente
Maduro invitó a los sectores que adversan el proyecto bolivariano a unirse a la candidatura de la Patria y evitar ser manipulados por los sectores de la derecha venezolana.
Destacó que "la burguesía siempre ha engañado al pueblo, siempre se autoengaña, siempre ha subestimado a las fuerzas populares, siempre subestimó a Chávez".
"Quiero ser también el Presidente que despierte la conciencia de aquellos compatriotas que nos odian. Cese la intolerancia, cese el odio de parte de ustedes, les tendemos nuestras manos. Vengan para acá para que vean lo que es el amor de un pueblo que ama de manera fiel, de manera leal", expresó el candidato revolucionario en su discurso de cierre de campaña.

El Software Libre en Latinoamérica y España



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Venezuela, Argentina, México y España son cuatro de los países en los que más se valora y utiliza el software libre. Son muchos las iniciativas que apuestan por este tipo de tecnologías para ahorrar costes y garantizar la soberanía tecnológica de los países pero ¿qué tipo de iniciativas se desarrollan en Latinoamérica y España? ¿Qué gobiernos apoyan el software libre?. Perú practicamente no existe.

En medio de la tremenda crisis económica en la que nos encontramos, la optimización de los costes operativos de empresas y Administraciones Públicas se ha convertido en algo prioritario a la hora de recortar gastos y, por tanto, producir ahorros reales que permitan destinar los fondos a cuestiones mucho más prioritarias. Desde el punto de vista tecnológico, el gasto que puede llegar a asumir una Administración Pública en licencias de software es, sin duda, bastante importante; un aspecto que se suele tratar con bastante opacidad y que tendría solución si se apostase por la interoperabilidad y las tecnologías abiertas, es decir, por el software libre. Según un estudio publicado por PortalProgramas, México y España son los países que más software libre utilizan y Venezuela el país que más valora este tipo de tecnologías pero ¿hasta qué punto los gobiernos de España y Latinoamérica apuestan por el software libre? ¿Cuál es el estado del software libre en Latinoamérica?

La adopción del software libre en el ámbito de las Administraciones Públicas es siempre un tema que genera bastante controversia, un cambio de mentalidad y paradigma de trabajo que no todas las instituciones están dispuestas a afrontar por miedo al cambio, al rechazo de los empleados públicos o, simplemente, porque no se han parado a pensar en el impacto y ventajas que podría tener la adopción de software libre y los estándares abiertos.

Interoperabilidad, soberanía tecnológica e independencia son algunos de las ventajas que solemos atribuir a la implantación del software libre en el ámbito de la Administración pero, además, supone a medio-largo plazo un retorno de inversión que se materializa en un ahorro que, en el caso de Europa, se estima en unos 114.000 millones de euros en la economía europea y casos como los del Ayuntamiento de Munich se han hecho mundialmente famosos al igual que algunas iniciativas del Gobierno de Francia entre otros ejemplos. Si ponemos el foco en Latinoamérica y España, realmente, el software libre no es algo que nos quede lejano y, de hecho, según las estadísticas Argentina y Venezuela son los países que más valoran esta tecnología y los que mejor la conocen, con Venezuela coronándose como el país que más valora esta tecnología y Guatemala la que menos; por tanto, el software libre es una realidad que se conoce y, por tanto, se utiliza pero ¿qué apoyo gubernamental tiene? ¿qué iniciativas podemos encontrar en Latinoamérica y España?

Venezuela

En Venezuela el Decreto Presidencial Nº 3.390 del año 2004 estableció el uso de software libre y sistemas operativos GNU/Linux en el ámbito de la Administración, es decir, Ministerios y Departamentos adscritos al Gobierno. Dentro de esta iniciativa encontramos la distribución Canaima que se utiliza en el seno de la Administración Pública, se distribuye con los ordenadores producidos por la Venezolana de Industrias Tecnológicas (VIT) y se usa en el ámbito educativo dentro del proyecto Canaima Estudiantil.

Uruguay

Uruguay es otro de los países de Latinoamérica que ha apostado fuertemente por el software libre y el pasado mes de diciembre aprobó en el parlamento una ley que establecía una preferencia sobre el software libre frente a la adquisición de tecnologías privativas. La "Ley sobre Software Libre y formatos abiertos en el Estado" establece que el Estado liberará el software que se desarrolle, apostará por la interoperabilidad y el software libre y, entre otras cosas, garantizará que la información publicada en la web sea accesible desde navegadores en software libre (un aspecto muy importante que muchos gobiernos obvian y desarrollan aplicaciones web que solamente funcionan con Internet Explorer).

Además, desde el año 2007, se está desarrollando el Plan Ceibal que es la aplicación del programa One Laptop Per Child en el país y trabaja en la dotación a cada estudiante y profesor de un ordenador portátil con software libre.

Brasil

Brasil es uno de los países de referencia en cuanto a adopción de software libre se refiere puesto que su gobierno fue el primero del mundo en llevar a cabo un despliegue masivo de software libre en el ámbito de la Administración Pública. Un proyecto que arrancó en el Estado de Rio Grande do Sul y, bajo el paraguas de una ley estatal, se han migrado escuelas, universidades y hasta el banco estatal hacia tecnologías abiertas.

Argentina

Argentina, que según la encuesta de Portal Programas, es uno de los países de Latinoamérica en los que se conoce y valora muy positivamente el software libre se caracteriza por tener en marcha varias iniciativas estatales en este ámbito.

La Municipalidad de Rosario puso en marcha el proyecto Munix en el año 2004 para adoptar software libre en el escritorio de alrededor de 300 empleados públicos y en provincias como Santa Fé, todo el código que se desarrolla en el ámbito de la Administración regional se libera bajo licencia GPL y bajo el amparo de la ley 12.360 se priman las tecnologías abiertas antes de adquirir sistemas privativos. En el ámbito estatal, la Agenda Digital para Argentina recoge el establecimiento de manuales de adopción de software libre en el ámbito de la administración así como la construcción de un repositorio de software centralizado y propuestas de implantación de estándares abiertos.

Ecuador

El 10 de abril del año 2008, el Gobierno de Ecuador publicó el Decreto 1014 que establece el software libre como una política pública para las Entidades del Gobierno de la Nación, es decir, se ha establecido un marco legal que obliga a las instituciones públicas a usar software libre y apostar por las tecnologías abiertas y la interoperabilidad y se está llevando a cabo un profundo proceso de migración de todos los sistemas gubernamentales.

Chile

El Gobierno de Chile mantiene desde el año 2007 un repositorio de software público que tiene como objetivo el fomento del desarrollo de aplicaciones reutilizables con la idea de evitar la duplicidad de esfuerzos y, por tanto, fomentar el ahorro económico en la reutilización de proyectos e iniciativas.

Paraguay

El Gobierno de Paraguay aprobó hace ya 2 años un ambicioso plan con el que están implantado soluciones libres en todas las unidades organizativas del gobierno de la nación, es decir, están migrando a software libre toda la Administración Pública. Con este Plan Maestro-Plan Director, el Estado pretende obtener como retorno de la inversión un importante ahorro en costes de operación, algo que tan solo para el Ministerio de Salud Pública estimaron en 4 millones de dólares.

Bolivia

Bolivia estos días ha saltado a la palestra en relación al software libre puesto que el mismísimo Richard Stallman ha visitado el país y ha impartido algunas conferencias sobre la Ley de Telecomunicaciones que se ha aprobado en el país. ¿Y qué tiene que ver una Ley de Telecomunicaciones con el software libre? El artículo 77 de la Ley de Telecomunicaciones y las Tecnologías de Información y Comunicación establece que el Gobierno promoverá y priorizará la utilización del software libre y los estándares abiertos.

Además, en esta Ley, que se ha considerado una de las más avanzadas de Latinoamérica, se ha recogido el acceso a Internet de calidad como un derecho humano básico, un hecho más que interesante.

México

México ha sido también uno de los destinos en los que ha recalado Richard Stallman para hablar de software libre y soberanía tecnológica. Si bien a nivel gubernamental parece que la apuesta por el software libre se está haciendo de rogar, existe una potente comunidad alrededor del software libre en México y comienzan a verse algunas iniciativas en el ámbito público.

En el Estado de Zacatecas se pusieron en marcha a finales del pasado año una serie de foros de discusión y aportación de ideas para trabajar en una iniciativa de ley que apoye la difusión en el uso del software libre donde 150 escuelas del Estado utilizan este tipo de tecnologías y que, quizás con el tiempo, permita adentrarse en el Gobierno central e impulsar la implantación de software libre a todos los niveles.

España

El caso de España es bastante particular. A nivel estatal encontramos legislaciones como el Esquema Nacional de Interoperabilidad que exige el uso de estándares abiertos e interoperables y encontramos entidades como CENATIC que es un centro de referencia en esta materia; sin embargo, el Gobierno de España no muestra especialmente interés en esta materia, a pesar que podría suponer un importante ahorro económico a un país en el que se están aplicando recortes muy drásticos a los servicios públicos.

A nivel regional, encontramos iniciativas de software libre en Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Euskadi o Canarias que han trabajado en distribuciones GNU/Linux para uso interno, su uso en escuelas y también por parte de los ciudadanos y, en muchos casos, han establecidos pautas de adquisición de software que priman las soluciones abiertas frente a los sistemas privativos (aunque nos siempre estas intenciones se terminan materializando todo lo que quisieran los ciudadanos puesto que algo más del 60% del software desplegado sigue siendo software propietario).

Demandarán a transnacional McDonalds por gansterismo civil

  

San Salvador, 11 abr (PL) La transnacional estadounidense McDonalds será demandada en Estados Unidos por el delito de gansterismo civil, anunció hoy un empresario salvadoreño víctima de actos ilegales de la poderosa compañía.
Demandarán a transnacional McDonalds por gansterismo civil Roberto Bukele, propietario de la empresa Servipronto, precisó en conferencia de prensa que el reclamo por el delito, conocido en inglés como "Civil racketeering", ascenderá a más de 100 millones de dólares.

Bukele mantiene un prolongado litigio con el gigante mundial de las comidas rápidas iniciado hace 18 años, luego que McDonalds le quitara injustificadamente sus franquicias a Servipronto, que tenía 33 años de usarlas.

Precisó que McDonalds ha desarrollado acciones al margen de la ley en tribunales de El Salvador y Estados Unidos, como tráfico de influencias para tratar de impedir, primero, sentencias en su contra, y luego bloquearlas, cuando son dictadas.

Señaló que en ese terreno han interferido abiertamente en el país altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos con presiones a autoridades y jueces para que actúen a favor de los intereses de la transnacional.

El empresario recordó que el diario inglés The Guardian publicó en diciembre de 2011 cables del Departamento de Estado de Estados Unidos filtrados por la página en internet Wikileaks con detalles de esas actividades ilegales de los diplomáticos estadounidenses desde 1996.

Agregó que en varios de ellos se revelaban las visitas del entonces embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Barclay, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, y a otros funcionarios en gestiones a favor de McDonalds.

Bukele agregó que tanto el jurista como otros funcionarios del gobierno se plegaron a esas presiones.

Un tribunal salvadoreño falló a favor de una demanda de Bukele en agosto del año pasado, pero el empresario denunció que la transnacional apela a maniobras y tráfico de influencias para incumplir las sentencias.

Un juez ordenó en ese entonces incautar las regalías que la empresa Servimatic, propiedad de la familia Cofiño, de Guatemala, le paga a McDonalds por sus franquicias para operar en El Salvador.

Una medida similar afecta en El Salvador a las 56 marcas de McDonalds e incluso Bukele prevé que se acuda a una subasta pública de estas para obtener fondos y resarcir los enormes daños causados por la transnacional estadounidense.

Bukele afirmó que tras 18 años de luchar contra la poderosa compañía -que compara con la pelea bíblica de David y Goliat-, no descansará hasta hacer respetar las leyes y dignidad de El Salvador.

Descartan agravamiento de lesión sufrida por Messi

Madrid, 11 abr (PL) Los médicos del club español Barcelona descartaron hoy un agravamiento en la lesión muscular que padece el futbolista argentino Lionel Messi. Este jueves Messi fue sometido a nuevas pruebas y según los galenos su evolución marcará la posibilidad de jugar los futuros encuentros del equipo catalán al no tener un empeoramiento en la dolencia.

El delantero podría jugar en las semifinales de la Liga de Campeones dentro de dos semanas.

Messi sufrió una pequeña rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha la pasada semana y el miércoles sólo pudo participar media hora en el partido ante el Paris Saint-Germain, aunque su presencia fue decisiva para propiciar el pase de su equipo a las semifinales.

Lo más probable es que a partir de ahora el argentino encare un plan especial de recuperación para llegar en la mejor condición física al último tramo de la temporada, comenzando por la ida de las semifinales de la Champions.

Rusia critica doble rasero sobre terrorismo en Siria

Moscú, 12 abr (PL) El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores condenó hoy firmemente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y lamentó que en Siria círculos internacionales y regionales apliquen la política de doble rasero sin deplorar adecuadamente esa táctica. Sin una referencia explícita, la nota de la cancillería critica a Estados Unidos y sus aliados occidentales y del Medio Oriente por su bloqueo en diversos foros a una condena contra atentados con explosivos que ya costaron la vida a cientos de personas.

A Rusia le preocupa que el conflicto en Siria pueda extenderse más allá de sus fronteras con el Líbano, agrega el documento.

Los medios informativos rusos recordaron que en noviembre de 2012 en un barrio de Beirut fue hallada la imitación de una carga explosiva con una inscripción amenazadora firmada por el grupo opositor sirio Jabhat al-Nusra.

Recientemente, el jefe de la rama iraquí de Al Qaeda, Abu Bakr al Bagdadi, afirmó que Jabhat al-Nusra es uno de sus núcleos.

Con anterioridad, el líder de esta fracción, Mohamed al Golani, confirmó de manera pública que sus fuerzas cumplen órdenes del jeque Ayman al Zawahiri, reconocido en la actualidad como el número uno de Al Qaeda.

El interés creciente sobre Siria de la organización contra la que Estados Unidos y sus aliados desataron una guerra después de septiembre de 2001 con secuestros y detenciones ilegales incluidas, no puede menos que preocupar a Moscú, advirtió la Cancillería.

La organización terrorista internacional planea transformar a Damasco en su principal plaza de armas en Oriente próximo, concluye el texto condenatorio de la posición de doble rasero sobre el tema por Washington y sus aliados.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, instó esta semana a terminar con lo que calificó de matanza, desgracia y catástrofe para Siria.

Insistió, en declaraciones a la compañía alemana de radio y televisión ARD, que opositores armados y las fuerzas gubernamentales deben sentarse en la mesa de negociaciones y ponerse de acuerdo sobre el futuro del país.

Putin señaló que ese fue uno de los puntos concertados en la conferencia de Ginebra del 30 de junio de 2012, y lamentó que los socios occidentales se hayan distanciado de esos acuerdos.

El estadista recordó que por los aeropuertos cercanos a la frontera siria, y citó informaciones del periódico The New York Times, la oposición radical obtuvo tres mil 500 toneladas de armamentos y municiones.

Con esto es con lo que hay que acabar y lograr un cese paulatino de las acciones bélicas y de los suministros de armamentos, concluyó el mandatario.

El presidente uruguayo se disculpa con la argentina siete días después

El presidente de Uruguay, José Mujica, ha tardado seis días en disculparse por las palabras que pronunció en una conversación privada captada por un micrófono. En esa charla, mantenida el pasado viernes tras un acto público, Mujica dijo: “Esta vieja es peor que el tuerto”. Aludía a la mandataria de Argentina, Cristina Fernández, y a su esposo, Néstor Kirchner. Pocas horas después, en una carta entregada al embajador uruguayo en Buenos Aires, el Gobierno argentino hizo saber a Mujica que sus palabras eran inaceptables y denigrantes. Hoy por la mañana, Mujica se disculpó en los micrófonos de la emisora uruguaya M24, donde suele opinar con regularidad. Y lo hizo aludiendo a su época de guerrillero clandestino, hace 50 años, y a la necesidad de comunicarse en un lenguaje coloquial, donde lo que importaba era la “finalidad, un tanto conspirativa”, más que “la verdad absoluta”.
"Debo pedir sentidas disculpas a quienes pude lastimar en estos días por mis dichos", señaló. Mujica dijo que a base de aquellos años de disciplina y compromiso su cabeza quedó reprogramada para olvidar incluso los números de teléfonos más íntimos. Señaló que quien hubiera leído la vida de El Buscón o Papillon tal vez podría entender todo eso. “Por efecto de aquellos años y de aquella dura peripecia de andar en la cárcel, en Punta Carretas, de rebotar por los cuarteles -conozco más de 80 calabozos-, a lo que hay que sumar origen -vengo de los barrios pobres-. Mis amigos del origen andaban en zapatillas, casi no tenían juguetes. Nuestras veredas eran de piedras. Estoy hablando de hace casi 60 ó 70 años”.
A partir de ahí, el presidente uruguayo fue entrando en el asunto durante un discurso que duró 16,5 minutos: “A resuelta de todo esto, no podemos evitar que nuestro hablar corriente e íntimo, entre pocos, nuestro lenguaje por momentos reo, es áspero, diría, entre comillas, francamente canero. La palabra canero proviene de cana, la expresión que en Argentina y Uruguay se usa coloquialmente para referirse a la policía y la cárcel. “Había que comunicarse adoptando las formas en esa lucha por sobrevivir. Ese lenguaje que está a leguas del discurso público, que poco tiene que ver con el discurso, con la prensa, tiene que ver con las relaciones íntimas, entre muy pocos, inevitablemente arrastra en sus modismos nuestras propias historietas”.
“Ese lenguaje pobre, en la intimidad, quedó grabado para siempre”, prosiguió. “Hubo que hablar por años con presos comunes y soldados. Esto importaba, porque acechábamos la oportunidad de ser libres. Dos veces nos fugamos y otros tantos intentos. Pero ese lenguaje en la intimidad quedó grabado para siempre porque hubo que ser mordaz y burlesco y con nosotros mismos para poder hacer en el dolor una sonrisa cáustica que ayudaba a sobrevivir. Desde entonces reinan entre nosotros los sobrenombres: Mono Camello, Lagarto, Tuerto Rengo, etcétera. Y también, la tendencia en ese chamullo de dos o tres, la exageración como contracara del vacío existencial que nos tocaba vivir”.
Mujica se disculpó en los micrófonos de la emisora uruguaya M24, donde suele opinar con regularidad
“Vuelvo a repetir, más que lenguaje, chamullo. Un decir entre pocos casi susurrando, donde lo que importa es la finalidad, un tanto conspirativa, no importa la verdad absoluta. Es un lenguaje canero de resistencia, que siempre le está acechando a la fuga porque sueña con la libertad. Es un lenguaje herramienta y no causa. Lenguaje herramienta. Que juega para los íntimos. Y que no puede ni encajar nomás con el lenguaje de la libertad de presa con el discurso público, que cultivan naturalmente otros fines”.
Tras nueve minutos de prolegómenos en su alocución radiofónica, Mujica pasó a pedir disculpas: “El hecho, el hecho… el hecho real es que una vez que ha sido violentado la intimidad, por el juego del mercado, no tengo otro camino, porque todo esto que estoy relatando lo pueden entender muy pocos, los que vivieron este tipo de peripecias… Debo pedir sentidas disculpas a quienes pude lastimar en estos días por mis dichos. Y sobre todo a quienes son como nosotros, integrantes del sueño de patria grande y federal”.
Después, Mujica intentó restarle importancia a los problemas comerciales que mantiene su país con Argentina, y aludió a la necesidad que tiene Uruguay de mantener buenas relaciones con el país vecino. “Hemos tratado de hacer todo lo posible por sostener una relación que tenga en cuenta los intereses económicos de la gente que trabaja. Pero, acá en este país, hace años que existe una campaña cuasi permanente… Que la República Argentina se cae, que va camino de una república paupérrima. Se acusa a este Gobierno, al mío, que se subordina. Lo han acusado, repito, de genuflexo. En realidad, mentira sobre mentira”, señaló.
“La Argentina ha crecido enormemente”, afirmó. “ Y desde el año 52 creo que nunca ha tenido Gobiernos que hiciera tanto por los postergados. ¿Qué tiene problemas? ¡Ja…! ¿Y quién no los tiene? (…) ¿Qué a veces sus medidas defensivas nos afecta? ¡Claro que sí! ¿Pero alguien puede negar que la masa del pueblo argentino nos quiere y nos respeta? Quienes conozcan un poco la historia sabrán que cuando a la Argentina le va bien nosotros nos beneficiamos. Y al revés, cuando le va mal nosotros lo padecemos”.

Tres ‘mossos’ defienden que golpearan a menores el 14-N

Tres Mossos d’Esquadra, entre los que se encuentra un cabo del Área de Recursos Operativos (ARRO), declararon ayer como imputados en el juzgado de instrucción 6 de Tarragona por las cargas policiales ocurridas durante la huelga general del pasado 14 de noviembre en la ciudad, en la que dos menores resultaron heridos al ser golpeados por los agentes. Fruto de las investigaciones, que se encuentran en fase de diligencias previas, dos mossos están imputados por una falta de lesiones mientras que el cabo está imputado por un delito de daños.
Los tres defendieron ayer ante el juez su actuación y sustuvieron que las lesiones producidas fueron involuntarias, explicaron fuentes judiciales citadas por Europa Press. Toni Castejón, portavoz de SME-CC OO, sindicato al que están afiliados dos de los policías, precisó que los agentes se mostraron convencidos de que su actuación fue correcta y que no se produjo “ningún error”.
Los hechos investigados se remontan a las primeras horas de la jornada de huelga, cuando se llevaba a cabo una marcha por el centro de Tarragona en la que participaban unas 200 personas, algunas encapuchadas, realizando piquetes informativos. La marcha se inició de manera pacífica, pero en los aledaños de El Corte Inglés algunos manifestantes volcaron contenedores y lanzaron objetos contra los agentes que custodiaban el centro comercial. Entonces los altercados se precipitaron. Los agentes iniciaron cargas policiales y en una de ellas un niño de 13 años resultó herido en la cabeza al recibir un golpe de porra. Empezó a sangrar y fue trasladado al Hospital Joan XXIII, donde le practicaron varios puntos de sutura en un coche particular.
Los agentes iniciaron cargas policiales y en una de ellas un niño de 13 años resultó herido en la cabeza al recibir un golpe de porra
Los incidentes fueron grabados y causaron un notable escándalo porque en las imágenes puede verse como los mossos empujan y golpean a otra chica, de 16 años, que recriminaba a los agentes su actuación. “Le habían abierto la cabeza y le seguían pegando en las piernas. Vi aquello y grité al policía: ‘¿Pero que estáis haciendo? ¡Si es un niño!’ Entonces me hicieron daño a mi”, contó la joven tras el suceso. La grabación de los hechos dio la vuelta al mundo.
La dirección de la policía catalana defiende que la herida abierta que presentaba el menor fue por el “rebote” de una porra en la mochila de un manifestante al que perseguían los agentes, aunque abrió una investigación interna.
Toni Castejón explicó que los tres policías respondieron ante el juez a todas las preguntas. “Han colaborado en todo, defendiendo la transparencia. Ellos están convencidos de que no hicieron nada diferente de lo que marcan los protocolos. Tienen todo el apoyo del sindicato”, afirmó Castejón.
En cambio, Ramon maria Sans, abogado del menor herido, aseguró que el día de los incidentes uno de los agentes tuvo una actitud “claramente violenta” y que “no se siguieron las normas básicas de uso de las armas reglamentarias”. Sans considera acreditado que los agentes actuaron de manera desmesurada en un momento en el que “no había peligro”. En las próximas semanas acudiran a declarar varios testigos.

Un ex alto cargo del PP balear se inculpa, acusa a su consejero y asume su condena de siete años

Intervención inédita de un ex alto cargo político ante un tribunal. Kurt Viaene, exdirector general de Promoción industrial del Gobierno balear del PP de Jaume Matas entre 2003 y 2007, se autoinculpó ante la Audiencia de Palma por corrupción. En la noche del jueves se interrumpió su confesión.
El expolítico y alumno de escuelas de negocios dijo que cobraba comisiones ilegales y que, además, las pagaba a su consejero, el titular de Comercio e Industria, José Juan Cardona, ex líder del PP de Ibiza y Formentera. Otros dos arrepentidos cargaron en el mismo sentido pero con menos rotunidad contra Cardona, que niega todas las acusaciones.
Kurt Viaene es un colaborador de la Fiscalía en la trama del caso Scala de las cajas de Cola Cao, un sumario abierto en 2008 por el posible desvío de 8,2 millones de euros públicos. Emocionado y con apariencia de precisión, articuló su declaración con citas históricas de los cuarteles de invierno de las tropas romanas, referencias personales, los 63 días en la cárcel y el olvido de los amigos que no le dan trabajo, sus hijos, la ruptura familiar...
Para resaltar su verdad, Kurt Viaene dijo que asumía de entrada el cumplimiento de la posible condena, de hasta siete años de cárcel. Rechazó lo que equiparó a cuentos infantiles exculpatorios de Cardona. Detalló las empresas pantalla que usaron en el Gobierno balear para generar comisiones y los pactos con los socios de la trama.
Precisó como en cinco ocasiones entregó 20.000 euros de dinero sucio de la corrupción al consejero Cardona, en actos delictivos que sucedían en el despacho oficial del Gobierno balear de Jaume Matas. Cardona se enfrenta a una posible condena de 21 años de cárcel, una de las penas más altas solicitadas para un político en España por corrupción.
José Juan Cardona refuta todos los testimonios de quienes eran sus colaboradores y ahora son sus acusadores. Dice que el pacto con el fiscal les hace construir estos relatos a los que él se siente ajeno. El exlider del PP de Ibiza y exconsejero del Gobierno balear, a preguntas de la fiscalía anticorrupción, rechazó haber recibido dinero por cohechos pactados con otros ex altos cargos de su departamento.
Cardona hizo de político, discurseó y explicó su gestión. Atribuyó al expresidente Jaume Matas el control político de todos los nombramientos en su consejería, en los departamentos y empresas públicas. Así el exconsejero se desmarcó de Kurt Viaene, exdirector general, y de la exgerente del consorcio, Antonia Ordinas. Ésta aseguró que era socia secreta de Cardona y que entregaba su parte a Kurt Viaene en sobres camuflados en una revista.
Los cobros directos, en mano, por el consejero, también formaron parte del relato de otro imputado, el empresario protegido de Jaume Matas, exsobrino político suyo, Felipe Ferré, colaborador de la fiscalía como Viaene y Ordinas y otros 13 imputados. Ferré afirmó haber pagado al menos un sobre de 1.000 euros al consejero, el sueldo en una sociedad pantalla compartida para el expolio de las arcas públicas. El abogado de Cardona le cercó con preguntas para tumbar su versión pero Ferré aguantó.
Cardona también dijo que “no tenía tiempo para supervisar todos los expedientes“ de su departamento, a lo que el fiscal Pedro Horrach replicó que “yo llevo muchos casos y me los miro todos“. El exconsejero opinó sobre la autenticidad de 196 firmas suyas en documentos oficiales. Sobre una parte dudó. Lo firmó todo sin mirar.
Cardona, que lo niega todo, se enfrenta a una petición del fiscal de 21 años de cárcel mientras que los pactistas que confiesan se enfrentan a penas menores. Kurt Viaene tiene una petición de siete años, Antonia Ordinas, cuatro años y Felipe Ferré más de tres años. En su defensa el exconsejero ha comentado que los letrados de la comunidad avalaron, sin pegas, los contratos y expedientes. Uno de los abogados autonómicos, Felisa Vidal, que hoy es magistrada del Tribunal Superior de Justicia a propuesta del PP, estaba citada como testigo. “Nadie hizo observaciones ni irregularidades o de cobro de comisiones. Todos firmaron las cuentas“, concretó Cardona.

El conflicto lingüístico entra en un callejón sin salida en Cataluña

La pelea en torno al modelo lingüístico en la escuela catalana se adentra en un callejón sin salida. Una madeja cada vez más liada entre la defensa a ultranza de la Generalitat y la mayoría de los partidos de la comunidad de un sistema en el que gran parte de las asignaturas se enseñan en catalán, y una cascada de resoluciones judiciales que obligan a abrir alguna alternativa con más horas de castellano para aquellos alumnos que lo pidan.
La consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau (CiU), descartó ayer cualquier posibilidad de revisión del modelo, a pesar de los fallos judiciales y, en concreto, del último auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dice —aplicando la doctrina del Supremo— cómo hay que satisfacer las demandas de las familias que reclaman más horas de castellano: si un alumno lo pide, habrá que dárselas a él y a toda su clase, aunque el resto de padres quieran la inmersión en catalán. El fallo deja que la Generalitat decida cómo hacerlo. ¿Por qué no contemplan la posibilidad de estudiar otros modelos lingüísticos como el balear, el valenciano o el del País Vasco (con distintas opciones con el castellano o el euskera como lengua principal y otro bilingüe) para satisfacer a todos los padres? “Apostamos por la integración total”, sentenció Rigau. “Defenderemos el modelo de cohesión que durante más de 30 años ha hecho que la lengua no sea tema de conflicto en Cataluña, aunque lamentablemente lo es fuera de Cataluña”, añadió.
La Generalitat va a recurrir el auto del TSJC por este motivo, convencida además —así lo dijo Rigau— de que el Supremo les dará la razón en su rechazo a que la decisión de que un alumno decida la lengua de un aula. Siempre ha defendido que con la atención individualizada se cumplen las decisiones judiciales. Consiste en que el profesor atienda en castellano a aquel alumno que así lo pida, aunque la clase es en catalán.
Wert recuerda que obligará por ley a pagar clases en castellano
La mayoría de los partidos catalanes (CIU, ERC, PSC, ICV y CUP) ofrecieron ayer en el Parlament un apoyo cerrado a esa defensa de la inmersión lingüística al rechazar una moción de Ciudatans que reclamaba un reparto equilibrado de catalán, castellano y una lengua extranjera (trilingüismo).
En la polémica política terció el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que contestó al anuncio de la Generalitat de que no cumplirá el auto: “La Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas. No es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer”. Y les recordó que el proyecto de reforma educativa que impulsa incluye un punto para hacer cumplir la doctrina del Tribunal Constitucional que, sin cuestionar la inmersión, exige un reparto equilibrado entre las lenguas. La reforma educativa establece que si un alumno catalán exige recibir educación con el castellano como lengua principal, la Generalitat tendrá que ofrecérsela, si es necesario, pagándole un colegio privado.
El debate de las lenguas escolares en zonas bilingües existe y ha existido en distintas comunidades de España y en todo el mundo, sin que se haya encontrado una opción que no genere algún problema, según recordaba en ese diario hace unos meses la especialista china Zhenzhou Zhao (en el gigante asiático conviven unos 300 idiomas y dialectos).
Los argumentos a favor de la inmersión en Cataluña siempre han sido la defensa de un idioma que está en inferioridad frente al castellano y el fomento de la cohesión social, evitando la segregación por razón de lengua. De hecho, en el País Vasco, el Consejo Escolar criticó hace años que el modelo separado de enseñanza en una u otra lengua puede acabar creando guetos.
En la Comunidad Valenciana (con distintos itinerarios), las quejas se suelen referir a la escasez de oferta en valenciano; de hecho, el Gobierno se acaba de ver obligado por decisión judicial a introducir líneas en este idioma en dos colegios. La Consejería de Educación, por su parte, insiste en “el equilibrio actual” entre ambas lenguas y de una “convivencia en el sistema educativo”, por la que “ha velado” la Generalitat “repetando la elección de las familias”. Después de tres décadas de aplicación del modelo bilingüe, alrededor de un 30% de alumnos están matriculados en valenciano. El modelo, que ha aumentado sin cesar el alumnado en la lengua autóctona, pierde impulso al llegar a la Secundaria. “La Ley establecía que el valenciano en la enseñanza es obligatorio en todos los niveles, pero la Administración no ha garantizado la existencia de suficientes programas en valenciano en todas las localidades ni a todos los niveles”, se lamenta la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya. “La continuidad de la enseñanza en valenciano en la ESO no está garantizada y en las etapas postobligatorias desaparece”.
La Unesco aconseja escolarizar al niño hasta los 10 años en su lengua materna
En Galicia, el reparto de horas entre las cooficiales (con el objetivo de una presencia creciente del inglés) cuenta con muchos expertos en contra y tampoco ha dejado contentos a los movimientos de padres que quieren enseñanza principalmente en castellano. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aconsejó ayer a Cataluña que copie el “bilingüismo cordial” gallego, a pesar de que los tribunales han tirado atrás varios puntos de su nuevo decreto.
Francisco Luna, filólogo y anterior director del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa del Gobierno vasco, señala que, al construir el sistema de tres modelos, se buscó el equilibrio entre la libertad de elección de las familias y la necesidad de impulsar el euskera. Entonces, dice, “un sistema monolingüe era inviable; sin la posibilidad de que las familias eligieran, el sistema se hubiese hundido, porque a los problemas de falta de recursos se hubiese sumado el rechazo social”.
Ahora, todos los agentes coinciden en la necesidad de superar los tres modelos para avanzar al plurilingüismo. El anterior Gobierno y su consejera socialista, Isabel Celaá, iniciaron la experimentación del marco trilingüe, que caminaba en esa dirección con un marco que exigía que el 20% de las horas se impartiese en euskera, el 20% en castellano y el 20% en inglés. El 40% restante quedaría en manos de los centros educativos. 118 colegios públicos y concertados, un total de 12.000 alumnos, participan en la actualidad en su experimentación.
“La UNESCO recomienda que los alumnos estudien en su lengua materna hasta los 10-11 años. Y a partir de ahí, el bilingüismo está bien”, señala el profesor de Ingeniería Lingüística de la Politécnica de Madrid Jesús Cardeñosa, que defiende la variedad de opciones, al menos, hasta esa edad. Esto es, que al alumno que en su casa habla en castellano le enseñen en esa lengua; pero lo mismo con el que habla catalán, por lo que juzga una mala solución la que exige el TSJC. El experto lamenta que muchas veces estas decisiones se alejen de lo educativo.
“Estamos ante una cuestión política. Los que quieren que el catalán sea una lengua residual quieren quitar la inmersión lingüística. Y visto que el debate de una doble línea escolar [una es castellano y otra en catalán] no ha calado en Cataluña, ahora darán este nuevo paso”, se quejó ayer Rigau. Mientras, el ministro Wert siempre ha defendido que las sentencias (y su propuesta en la ley) no cuestionan la inmersión, sino que solo defienden el derecho legítimo de un grupo de padres, sean pocos o muchos. Así, entre acusaciones mutuas de uso interesado del debate, lo cierto es que este se ha situado en el centro de la tensión política en torno al aumento del independentismo en Cataluña.

Interponen una segunda denuncia contra Zara por utilizar mano de obra esclava

Es la segunda denuncia penal interpuesta este mes contra Zara, la marca del grupo español Inditex, por emplear mano de obra en condiciones análogas a la esclavitud en Buenos Aires. La Fundación La Alameda y el sindicato CGT han presentado conjuntamente este jueves la denuncia ante la fiscalía antitrata UFASE. Además, a las 19.00 hora local (medianoche en España) está previsto un escrache en el local de Zara ubicado en pleno centro de la ciudad. La Alameda prevé proyectar imágenes de los talleres captadas por la asociación con cámara oculta.
Esas imágenes "contundentes" las captó un voluntario de la fundación que se infiltró en un taller como costurero, y "comprometen muy seriamente a la firma" de Amancio Ortega, según La Alameda. Y ello, pocas semanas después de que esta organización y CGT denunciaran otros dos talleres clandestinos, que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno porteño decidió clausurar.
La Alameda sostiene que este tercer taller clandestino produce únicamente para Zara y otra marca, Scombro, que ya fue denunciada por la ONG en 2007. La ONG afirma además que el taller trabaja para la empresa textil Karina Kannan SRL, que es proveedora oficial de Zara, pero, según su versión, "sólo oficia de intermediaria entre esas marcas y los talleres clandestinos donde terceriza la producción".

Trabajo subcontratado

Ese entramado de tercerización sería un modo de liberar de responsabilidades a la empresa Inditex. Sin embargo, la ley argentina establece que los fabricantes e intermediarios son solidariamente responsables de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo a domicilio en estos talleres (ley 12.713 de trabajo a domicilio). Tras la primera denuncia, Inditex negó que los talleres clausurados estuvieran entre sus proveedores en la zona y aseguró que realiza las auditorías necesarias para garantizar las condiciones de producción para la marca.
Según ha denunciado este jueves La Alameda, el infiltrado de la asociación pudo registrar cómo el proveedor oficial de Zara visitaba con frecuencia el taller y era, por tanto, plenamente consciente de la situación de los trabajadores. "Zara no puede sorprenderse por esta situación: encargaba miles de prendas a un proveedor oficial que sólo cuenta con 40 empleados, por lo que resultaba evidente en todo momento que el proveedor tercerizaba la producción", afirman en la asociación.
Las condiciones del taller clandestino remiten, como en tantas otras denuncias, a pésimas condiciones de higiene y seguridad: un lugar sin ventilación y con una precaria instalación eléctrica por donde deambulan niños pequeños.
La mayor parte de los trabajadores empleados en los talleres clandestinos duermen en el mismo lugar donde trabajan durante extenuantes jornadas que a veces llegan a las 12 horas al día o más, seis días a la semana, por un salario mísero que a veces el tallerista no les entrega, con la promesa de retribuirles cuando se vuelvan a su lugar de origen. Porque gran parte de los empleados de estos talleres vienen de países limítrofes, sobre todo de Bolivia.

La ruta del dinero

Desde La Alameda reclaman que el Gobierno actúe con celeridad y sancione económicamente a Zara, como ya hizo Brasil en 2011 ante la evidencia de que la marca utilizaba mano de obra de talleres clandestinos en la ciudad de Sao Paulo. Más allá de eso, La ONG, como otras voces expertas en la materia, insiste en la necesidad de modificar la ley para conseguir la incautación de maquinaria por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La propuesta es que el INTI se incaute de la maquinaria para después ponerla al servicio de los trabajadores 'rescatados' que deseen establecerse en cooperativas. Hasta ahora, esto se ha producido en casos aislados, cuando así lo ha decidido el juez. Lo que se pretende ahora es que la ley determine que la incautación de los bienes se produzca de manera automática. Esto equivaldría a "seguir la ruta del dinero, la única manera de acabar con esta lacra", según el presidente de la fundación, Gustavo Vera.
Para La Alameda, el uso de mano de obra esclava en el sector textil argentino está lejos de ser una triste excepción. La ONG ha denunciado ya a 109 marcas nacionales e internacionales por explotar a sus trabajadores, que, en muchos casos, proceden de regiones socialmente vulnerables y son cooptados mediante engaños. Según las estimaciones de esta fundación, se trata de unas 300.000 personas.
El sector textil no es un caso aislado. También en el campo hay evidencias de que se utiliza habitualmente trabajo forzado. Este mismo jueves se hacía público que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió en la provincia de Salta, al norte del país, una finca en la que se trabajaban ilegalmente 157 personas, que vivían en pésimas condiciones habitacionales y se veían obligados a comprar la comida a su empleador.

El Gobierno propone sanciones de hasta 1.500 euros por el escrache a Santamaría

La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto expedientes sancionadores a 18 participantes en el escrache convocado ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entre ellos Jorge Verstrynge, al que identifica como organizador. Precisamente, el ex secretario general de Alianza Popular (AP) se enfrentaba inicialmente a una multa de hasta 6.000 euros que finalmente ha quedado en 1.500 euros.
El departamento que dirige Cristina Cifuentes propone 18 sanciones repartidas entre faltas leves (15) y graves (tres). Las últimas son para las personas a las que la Policía considera organizadores o promotores de la protesta, que tuvo lugar el pasado día 5. Una de estas tres personas es Jorge Verstrynge, que ese día declaró a los medios: "Los políticos tienen que escuchar a la gente, si no escuchan y la tratan como a perros acaban mordiendo, ahora por el momento solo ladran".
Las faltas graves serán sancionadas con 1.500 euros de multa si finalmente se resuelve el expediente en contra del afectado correspondiente, mientras que las leves conllevarán una sanción de entre 200 y 250 euros dependiendo de la infracción cometida.
La Delegación del Gobierno ha abierto los expedientes basándose en la información aportada por la Policía Nacional y en la Ley de Seguridad Ciudadana. No obstante, los afectados puede recurrir.
De las treinta personas que fueron identificadas en ese escrache, la Delegación del Gobierno considera que 12 no han cometido una infracción que suponga la apertura de expediente.
Además del escrache en la casa de Soraya Sáenz de Santamaría, la institución que preside Cifuentes tramita todas las notificaciones que le han llegado de la Policía sobre otras concentraciones de este tipo, llevadas a cabo en domicilios de dirigentes del PP.

“I un conductor de cotxe amb casc va més segur? Doncs també…”


Militares egipcios ordenaron operar sin anestesia a civiles heridos en protestas

Operar sin anestesia a los manifestantes heridos. Fue la orden que recibieron los doctores de un hospital militar egipcio durante los enfrentamientos que en mayo de 2012 se saldaron con una veintena de muertos y cientos de heridos.
La denuncia, relatada en un informe de 1.000 páginas remitido a Mursi a principios de año y difundida este jueves por el diario británico 'The Guardian', revela además que los manifestantes fueron golpeados por soldados y facultativos durante su estancia hospitalaria.
Poco después de llegar a palacio, Mursi nombró una comisión para esclarecer la represión llevada a cabo por las fuerzas del orden durante los 18 días de revueltas y los 16 meses de tutela castrense de la transición. El extenso y revelador documento, en poder de la presidencia egipcia y al que ha tenido acceso el rotativo británico, arroja luz sobre los capítulos más escabrosos de la mudanza democrática.
Ayer, en su primera entrega, el periódico desveló que el ejército egipcio -que se desplegó en las calles a fines de enero de 2011 para ocupar el vacío dejado por la estampida policial- participó en desapariciones forzosas, torturas y asesinatos de población civil durante el levantamiento popular y los siguientes meses.
La segunda de las revelaciones se centra, en cambio, en los violentos choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes que se registraron durante varios días en las inmediaciones de la plaza cairota de Abbasiya, próxima a la sede del Ministerio de Defensa. Y narra las vejaciones sufridas por los heridos que fueron trasladados al hospital militar de Qubri el Qubba.
Así, un médico de alto rango castrense obligó a sus subalternos a realizar las operaciones sin anestesia ni esterilización. Además, según el testimonio de galenos y pacientes, los manifestantes heridos fueron sometidos a golpes por oficiales del ejército y personal médico y de enfermería.
Un civil es apresado durante las revueltas de 2012. | Reuters

"Los doctores del ejército, los soldados y los médicos agredieron a los manifestantes en el hospital golpeándoles cruelmente y atacándoles verbalmente", precisa un facultativo en el informe. La misma fuente agrega que otro oficial del ejército "ordenó a los doctores que no se proporcionara ningún tipo de anestésico"» ni «"se limpiarán las heridas" de los pacientes. E incluso se conminó a encerrar a algunos heridos en el sótano de la clínica.
El documento subraya también los lazos entre los ataques perpetrados por "baltaguiya" (matones) a los manifestantes -denunciados entonces en testimonios recogidos por ELMUNDO.es y las Fuerzas Armadas. "No cabe duda de que los matones operaban bajo orden militar", asevera el informe. Los vídeos reunidos por el comité muestran a los agresores alimentándose de viandas del ejército, viajando en transporte militar y compartiendo bromas con los soldados.
En sus conclusiones, el dossier -elaborado por 16 personas designadas por Mursi, entre activistas, abogados, miembros del Poder Judicial o víctimas- reclama al "rais" que juzgue a los miembros de la cúpula militar jubilados el pasado agosto e involucrados en los abusos. Pese al ruego y la extrema gravedad de las violaciones señaladas, el informe ni siquiera ha sido leído por el jefe del Estado porque -según un portavoz de la presidencia citado por 'The Guardian'- el expediente aún es objeto de investigación por parte del fiscal general.
Para la directora de la ONG Human Rights Watch en Egipto, Heba Morayef, el informe es "increíblemente importante". "Hasta hoy no ha existido ningún reconocimiento oficial del uso excesivo la fuerza por policía y ejército. Las Fuerzas Armadas siempre aseguraron haber estado del lado de los manifestantes y no haber disparado jamás una bala contra ellos.
El informe representa la primera ocasión en la que hay una condena oficial de la responsabilidad de los militares en la tortura, el asesinato y las desapariciones", concluye.

Caixanova convirtió el dinero que le regalaban sus abuelos en preferentes

Elisa Graña recuperará el dinero que tenía en su cartilla infantil ocho años después de que Novagalicia Banco lo convirtiese en participaciones preferentes sin que ni ella ni su madre fuesen conscientes de lo que suponía la contratación de este tipo de producto financiero.
Esta joven de 28 años, bióloga de profesión, pensaba hasta hace unos meses que el dinero que sus padres le habían puesto a su nombre desde pequeña estaba en un depósito fijo.
La cantidad era, en realidad, "todos los ahorros" de esta chica que está, en la actualidad, haciendo un Doctorado. Elisa había ido ingresando en la cuenta los regalos que recibía de sus abuelos en distintas celebraciones y cuando descubrió que se lo habían pasado a preferentes, decidió denunciar a Novagalicia Banco porque "ha sido un robo y una chapuza del banco".

Sentencia a su favor

Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vigo dada a conocer este jueves declara nulo el contrato y obliga a la entidad bancaria a devolver a la joven los 1.860 euros que le tenía retenidos y los intereses generados desde la contratación de las participaciones preferentes en el año 2005.
El juicio se celebró el pasado 21 de febrero y en la vista la madre de la chica, Rosa Martínez, explicó al juez que el contrato data del año 2005, cuando "un conocido de toda la vida" y trabajador de la sucursal de la que llevaba años como cliente (la sede central de su localidad, Cangas do Morrazo, Pontevedra), le propuso que su hija ya era mayor de edad y, por lo tanto, sería recomendable pasar los ahorros de su cartilla infantil a un plazo fijo.
La mujer, que tiene otro contrato de preferentes a su nombre con el que también está en pleitos con NCG Banco, accedió a cambiar la situación del dinero de su hija sin llegar a firmar nada y sin saber, realmente, lo que implicaba. El juez le da ahora la razón y la sentencia sostiene que no ha quedado acreditado que los responsables de la entidad bancaria le trasmitiesen "los riesgos que suponía esta operación que, indudablemente, debería ser calificada de alto riesgo".
La madre tiene estudios primarios y carece de formación específica en inversiones. La hija tiene estudios universitarios, pero ella no firmó el contrato y, según relató durante la vista oral, no supo nada del paradero de sus ahorros hasta que se desencadenó el conflicto de las participaciones preferentes y su padre quiso enterarse en el banco de cúal era la situación del dinero familiar.

Sin experiencia inversora

Durante varios años, la joven recibió en su cuenta 376 procedentes de los intereses generados por las preferentes. Esta circunstancia intentó ser utilizada por el banco durante el juicio para sostener que sí que sabía que tenía contratadas participaciones preferentes y para reclamar que, si era condenado el banco, la demandante se los devolviese.
Sin embargo, el juez da la razón a la afectada. No encuentra "motivo ninguno para pensar" que ni madre ni hija "presentaran la experiencia inversora suficiente como para concluir que el error hubiera sido fruto de su propia negligencia o desatención".
La sentencia recoge que no es extraño que madre e hija "pudieran acabar confundiendo el producto con algo parecido a un depósito a plazo, del que las participaciones preferentes se diferencian de forma sustancial, pero cuyos elementos diferenciales no fueron adecuadamente puestos de manifiesto por la entidad bancaria".
A la vista de estas argumentaciones, no sólo condena a Novagalicia Banco a devolver Elisa Graña sus 1.860 euros con los correspondientes intereses, sino que, además, no ve que haya lugar a que la demandante devuelva a la entidad ningún dinero "en relación con las cantidades cobradas por la demandante en concepto de remuneración durante la vigencia del contrato".

Una familia al frente de las protestas

Esta joven optó por acudir a la vía judicial en lugar de intentarlo por el arbitraje del Instituto Gallego de Consumo animada por su entorno. Su familia ha sido una de las más activas de la comarca de O Morrazo desde el inicio del escándalo de las preferentes. De hecho, su padre, Antonio Graña, inició la acampada de protesta que mantienen los afectados de Cangas do Morrazo en el mes de diciembre.
La Plataforma de Afectados por las Preferentes de O Morrazo criticó tras el juicio que la entidad bancaria utilizó un argumento de defensa "peregrino". Alegó que no podía aportar el contrato de preferentes que había suscrito la demandante con el personal de la oficina bancaria porque la documentación se había traspapelado durante una mudanza de oficinas y en medio del caos de la fusión de las dos antiguas cajas gallegas, Caixanova y Caixa Galicia.

Mas encarga a un grupo de expertos que diseñe el futuro Estado catalán

El Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña se ha marcado en su reunión constitutiva de hoy el objetivo de elaborar veinte informes en 2013 para crear las denominadas "estructuras de Estado" y en concreto uno que entregará antes de verano para organizar una consulta de autodeterminación.
Así lo ha explicado hoy en conferencia de prensa el portavoz del gobierno y conseller de la Presidencia, Francesc Homs, presente en la primera reunión de este Consejo junto con el presidente catalán, Artur Mas, y la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.
Pese a que "el punto de partida es poder organizar algún día una consulta y lograr que Cataluña disponga de un Estado propio", el Consejo no hará "trabajos de estado de ánimo", sino que elaborará informes con fundamento académico y elaborado por personalidades de prestigio en el mundo universitario, ha remarcado Homs.
El conseller ha admitido que el Consejo tiene ante sí "un trabajo duro y complicado y muchos interrogantes a resolver", y sus 14 integrantes -con la última incorporación hoy del académico Rafael Grasa- son plenamente conscientes de que "se les mirará con lupa".
Formado mayoritariamente por académicos y presidido por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, el Consejo para la Transición Nacional tiene la función de asesorar al gobierno catalán en los pasos a seguir para convocar la consulta de autodeterminación y para construir las denominadas "estructuras de Estado".
En total, el consejo realizará entre 15 y 20 informes que se irán entregando a lo largo del presente año, con los que asesorará sobre estructuras de una Cataluña eventualmente independiente, para que tenga hacienda propia, seguridad social, poder judicial, banco central, defina su encaje en la UE y cuestiones como la "doble nacionalidad".
Según Homs, el contenido de los informes servirá tanto para detractores como a favorables al estado propio porque ofrecerá al debate soberanista "datos objetivos y contrastados".
Se elaborará un informe específico sobre la consulta, con vías alternativas o complementarias a las ya planteadas por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat y que se entregará al gobierno antes del verano.
También se elaborarán estudios sobre los escenarios de una Cataluña independiente en la UE y su relación con el Estado español.
Asimismo, el Consejo hará informes sobre cómo se repartirían, en caso de secesión, los activos y pasivos de España o cómo se articularía la sucesión de contratos de bienes y servicios cuyo titular sea también el Estado.
Otro bloque de estudio será de cuestiones específicas como la hacienda propia, la seguridad social, el modelo energético, la única o doble nacionalidad o la lengua.
Presidido por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, el órgano cuenta con 13 otros miembros -queda aún una vacante por si el gobierno decide ampliarla- con la última incorporación hoy de Rafael Grasa, presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
En la primera reunión constitutiva se han producido tres ausencias - los profesores Germà Bel, Ángel Castiñeira y Carles Boix- por viaje en el extranjero.
Minutos antes de que empezara la reunión, el periodista y profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Salvador Cardús, miembro del Consejo, ha explicado que su misión es "dibujar el camino más preciso y más posible" para que se pueda hacer "o antes posible" la consulta de autodeterminación.
La mayoría de los miembros son catedráticos en sociología, derecho o economía, como Germà Bel, Salvador Cardús, Ferran Requejo, Enoch Albertí o Núria Bosch -esta última nombrada hoy vicepresidenta del Consejo-, y también forman parte de este órgano asesor el empresario Joan Font y la periodista Pilar Rahola.