Operar sin anestesia a los manifestantes heridos. Fue la orden que recibieron los doctores de un hospital militar egipcio durante los enfrentamientos que en mayo de 2012 se saldaron con una veintena de muertos y cientos de heridos.
La denuncia, relatada en un informe de 1.000 páginas remitido a Mursi a principios de año y difundida este jueves por el diario británico 'The Guardian', revela además que los manifestantes fueron golpeados por soldados y facultativos durante su estancia hospitalaria.
Poco después de llegar a palacio, Mursi nombró una comisión
para esclarecer la represión llevada a cabo por las fuerzas del orden
durante los 18 días de revueltas y los 16 meses de tutela
castrense de la transición. El extenso y revelador documento, en poder
de la presidencia egipcia y al que ha tenido acceso el rotativo
británico, arroja luz sobre los capítulos más escabrosos de la mudanza
democrática.
Ayer, en su primera entrega, el periódico desveló que el ejército egipcio -que
se desplegó en las calles a fines de enero de 2011 para ocupar el vacío
dejado por la estampida policial- participó en desapariciones forzosas,
torturas y asesinatos de población civil durante el levantamiento popular y los siguientes meses.
La segunda de las revelaciones se centra, en cambio, en los violentos
choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes que se registraron
durante varios días en las inmediaciones de la plaza cairota de
Abbasiya, próxima a la sede del Ministerio de Defensa. Y narra las vejaciones sufridas por los heridos que fueron trasladados al hospital militar de Qubri el Qubba.
Así, un médico de alto rango castrense obligó a sus subalternos a realizar las operaciones sin anestesia ni esterilización.
Además, según el testimonio de galenos y pacientes, los manifestantes
heridos fueron sometidos a golpes por oficiales del ejército y personal
médico y de enfermería.
"Los doctores del ejército, los soldados y los médicos agredieron a
los manifestantes en el hospital golpeándoles cruelmente y atacándoles
verbalmente", precisa un facultativo en el informe. La misma fuente
agrega que otro oficial del ejército "ordenó a los doctores que no se proporcionara ningún tipo de anestésico"» ni «"se limpiarán las heridas" de los pacientes. E incluso se conminó a encerrar a algunos heridos en el sótano de la clínica.
El documento subraya también los lazos entre los ataques perpetrados
por "baltaguiya" (matones) a los manifestantes -denunciados entonces en testimonios recogidos por ELMUNDO.es y las Fuerzas Armadas. "No cabe duda de que los matones operaban bajo orden militar",
asevera el informe. Los vídeos reunidos por el comité muestran a los
agresores alimentándose de viandas del ejército, viajando en transporte
militar y compartiendo bromas con los soldados.
En sus conclusiones, el dossier -elaborado por 16 personas designadas
por Mursi, entre activistas, abogados, miembros del Poder Judicial o
víctimas- reclama al "rais" que juzgue a los miembros de la cúpula
militar jubilados el pasado agosto e involucrados en los abusos. Pese al
ruego y la extrema gravedad de las violaciones señaladas, el informe ni siquiera ha sido leído por el jefe del Estado porque
-según un portavoz de la presidencia citado por 'The Guardian'- el
expediente aún es objeto de investigación por parte del fiscal general.
Para la directora de la ONG Human Rights Watch en Egipto, Heba Morayef, el informe es "increíblemente importante". "Hasta hoy no ha existido ningún reconocimiento oficial del uso excesivo la fuerza por policía y ejército.
Las Fuerzas Armadas siempre aseguraron haber estado del lado de los
manifestantes y no haber disparado jamás una bala contra ellos.
El informe representa la primera ocasión en la que hay una condena oficial de la responsabilidad de los militares en la tortura, el asesinato y las desapariciones", concluye.
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