Es la segunda denuncia penal interpuesta este mes contra Zara, la marca del grupo español Inditex, por emplear mano de obra en condiciones análogas a la esclavitud en Buenos Aires. La Fundación La Alameda
y el sindicato CGT han presentado conjuntamente este jueves la denuncia
ante la fiscalía antitrata UFASE. Además, a las 19.00 hora local
(medianoche en España) está previsto un escrache en el
local de Zara ubicado en pleno centro de la ciudad. La Alameda prevé
proyectar imágenes de los talleres captadas por la asociación con cámara
oculta.
Esas imágenes "contundentes" las captó un voluntario de la fundación que se infiltró en un taller como costurero,
y "comprometen muy seriamente a la firma" de Amancio Ortega, según La
Alameda. Y ello, pocas semanas después de que esta organización y CGT
denunciaran otros dos talleres clandestinos, que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno porteño decidió clausurar.
La Alameda sostiene que este tercer taller clandestino produce únicamente para Zara y otra marca, Scombro, que ya fue denunciada por la ONG en 2007.
La ONG afirma además que el taller trabaja para la empresa textil
Karina Kannan SRL, que es proveedora oficial de Zara, pero, según su
versión, "sólo oficia de intermediaria entre esas marcas y los talleres
clandestinos donde terceriza la producción".
Trabajo subcontratado
Ese entramado de tercerización sería un modo de liberar de responsabilidades a la empresa Inditex.
Sin embargo, la ley argentina establece que los fabricantes e
intermediarios son solidariamente responsables de las condiciones en las
que se desarrolla el trabajo a domicilio en estos talleres (ley 12.713
de trabajo a domicilio). Tras la primera denuncia, Inditex negó que los
talleres clausurados estuvieran entre sus proveedores en la zona y
aseguró que realiza las auditorías necesarias para garantizar las
condiciones de producción para la marca.
Según ha denunciado este jueves La Alameda, el infiltrado de la asociación pudo registrar cómo el proveedor oficial de Zara visitaba con frecuencia el taller y era, por tanto, plenamente consciente de la situación de los trabajadores.
"Zara no puede sorprenderse por esta situación: encargaba miles de
prendas a un proveedor oficial que sólo cuenta con 40 empleados, por lo
que resultaba evidente en todo momento que el proveedor tercerizaba la
producción", afirman en la asociación.
Las condiciones del taller clandestino remiten, como en tantas otras denuncias, a pésimas condiciones de higiene y seguridad: un lugar sin ventilación y con una precaria instalación eléctrica por donde deambulan niños pequeños.
La mayor parte de los trabajadores empleados en los talleres clandestinos duermen en el mismo lugar donde trabajan durante extenuantes jornadas que a veces llegan a las 12 horas al día o más, seis días a la semana, por un salario mísero
que a veces el tallerista no les entrega, con la promesa de
retribuirles cuando se vuelvan a su lugar de origen. Porque gran parte
de los empleados de estos talleres vienen de países limítrofes, sobre
todo de Bolivia.
La ruta del dinero
Desde La Alameda reclaman que el Gobierno actúe con celeridad y sancione económicamente a Zara,
como ya hizo Brasil en 2011 ante la evidencia de que la marca utilizaba
mano de obra de talleres clandestinos en la ciudad de Sao Paulo. Más
allá de eso, La ONG, como otras voces expertas en la materia, insiste en
la necesidad de modificar la ley para conseguir la incautación de maquinaria por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La propuesta es que el INTI se incaute de la maquinaria para después
ponerla al servicio de los trabajadores 'rescatados' que deseen
establecerse en cooperativas. Hasta ahora, esto se ha producido en casos
aislados, cuando así lo ha decidido el juez. Lo que se pretende ahora
es que la ley determine que la incautación de los bienes se produzca de manera automática.
Esto equivaldría a "seguir la ruta del dinero, la única manera de
acabar con esta lacra", según el presidente de la fundación, Gustavo
Vera.
Para La Alameda, el uso de mano de obra esclava en el sector textil argentino está lejos de ser una triste excepción. La ONG ha denunciado ya a 109 marcas nacionales e internacionales
por explotar a sus trabajadores, que, en muchos casos, proceden de
regiones socialmente vulnerables y son cooptados mediante engaños. Según
las estimaciones de esta fundación, se trata de unas 300.000 personas.
El sector textil no es un caso aislado. También en el campo hay evidencias de que se utiliza habitualmente trabajo forzado.
Este mismo jueves se hacía público que la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) descubrió en la provincia de Salta, al norte
del país, una finca en la que se trabajaban ilegalmente 157 personas,
que vivían en pésimas condiciones habitacionales y se veían obligados a
comprar la comida a su empleador.
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