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viernes, 9 de enero de 2015

Las “devoluciones sumarias” de inmigrantes indignan a los obispos

El efecto Francisco, jesuita hijo de emigrantes italianos a Argentina y ahora retornado como Pontífice romano, se deja sentir en la campaña de la Iglesia católica con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, convocada para el próximo día 18. Este jueves se ha presentado en la Conferencia Episcopal con palabras muy críticas al Gobierno y la esperanza de que aún pueda rectificarse el propósito de endurecer aún más la legislación actual. “Nos indignan algunos tratos dados a los inmigrantes, como las devoluciones sumarias, sin verificar si las personas pudieran ser acreedoras del asilo político, ser víctimas de la trata o estar necesitadas de asistencia sanitaria urgente antes de expulsarlas”, ha dicho el obispo de Albacete y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, Ciriaco Benavente. La jornada mundial lleva el lema: Iglesia sin fronteras, madre de todos.
España es, junto con Lampedusa (Italia) y Arizona (EE UU), uno de los tres puntos calientes de la inmigración. Pero en tragedias, el mar Mediterráneo se lleva la palma, convertido en lo que el Papa ha llamado “un gran cementerio”: más de 3000 muertos el año pasado, entre ellos 15 bebés en las costas de Cádiz. “Somos hijos de emigrantes, y esto a veces la sociedad española lo ha olvidado”, señaló el prelado. En España hay censados cinco millones de extranjeros. El grupo mayor son los rumanos (795.513 personas), seguido por los marroquíes (771.427), los británicos (297.299), los ecuatorianos (218.189) y los chinos (185.250).
España e
“Reconocemos el derecho de los Estados a regular los flujos migratorios. Valoramos las muchas vidas salvadas por las patrullas de vigilancia y por los servidores del orden público en las proximidades de nuestras costas. Pero hay derechos que son prioritarios. Las políticas migratorias no pueden depender solo de nuestras necesidades, sino de la dignidad de sus protagonistas y del vínculo que nos une como miembros de la familia humana. Cuando todos presumimos de ser ciudadanos del mundo, todavía hablamos de extranjeros", denunció Benavente.
José Luis Pinilla, jesuita como Francisco y responsable de la Comisión Episcopal de migraciones, acudió a una frase del pensador suizo Max Frisch para subrayar la desazón con que organizaciones de la Iglesia católica, como Caritas y el Servicio Jesuita de Migrantes(SJM), viven el maltrato que se da a los emigrantes. “Queríamos mano de obra y nos llegan personas”, dijo Frisch en un tiempo en que buena parte de los trabajadores extranjeros en Suiza eran españoles. A las ocho de la mañana todos los emigrantes son pocos; a las ocho de la noche sobran todos, explicó Pinilla citando al alcalde Juan Enciso, de El Ejido (Almería), una de las poblaciones donde se han producido conflictos más virulentos.
“Los emigrantes son una riqueza. Es una pena que esta dimensión se oculte. Alimentamos una imagen cada vez más amenazante de los otros. Lo vemos en Ceuta, en Melilla, en los centros de internamiento de emigrantes (CIES), en los guetos de nuestras ciudades donde se refugian los migrantes empobrecidos, en los recortes sociales y últimamente en las leyes que amparan las llamadas devoluciones en caliente”.
Para ilustrar sobre tragedias vividas en primera persona, ha comparecido ante los medios de comunicación el sacerdote Gabriel Delgado, delegado diocesano de migraciones en Cádiz y Ceuta, con experiencia de más de 20 años. “Somos testigos en primera línea del dolor y el sufrimiento. Nunca nos llegamos a acostumbrar ante estas tragedias y muertes. Nos producen una gran rebeldía interior. Las dos orillas del Mediterráneo lloramos los mismos dolores”, ha dicho.

Fujimori, condenado a ocho años de cárcel por desviar fondos

Alberto Fujimori, el presidente de Perú entre 1990 y 2000, escuchó el jueves la sexta sentencia en su contra, mientras cumple ya una condena de 25 años de prisión (por crímenes de lesa humanidad y corrupción) que debe terminar en 2032, cuando podía dejar la casa con huerta, enfermería y taller de pintura que ocupa unos 750 metros cuadrados al interior de una base de la Policía Nacional en el este de Lima.
En el juicio por el caso de la prensa chicha que empezó en octubre de 2013, la Cuarta Sala Penal Liquidadora encontró a Fujimori culpable de haber desviado, entre 1998 y 2000, 43 millones de dólares de las fuerzas armadas a la compra de la línea editorial de tabloides, algunos de ellos creados como parte de la campaña electoral presidencial del 2000. Estos diarios desprestigiaban a los opositores de Fujimori mediante acusaciones de comunismo, homosexualidad y espionaje; el uso de colores fuertes y una gráfica llamativa explica el adjetivo chicha, un género musical surgido en los años ochenta.
El tribunal le impuso una pena de ocho años de prisión, tres años de inhabilitación y el pago de una reparación civil al Estado por un millón de dólares, porque encontró pruebas de que Fujimori conocía el desvío de los fondos de las fuerzas armadas “para fines ajenos a la defensa nacional y en provecho propio”.
“El acusado actuó en su condición de presidente, tenía la administración de la hacienda pública, y al disponer de fondos para un objetivo particular, el reproche en su contra es mayor. Se apropió de fondos públicos para asegurar su continuidad en el poder”, indica la sentencia.

Los hijos de Alberto Fujimori solicitaron en 2013 el indulto humanitario para su padre, pero el presidente de Perú, Ollanta Humala, denegó conceder tal petición, argumentando que Fujimori no tiene “ninguna enfermedad terminal, ni grave, ni degenerativa” que aconsejaran tal indulto.
El exgobernante, de 76 años, ha pasado ocho años preso —después de de ser extraditado de Chile en 2007, donde pasó algunos meses detenido— y debe permanecer otros 17 años más recluido.