jueves, 15 de noviembre de 2012
Una moratoria 'chapucera', según los afectados
Las organizaciones de afectados por los desahucios han calificado como "chapuceras" y "absurdas" las condiciones aprobadas en el Consejo de Ministros para que los deudores hipotecarios puedan acceder a una moratoria de dos años, y han pedido que ésta se aplique a todos los casos.
La portavoz de Stop Desahucios, Ada Colau,
ha afirmado que es "completamente absurdo" que las nuevas medidas se
apliquen sólo en unos determinados casos de vulnerabilidad -familias
numerosas, tener menores de 3 años, víctimas de violencia de género,
entre otras-. "Es una medida absurda, es como poner a los pobres a competir entre ellos a ver quién es más desgraciado", ha señalado.
Por ello, ha exigido que la moratoria de dos años para las familias
más vulnerables, contemplada por el Ejecutivo entre las nuevas medidas
adoptadas, sea para "todos los casos de vivienda habitual y con motivos de insolvencia sobrevenida".
"Nos felicitamos porque, por fin, cuatro años después el Gobierno
empieza a anunciar alguna medida gracias a la presión social, pero llegan muy tarde",
según esta portavoz, que se ha preguntado por qué las nuevas medidas
moratorias de ejecución de desahucio incluye a las familias con niños
menores de 3 años y no de otras edades. "¿Qué pasa que los niños de 5
años no tienen derecho?", se ha cuestionado Colau.
El caso del suicidio de Baracaldo (Vizcaya), que ha sido una de las causas que creó alarma social, según Calau "no hubiera cumplido esos requisitos".
Además, ha destacado que es "inadmisible" que las medidas no tengan efecto retroactivo porque ya se han producido 400.000 ejecuciones hipotecarias y
detrás hay 400.000 personas que han sufrido un procedimiento que la UE
ha calificado de "injusto e ilegal" la semana pasada y se van a quedar
de por vida con una deuda.
"No van a parar los desahucios ni los suicidios con estas medidas",
ha advertido Calau, que ha resaltado que los colectivos que trabajan
"día a día" con los afectados saben que todas las personas que pueden
perder su vivienda habitual por problemas económicos sobrevenidos "son
vulnerables".
Sobre la creación de un fondo social de viviendas que
se destinarán para alquilárselas a las personas que hayan perdido su
vivienda, Calau ha pedido que se expliquen cuanto antes las condiciones
que incluirá esa iniciativa.
Por su parte, uno de los portavoces de la plataforma Afectados por la Hipoteca, Chema Ruiz, ha calificado de "chapuza" las nuevas medidas porque son solo "una forma de aplicar maquillaje pero nada más".
Según Ruiz, las medidas "vuelven a confundir" y es "dar limosna con
derechos". "Esto, al final, va a afectar a una parte nimia de los
afectados y, además, no se aplica ninguna solución a la deuda perpetua con que se condena a las familias, con lo cual es más de lo mismo, es intentar maquillarse nada más", ha añadido.
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU),
ha reclamado en un comunicado que las medidas "amparen a cualquier
familiar en situación de quiebra sobrevenida y que la moratoria de las
ejecuciones hipotecarias no imponga cargas o intereses adicionales".
También la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado las soluciones "cosméticas, coyunturales y parciales" que ha aprobado el Consejo de Ministros.
En un comunicado leído ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, por Iván Ramírez Barrio,
uno de los portavoces de la asociación, se critica que el proyecto del
Gobierno se limite a suspender las ejecuciones durante dos años y a
mejorar las condiciones del código de buenas prácticas bancarias.
En el texto escrito por la PAH, se consideran las negociaciones entre PP y PSOE una solución "parcial e insuficiente", que llegan "tras más de un millón de desahucios y varios muertos en los últimos días".
En el comunicado también se critica la urgencia con la que se ha
realizado el decreto, recordando que la ley hipotecaria vigente data de 1946 y que la plataforma lleva casi cuatro años "proponiendo ideas para su modificación".
Entre esas ideas se encuentra una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) redactada en 2011, que, según ha dicho el portavoz, "lleva ya 600.000 firmas", 100.000 más de las necesarias para su tramitación.
Ramírez Barrio considera la ILP "una posibilidad de legislar democráticamente" en vez de "a puerta cerrada", y pide a los políticos que la debatan en serio y dejen los "yo no fui".
Rollitos con anchoas
Ingredientes
4 escalopes de ternera, 6 filetes de anchoa en aceite de oliva, 100 g de ricota, 1, 5 dl de Pedro Ximénez, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 ramillete de albahaca fresca, sal y pimienta.
Elaboración
Humedecer
dos hojas de papel de horno y colocar un escalope entre ellas.
Aplastar el filete con el rodillo de cocina para que quede lo más fino
posible. Repetir la operación con los escalopes restantes y cortar cada
uno por la mitad para obtener 12 escalopines.
Picar
con la batidora la mitad de la albahaca y 6 filetes de anchoa
escurridos. Agregar el ricota y triturar nuevamente. Sazonar con
pimienta molida. Colocar una cucharada de esta preparación en el centro
de cada escalopín y extenderla hacia los bordes. Enrollarlos remetiendo
los bordes, atarlos y salpimentar.
Calentar el
aceite en una sartén y freír los rollitos de carne, hasta que
estén dorados por todos los lados. Añadir las anchoas y la mitad de la
albahaca reservadas, remover durante 1 minuto más o menos. Añadir el
vino mezclado con 2 dl de agua. Llevar a punto de ebullición, bajar el
fuego un poco, tapar y dejar cocer a fuego lento durante 15 minutos. Dar
la vuelta a los rollitos y cocer 10 minutos más, con la
sartén parcialmente tapada. Rectificar el punto de sazón si
fuera necesario, retirar los escalopes de la sartén, quitarles el hilo
y disponerlos en una fuente de servir. Cubrirlos con la salsa
y espolvorear con la albahaca restante muy picada.
Barquitas de endibia con carne de cangrejo
Ingredientes
4 endibias, 1 lata de carne de cangrejo, 6 aceitunas verdes sin hueso, 50 g de queso fresco, 5 alcaparras, 2 láminas de salmón ahumado, 1 lata de huevas de salmón, 3 cucharadas soperas de mayonesa, 1 ramillete de eneldo fresco.
Elaboración Desprendemos
las hojas de endibia y las colocamos en un recipiente con agua fría.
Por otro lado ponemos en un recipiente la carne de cangrejo, el queso
fresco cortado en dados, las alcaparras, las aceitunas picadas, el
salmón picado y mezclamos con la mayonesa. Rellenamos las barquitas y
decoramos con unas huevas de salmón y un ramillete de eneldo.
Libera Pakistán jefes talibanes afganos para allanar eventual diálogo
Google afirma que la vigilancia y la censura en la Red van en ascenso
Fueron unos correos electrónicos de Gmail los que propiciaron la semana pasada la caída del general retirado David Petraeus del mando de la CIA.
Su amante y biógrafa, Paula Broadwell, envió unos mensajes amenazantes a
otra mujer, Jill Kelley, de la que sospechaba que buscaba una relación
con el general. Kelley acudió al FBI, quien investigó los mensajes. Para
localizar a su emisora, la policía judicial norteamericana tuvo que
pedirle información privada a Google, quien, a tenor de los resultados
preliminares de las pesquisas, acabó entregándola.
El del general norteamericano es un ejemplo de la vigilancia a la que
los Gobiernos de todo el mundo tienen sometida a la Red, por motivos
muy diversos. Un informe de Google sobre transparencia en la Red,
publicado esta semana, revela que las peticiones de información
personal y privada por parte de instancias ejecutivas, legislativas y
judiciales ha aumentado notablemente en meses recientes. Estados Unidos
lidera ese tipo de solicitudes, con 7.969 entre enero y junio de 2012.
España ocupa el octavo lugar, con 531 peticiones de información sobre
un total de 1.037 internautas y por encima de países como Argentina,
Rusia o Israel. En total, entre enero y diciembre, Google recibió 20.938
peticiones de información de autoridades de todo el mundo. En esas
instancias, los Gobiernos o los juzgados suelen pedir datos sobre el
usuario de una cuenta de correo o de un blog, y la información relativa a
la localización geográfica a la que se ha conectado a la Red.
“Esta es la sexta ocasión en la que hemos difundido este tipo de
información, y hay una tendencia clara: la vigilancia por parte de los
Gobiernos va en aumento”, explica Dorothy Chou, analista de Google, en
una entrada en el blog oficial de la empresa. “La información que difundimos es una pequeña muestra, que revela cómo los Gobiernos interactúan con Internet”.
Paralelamente, en el primer semestre del año, las autoridades en
España pidieron a Google que retirara contenido de su buscador en 69
ocasiones, lo que supone un incremento del 60% respecto a los seis
últimos meses de 2011. Esas peticiones suelen estar relacionadas con
casos de difamaciones o de violación de la privacidad de los
demandantes. El líder en ese ámbito vuelve a ser EE UU, cuyo Gobierno y
tribunales pidieron que se retiraran 273 páginas en el mismo periodo.
Además, desde julio de 2011, 516 páginas web con dominios españoles
han debido ser borradas de los resultados de búsqueda de Google por
violación de los derechos de autor. Las que más infracciones acumulan:
forosadvance.es, vagos.es, ipmart-forum.es, musicmarketonline.es y
descargaya.es. Cada una de esas cinco páginas acumula más de 1.000
peticiones cada una.
En 2010, en una serie de testimonios oficiales ante el Congreso
norteamericano, Google incluyó a España en una lista de países que
censura la Red. Uno de los vicepresidentes de la empresa, la abogada
Nicole Wong -quien ahora trabaja en Twitter- equiparó a España con
regímenes que censuran la Red de forma sistemática como China o Irán,
por la prohibición judicial de dos blogs abiertos en 2007 que pedían el
boicoteo de productos de Cataluña por la aprobación del Estatuto de
Autonomía un año antes.
Israel amenaza con derrocar a Abbas si acude a la ONU
Las amenazas israelíes van cobrando intensidad a medida que se
aproxima la fecha en la que los palestinos pedirán a Naciones Unidas que
les reconozca como Estado observador no miembro. La iniciativa
diplomática palestina cuenta con la firme oposición de Israel y de
Estados Unidos, que temen el avance hacia el reconocimiento de Palestina
como Estado de pleno derecho. Si el próximo 29 de noviembre la Asamblea
General de la ONU concede a Gaza y a Cisjordania un estatus similar al
del Vaticano, las puertas de las distintas agencias multilaterales,
incluida la justicia internacional se abrirían para los palestinos.
El ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman se encargó el
miércoles de filtrar un documento en el que instruye a los embajadores
israelíes para que hagan llegar en sus respectivas capitales el
siguiente mensaje: si los palestinos siguen adelante con su proyecto de
reconocimiento, Israel podría desmantelar la autoridad palestina y
derrocar a su presidente, Mahmud Abbas, según confirman fuentes
oficiales israelíes. “Si la propuesta palestina es aceptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas, a nuestro juicio esto supondría la
ruptura de las reglas y provocará una respuesta extrema por nuestra
parte”, aclaró Lieberman el miércoles durante una visita a Ariel, uno de
los asentimientos incrustados en los territorios palestinos.
Más allá de las amenazas de Leiberman, Israel no se ha pronunciado de
forma oficial sobre las represalias que piensa adoptar de llevarse a
cabo finalmente la votación. Entre las medidas que se barajan figura la
congelación del traspaso de impuestos de Israel a las arcas palestinas,
la expansión de los asentamientos y la restricción de movimientos para
los políticos palestinos.
Washington tampoco ha especificado cuál serán los siguientes pasos
después de que el presidente Barak Obama llamara el domingo a su
homólogo palestino y le pidiera que aplazara la iniciativa diplomática.
“No vale con decirnos solo que no vayamos a la ONU, la cuestión es qué
nos ofrecen a cambio”, sostenía esta semana en Ramala el dirigente
palestino Mohamed Stayyeh, ante la prensa. “[Barack] Obama ha tenido
cuatro años para ofrecernos algo, pero no lo ha hecho”, añadió.
Los palestinos calculan que cuentan con una amplia mayoría, de al
menos 130 votos, en la Asamblea General. Entre los europeos no hay una
posición consensuada y se prevé que voten divididos.
Hace más de dos años que las negociaciones entre palestinos e
israelíes se encuentran en punto muerto. La falta de propuestas sobre la
mesa y la imparable expansión de los asentamientos ha animado a los
palestinos a buscar nuevas vías para progresar en su camino hacia la
creación de un Estado palestino sobre las fronteras de 1967; un objetivo
que cuenta con el consenso de la comunidad internacional.
La idea sin embargo es que a ese objetivo se llegue mediante
negociaciones directas entre ambas partes, que deben decidir sobre los
asuntos más espinosos, entre ellos, la demarcación de las fronteras, el
futuro de los refugiados palestinos y de Jerusalén. Los israelíes acusan
a los palestinos de no querer sentarse a negociar. Y los palestinos se
han negado a sentarse a la mesa negociadora hasta que no cese la
expansión de los asentamientos. Más de medio millón de israelíes viven
en asentamientos en Cisjordania y en Jerusalén Este Es decir, en los
territorios que se supone que algún día llegarán a formar El estado
palestino.
Irlanda investiga la muerte de una embarazada a la que se denegó un aborto
Las autoridades irlandesas investigan la muerte por septicemia de una
mujer en un hospital donde los médicos se negaron supuestamente a
practicarle un aborto pese a que tenía un embarazo problemático, según
han confirmado fuentes oficiales. Irlanda tiene una de las leyes del aborto más restrictivas de la Unión Europea (UE), que ha sido duramente criticada por los tribunales comunitarios.
El aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre corre
peligro, excepción que, no obstante, nunca ha sido refrendada por los
legisladores e incluida en la Constitución, por lo que queda expuesta a
la interpretación. Según declaró a los medios irlandeses el marido de
Savita Halappanavar, de 31 años y embarazada de 17 semanas, la paciente
pidió en repetidas ocasiones a los médicos del Hospital Universitario de
Galway (oeste de Irlanda) que terminasen su embarazo porque sufría fuertes dolores.
De acuerdo con el testimonio de Praveen Halappanavar, los doctores se
negaron a practicar un aborto porque dijeron que el feto estaba vivo y,
ante la insistencia de la enferma, llegaron a recordar a la pareja que Irlanda "es un país católico".
El Ministerio indio de Exteriores ha emitido una nota en la que
manifiesta que siente "profundamente la muerte de doña Halappanavar. La
muerte de una ciudadana india en esas circunstancias es un asunto
preocupante. Nuestra embajada en Dublín está estudiando el asunto".
Protestas en el Parlamento
La mujer, originaria de la India y de profesión dentista, falleció el
pasado 28 de octubre tras sufrir un aborto involuntario y septicemia
(una infección generalizada de la sangre), según la prensa. Alrededor de
2.000 personas se concentraron a las puertas del parlamento irlandés en Dublín para protestar por la muerte de Savita y reclamar un cambio en la actual ley del aborto.
En Irlanda, únicamente está permitida la interrupción del embarazo si
está en riesgo la vida de la madre. En este caso, el marido de Savita
ha declarado a la BBC que los problemas comenzaron un domingo; aunque
los médicos no iniciaron el tratamiento con antibióticos para frenar la
infección hasta el martes; sólo un día después, la mujer falleció. El hospital también ha abierto una investigación para determinar porqué no se actuó antes.
El pasado abril, el Parlamento irlandés (Dáil) rechazó un proyecto de
ley sobre la reforma del aborto encaminada a corregir una anomalía
histórica, ya que la legislación vigente no contempla una resolución
judicial de 1992 que permite la interrupción del embarazo en ciertas
circunstancias.
Desde entonces, ninguno de los seis gobiernos sucesivos en Irlanda ha
incorporado aquella sentencia a la legislación, a pesar de que también
se han celebrado dos consultas populares sobre este asunto en los
últimos 20 años. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó hace dos años a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer a la que no se permitió abortar en este país a pesar de que su vida corría peligro.
Como relata la BBC, un grupo de 14 expertos trabaja desde el pasado
mes de enero para elaborar una serie de recomendaciones basada en la
condena del Tribunal de Estrasburgo en 2010. Un portavoz del Gobierno
irlandés ha señalado que el ministro de Sanidad, James Reilly, recibirá
sus conclusiones "pronto".
La Fiscalía de Madrid se opone a que el Ayuntamiento se persone en el caso
La Fiscalía de Madrid se ha opuesto a la decisión del juez Eduardo López de aceptar la personación del Ayuntamiento de Madrid como parte del procedimiento judicial en el que se investiga la muerte de cuatro jóvenes en el recito municipal Madrid Arena.
El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, ha explicado que la oposición se debe a que el Ayuntamiento no puede tener "la doble condición de responsable y acusador". Además, ha insistido en que el Consistorio madrileño "puede acabar siendo responsable".
Asimismo, Esteban ha precisado que la decisión de la Fiscalía de pedir la imputación del concejal Pedro Calvo se ha realizado en aras a "facilitar su defensa y poder defenderse mejor", ya
que en un proceso judicial la persona que declara en la condición de
testigo está obligada a decir la verdad, mientras que el imputado no y
puede estar acompañado de su abogado.
Además, el fiscal jefe de Madrid no ha descartado que "vayan apareciendo más responsables" del Ayuntamiento de Madrid, si bien ha insistido en que puede darse el caso de que la responsabilidad sólo alcance a Calvo.
El magistrado aceptó el miércoles la personación del Ayuntamiento de
Madrid en la causa como parte interesada, a la espera de que en el curso
de la instrucción esta personación pueda derivar en acusación
particular o bien se transforme en responsabilidad civil subsidiaria, a
la luz del artículo 121 del Código Penal.
El Ayuntamiento exonera al Ayuntamiento de la tragedia del Madrid Arena
En el mundo del toro hay un dicho muy socorrido: "Tarde de
expectación, tarde de decepción". Pues eso. Después de convocar a todos
los medios a las 10 de la mañana en la sede de la Alcaldía para hablar
del informe de la investigación interna municipal del Madrid Arena, Ana Botella ni tan siquiera hizo el amago de entrar a desgranarlo.
En una comparecencia pública sin preguntas, como ya
se advertía en la convocatoria, la alcaldesa solventó en menos de seis
minutos el asunto. Lo más relevante, decir que habían acabado el informe
y que ponía a disposición de los medios. No entró a valorarlo, ni a
desgranarlo ni tan siquiera acertó a decir alguna de sus conclusiones.
Volvió a los mismos lugares comunes que lleva repitiendo como un
mantra desde que comenzó la crisis institucional por la gestión de la
tragedia: "Las víctimas son lo más importante"; "no tememos a la verdad"; "poner en marcha medidas para evitar que vuelva a suceder".
En el informe, de 25 páginas, el Ayuntamiento aporta datos que avalan la gestión que el equipo de Ana Botella ha hecho de la tragedia y lo exoneran de toda responsabilidad.
La alcaldesa sí dijo que el documento que ha sido 'pilotado' por la
delegada de Hacienda y persona de confianza suya, Concepción Dancausa, es "pormenorizado y riguroso". Además de entregarse a los medios y colgarse en la web del Ayuntamiento, www.madrid.es, se lo harán llegar al juez.
Sí hizo tuvo tiempo para referirse a la dimisión del ya ex delegado de Economía,
Pedro Calvo, imputado por el juez en el caso, para apelar a la
"presunción de inocencia, principio básico del Estado de derecho".
"Agradecer el gesto de Pedro Calvo al presentarme su dimisión. Le he
pedido que mantenga el acta de concejal. La imputación no debe
significar un prejuicio de acusación sino una garantía. La imputación no debe significar una condena previa para nadie. Para mí, desde lueego, no lo es. Espero que cuanto antes se levante la imputación", dijo.
Y no hubo tiempo para mucho más. La alcaldesa salió de la sala
institucional edonde se desarrolló la comparecencia dejando plantado al
micrófono ante un pelotón de cámaras de televisión.
El TC sentencia que el matrimonio es un 'derecho constitucional' de todos
La sentencia (PDF) en la que el Tribunal Constitucional avala el matrimonio homosexual argumenta que éste es "un derecho constitucional" de todos y que una lectura "evolutiva" de la ley fundamental no lleva a la conclusión de que el matrimonio heterosexual sea el único "constitucionalmente legítimo".
Así, la sentencia argumenta que una interpretación de la Constitución
como un "árbol vivo" ha llevado al alto tribunal a concluir que la Ley
del Matrimonio Homosexual, contra la que recurrió el PP, no "desnaturaliza" esta institución.
En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, se parte de que el eje de la cuestión radica en el artículo 32 de la Constitución, en el que se dice que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica".
"La Ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para
contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de
separación y disolución y sus efectos", dice también este artículo.
Así, en la Constitución Española el matrimonio es una institución y, simultáneamente, un derecho constitucional, interpreta el TC.
¿Menoscabo o limite?
La sentencia analiza, a partir de aquí, si la ley recurrida "supone un menoscabo constitucionalmente inadmisible" de la institución
y, por otra parte, si limita el citado derecho. Es decir, el tribunal
se propone dar protección objetiva a la institución para que no la
"vacíe" el legislador y, al mismo tiempo, garantizar el derecho al ciudadano.
En cuanto al primer aspecto, la sentencia señala que el PP, en su
recurso, hace una interpretación "originalista" del texto constitucional
(es decir, sistemática y literal), pero responde a este modo de leer la
ley fundamental con una concepción del mismo como, dice, "árbol vivo".
Activistas celebran el fallo del TC. | Efe
Esta interpretación "evolutiva" de la Constitución "se acomoda a las realidades de la vida moderna
como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad", de modo
que se pueda leer el texto fundamental "a la luz de los problemas
contemporáneos y de las exigencias de la sociedad actual", dice la
sentencia.
El único hecho de que el matrimonio sea entre personas del
mismo sexo no hace irreconocible esta institución en la sociedad
española actual, añade el TC.
Para decirlo tiene en cuenta las leyes de nuestro entorno
internacional, que contemplan el matrimonio entre personas del mismo
sexo, y también el hecho de que en la propia sociedad española tengan una "amplia" aceptación las uniones homosexuales, según datos estadísticos.
'Lógica equiparación de estatutos jurídicos'
Una vez salvada la cuestión institucional, el TC señala, en cuanto el
derecho fundamental, que la modificación en el Código Civil que
introduce la ley recurrida no afecta al ejercicio del matrimonio que ya desarrollaban las personas heterosexuales.
Lo que hace la ley es "una lógica equiparación de estatutos
jurídicos" en el ejercicio de un derecho, pero sin afectar a quienes ya
ejercían el citado derecho, de modo que no existe reproche alguno
posible tampoco desde esta segunda perspectiva, dice el TC.
Adopción
La sentencia se ocupa luego de la cuestión de las adopciones por
parte de las parejas de personas del mismo sexo y señala que la
prioridad, como dice su jurisprudencia y la de otras instancias, y como
reconocen todas las partes en el proceso, es el interés del menor.
Ahora bien, en contra de lo que señala el recurso de
inconstitucionalidad, el TC falla que la ley recurrida no altera este
principio en absoluto.
La ley recurrida mantiene que la resolución judicial sobre la
adopción contemple la idoneidad de los adultos para hacerse cargo del
menor como criterio principal, de modo que éste quede siempre protegido.
Lo que sucede, dice la sentencia, es que "no existe certeza
que permita afirmar actualmente que estas condiciones" de idoneidad "no
puedan ser proporcionadas por una pareja homosexual".
Votos particulares
El magistrado Ramón Rodríguez Arribas (PDF) se muestra en contra de la misma. Cree que la "interpretación evolutiva" para describir el matrimonio "realiza una verdadera filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino" al prescindir "absolutamente del componente biológico (o antropológico, si se quiere) ínsito en el matrimonio". El magistrado deja claro su posición contraria a la posibilidad de adopción de menores por partes de personas homosexuales ya que, en su opinión, para el niño "no resulta indiferente que en lugar de tener un padre y una madre o solo un padre o solo una madre, para sustituir la pérdida o abandono de los naturales, se encuentre con que tiene dos padres y ninguna madre o dos madres y ningún padre o haya que convertir a una mujer en padre o a un hombre en madre".
En cualquier caso, recuerda que "la posible regulación de un matrimonio entre personas del mismo sexo, o de una unión de estas, distinta del matrimonio, es una cuestión que queda a la decisión de los Estados".
Otro voto particular, el del magistrado Andrés Ollero Tassara (PDF), destaca que la inclusión del matrimonio homosexual al ordenamiento jurídico español debió haber incluido una reforma del artículo 32 de la CE. Y sostiene que con la posibidad del matrimonio gay esta institución "pasa de entenderse como un vínculo de relevancia social a enfocarse como una desvinculada vía de emancipación individual". "El precio de esta operación de ingeniería social es la desnaturalización de la institución misma y la desprotección de los bienes jurídicos de dimensión social que amparaba". "En realidad tanto el matrimonio como la familia son realidades antropológicas que el derecho se limita a reconocer", asegura Ollero Tassara. "El matrimonio es pues una 'institución garantizada por la Constitución'; tan conocida como para no necesitar definición"
Por su parte, el magistrado Juan José González Rivas (PDF) también rechaza la sentencia ya que, en su opinión, "la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, desnaturaliza la esencia de la institución querida por el legislador constituyente y modifica los requisitos subjetivos esenciales para su legítimo ejercicio", aunque no se opone a "las uniones duraderas entre personas del mismo sexo sean objeto de una especial consideración por el legislador". También se muestra en contra de las adopciones por parte de adoptantes del mismo sexo, que según él "contraviene la configuración constitucional de la filiación y atenta al prevalente interés del menor".
Para terminar, el cuatro voto particular, en este caso concurrente, es del magistrado Manuel Aragón Reyes (PDF), que critica algunos aspectos formales de la sentencia y esencialmente al uso que se da al término "interpretación evolutiva". "La realidad social puede conducir a que se vuelvan obsoletas algunas previsiones constitucionales, o a que se manifieste la necesidad de cambio de las mismas, pero para ello está prevista la reforma constitucional", recuerda el magistrado.
El Consejo de Estado ve el euro por receta inconstitucional como iniciativa autonómica
El Consejo de Estado ha aportado un informe en el que dice que la implantación del pago de un euro por receta es una medida de competencia estatal
y que, como iniciativa autonómica, vulnera potestades exclusivas del
Gobierno central y, además, genera desigualdades en el acceso a fármacos
entre regiones, según señala correofarmaceutico.com.
El Gobierno no ha dejado pasar la oportunidad y, sobre las
conclusiones del Consejo de Estado, el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, contrario a la medida, ha
dicho que piensa utilizar el informe "para que Cataluña elimine esta tasa cuanto antes".
A partir de este punto, y en lo que supone un toque de atención a Madrid
(que impondrá la tasa en 2013), el ministro ha dejado bien claro que
"no será aplicable en ninguna comunidad autónoma". Montoro ha aclarado
que, tal y como refiere el documento, "en materia de definición de
productos farmacéuticos y de la formación de sus precios, el ámbito de
competencia pertenece al Estado".
El dictamen, emitido el pasado 21 de junio y del que ya informó Montoro el pasado martes en el Senado, considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes
para la interposición de recurso de inconstitucionalidad con los
artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas
fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre
las estancias en establecimientos turísticos", que recoge el euro por
receta.
El dictamen también subraya que no se reprocha una eventual falta de
competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que
"la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en
concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna".
El Consejo considera que la norma "contraviene el orden constitucional de distribución de competencias" y "excluye el derecho de tanteo
reconocido al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a
apreciar la existencia de fundamentos suficientes para proceder a su
impugnación".
Montoro explicó el pasado martes en el Senado en respuesta a una
pregunta sobre esta cuestión formulada por el socialista Tomás Gómez
-quién a su vez anunció un recurso contra esta tasa ante el Tribunal
Constitucional- que el Gobierno cuenta con este informe, que va a
utilizar para que Cataluña elimine esta tasa "cuanto antes" y "a partir de ella, no será aplicable en ninguna comunidad autónoma".
La Comunidad de Madrid se ratifica
Tras conocerse la postura del Consejo de Estado, la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid incide que el pago del euro por
receta, sigue siendo una tasa complementaria y, en consecuencia, competencia de las comunidades autónomas.
Así lo han indicado este jueves fuentes del departamento que dirige
Javier Fernández-Lasquetty, para resaltar que tenían conocimiento del
citado informe del Consejo de Estado y subrayar que esta medida es
competencia de las comunidades.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha insistido en que el Gobierno recurrirá ante el Constitucional
la decisión de Cataluña y de Madrid si no llega a un acuerdo con estas
comunidades autónomas. El Ministerio considera que no son competentes
para adoptar ese tipo de medidas, han señalado fuentes del Departamento
que dirige Ana Mato, quien ya anunció en el Senado la decisión de
presentar el recurso.
El Ministerio mantiene abierta una mesa de diálogo con Cataluña
desde el mes de marzo, en que se aprobó la tasa, con la voluntad de
llegar a un acuerdo antes de presentar el recurso, para lo que disponen
de un plazo de nueve meses. En el caso de la Comunidad de Madrid, se van
a seguir los mismos pasos, han asegurado las fuentes.
Bruselas recuerda al Gobierno que debe consultarle antes de modificar la norma de los desahucios
El Gobierno aún no ha consultado a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) las modificaciones que pretende introducir en la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias (desahucios) y que será aprobada hoy mediante decreto ley en el Consejo de Ministros.
Bruselas ha advertido de que de acuerdo con las condiciones fijadas en el programa de recapitalización de la banca, "cualquier regulación que afecte al sector financiero debe ser consultada" al equipo técnico de la Comisión y el BCE.
En concreto esta obligación aparece claramente especificada en el segundo párrafo del Memorandum con las condiciones:
"Durante la duración de la asistencia financiera, las autoridades
españolas deberán consultar ex-ante a la Comisión Europea y el BCE la
adopción de políticas que afecten al sector financiero y no estén
incluidas en este Memorandum pero puedan tener un impacto material en la
consecución de los objetivos del programa", advierte. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también deberá ser consultado.
"Estamos constantemente intercambiando información con las autoridades españolas, pero de este caso concreto no hemos recibido nada", aseguran fuentes europeas. El Gobierno ha decidido fijar un umbral de renta para limitar los desahucios a las familias que ganen menos de 19.000 euros anuales.
Esta medida, según han advertido algunas entidades financieras, podría tener una repercusión en el flujo de crédito que las entidades dan a familias y hogares y en el objetivo de saneamiento de los bancos, cuyas necesidades de capital podrían verse aumentadas.
Fuentes europeas recuerdan que cualquier medida que se apruebe debe respetar las reglas del Memorándum de Entendimiento,
que establecen que no debe existir un impacto extra en el
contribuyente, no debe afectar al proceso de recapitalización de las
entidades y debe cumplir con las reglas comunitarias de competencia.
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