Pescado a la veracruzana

Las esterilizaciones de la era Fujimori siguen impunes en Perú

La última vez que Perú se presentó ante el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas, en 2000, el país salía de ocho años del régimen autoritario de Alberto Fujimori. En noviembre de 2000, el Comité expresó su preocupación por las “denuncias recibidas sobre esterilizaciones involuntarias, particularmente de mujeres indígenas en zonas rurales y de mujeres de los sectores sociales más vulnerables”. Doce años después, la misma instancia vuelve a llamar la atención sobre el tema por la falta de sanciones a los responsables de esa política de control natal aplicada durante el gobierno de Fujimori y de resultados en la investigación.

“Pese al significativo número de años que han pasado, las víctimas aún no han recibido reparaciones y los perpetradores no han sido sancionados”, señala en sus conclusiones el comité que evaluó el desempeño de Perú como Estado parte del Pacto de Derechos Sociales y Políticos. El documento fue difundido el jueves 28 en Ginebra.

En 2011, durante la campaña electoral presidencial, el recuerdo de los casos de esterilizaciones forzadas minó la candidatura de Keiko Fujimori, hija del ex presidente que cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Las investigaciones fiscales acerca de las esterilizaciones forzadas se reabrieron en 2012, aunque ONG alertaron que si el Estado no provee presupuesto y personal, las denuncias se archivarán como en el pasado. Los expertos de la ONU se han pronunciado en el mismo sentido. “El Comité urge al Estado parte a agilizar la investigación: disponer suficientes recursos económicos, humanos y técnicos (…) y asegurar que todas las víctimas reciban formas adecuadas de reparación sin más dilaciones”.

Perú presentó a la ONU, en septiembre de 2011, su quinto informe como Estado parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, aunque debió haberlo depositado en octubre de 2003. El año pasado, recibió preguntas específicas del comité de expertos en Ginebra y fue convocado al examen periódico en Ginebra. Estas audiencias del examen se realizaron el 19 y 20 de marzo, tras lo cual, el comité de expertos elaboró sus conclusiones.

Entre otras recomendaciones, el Comité indica que el Estado peruano debe asegurar la aplicación de un protocolo nacional de aborto terapéutico ya aprobado. “En otros países de América Latina, el aborto terapéutico es formalmente ilegal, pero en Perú es formalmente legal y no está adecuadamente implementado. Nosotros debemos enfatizar en la protección de la vida y la salud de las mujeres; en ese sentido es un problema más serio”, comentó a este diario Gerald Neuman, uno de los expertos del Comité, y catedrático en Harvard de Derecho Internacional y Derecho Comparado. “Cierta cantidad de problemas de Perú acerca de los derechos humanos se debe a que las normas dicen cosas coherentes con las obligaciones internacionales, pero fracasa en la implementación efectiva de la ley en la realidad, y no cumple, entonces, con su obligación”, añade Neuman.

El experto estadounidense también destacó que al Comité de la ONU le preocupa “la frecuencia con la que declara el Estado de emergencia, sin justificación, para lidiar con protestas pequeñas y locales”, dado que en esas circunstancias ha habido excesos en el uso de la fuerza por parte de los militares y la policía. “Esas violaciones de derechos humanos no están siendo investigadas ni sancionadas”, agregó por teléfono.

Al igual que Neuman, el abogado argentino y miembro del comité Fabián Salvioli, remarcó el riesgo que plantean los decretos 1064 y 1065 que autorizan la intervención de las Fuerzas Armadas ante un ‘grupo hostil’. “En dichas normas encontramos una posible incompatibilidad con el pacto, pues la definición de ‘grupo hostil’ puede incluso aplicarse a personas con piedras o palos, que no merezcan ese uso de la fuerza”.

Las conclusiones del comité también aluden a secuelas del conflicto armado interno y la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso entre 1980 y 2000. La instancia lamenta la falta de cooperación del ministerio de Defensa y las fuerzas armadas a la hora de entregar información.

Tráfico está decidido a imponer a los ciclistas el uso del casco en ciudad

“Es el primer día que llevo casco. Lo veo ridículo”. Esta es una de las reacciones que recogió EL PAÍS el 2 de septiembre de 1992, un día después de que entrara en vigor la obligación de que los usuarios de ciclomotores llevaran casco. “La historia de la seguridad vial está plagada de este dilema: cinturón de seguridad delante, cinturón de seguridad detrás, casco de motocicleta, casco de ciclomotor… No hay una sola medida de prevención que haya sido recibida favorablemente por todo el mundo”, estima la directora general de Tráfico, María Seguí. Y la polémica sobre la obligatoriedad o no del casco para ciclistas en zona urbana no está libre de controversia, hasta tal punto que, según fuentes de Tráfico es, junto a la subida de la velocidad a 130 kilómetros por hora en ciertos tramos, el principal escollo para la aprobación consensuada del nuevo Reglamento General de Circulación.

El borrador, que Tráfico ya ha enviado a los miembros del Consejo de Seguridad Vial, recoge la imposición de que los ciclistas usen casco cuando circulan por ciudad, una norma que ya ha suscitado el rechazo unánime, no solo de las asociaciones ciclistas sino de todas las fuerzas políticas en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, según datos cruzados de las policías locales y la Guardia Civil, el 20% de los ciclistas muertos y heridos, en ciudad y en carretera, lo son por una lesión craneal, aunque los informes no especifican cuántos no llevaban casco.

A favor

• El casco reduce tanto las lesiones craneales como su gravedad.

• Si la medida es voluntaria, solo usarán el casco "los convencidos". El resto sigue en peligro.

•  Aunque el número de fallecidos no es alto, sí lo es el de heridos.

• Hay estudios que demuestran que la obligatoriedad del casco reduce el número de lesionados craneales y no incide en una disminución del uso de la bicicleta.

“La evidencia en la utilidad del casco para reducir la probabilidad de lesión craneal es incuestionable, hay más de 150 artículos científicos al respecto y eso no lo va criticar ninguna asociación ciclista”, defiende la directora. Y, efectivamente, el problema no reside en la utilidad o no del casco sino en la exigencia de llevarlo. Seguí apuesta claramente por establecer su uso por ley: “Cuando tú pones una medida voluntaria, se protege aquel que es más consciente. Y, por pura definición, es el que menos probabilidad tenía de tener un accidente”.

Pero las asociaciones ciclistas creen que el mensaje que envía Tráfico, en el momento de auge de la bicicleta, es que este tipo de vehículo es peligroso, cuando las cifras, aseguran, demuestran lo contrario. “Hay un promedio de 15 muertos anuales —en 2011, el último año con cifras consolidadas, fallecieron 12 ciclistas en ciudad—, por lo que es una medida totalmente desproporcionada, que frena la expansión ciclista", considera Manuel Martín, director técnico de ConBici. Según el Barómetro Anual de la Bicicleta, unos tres millones de personas usan en España este vehículo casi a diario. “La normalidad en el uso la bicicleta se verá afectada por la imposición del casco”, sostiene Martín. La comodidad o la estética son, según reconoce, dos de los factores. “Piensa en una mujer que acaba de salir de la peluquería y se lo tiene que poner”, continúa. Además, en el resto de Europa, según apuntan desde la Asociación de Ciclistas Profesionales, “no es obligatorio el uso del casco”.

En contra

• La implantación del casco provocará una disminución del uso de la bicicleta, según un estudio neozelandés.

• En el resto de Europa no es obligatorio usar el casco.

• La imposición del uso del casco envía un mensaje de peligrosidad sobre el uso de la bicicleta, pero la media de fallecidos anuales es de 15 personas.

• El casco afectará a la normalidad del uso de la bicicleta porque puede llegar a resultar incómodo y poco estético.

El director de ConBici tilda la imposición de “paternalista” y recuerda que “unas 300 personas pierden la vida al año por un ahogamiento pero no es obligatorio llevar chalecos salvavidas en los pantanos”. “Si la Dirección General de Tráfico está tan preocupada por velar por la salud de todos los ciudadanos, debería empezar por poner casco obligatorio a los ocupantes de los coches, que suman al año unas 5.000 víctimas entre heridos y fallecidos, muchos por politraumatismos craneoencefálicos”, añade.

Sin embargo, estas cifras, protesta María Seguí, “son incompletas porque son las mismas que las de la DGT y, por ley, solo se recogen los incidentes donde hay implicado un vehículo motorizado”. La máxima responsable de Tráfico admite que la cifra de víctimas mortales no es elevada. “Al ciclista, lo que realmente le mata es la velocidad de los vehículos, y de ahí la importancia de reducir la velocidad en ciudad con el nuevo código de circulación [a 30 en calles con un solo carril y sentido único o con un carril por sentido de circulación, y a 20 en las calles con una sola calzada y una acera]”. “Esa es la principal ayuda al ciclista”, apostilla.

Son los heridos, sin embargo, lo que más le preocupa. En 2011, hubo 285 ciclistas que resultaron heridos graves en ciudad, la cifra más alta desde 1997. “Las lesiones cerebrales son un mal silente en España”, insiste Seguí, que subraya que el casco ayuda a reducirlas tanto en número como en gravedad. Y arroja las cifras generales de siniestralidad de 2012: 5.600 lesionados cerebrales y más de 200 lesionados medulares. “¿Voy a promover un medio que me puede resultar en más lesionados craneales cuando tengo una herramienta que sé que es efectiva reduciendo esa lesión?”, se pregunta.

Pero los ciclistas argumentan que Interior y la DGT “legislan por percepciones”. “No tienen estudios hechos”, considera Manuel Martín, que sí alude a un estudio: “En Nueva Zelanda se demostró que el uso de la bicicleta cayó en un 30% tras la imposición del casco”, recuerda. Seguí conoce este estudio: “Es cierto, pero se hizo en el periodo inmediato a la aprobación de la ley, nadie ha seguido a más largo plazo qué sucede con eso y quien es un convencido de la bicicleta, tarde o temprano vuelve”.

Sin embargo, sí existen estudios científicos que avalan no solo la eficacia del casco como protección sino la efectividad de implantar la medida por ley. El Cochrane, una red internacional especializada en la elaboración de informes sobre recomendaciones de salud pública, concluye que la implantación por ley del uso del casco para ciclistas en ciudad es “efectiva en la reducción de lesiones craneales”.

Llega a resultados similares otro estudio canadiense publicado en la revista Injury Prevention, que, si bien alude al estudio neozelandés sobre la disminución de ciclistas, asegura no haber encontrado en su análisis “una reducción significativa del uso de la bicicleta” durante la implantación de una ley similar en Canadá. María Seguí se muestra contundente sobre la implantación de la normativa: “Si me quieren tirar tomates que me los tiren”.

Barómetro

• En España, alrededor de tres millones de personas usan la bicicleta casi a diario, y a 15,5 millones con alguna frecuencia, según el Barómetro Anual de la Bicicleta.

• En 2011 murieron 49 ciclistas, 37 en vía interurbana y 12 en vía urbana.

• En 2011, resultaron heridos graves 589 ciclistas, 304 en vía interurbana y 285 en vía urbana.

• Un golpe en la cabeza provocó el 20% de heridos y muertos entre los usuarios de la bicicleta.

Feijóo y el narco Marcial Dorado fueron amigos en los noventa

Fueron amigos durante unos años, y uno acabó al frente del Gobierno gallego y el otro en la cárcel por narcotráfico. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del PP,mantuvo a mediados de los años noventa, mientras ocupaba altos cargos en los Gobiernos gallego y central, una estrecha amistad con el histórico contrabandista Marcial Dorado Baúlde. Entonces Dorado ya era muy conocido por sus actividades como uno de los jefes del contrabando de tabaco en Galicia, y Feijóo ocupaba destacados puestos en la Administración sanitaria, primero en la autonómica y luego en la estatal. La relación incluyó invitaciones a Feijóo a la casa y al barco de Dorado, además de viajes que realizaron juntos.

En aquella época el contrabandista había sido detenido dos veces: en 1983, en la primera gran redada contra el negocio ilegal del tabaco en las Rías Baixas, y en 1990, por orden del juez Baltasar Garzón, dentro de la Operación Nécora, aunque luego lo excarcelaron y no llegó a ir juicio. Años después de su relación con Feijóo, Dorado fue arrestado por narcotráfico y ahora mismo se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena a 14 años.

EL PAÍS se reunió con Feijóo el pasado día 20. En esa reunión el presidente de la Xunta pudo ver las fotos a las que había tenido acceso este periódico y ofreció su versión de los hechos. EL PAÍS había obtenido las fotos días antes, pero no contactó con el líder conservador gallego hasta que comprobó la veracidad de las mismas. Feijóo y el contrabandista se conocieron a través del que fuera durante años testaferro de este último en sus múltiples negocios, Manuel Cruz López —luego fallecido en accidente de tráfico—, militante del PP en Ferrol y chófer oficial de consejeros de la Xunta como José Manuel Romay Becaria, principal impulsor de la ascendente trayectoria de Feijóo como gestor en la Administración y de su meteórica carrera política hasta su nombramiento como sucesor de Manuel Fraga en 2004.

 Feijóo conoció a Dorado a través de un testaferro de este, chófer en la Xunta 

Cuando conoció al contrabandista, Feijóo tenía 34 años, vivía en Santiago y era el número dos de la Consejería de Sanidad que dirigía Romay. Su amistad con Dorado se mantuvo unos meses después de la marcha del actual presidente gallego a Madrid, reclutado por el propio Romay para dirigir el desaparecido Insalud. El entonces prometedor alto cargo empezó a acompañar a Cruz en sus asiduas visitas a la espléndida mansión de Dorado en A Illa de Arousa (Pontevedra), donde se celebraban comidas y reuniones a las que asistía personal de confianza del contrabandista, incluso algunos mandos uniformados.

La amistad entre el político y el contrabandista se fue estrechando. Entre 1995 y 1998, Feijóo acudió durante los veranos a otra casa que Dorado tenía en Baiona, cerca de Vigo. En estas escapadas no faltaba el paseo a bordo del yate que el empresario tabaquero tenía atracado en el Club Náutico de esta localidad turística. En algunas de esas excursiones participó también la que era entonces la pareja del que llegaría a ser jefe del Gobierno gallego. La afición de Dorado por los barcos de recreo llevó a Feijóo a pasear a bordo de uno de los yates insignia del contrabandista, el Oratus, que tenía fondeado en Ibiza. Esta embarcación sería intervenida años después en una operación contra el blanqueo de dinero, tras la detención de Dorado en relación con un cargamento de seis toneladas de cocaína, en octubre de 2003.

El contrabandista Marcial Dorado Baúlde (izquierda) y Alberto Núñez Feijóo, en un barco del primero en el verano de 1995, entre Baiona y las islas Cíes, en la ría de Vigo.

Feijóo también fue con Dorado a Portugal, donde este tenía negocios, y a Andorra. El Principado era entonces uno de los destinos frecuentes de los contrabandistas para evadir dinero. Personas próximas a Dorado, algunos exsocios en la importación ilegal de tabaco, recuerdan a Feijóo como una persona discreta pero muy integrado en las fiestas que organizaba su anfitrión. Era el amigo de Cruz, mano derecha del contrabandista, y apenas conocían detalles de su vida profesional. La sorpresa vino años después, cuando alcanzó la presidencia de la Xunta.

En aquella época, Dorado ya había amasado una de las más potentes fortunas a la sombra del negocio tabaquero con varias sociedades inmobiliarias y gasolineras. En Portugal se había introducido en el mercado vinícola con una importante plantación mientras orientaba parte de sus inversiones hacia Marruecos con la producción de aceite.

En esa época

el contrabandista ya había sido detenido en dos ocasiones

Feijóo explica que empezó a tratar a Dorado, en torno a 1995, a través de Cruz, con quien había trabado amistad en la Xunta. Su relación, asegura, se limitó al ámbito personal en reuniones en su tiempo de ocio en las que participaban más amigos. Reconoce que estuvo en su barco, en su casa y que al menos hizo un viaje con él, aunque insiste en que siempre había más amigos presentes. El presidente de la Xunta niega tajantemente que tuviera cualquier tipo de lazo económico con Dorado ni que estuviera al tanto de sus negocios ni que su relación con él hubiese tenido la menor influencia en sus decisiones como cargo público. Insiste en que también desconocía que Cruz participase en los negocios del contrabandista.

Según el jefe del Gobierno gallego, en aquel momento confió en la palabra de los amigos comunes, que le aseguraron que Dorado ya no se dedicaba al contrabando de tabaco. Y resalta que, cuando se produjeron los hechos, tampoco había ningún procedimiento judicial abierto contra él. Hacia 1997, en cuanto tuvo noticia de que la Audiencia Nacional había abierto una investigación a Dorado por una supuesta operación de contrabando, el presidente gallego afirma que cortó toda la relación con él y que desde entonces ni se han vuelto a ver ni han hablado nunca.

En conversación con EL PAÍS, Feijóo señala que en 2004 tuvo conocimiento de que fotografías suyas con Dorado habían sido requisadas durante un registro policial en el domicilio de este. Más tarde, durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2009 —en las que alcanzó la presidencia de la Xunta—, asegura que dirigentes del PSOE le amenazaron con difundir esas imágenes si el PP no bajaba el tono de sus ataques. El presidente gallego sostiene que transmitió a los socialistas que no le importaba que se hicieran públicas porque entendía que no le comprometían en nada ilegal. En esos mismos días, el PP hizo circular una imagen del entonces vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, en el yate de un empresario que había recibido contratos de la Xunta. Mariano Rajoy llegó a pedir la dimisión de Quintana por esa foto.

Hicieron viajes juntos y Feijóo fue invitado a la mansión del capo

Desde su implicación en la gran redada contra los tabaqueros gallegos en 1983, Marcial Dorado, uno de los 94 procesados en este macrosumario, es uno de los que más páginas de periódicos ha acaparado. Aunque el asunto fue archivado por la Audiencia Nacional 15 años después, Dorado Baúlde fue objeto de múltiples investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) hasta el punto de que en 1998 la dirección de Aduanas en Madrid ya había diseñado la operación para detenerle bautizada como Cabeza de Vaca, en alusión al conquistador español y su relación con la leyenda de El Dorado. La operación fue desactivada coincidiendo con la fulgurante destitución de la entonces cúpula del SVA. De los históricos del contrabando de tabaco en Galicia, Dorado era el único al que nunca se había podido implicar en el tráfico de drogas.

Cuando su relación con Feijóo ya había concluido, Dorado acabó condenado a tres años por sobornar a dos guardias civiles. En 2003 le detuvieron por primera vez acusado de narcotráfico. Era el último de los históricos en caer y el único que permanecía en pie viviendo de las rentas de la importación de tabaco ilegal.

El  presidente de la Xunta afirma que creyó que Dorado ya no era contrabandista

Dorado, que pronto cumplirá 63 años, comenzó en el contrabando como jefe de una de las tres grandes compañías que se formaron en la clandestinidad a finales de los años setenta en la Ría de Arousa, denominadas ROS, Sito Carnicero y Marcial, por los nombres de sus jefes. Parte de su niñez la había pasado a bordo del barco en el que su padre traía y llevaba pasajeros y víveres de la isla de Arousa a tierra. Al igual que sus colegas, Dorado se refugió en Portugal cuando se desató en las Rías Baixas la gran redada de diciembre de 1983. Y fue uno de los que coincidieron en un lujoso hotel de la localidad de Viana do Castelo, donde se alojaban los fugitivos contrabandistas, con el entonces presidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor (de Alianza Popular), cuando este asistía a un acto oficial.

Albor accedió a entrevistarse con los fugados, que le pidieron que intermediara para negociar su regreso a España. Meses después, Dorado y el resto de los exiliados se entregaron voluntariamente en la Audiencia Nacional, donde el caso se archivaría años más tarde porque los delitos prescribieron antes de ser juzgados. Durante esa época, históricos contrabandistas gallegos como Vicente Otero Terito eran reconocidos militantes de Alianza Popular

Cuentas en Suiza y en Bahamas

Antes de conocer a Alberto Núñez Feijóo, Marcial Dorado ya era un habitual en los periódicos por asuntos como la llamada peseta connection, una investigación judicial franco-suiza que en 1989 le implicó en una red internacional de blanqueo. La investigación nunca dio fruto y Dorado fue esquivando a la justicia hasta 2003, cuando Aduanas lo vinculó con un gran alijo de cocaína. La Audiencia Nacional le condenó a 17 años de cárcel, que el Supremo rebajó a 14. Dorado llegó a confesar su actividad como contrabandista pero negó que traficase con drogas.
En 2009, el juez Fernando Grande Marlaska ordenó el embargo de sus bienes, valorados en más de 12 millones de euros, incluida su mansión de A Illa de Arousa. Entre su patrimonio figuran tres estaciones de servicio, otras tantas bateas de mejillón, 170 fincas rústicas, 12 plazas de garaje y 16 locales comerciales. En los bancos, la Agencia Tributaria le bloqueó 4,1 millones de euros: 1,8 millones en Suiza, 1,5 en el paraíso fiscal de las Bahamas, 300.000 en Portugal y 500.000 en España. En la causa estaba imputado como testaferro Manuel Cruz (el fallecido amigo de Feijóo), varios abogados y un teniente coronel de la Guardia Civil acusados de blanqueo de dinero. El asunto está ahora en manos del magistrado Javier Gómez Bermúdez, atascado por el volumen de respuestas a las comisiones rogatorias enviadas sobre todo a Suiza que hay que traducir.

España se vende por aldeas

"Se vende aldea. Impresionantes vistas y finca. Oportunidad, con seis edificaciones, manantial de agua y finca de 13.000 metros cuadrados. Zona Pontenova. 62.000 euros". "Conjunto rural en el sureste de Lugo, con 5 edificaciones y finca de 2.227 metros cuadrados. Oportunidad, 55.000 euros. Dos casas y anexos». Estos anuncios, ambos relativos a la provincia de Lugo, están publicados en Aldeas Abandonadas.com, el portal de Internet más activo en este negocio. No son una excepción.

Según los datos que maneja Rafael Canales, su gerente, "en España el INE tiene registradas 3.0000 aldeas abandonadas". Ellos tienen a la venta más de 60, de las que "el 70% están en Galicia", pero otros sitios como Trovit tienen ofertas similares y el auge de este mercado inmobiliario por el que en el último año han mostrado interés ciudadanos del Reino Unido, Alemania, Bélgica o Noruega incluso ha animado a Administraciones públicas a estudiar la oportunidad.

Es el caso de Cerdedo, en el interior de Pontevedra. Su alcalde, José Balseiros, explica que el representante de una familia alemana se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para interesarse por la aldea de Fraguas, pero no ha sido posible localizar a todos los propietarios y la mayoría de las casas están en estado de ruina, de modo que será la propia Administración local la que estudie la fórmula para subastarla.

En Cotobade, municipio limítrofe, su alcalde, Jorge Cubela, ha hecho un inventario de las aldeas que están en esta situación y ha descubierto una auténtica joya en Arufe, un núcleo con cinco casas de piedra con sus correspondientes hórreos y palomares que ocupa cerca de 8.500 metros cuadrados. [VEA EL VÍDEO] Tras localizar a todos los propietarios, estudian fórmulas para promover su rehabilitación y que vuelvan los habitantes que no residen allí desde hace 60 años,

"Para el Ayuntamiento sería un proyecto muy bonito sacarlo adelante», indica. En su caso, estarían más interesados en promover algún complejo de turismo rural, ecoaldea o similar, pero están abiertos a todas las opciones y, de hecho, ya han recibido varias llamadas para adquirirla. Incluso han iniciado alguna gestión conjunta con Cerdedo y otros ayuntamientos del entorno para buscar una solución al abandono de estas aldeas que «se fueron quedando sin vecinos por la emigración, por el éxodo de la gente a las ciudades o por la falta de comunicaciones». No hay una única razón, pero sí una realidad común: sus propietarios no las mantienen y los gestores municipales ven en su riqueza arquitectónica y paisajística un nicho de mercado para ayudar a combatir la despoblación del rural gallego.

Recuerdos de aldeas en esplendor

Valisneria Vidal Gómez tiene 88 años y es una de las pocas personas que recuerda Arufe con vecinos. Rememora a los portugueses que adquirieron una de las viviendas, que otra es de una familia ourensana que se ha quedado sin herederos y, sobre todo, «cuando allí había mucha vida. Había un magistrado que veraneaba aquí y le llamaba al camino principal la calle de Segasta, porque de tanto pasear por ella, se gastaba el suelo». Ella ha heredado una de las viviendas «pero está abandonada, necesita ponerle la mano encima para vivir allí. En mis tiempos había mucha gente, pero ahora Arufe ya no es nada», explica.

La situación de Arufe no es habitual en el resto de las aldeas abandonadas que salpican el rural del país. «En la mayoría de los casos es muy difícil encontrar a los propietarios. Muchos son gente mayor que ha fallecido y ha dejado la herencia a los hijos, pero viven en la ciudad y están desvinculados del lugar», explica Rafael Canales. Desde su web están promoviendo expedientes para mediar entre posibles herederos y compradores y han logrado ya devolver la vida a algunos pueblos.

Recientemente, unos ingleses han adquirido una aldea que se ofertaba en su web como "Bonita aldea del valle del Eo, en venta por 125.000 euros". Está ubicada en A Pontenova (Lugo) y el encanto de las fotos con la que la promocionaban hizo interesarse a medios de comunicación de lugares como Bulgaria y recibir varias ofertas en firme. Los nuevos propietarios pretenden restaurar parte de las construcciones y dedicarlas al turismo rural. "Entre un 15 y un 20% de los compradores las compran como inversión», explica el gerente de Casas Abandonadas, pero también hay personas interesadas «en la tranquilidad que pueden tener en esos sitios, por ejemplo, para retirarse a vivir en el campo cuando se jubilan».

El 90% de los compradores son extranjeros

En el último año han recibido entre 300 y 400 solicitudes de información y frente al año pasado en que los clientes eran mitad y mitad españoles y foráneos, en los últimos meses «el 90% son extranjeros por la situación del mercado inmobiliario español». Es rara la semana en la que no tramitan algún expediente para adquirir gangas como una «aldea 3 casas, excelente zona. Cerca de playas, 60.000 euros». Está en la Costa da Morte, en A Coruña.

Tienen casas por toda España, pero más en Galicia, Cataluña o Asturias y las que más se mueven son las gallegas «porque son mucho más baratas». Por ofertas, «las más asequibles son las de Galicia y luego Asturias, parte de Castilla y León y Castilla la Mancha. Andalucía es mucho más cara y en Cataluña no las compras por menos de 250.000 euros».

Las 1.408 aldeas deshabitadas que contabiliza el INE en Galicia suponen la mitad de toda España, pero no es la cantidad de oferta la que decanta el mercado, sino el tipo de producto, «lo que en Galicia compras por menos de 100.000 en otras zonas te vale un millón». El mejor ejemplo puede ser contraponer estas dos ofertas: «Conjunto rural, masias en venta con finca espectacular, 150 hectáreas. 2 casas habitables, 1.200.000 euros. Barcelona». «Aldea 5-6 casas, Ribeira Sacra, Entre 15.000-40.000 euros. Impresionantes vistas. Toda ahora por 60.000 euros».

En dos años, todos seremos chipriotas

"Las necesidades de capital deben ser cubiertas en primer lugar y de forma prioritaria por los accionistas y el mercado y, donde eso no se dé, deberá haber ayuda coordinada de los Estados".

Esa frase, como recordaba esta semana en este artículo el ex vicepresidente de Moody’s, Christopher Mahoney, es del viceministro de Finanzas de Alemania, Jörg Asmussen. ¿Un ministro alemán diciendo eso? Sí. En 2011. En 2007, Alemania había rescatado, sin ningún tipo de vergüenza, a su banco IKB, que estaba en quiebra por haberse hinchado a comprar hipotecas basura.

Mahoney recordaba la frase de Asmussen en un artículo en el que aseguraba que, según Moody’s, tres de los mayores bancos en peligro de la eurozona son alemanes: Deutsche Pfandbriefe Bank, Norddeustsche Landesbank y HSH Nordbanken. Las tres criaturas suman en total 467.000 millones de euros en activos pero, como comentaba el ex directivo de la agencia de calificación de riesgos, ni los depositantes ni los acreedores de esos bancos están en peligro de que les pase algo como a los de Chipre. Como concluye 'Rebelión en la Granja', de George Orwell, "todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros".

En el pasado, Alemania se opuso también a recortar los acreedores, como recordaba Nicolas Véron, del Peterson Institute for International Economics (de Washington) y Brueghel (de Bruselas), refiriéndose al colapso de Irlanda en 2010. Ahora, sin embargo, el ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijselbloem, ha dicho que "los depósitos de los bancos sólo son tan seguros como lo sean los Gobiernos que han asegurado esos depósitos". ¿Es segura España? ¿Eslovenia? ¿Irlanda? ¿Portugal? Hasta hace tres meses, el mercado no lo creía así.

Pero ahora la Comisión Europea trabaja, bajo órdenes de Alemania, Holanda, Finlandia y Dinamarca, en un proyecto de Directiva europea, que entraría en vigor en 2015, en virtud de la cual los rescates de los bancos los pagarán los que tengan bonos… y los depositantes.

Esto, en la práctica, significaría poner el euro en la cuerda floja en dos años. Los bancos de los países 'acreedores' están recortando su exposición a los países 'deudores', tal y como ha recordado esta semana el Institute for International Finance. Eso significa que el riesgo de 'contagio directo' de una crisis es cada vez menor, y justifica que apenas haya habido reacción tras la hecatombe chipriota. Pero eso también implica algo muy grave: el sistema financiero europeo se está fragmentando. En vez de a una unión, caminamos hacia lo contrario.

Hay otro problema: si los mercados bancarios de fragmentan, los bancos de cada país tendrán más deuda del propio país. Eso significa que los países más solventes (los acreedores) serán cada vez más solventes (porque tendrán deuda soberana de sus Estados) y los de los países en quiebra (real, a la chipriota, o técnica, a la… bueno, mejor no lo pongo, que luego me llaman catastrofista) serán cada vez menos solventes, por la misma razón.

Así, esta semana se ha dado un paso de gigante hacia la destrucción del euro. No sólo con lo de Chipre, sino también con el precedente de la directiva.

Para generalizar la 'solución chipriota' es necesario tiempo. Ahora mismo aplicar ese sistema a otros países sería catastrófico.

La razón es que el sistema bancario chipriota era muy peculiar. Sus instituciones financieras dependían de los depósitos para financiarse y emitían muy poca deuda. No habría sido posible rescatarlos sólo con una reestructuración de la deuda, formal (a la griega) o informal (a la portuguesa o irlandesa).

Además, hay otro elemento, este político, que ha sido señalado por Tyson Barker, de la Bertelsmann Foundation: le tiene declarada la guerra a los paraísos fiscales, como Chipre. De hecho, gran parte del mundo desarrollado está endureciendo la presión sobre esos territorios, para así poder recaudar más. Varios países del Caribe, por ejemplo, están empezando a tener problemas porque la Hacienda estadounidense es menos tolerante con la evasión fiscal. ¡Hasta Berlusconi ha declarado que el secreto bancario de Suiza va a acabarse!

Pero, entretanto, hay una cosa clara: en 2015, todos seremos, legalmente, chipriotas.