.

.

miércoles, 22 de octubre de 2014

Pantoja ingresará 300.000 euros y solicitará un aplazamiento de su ingreso en prisión

Continúa la cuenta atrás para el pago de la multa de más de un millón de euros para Isabel Pantoja por el caso blanqueo. El tiempo se le agota a la cantante y la "cosa sigue mal". A esta hora de la tarde LOC puede confirmar que la reunión que ha tenido lugar este mediodía entre los representantes legales de Isabel y los representantes de Hacienda no han dado los resultados esperados.
La Agencia Tributaria no cede y no está dispuesta a trasladar el embargo que actualmente pesa sobre La Moraleja -embargo queimpide cerrar su venta por dos millones- a otros bienes de la cantante. Las esperanzas de Isabel y de sus letrados se han desvanecido pero ya están trabajando en la táctica que van a seguir.
Según fuentes confirmadas a estas horas, los abogados de la tonadillera procederán al ingreso de la cantidad que han podido reunir a estas horas. Una cantidad próxima a los 300.000 euros pero muy lejos del 1.140.000 al que debe hacer frente antes del jueves si pretende eludir la prisión. Dichas fuentes han confirmado que tras el ingreso de dicha cantidad sus representantes legales solicitarán un aplazamiento a la Audiencia Provincial hasta que se pueda llegar a un acuerdo que permita la venta de su casa de La Moraleja.

La venta de la casa

Y es que la cantante adeuda 1,8 millones de euros al fisco y por ello la Agencia Tributaria quiere su parte de la venta. Con los dos millones que siguen ofertando por La Moraleja no llega para cubrir la multa del caso blanqueo, el embargo de Hacienda y la hipoteca pendiente, que asciende a los 800.000 euros.
Los abogados de Pantoja confían en que, ingresando una cantidad mínima, la Audiencia de Málaga conceda el aplazamientorequerido, aunque son conscientes que la Fiscalía se va a oponer a su petición.
Igualmente son conocedores que la última palabra sobre el ingreso en prisión de Isabel es de los magistrados de la Audiencia a pesar de cumplir los requisitos necesarios para no ingresar.
Con esta nueva táctica, los abogados intentarán que, abonando esa pequeña cantidad, la Audiencia de Málaga no sume los seis meses de arresto por el impago de la multa a los 24 meses de cárcel a los que fue condenada por el 'caso blanqueo', lo que implicaría su ingreso inmediato en prisión. Además pretenden que la sala vea que realmente hay intención de hacer frente a la cantidad demandada.

Pantoja ve cerca la cárcel

Isabel Pantoja, que ya ha sido informada de las últimas novedades, confía en la nueva estrategia que van a plantear sus abogados, pero cada vez ve más cerca su posible ingreso en prisión y por ello ha enviado mensajes a sus personas de máxima confianza pidiendo que cuiden de su familia "esté donde esté".
Igualmente ya se están barajando los posibles centros penitenciarios en los que podría ingresar la tonadillera que, según nos confirman, sería una de las cárceles de la Comunidad de Madrid

El Supremo prohíbe a la industria musical recabar datos de usuarios de redes P2P sin su consentimiento

El Tribunal Supremo ha confirmado en una sentencia del pasado 3 de octubre que las direcciones IP son datos de carácter personal y, por tanto, sujetos a la protección de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Por tanto, rechaza la pretensión de los productores musicales de recabar los datos de los usuarios de redes de intercambio P2P sin el consentimiento de estos.
La sentencia desestima un recurso de casación de Promusicae,una asociación que aglutina a la industria musical, contra una sentencia de la Audiencia Nacional de 2011 que establecía lo mismo: las direcciones IP son un dato personal y no se puede vulnerar su protección para proteger el derecho a la propiedad intelectual. El Alto Tribunal considera, al igual que la Audiencia, que "las direcciones IP son datos personales", ya que contienen información concerniente a personas físicas "identificadas o identificables".
El caso arranca cuando la industria musical decide contratar los servicios de la compañía DtecNet Software para barrer las redes de intercambios de archivos entre pares (P2P) e identificar a aquellos internautas que se descargaban archivos protegidos -a partir de una lista proporcionada por la propia industria del disco- de forma masiva. Así, una vez identificados dichos usuarios a partir de sus direcciones IP, podrían actuar contra ellos por vulneración de la propiedad intelectual.
En 2009, Promusicae solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ampararse en el artículo 5.5 de la LOPD para no informar a los usuarios de que se recababa las direcciones IP, algo a lo que obliga la ley en el caso del tratamiento de datos personales salvo casos excepcionales, que recoge el propio artículo 5 ya mencionado. No obstante, Protección de Datos falló en contra de esta pretensión y Promusicae recurrió a la Audiencia Nacional, que a su vez desestimó el recurso.

Datos de carácter personal

El Supremo incide en varias razones para dar carpetazo el recurso de casación interpuesto por Promusicae. Para empezar, recuerda que las direcciones IP sí que han de ser tratadas como un dato de carácter personal "ya que contienen información concerniente a personas físicas 'identificadas o identificables'".
"No cabe duda que, a partir de la dirección IP puede identificarse directa o indirectamente la identidad del interesado", alega el Supremo, "ya que los proveedores de acceso a internet tienen constancia de los nombres, teléfono y otros datos identificativos de los usuarios a los que han asignado las particulares direcciones IP".
Tampoco considera el Alto Tribunal, como alega Promusicae, que resulte imposible llevar a cabo la labor de informar a los usuarios uno a uno del tratamiento de sus datos, extremo que tanto la Audiencia Nacional como el Supremo consideran que no ha sido suficientemente probado.
Asimismo, esta sentencia del Supremo tumba el argumento de la industria de que los usuarios ponen a disposición del publico su dirección IP libre y voluntariamente por el mero hecho de usar estos servicios de descargas P2P. Así, la sentencia considera que "no puede equipararse el conocimiento por el titular de que su dirección IP es visible en las redes P2P, con su consentimiento para su tratamiento automatizado junto con otros datos de su tráfico". Recuerda el Supremo que el consentimiento "podrá ser tácito pero, en todo caso, ha de ser inequívoco".
"El hecho de que un usuario de red P2P conozca que su dirección IP es visible y puede ser conocida", razona el Supremo, "no significa que acepte de forma inequívoca su uso y tratamiento por terceros, ni que consienta de forma específica el tratamiento de sus datos que pretende la parte recurrente".

Interés legítimo'

La sentencia pone en cuestión, además, la finalidad de la obtención de las direcciones IP por parte de Promusicae en este caso, así como su "interés legítimo". Así, recuerda "la especial protección dispensada por el legislador a los datos vinculados a la comunicación a través de Internet", y afirma que "no es posible entregar las direcciones IP a una entidad privada", como la recurrente, que "ni siquiera tiene la consideración de entidad de gestión a los efectos de valorar el uso que pretende hacer de los datos de descarga de fonogramas y películas".
"La protección de los derechos de propiedad intelectual, que está en la base de lo pretendido por la entidad recurrente, merece todo el respeto de esta Sala", concluye el Supremo, "pero no puede hacerse sobre la base de violar derechos, que también merecen protección, como son los derivados de la protección de datos (entendida en un sentido mucho más amplio que el simple derecho a la intimidad)".

Un tirador asalta el Parlamento de Canadá y deja un soldado herido

Una serie de ataques en el corazón de Ottawa han dejado este miércoles al menos un soldado muerto y una ciudad sellada -Parlamento de Canadá incluido- por policías fuertemente armados que buscan a los presuntos agresores, uno de los cuales también ha fallecido.
Por el momento no está claro el número de sospechosos, que los medios cifran en dos o tres. La Policía de Ottawa sólo ha confirmado las dos muertes y ha dicho además que investiga dos incidentes armados: en el Memorial de Guerra -donde fue atacado el uniformado fallecido- y en el Parlamento aledaño. Inicialmente había dicho que también se había producido un tercer incidente en un cercano centro comercial.
La operación policial sigue en marcha. “No hay ningún (sospechoso) detenido” todavía, según la información oficial.
Una portavoz del Hospital de Ottawa citada por Reuters dijo que el centro ha recibido a tres pacientes tras los tiroteos, dos de los cuales están en condición estable. El ministro de Empleo, Jason Kenney, afirmó en su cuenta de Twitter que además del soldado fallecido resultó herido un guardia del Parlamento.
Reportes iniciales señalaban que el sospechoso de haber disparado contra el soldado, descrito por algunos testigos como un hombre joven que portaba un rifle, huyó desde el Memorial de Guerra donde perpetró el ataque hacia el cercano Parlamento.
Desde el interior del edificio se escucharon decenas de disparos. Un vídeo de la cadena local CTV News mostraba a media docena de agentes disparando dentro del edificio principal del complejo legislativo.
Varias emisoras locales aseguran que uno de los agresores fue abatido dentro del Parlamento, mientras que al menos otro más sigue huido. También uno de los parlamentarios atrapados en el recinto, Bob Zimmer, dijo por Twitter haber visto abatido a un asaltante, extremo aún no confirmado sin embargo de forma oficial.
Jason MacDonald, portavoz del primer ministro canadiense Stephen Harper, informó por su parte de que el gobernante está a salvo y que fue evacuado del recinto parlamentario, al igual que otros miembros del gobierno. Un número indeterminado de personas, incluidos numerosos periodistas, continúan sin embargo en el complejo de edificios que la policía registraba minuciosamente, según relataba uno de los reporteros del Globe and Mail.
Además del número e identidad del agresor o agresores, se desconoce también su motivación.
El ataque, perpetrado contra un soldado apostado en el Memorial de Guerra próximo al Parlamento, ha tenido lugar dos días después de que un joven investigado por sus vínculos con el yihadismo atropellara de forma deliberada a dos soldados en un pueblo de Quebec, el mismo día en que se desplazaban a Kuwait los aviones de combate canadienses que participarán en los bombardeos internacionales contra el Estado Islámico (EI) en Irak.
En ese ataque murió uno de los uniformados, además del asaltante, identificado como Martin Couture-Rouleau, de 25 años, y que fue abatido por la policía.

Cerca de 400 inmigrantes intentan un nuevo salto de la valla en Melilla

Cerca de 400 inmigrantes han protagonizado este miércoles un nuevo intento de entrada a Melilla, el segundo en 48 horas, y decenas de ellos permanecen encaramados a la valla en las proximidades del cementerio musulmán.
Un fuerte despliegue policial vigila a los subsaharianos, que han abordado el intento de entrada antes de las 07.45 de este miércoles. La carretera de circunvalación paralela al perímetro fronterizo ha sido cortada al tráfico.
El salto se ha producido por dos zonas, una cercana al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), lo que ha llevado a que un grupo de internos saliese a jalear a los inmigrantes que intentaban saltar. Otro grupo lo ha intentado por la zona del cementerio musulmán.
Es en el tramo junto al cementerio donde más de medio centenar se ha quedado encaramado. La Cruz Roja está a pie de valla atendiendo a varios heridos, algunos con magulladuras por caídas al intentar saltar.
Este martes, más de 500 inmigrantes se acercaron a las inmediaciones del perímetro, pero no llegaron a acercarse a la verja al ser interceptados por la policía de Marruecos.
Algunos internos del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ubicado a unos 500 metros del lugar, han intentado dirigirse hacia la verja fronteriza pero han sido frenados por la Policía Nacional y algunos han lanzado piedras a los agentes.
La gran presión migratoria que sufre Melilla ha convertido 2014 en el año que mayor número de entradas de inmigrantes ha registrado.
El pasado lunes, la valla registró al menos seis intentos de salto simultáneos en distintos puntos del perímetro fronterizo que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Unos 60 inmigrantes consiguieron alcanzar territorio español. Tras el suceso, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó que los inmigrantes contaron con "planificación profesional", organizada por mafias.
Cinco días antes, la ciudad vivió otro salto causó heridos tanto entre los guardias civiles como entre los inmigrantes.

Un herido en una avalancha de porteadores en Ceuta

EFE, CEUTA
Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido como consecuencia de una nueva avalancha de porteadores marroquíes en las inmediaciones del paso fronterizo de Ceuta con Marruecos. El incidente, según han informado fuentes policiales y comerciales, se ha producido a primera hora de este miércoles en el Polígono Industrial del Tarajal, en la misma zona donde el lunes resultaron heridas 16 personas, entre ellas tres guardias civiles, en otra avalancha de unos 300 porteadores de mercancías.
Los porteadores querían acceder rápidamente al interior de las naves comerciales y el el tumulto ha sufrido lesiones un agente que intentaba ordenar la entrada. Tiene una brecha en la ceja y contusiones en un brazo, por lo que ha sido trasladado al Hospital Universitario.
Estos incidentes se producen por la prisa de los porteadores por acceder a los establecimientos y regresar cuanto antes a Marruecos cargados con los bultos de mercancías. Fuentes comerciales afirman que la dimensión de los bultos que cargan a sus espaldas se ha reducido en las últimas semanas en cumplimiento de una nueva normativa de la Delegación del Gobierno en Ceuta.
El objetivo es que sea más fluido el tránsito de unos 3.000 marroquíes que diariamente pasan por el puente del Biutz, situado junto a la aduana fronteriza del Tarajal y dedicado exclusivamente al paso de mercancías.

Quién es quién en los principales casos de corrupción del PP

En los últimos años, las investigaciones periodísticas y judiciales han dejado en evidencia la moral y la ética de los políticos del PP que han aprovechado sus posiciones de poder para sacar provecho económico. En algunos casos excepcionales, las causas judiciales abiertas contra ellos se han resuelto con condenas carcelarias.
Estos son sólo algunos de los políticos del PP que han tenido que sentarse en el banquillo por casos de corrupción.

'Caso Bárcenas'

Ángel Acebes. Ex secretario general del PP y ex ministro con José María Aznar, ha sido citado por el juez Ruz en calidad de imputado en el caso de los papeles de Bárcenas, por un presunto delito de apropiación indebida de fondos en B del Partido Popular. Tendrá que presentarse en el juzgado el próximo 28 de octubre.
Álvaro Lapuerta. Ex tesorero del PP (2003-2008). Citado a declarar como imputado en el mismo auto que Ángel Acebes. Le interrogará sobre operaciones en B para comprar acciones de Libertad Digital.
Luis Bárcenas Gutiérrez. Ex tesorero del Partido Popular. En prisión preventiva desde junio de 2013 por orden del juez Ruz para "evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de fuentes de prueba". Acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil en concurso con el de estafa procesal y cohecho.
Ángel Sanchís Perales. Ex tesorero del PP. En marzo de 2013 fue imputado dentro del caso Bárcenas por un posible delito de blanqueo de capitales. En septiembre, el juez le impone una fianza de 8 millones.

'Tarjetas B'

Rodrigo Rato. Ex presidente de Bankia. Imputado por el caso de las tarjetas B de Caja Madrid. Ha abandonado temporalmente el PP por el escándalo.

'Caso Brugal'

Sonia Castedo. Alcaldesa de Alicante. Dos imputaciones: deberá declarar como imputada el próximo 27 de noviembre ante el titular delJuzgado de Instrucción número 6 de Alicante por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El juez intenta esclarecer si intentó beneficiar a un constructor. También está imputada en una pieza separada del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
Luis Díaz Alperi. El ex alcalde de Alicante está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en el caso Brugal y ha sido procesado por tres delitos fiscales.
José Joaquín Ripoll. Ex presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Imputado por el caso Brugal en su rama Plan de Residuospor los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios.

'Caso Palma Arena'

Jaume Matas. Ex presidente del Govern balear y ex ministro deMedio Ambiente. Ingresó en la cárcel el pasado julio para cumplir la pena de 9 meses de prisión por emplear el tráfico de influencias para beneficiar con fondos públicos a un periodista que le escribía discursos, pero también tiene una condena firme por cohecho castigada con multa de 9.000 euros, y su horizonte es una larga sucesión de obstáculos judiciales.

'Caso Gürtel'

Alberto López Viejo. Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Imputado en el caso Gürtel por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad, está en libertad bajo fianza de 750.000 de euros
Jesús Merino Delgado. Ex diputado nacional del PP. Acusado de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
José Luis Peñas. Ex concejal del PP en el Ayuntamiento deMajadahonda (Madrid). Fue quien destapó el caso Gürtel tras grabar durante horas a los cabecillas de la trama.
José Galeote. Ex concejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid) entre 2002 y 2004. El 9 de marzo de 2009, cesó como consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de este municipio. Imputado en el caso Gürtel por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Se encuentra en libertad bajo fianza de un millón de euros.
Alfonso Bosch Tejedor. Diputado autonómico en la Asamblea de Madrid. Ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte. Imputado en el caso Gürtel por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. En noviembre de 2009, el juez le impuso una fianza de 750.000 euros. Al no ser satisfecha, se procedió al embargo de sus bienes.
Ginés López.. El 6 de marzo de 2009 dimitió como alcalde deArganda del Rey (Madrid), y en noviembre el juez instructor delTSJM le impuso una fianza de 1.500.000 euros. Imputado por el caso Gürtel.
Jesús Sepúlveda. Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón. Ex marido de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Sepúlveda solicitó su reingreso al trabajo en Génova, del que estaba en excedencia tras dimitir como alcalde en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en marzo de 2009, cuando fue imputado en el caso Gürtel. En libertad sin fianza.
Ricardo Costa. Ex secretario general del PP valenciano y diputado del PP. Imputado en el caso Gürtel en las piezas de delito electoral y un presunto delito de financiación irregular del PP.
Vicente Rambla. Ex vicepresidente de la Generalitat. Imputado por la supuesta financiación ilegal del PPCV.
Yolanda García. Ex tesorera del PP Valenciano y diputada autonómica. Se le atribuye colaboración en un delito electoral.
Pedro García Gimeno. Ex director de Canal 9. Investigan la presunta contratación irregular de la televisión autonómica con las empresas de la llamada trama Gürtel coincidiendo con la visita del Papa a Valenciaen 2006.
David Serra. Ex vicesecretario de Organización del PP valenciano. Los informes de la UDEF y la Agencia Tributaria le otorgan un papel relevante en el entramado de la supuesta financiación irregular del PP.
Rafael Betoret Parreño. Ex jefe del gabinete de Turismo de la Comunidad Valenciana. Se declaró culpable para evitar el juicio en elcaso trajes. Condenado a pagar 9.600 euros.
Víctor Campos Guinot. Ex vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Se declaró culpable para evitar el juicio en el caso trajes. Condenado a pagar 9.600 euros.

'Caso RTVV'

Lola Johnson. Ex secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat Valenciana. Investigan su responsabilidad en la gestión económica y patrimonial que llevó a RTVV a su cierre. El juzgado investiga la posible comisión de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, lo que provocó un agujero de 1.300 millones de euros.
Los ex directivos de RTVV José López JarabaLuis Redondo yNuria Romeral también están imputados.

'Caso Fabra'

Carlos Fabra. Ex presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial. La Audiencia Provincial condenó al ex presidente a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública entre los años 1999 a 2003.
María Amparo Fernández. La ex mujer de Fabra también fue condenada a dos años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública, en el juicio por los presuntos cobros de comisiones para agilizar en los Ministerios la comercialización de productos fitosanitarios de Naranjax, propiedad del empresario que le denunció,Vicente Vilar.

'Caso Cooperación'

Rafael Blasco. Ex conseller de siete carteras la Generalitat Valenciana. Fue condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por su implicación en el caso Cooperación. Blasco dio trato de favor al empresario Augusto César Tauroni y a laFundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), a la que laConselleria de Cooperación adjudicó 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, de los que sólo 43.000 euros llegaron a su destino.
Marc Llinares. Ex jefe del área de Cooperación. Condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel.