tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 27 de marzo de 2013

El PP no admite la dación en pago de la casa pero rebaja la deuda y el plazo

La presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, declarando abusiva la ley hipotecaria, recorre las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y al decreto del Gobierno sobre hipotecas y desahucios. No sigue la letra de la iniciativa, ya que no recoge la dación en pago, pero flexibiliza los criterios de pago con rebajas sustanciales (quitas de entre el 35% y 20% de la deuda que quede pendiente) y el plazo para pagarlas. Así, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 579, se añaden nuevos párrafos sobre la entrega o dación de la casa al no poder pagar la deuda.
“El ejecutado quedará liberado si paga, en el plazo de cinco años, el 65% de la cantidad que quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago”. Y otra posibilidad: “Quedará liberado en los mismos términos si no pudiendo satisfacer lo anterior, satisficiera el 80% dentro de los 10 años”.
La enmienda quiere decir que la casa por la que se tiene la hipoteca puede ser desalojada y subastada. Si después de perder la vivienda, la deuda hipotecaria es, por ejemplo, de 100.000 euros y el dinero obtenido por la subasta del piso es 90.000 euros, el deudor tendrá que pagar el 65% de los 10.000 euros que restan (es decir, 6.500 euros) más los intereses legales del dinero en cinco años o el 80% (8.000 euros más los mismos intereses) en 10 años. Y solo así quedará saldada y extinguida la deuda con el banco. Eso, obviamente, no es la dación en pago que reclama la PAH.
Las enmiendas introducidas por el PP no incluyen la retroactividad de la dación en pago, como pretendían los colectivos de afectados por la hipotecas. Es decir, que los miles de personas que hayan perdido su vivienda hasta la aprobación de esta ley no se verán beneficiadas por su nueva redacción y tendrán que seguir haciendo frente a la deuda contraída.
Estas condiciones se extienden igualmente a los avalistas y el banco no reclamará hasta que no se hayan producido tres impagos, que no tienen que ser consecutivos. La paralización de los desahucios y alquiler social se conseguirá cuando se trate del domicilio habitual del ejecutado y cuando el impago del préstamo sea debido a motivos ajenos a su voluntad. Esta paralización será para aquellas familias cuyos ingresos no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 2013 en 532,51 euros mensuales. Dicho límite será de cuatro veces el IPREM cuando se trate de familias con especial vulnerabilidad, especialmente con presencia de discapacitados.
La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia contempla que un juez pueda paralizar una ejecución de desahucio si aprecia que ha habido cláusulas abusivas. Podría no paralizarla pero sí tenerla en cuenta para fijar la deuda pendiente y descontar de la misma los intereses de demora.
La subasta del piso se detendrá si el deudor acredita haber ido al juez para denunciar cláusulas hipotecarias abusivas; también un notario puede mandar esa paralización. Se encomienda al Gobierno la constitución de un fondo social de viviendas de propiedad de los bancos para las personas desalojadas de su vivienda habitual por impago, con alquileres “asumibles en función de los ingresos que perciban”. El resto de los grupos ha aceptado la ILP aunque el PSOE e Izquierda Plural han presentado otras enmiendas complementarias.

Torres entrega nuevos correos al juez para implicar a la Infanta

El juez José Castro, que instruye el caso Nóos por apropiación indebida de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su exsocio Diego Torres, recibió este martes un nuevo paquete de correos electrónicos con los que este último intenta implicar a la infanta Cristina en los negocios de su marido.
Torres, enfrentado con Urdangarin desde que se abrió la causa judicial contra ambos, lleva meses facilitando al juzgado una serie de correos electrónicos que buscan demostrar que la infanta Cristina estaba involucrada en el negocio del Instituto Nóos. Entre los documentos facilitados ahora al juzgado por Torres figura un correo electrónico fechado el jueves, 20 de febrero de 2003, cuando su proyecto empresarial empezaba a caminar. En ese correo electrónico, el duque de Palma se dirige a su esposa y le explica: “Aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime que piensas please…Ciao”.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción han rechazado de momento imputar a la infanta Cristina en la causa por apropiación indebida de fondos públicos porque aunque formó parte de la junta directiva del Instituto Nóos no participó en la toma de decisiones. Torres lleva varios meses entregando correos electrónicos para demostrar lo contrario.
En otro de los correos electrónicos, un día después de la consulta a la infanta, Urdangarin se dirige a un largo listado de personas, entre los que se encuentra el rey Juan Carlos, la reina Sofía y Carlos García Revenga, secretario de la infanta Cristina y a sueldo de la Casa del Rey, para remitirles un documento que ha elaborado sobre la comunicación del Instituto Nóos con sus clientes.
En el nuevo paquete de documentos entregados por Torres al juez hay numerosos envíos de correos en los que el duque de Palma se comunica con el secretario de la infanta, también imputado en la causa y que ha negado cualquier participación en el Instituto Nóos pese a que figuraba en su junta directiva como secretario.
Urdangarin le informó el 7 de julio de 2003 de la “evaluación de riesgos que pueden afectar a eventos extraordinarios a celebrar en las Islas Baleares”. En 2004 y 2005, el Instituto Nóos celebró dos eventos donde reunió a un conjunto de deportistas de élite para promocionar el turismo de la isla a cambio de 1,2 millones de euros cada uno.
En otro correo, el duque informa a García Revenga de contactos que ha hecho con una persona y le pide asesoramiento sobre alternativas para colaborar con él y “en caso negativo” que razones le tendría que dar. Urdangarin también pide a García Revenga que le dé una copia a la infanta Cristina de una carta que ha redactado para dirigir al Comité Olímpico Internacional.
Dos correos electrónicos delatan la supuesta connivencia de los altos cargos del Gobierno valenciano con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin para encargarles la organización de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse pero por los que pago el Ejecutivo que presidía Francisco Camps más de 300.000 euros. En uno de esos correos, el intermediario Miguel Zorio le escribe a uno de los directivos del instituto, Antoni Ballabriga: “El gasto lo autorizó el vicepresidente, Víctor Campos, y la organización dependerá directamente del consejero portavoz, Esteban González Pons. En otros correos del mismo tenor, se conciertan comidas y reuniones con los principales cargos del Ejecutivo valenciano.

Castilla-La Mancha deroga el cierre de las urgencias nocturnas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha derogado la orden por la que estableció el cierre de las urgencias nocturnas de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la región, a raíz de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en las que daba la razón de forma cautelar a los ayuntamientos afectados.
El Ejecutivo argumenta que los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la orden hacen "prácticamente imposible" conseguir los objetivos de mejora que se pretendían obtener con la misma. La decisión se ha publicado esta madrugada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Además, sostiene el Gobierno que la suspensión cautelar de las medidas dictadas por la Corte provoca la "desarmonización" del sistema global de la comunidad autónoma. De esta forma, se elimina una de las medidas de ahorro que había adoptado el gobierno regional para cuadrar sus cuentas presupuestarias.
La decisión del cierre de los 21 centros fue adoptada a principios de año, como una restricción más de los servicios sanitarios públicos. Aunque el portavoz oficial explicó que los vecinos perjudicados apenas tendrían que viajar unos kilómetros hasta un centro de guardia, en la práctica se demostró que, en ocasiones, el paciente debía desplazarse en coche más de 50 kilómetros, además por carreteras peligrosas y de noche. La distancia ha sido un factor determinante para que los jueces apreciaran, como había alegado alguno de los municipios afectados, que de hecho se producía una inasistencia sanitaria para parte de la población.
La medida del Gobierno de Cospedal provocó manifestaciones multitudinarias en la región y también la dimisión de varios concejales de su propio partido, disconformes con la decisión adoptada. Tres meses después, el Gobierno regional ha tenido que rectificar.

Los ex tesoreros del PP, una caja de imputados

Desde Manuel Fraga y hasta el actual presidente del PP, Mariano Rajoy, todos los tesoreros encargados de la caja del partido han sido imputados por casos de corrupción. La decisión del juez Pablo Ruz de imputar al que fuera tesorero del partido Ángel Sanchis se suma a Rosendo Naseiro (imputado en 1990 por el conocido 'caso Naseiro'), a Álvaro Lapuerta (imputado por el juez Ruz por los 'papeles de Bárcenas'), y al propio Luis Bárcenas por Gürtel y sus papeles.
Casi tres décadas en las que la financiación de los 'populares' ha estado en el ojo del huracán ante las imputaciones de los sucesivos tesoreros y en las que, pese a los cambios de presidencia dentro del partido, la sombra de la duda ha acompañado a los responsables de caja del PP.

Ángel Sanchis, el último en la lista

[foto de la noticia]Tesorero del PP entre 1982 y 1987 (predecesor de Naseiro), Ángel Sanchis ha sido el último de los ex cajeros 'populares' en ser imputado por un presunto delito de colaboración con Luis Bárcenas para blanquear dinero en el caso de los 'papeles de Bárcenas' tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Según afirma el juez Ruz en el auto, Sanchis, tras tener conocimiento de la investigación seguida contra Bárcenas, contactó con gestores de las cuentas de éste en Suiza, cooperando en la ocultación de los fondos a través de la sociedad Brixco.
Ángel Sanchis habría contribuido a ocultar los fondos de Luis Bárcenas en el Dresdner Bank de Ginebra. Asegurando que iba a invertir en una empresa de limones viajó allí donde presuntamente su objetivo era otro, según el informe realizado en su momento por la Udef y entregado en la Audiencia Nacional.
Sanchis se ha defendido de las acusaciones asegurando que "todo se reduce a que el señor Bárcenas me dio un crédito de tres millones de euros para una empresa en la que tengo intereses". "Yo no he blanqueado nada", sentenció.
El que fuera hombre de confianza de Manuel Fraga en la década de los 80 fue también el hombre que introdujo a Bárcenas en el PP con el que tenía una buena amistad y con el que compartía su amor por la montaña. Sanchis sucedió al frente de la caja 'popular' a Isidoro Giménez y desde el principio demostró su capacidad empresarial y dejó claro la confianza que Fraga le dispensaba. 31 años después de aquellos buenos tiempos, Sanchis se ha convertido en el último 'cajero' que tendrá que defenderse ante la Justicia.

Rosendo Naseiro y el caso que lleva su nombre

[foto de la noticia]El empresario y militante 'popular' Rosendo Naseiro fue nombrado responsable de las finanzas del partido en el año 1987, cuando era presidente del PP Antonio Hernández Mancha. Un año después de su nombramiento una investigación rutinaria sobre un caso de tráfico de drogas destapaba la vinculación del tesorero popular en una trama de financiación irregular que llevó su propio nombre, el 'caso Naseiro'.
El caso comenzó de casualidad cuando la brigada de narcóticos tenía pinchado el teléfono del hermano del concejal valenciano Salvador Palop. En una de aquellas 5.240 llamadas las actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico pasaron a un segundo plano tras descubrir varios negocios fraudulentos vinculados al ladrillo que supuestamente servían para financiar al PP. En aquellas conversaciones se pudo escuchar a altos cargos del PP y al propio Naseiro.
La policía entregó aquellas cintas al fiscal y en plena Semana Santa de 1990, cuando José María Aznar hacía sólo una semana que era presidente del partido, el juez Luis Manglano ordenó la detención de Rosendo Naseiro y Salvador Palop por una presunta concesión irregular de licencias de construcción a varias empresas a cambio de comisiones que se utilizaban para financiar al partido.
Manglano se inhibió en favor del Tribunal Supremo por la condición de aforados de algunos de los implicados en la trama. Meses después el caso acabaría siendo archivando cuando el Supremo anuló las escuchas telefónicas argumentado el derecho a la intimidad de los acusados. Las cintas acabaron siendo destruidas por orden del Tribunal.
El 'caso Naseiro' hizo que se tambalearan los cimientos 'populares' y fue el primer dolor de cabeza al que tuvo que hacer frente un recién llegado José María Aznar que finalmente salió reforzando su liderazgo dentro y fuera del partido.

Álvaro Lapuerta, salpicado por Bárcenas

"Yo tengo bastante más patrimonio que él". Así respondió en el año 2009 el que fuera tesorero del PP entre 1993 y 2008 sobre la imputación de su sucesor, Luis Bárcenas, en el conocido como 'caso Gürtel' que investiga también la presunta financiación irregular del partido.
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Cuatro años después de aquella frase, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, imputaba a Lapuerta en la pieza separada de Gürtel sobre los conocidos ya como 'los papeles de Bárcenas', sobresueldos en B entregados supuestamente a dirigentes del PP.
El pasado 21 de marzo, Lapuerta acudía a declarar como presunto autor, junto a Bárcenas, de esa contabilidad B. En su declaración negó rotundamente que existiera dicha contabilidad y afirmó que nunca vio ningún tipo de papel que lo sustentara.
El caso de los 'papeles de Bárcenas' se ha convertido en el lastre del PP de Rajoy. EL MUNDO fue el diario que destapó el pago durante años de sobresueldos en negro a parte de la cúpula del PP. Las cantidades que contenían los sobres oscilaban entre los 5.000 y los 15.000 euros mensuales.
Luis Bárcenas controló esta práctica tanto durante los casi 20 años que ejerció de gerente del partido, como en el año escaso que permaneció como tesorero. El dinero procedía de comisiones cobradas a constructoras y compañías de seguridad y de donaciones anónimas.

Luis Bárcenas, el calvario 'popular'

Se ha convertido en el calvario y azote 'popular' desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, más tarde, el Supremo le imputara por el caso de financiación irregular en el partido conocido como Gürtel.
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El caso destapó un Luis Bárcenas, tesorero del PP durante un año (2008-2009), que utilizando su posición en el partido (en el que llevaba desde 1982) creó presuntamente una estructura de pagos irregulares a cambio de prebendas. "Francisco Correa (cerebro de la trama) dio más de seis millones a Luis Bárcenas en cajas de zapatos", denunció el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, que destapó Gürtel.
Fue en junio de 2009 cuando el TSJM remite al caso al Supremo y solicita la imputación urgente de Bárcenas por un presunto delito fiscal y de cohecho. En aquellos primeros momentos, su partido le respalda y defiende, pero, según avanza la investigación, el ángel se convirtió poco a poco en demonio. Tanto es así que un mes después dimite como tesorero mientras que el PP le paga su abogado.
En julio de 2010 el TSJM levanta el secreto de sumario y se desvela que Bárcenas cobró hasta 1,3 millones de euros de la trama Gürtel. Es en ese momento cuando todo cambia. El apoyo que tenía de su partido lo pierde. Abandona su militancia y dimite definitivamente como tesorero. Es la propia Secretaria General del partido, María Dolores de Cospedal, la que anuncia que Bárcenas ya no forma parte del partido y que ya no tiene despacho en Génova. Asume el pago de su defensa y entrega su acta de senador.
Es a principios de este año cuando la Audiencia Nacional ordena reabrir la causa y el juez Ruz destapa los 22 millones de euros que el ex tesorero 'popular' tenía en una cuenta en Suiza. Días después de esta revelación, EL MUNDO publica que Bárcenas no sólo cobraba de Gürtel sino que durante muchos años era el encargado de entregar sobres con dinero a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato de nuevo en una caja B, cuyos papeles, con nombres, apellidos y cantidades, desvela el diario 'El País' pocos días después.
Fue la gota que colmó el vaso 'popular'. Rajoy niega cualquier implicación y el huracán se asienta en Génova. Desde entonces que hombre que se encargó de la caja A y presuntamente también de la B se convierte en el innombrable.

Colau vaticina el 'colapso de los juzgados'

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, considera "inaceptables" las enmiendas que el PP ha introducido en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) porque "la desvirtúan totalmente", lo que, según ella, les obligará a presentar miles de reclamaciones judiciales que colapsarán los juzgados.
En declaraciones a Efe, Colau ha señalado que la propuesta del PP de establecer rebajas a las personas morosas si pagan su deuda en cinco o en diez años "no es verdad en la práctica, porque ninguna de las personas afectadas tiene recursos para poder pagar esa deuda".
Ada Colau, quien ha considerado que el PP se mantiene en su postura inicial, lo que califica de "decepcionante", ha asegurado que estas enmiendas "desvirtúan totalmente la ILP, que queda irreconocible porque no hablan de moratorias de desahucios, no aceptan la dación en pago ni la retroactividad y condenan a las personas afectadas, las sacrifican y no les dan ninguna salida".
Colau ha señalado que tras la sentencia europea que establece la ilegalidad de los procedimientos de desahucios, el Estado español tiene la obligación de establecer alguna medida de retroactividad para todas aquellas personas que han sido desahuciadas con una ley ilegal.
"Si no hay retroactividad por los procesos injustos, nos veremos obligados a acudir a los juzgados y se judicializará el conflicto y se colapsarán los juzgados. La ILP era una oportunidad para que el Estado reconociese que la ley es ilegal y diera una salida a las personas afectadas", ha indicado la portavoz de la PAH.
Ada Colau ha explicado que este martes centenares de personas en toda España solicitaron en los juzgados la anulación de sus procesos de ejecución hipotecaria en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y ha augurado que serán muchas más y que incluso se plantearán "pedir responsabilidad patrimonial al Estado por los desahucios injustos e ilegales".
Los desahucios podrán paralizarse si existen cláusulas abusivas en la concesión de la hipoteca, según las enmiendas introducidas por el PP al proyecto de ley procedente de la iniciativa legislativa popular, una vez que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el pasado 14 de marzo que el procedimiento no se ajustaba a la normativa europea.

Ruz se queda con el 'caso Bárcenas'

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que sea el juez del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, el que investigue los papeles de Bárcenas. El tribunal presidido por Alfonso Guevara considera que hay vinculación suficiente con la trama corrupta. El magistrado que aspiraba a investigar al PP, Javier Gómez Bermúdez, deberá enviar a Ruz la querella de IU y todas sus actuaciones hasta ahora.
El tribunal da así la razón a la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido a la Sala que los papeles se investigaran como una pieza separada del 'caso Gürtel'.
El magistrado Alfonso Guevara. | Lizón / Efe
Luis Bárcenas no quería que los papeles que se le atribuyen se investiguen en la Audiencia Nacional. La defensa del ex tesorero popular ha defendido hoy que los juzgados competentes son los ordinarios de Plaza de Castilla. A su juicio, lo único que podría haber tras los papeles sería un delito fiscal competencia de un juez de instrucción de Madrid.

A esa tesis se ha sumado inmediatamente el letrado que hoy representaba al ex tesorero Álvaro Lapuerta y al empresario imputado Alfonso García Pozuelo.
A la petición de estas partes se ha sumado también el ex tesorero popular Alvaro Lapuerta.
En la vista pública celebrada este miércoles ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal para resolver la cuestión de competencia sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular, los abogados defensores han expuesto que los delitos investigados no corresponden a la Audiencia Nacional.
La abogada de Bárcenas, Eva Tomás, ha argumentado que el único delito investigado contra su cliente por la Fiscalía Anticorrupción cuando incoó diligencias previas es uno contra la Hacienda Pública, cuyo esclarecimiento no corresponde a los Juzgados Centrales de Instrucción, sino a un juez ordinario de Madrid. "Son normas de estricta aplicación y sobre las que no caben interpretaciones extensivas", ha dicho.
La defensa del empresario Alfonso García Pozuelo ha abogado por que el asunto se lo quede el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, al ser el primer órgano que conoció 'los papeles de Bárcenas', "que muy pronto se convertirán en los papeles de El País", ha añadido.
Ha afirmado que no existe delito de financiación ilegal y que tampoco se puede atribuir a los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas puesto que "no han sido administradores electorales", por lo que "nos encontraríamos ante delitos contra la Hacienda Pública" cometidos en 2007 y 2008 y que serían "los únicos que no han prescrito por no haber realizado el PP la debida retención fiscal".
A su juicio, la supuesta donación de empresarios a la formación política y la recepción de esos fondos constitutiva de un presunto delito de cohecho "no es más que una mera conjetura" y tampoco justificaría su permanencia en la Audiencia Nacional.
Para el abogado del empresario Juan Miguel Villa Mir, "nunca" debió admitirse a trámite la querella contra su cliente y otros directivos de constructoras que presuntamente donaron diversas cantidades al PP entre 2002 y 2003 al "no ser acorde a la realidad", por lo que no se ha decantado a favor del juez Pablo Ruz ni de Javier Gómez Bermúdez.
A su entender, esta acción judicial se encuadra dentro de un debate de carácter político, a lo que el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha respondido que no se analiza "la crisis económica ni el debate político", sino una cuestión de competencia elevada a la Sala de lo Penal.

Competencia de Bermúdez

Las acusaciones populares personadas en las causas abiertas por Ruz y por Gómez Bermúdez han defendido la competencia de éste último por ser la trama presuntamente liderada por Francisco Correa un donante más del Partido Popular y para evitar incorporar los 'papeles de Bárcenas' a un "macroproceso" que merme la agilidad de las investigaciones y lleve a la impunidad de sus presuntos responsables.
Han pedido que no sea el juez que instruye el 'caso Gürtel' quien investigue la supuesta contabilidad opaca del PP para evitar una posible nulidad de las actuaciones como ocurrió en el 'caso Naseiro'. Bárcenas ha pedido anular todas las diligencias efectuadas en el 'caso Gürtel' a raíz de las grabaciones del ex concejal del PP José Luis Peñas a varios imputados en la trama.
Gómez Bermúdez ha reclamado su competencia sobre 'los papeles de Bárcenas' ante la "débil" y "endeble" conexión con el 'caso Gürtel', que instruye su colega. A su juicio, la trama sería "un donante más" del PP y podría ser "una parte" de la posible financiación ilegal del partido.
De su lado, Pablo Ruz asumió el pasado 7 de marzo la investigación de los 'papeles de Bárcenas', tras recibir un informe de la UDEF en el que se establecían al menos tres vínculos entre el 'caso Gürtel' y la supuesta contabilidad B del PP, dos de los cuales afectan al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, y al constructor Alfonso García Pozuelo.