La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, considera "inaceptables" las enmiendas que el PP ha introducido en la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) porque "la desvirtúan totalmente", lo que, según ella, les
obligará a presentar miles de reclamaciones judiciales que colapsarán
los juzgados.
En declaraciones a Efe, Colau ha señalado que la propuesta del PP de establecer rebajas a las personas morosas si
pagan su deuda en cinco o en diez años "no es verdad en la práctica,
porque ninguna de las personas afectadas tiene recursos para poder pagar
esa deuda".
Ada Colau, quien ha considerado que el PP se mantiene en su postura
inicial, lo que califica de "decepcionante", ha asegurado que estas
enmiendas "desvirtúan totalmente la ILP, que queda irreconocible porque
no hablan de moratorias de desahucios, no aceptan la dación en pago ni
la retroactividad y condenan a las personas afectadas, las sacrifican y no les dan ninguna salida".
Colau ha señalado que tras la sentencia europea que establece la ilegalidad de los procedimientos de desahucios, el Estado español tiene la obligación de establecer alguna medida de retroactividad para todas aquellas personas que han sido desahuciadas con una ley ilegal.
"Si no hay retroactividad por los procesos injustos, nos veremos
obligados a acudir a los juzgados y se judicializará el conflicto y se colapsarán los juzgados.
La ILP era una oportunidad para que el Estado reconociese que la ley es
ilegal y diera una salida a las personas afectadas", ha indicado la
portavoz de la PAH.
Ada Colau ha explicado que este martes centenares de personas en toda España solicitaron
en los juzgados la anulación de sus procesos de ejecución hipotecaria
en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y ha augurado
que serán muchas más y que incluso se plantearán "pedir responsabilidad
patrimonial al Estado por los desahucios injustos e ilegales".
Los desahucios podrán paralizarse si existen cláusulas abusivas en
la concesión de la hipoteca, según las enmiendas introducidas por el PP
al proyecto de ley procedente de la iniciativa legislativa popular, una
vez que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el pasado 14 de
marzo que el procedimiento no se ajustaba a la normativa europea.
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