tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 2 de diciembre de 2012

Miles de discapacitados se manifiestan contra su 'colapso'

Varios miles de personas con discapacidad de toda España se han movilizando en Madrid para hacer una "llamada de socorro pidiendo y esperando una ayuda que le permita salir de esa situación de absoluta emergencia".
La marcha ha sido calificada de "histórica" por el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ya que, según ha explicado, nunca antes "habíamos salido a la calle para que los políticos sepan que estamos al borde del colapso".
"La situación es insostenible. No podemos pagar sólo las personas con discapacidad y sus familias. Esta crisis está siendo devastadora con este sector tan vulnerable", ha manifestado el presidente del CERMI.
Manifestantes en silla de ruedas. | EfeManifestantes en silla de ruedas. | Efe
Además, ha denunciado que "el 20% de las personas con discapacidad, por los impagos, pueden quedarse sin una atención básica para mantener su dignidad". El CERMI, que ha convocado la marcha, reivindica los derechos del colectivo y sus familias e incide en que los programas de promoción e inclusión están desapareciendo con consecuencias muy negativas.
Este Comité describe la actual situación como "inquietante" debido a "las decisiones políticas de regresión de derechos y de debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección sociales alcanzadas por España".
El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, ha declarado a la agencia Efe que "los derechos que se pierdan ahora no se van a volver a conseguir". Por ello, "queremos hacer reflexionar a la sociedad española, para que nos ayuden a mantener lo que tantos años nos ha costado".
Bajo el lema 'SOS Discapacidad, Inclusión y Bienestar a Salvo', varios miles de discapacitados y sus familias, además de 700 voluntarios, han llegado de toda España. Cerca de 300 autobuses y furgonetas adaptadas se han desplazado desde diferentes puntos de la Península hasta la capital.
El ambiente ha sido amenizado por una batucada y el Psico Ballet de Maite León, integrados por niños discapacitados. Esta alegría se debe porque "nos lo tomamos de manera optimista porque somos capaces, luchadores e integradores", ha indicado José Miguel, discapacitado visual.

Somos los primeros en sufrir los recortes

"Estamos aquí para concienciar a la sociedad y a la clase política de que a pesar de ser los últimos en incorporarnos a los derechos sociales, somos los primeros en sufrir los recortes", ha declarado.
Un total de 60 asociaciones se ha sumado a la marcha, además del equipo paralímpico español, representado por la nadadora Teresa Perales. Unos miembros del equipo de ciclismo adaptado dicen que han ido para defender la discapacidad y por ello están luchando, pero "todos tenemos nuestras adversidades y si nos ponen más complicaciones todo es más difícil". Con respecto al deporte afirman que les piden unas metas y "sin presupuestos no podemos llegar a ellas".
Al final de la marcha, a su llegada a Los Jardines de los Descubrimientos (Plaza de Colón), el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y de la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), Yannis Vardakastanis, ha querido participar en esta causa y ha transmitido a todos los asistentes su apoyo porque no "estáis solos, toda Europa y el mundo os apoya", ha anunciado.
Además, la deportista paralímpica, Teresa Perales, un joven con síndrome de Down, Luis Castro, otras dos con discapacidad auditiva, Laura López Espejo y Mercedes Pérez de Prada, una madre de una niña autista, María José Alonso Parreño y una niña con discapacidad visual, Alicia Villarejo han leído un manifiesto en el que se ha pedido que todo lo conseguido en 30 años, "todavía muy insuficiente y precario", no se vaya a la ruina.
"No hemos levantado demasiado la voz para señalar que la discapacidad es una cuestión aún no resuelta", reclama este manifiesto. "Pero ser pacientes no quiere decir que seamos pasivos ni menos aún sumisos. Ser discreto no significa que no existamos".

Cruasanes frescos

Ingredientes

- 500 g de harina blanca para pan, y un poco más para espolvorear
- 40 g de azúcar de granulado fino
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharaditas de levadura seca de panadería instantánea
- 300 ml de leche tibia
- 300 g de mantequilla blanda, aplastada entre dos hojas de papel vegetal en un rectángulo de 5 mm de grosor y enfriada en el frigorífico
- un poco más de mantequilla, para engrasar
- 1 huevo, ligeramente batido con una cucharada de leche, para pintar los cruasanes
- mermelada, para servir (opcional)
- 1 plantilla de cartulina de forma triangular, con una base de 18 cm y lados de 20 cm

Estas ingredientes para 12 cruasanas.

Preparación

1. Ponga los ingredientes secos en un cuenco, haga un hueco en el centro y vierta la leche. Mézclelo hasta obtener una masa suave; añada leche si fuera necesario. Amásela en una superficie enharinada de 5 a 10 minutos o hasta que esté elástica. Déjela leudar, en un cuenco engrasado, tapada y en un lugar templado, hasta que doble su volumen.

2. Trabaje la masa 1 minuto. Deje que la mantequilla se ablande un poco. Extienda la masa en un rectángulo de 46 x 15 cm. Ponga en el centro la mantequilla. Con el lado más corto hacia usted, doble los lados de la masa de modo que se toquen en el centro.
Presione los bordes para pegarlos. Gire la masa 90 º y estírela otra vez en un rectángulo. Dóblela como antes. Si la mantequilla se deshiciera, envuelva la masa en film transparente y póngala a enfriar. Repita el proceso de doblado 2 veces más. Córtela en 2 trozos. Extienda uno en un triángulo de 5 mm de grosor. Guarde el otro en el frigorífico. Corte los cruasanes guiándose con la plantilla….

3. Pinte los triángulos con el huevo. Enróllelos empezando por la base y doble las puntas. Pinte los cruasanes con huevo, póngalos en la bandeja del horno sin engrasar y déjelos subir hasta que doblen su volumen. Cuézalos en el horno precalentado a 200 ºC de 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

Paté de Aceitunas

Ingredientes

- 250 gramos de aceitunas negras
- 125 gramos de alcaparras
- 150 gramos de anchoas
- 1 diente de ajo
- 4cucharadas soperas de aceite de oliva

Preparación

Desalar las anchoas con agua corriente
quitar la cabeza y espina, enjuagar y escurrir
deshuesar las aceitunas
machacar el ajo pelado, las anchoas, las aceitunas y las alcaparras en el mortero, añadiendo poco a poco el aceite

Consejos

Se sirve en rebanadas de pan tostado

Crepes de puerro y queso de cabra

Ingredientes

- 30 g de mantequilla sin sal
- ½ cucharada de aceite de girasol
- 200 g de puerro picado fino
- sal y pimienta
- nuez moscada recién rallada al gusto
- 1 cucharada de cebollino picado
- 8 crepes saladas
- 85 g de queso de cabra blando, sin corteza si lo prefiere, picado

Estas ingredientes para hacer 8 crepes.

Preparación

1. Derrita la mantequilla con el aceite a fuego medio-alto en una cazuela de base gruesa que tenga tapa. Rehogue el puerro, removiendo, de modo que se impregne bien de la grasa. Salpimiéntelo al gusto pero tenga presente que el queso es salado. Sazónelo con nuez moscada al gusto, extienda por encima de la preparación papel vegetal humedecido y tape la cazuela. Con el fuego al mínimo, poche el puerro de 5 a 7 minutos, o hasta que esté muy tierno pero sin dejar que se dore. Añada el cebollino, pruébelo y rectifique la sazón si fuera necesario.

2. Extienda una crepe en un plato y ponga una octava parte del puerro en el centro. Esparza por encima la parte correspondiente del queso y doble la crepe como un sobre, o simplemente enróllela. Ponga la crepe rellena en una fuente para el horno y haga lo mismo con el resto.

3. Ponga la fuente en el horno precalentado a 200 ºC y caliente las crepas 5 minutos, o hasta que el queso empiece a derretirse. Sírvalas enseguida.

Un alto cargo de inmigración: los jóvenes emigran por “impulso aventurero”

Mentirosa como todos los neonazis del PP

La secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, cree que la emigración de jóvenes españoles al extranjero no se debe sólo a la crisis económica sino a otros factores entre los que está "el impulso aventurero de la juventud". "Es cierto que la situación interna se suma a dicha capacidad de mirar al exterior, pero considero desvirtuados los discursos que sostienen que la salida de trabajadores cualificados españoles está estricta y únicamente vinculada a la situación de crisis", aseguró ayer del Corral, durante la presentación de un informe sobre la emigración de profesionales cualificados. Las palabras de la secretaria general están siendo duramente criticadas en la red social Twitter, donde es el tema más comentado del momento.
El alto cargo de inmigración insistió en que debe valorarse como "esencialmente positivo" que los trabajadores españoles cualificados "hayan dejado por fin de ser 'locales'", para ponerse, a su juicio, "a la altura de los trabajadores cualificados de nuestros socios europeos en cuanto a proyección internacional"
"Marina del Corral. Los jóvenes españoles emigran por su espíritu aventurero y no por la crisis. La culpa es de Dora la Exploradora", bromea uno de los usuarios de la red social Twitter. "Para Marina del Corral, los africanos que llegan en patera en realidad están practicando deportes de riesgo", añade otro.
En 2011, salieron de España 52.841 españoles para residir en el extranjero, según los datos dela estadística de variación de residentes que se ofreció durante la presentación del informe.

Garzón recibe el DNI argentino

Baltasar Garzón recibió este jueves de manos de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, su DNI de residente extranjero en ese país. El exjuez adquirió la residencia por un año y renovable, porque trabajará como asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Argentina. No es que Garzón vaya a residir solo en Buenos Aires. También seguirá desarrollando sus actividades en España, en Colombia —donde asesora a la Fiscalía General— y en Ecuador, donde elabora un informe para una reforma judicial.
“Baltasar Garzón nos ha hecho el honor de pedir su residencia aquí, en la República Argentina, y también como un representante de una justicia que no es solamente de los derechos humanos vinculados con las terribles dictaduras que asolaron a nuestros países, sino que habla de los derechos humanos de segunda, tercera, cuarta, quinta generación, como le llaman, y que yo lo sintetizaría en el derecho a vivir con esperanza y con ilusión”. Con estas palabras, presentó Fernández a Garzón entre los aplausos de los asistentes al acto en la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina.
El antiguo magistrado asistió al tercer juicio sobre la ESMA
El también asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya había comparecido horas antes, entre el público, en la segunda sesión del tercer juicio sobre los crímenes cometidos por la última dictadura argentina (1976-1983) en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención del régimen.
“Después de Núremberg, no creo que haya habido un juicio de esta envergadura por crímenes de lesa humanidad. Eso es muy importante no solo para Argentina, sino para el mundo entero”, comentó Garzón a la prensa. El tercer juicio sobre la ESMA es el mayor de todos los procesos emprendidos contra el terrorismo de Estado en Argentina por la cantidad de acusados, unos 68, la de delitos juzgados, unos 789, y la de testigos, casi 900, que desfilarán a lo largo de dos años por los estrados.
Entre los acusados figuran personas que persiguió en los años 90
Entre los 68 acusados figuran algunos de los exmilitares y expolicías argentinos que Garzón persiguió en los años 90 del siglo pasado y principios de este siglo, bajo el criterio de justicia universal y cuando en el país sudamericano aún regían las amnistías que se suprimieron en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). Garzón se encontraba en un balcón que tiene la sala del juicio. En la pantalla gigante allí instalada podía ver los rostros de los imputados, pero ellos no podían observarlo a él. “Para mí, [este acto] es volver a encontrarme con los rostros de muchos de los que en España investigamos, especialmente de Ricardo Cavallo. Muchos de los que están aquí fueron procesados por mí, y verlos sometidos a juicio es a lo que cualquier juez aspira, sobre todo por hechos tan graves como estos. Que [el juicio] se esté haciendo en Argentina es un triunfo para todos y sobre todo para las víctimas”, concluyó el exjuez.
Garzón llegó al juicio en compañía de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que sigue buscando a cientos de bebés de desaparecidas que nacieron en cautiverio y que fueron entregados a entonces integrantes de las fuerzas de seguridad o a personas vinculadas a ellas. En los últimos meses, el exjuez ha recibido homenajes en varias ciudades de Argentina. También se ha reunido con diversos políticos y ha respaldado algunas medidas del Gobierno de Fernández, como la ley contra la concentración de medios audiovisuales o la lucha contra los acreedores litigantes por la suspensión de pagos de Argentina en 2001. También ha apoyado, por ejemplo, al juez de Jujuy (noroeste del país sudamericano) que procesó a uno de los empresarios más poderosos de Argentina, Carlos Pedro Blaquier, por presunta colaboración en crímenes de la dictadura.

468 indultos en 11 meses de Rajoy

Terrorista indultado por el terrorista Rajoy
 
Tráfico de drogas, robos con violencia, lesiones que causan grave deformidad, estafas, prevaricación, malversación, homicidios, abusos sexuales, torturas, coacción para la prostitución... Prácticamente todos los delitos han sido en algún momento perdonados total o parcialmente por el Gobierno. Durante 2012, el que dirige Mariano Rajoy ha concedido, hasta el pasado 25 de noviembre, 468 indultos. Un número similar al de otros años y otros Ejecutivos. El de José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, perdonó a menos en 2011 (301) pero en 2007 aprobó la medida de gracia para 521 condenados.
No hay diferencias significativas en función del color del partido en el poder. Todos indultan y ninguno da explicaciones ni argumenta las razones que han conducido a cada perdón. La ley que lo regula, de 1870, no les obliga a ello —fija, por el contrario, una facultad que se ejerce sin rendir cuentas a nadie— y tampoco lo hacen por iniciativa propia. La opacidad es total. Solo el Ejecutivo de turno sabe por qué perdona en unos casos y en otros no, y no hay forma de controlar esa decisión.
De los indultos de este año, 434 han sido aprobados por el Ministerio de Justicia y otros 34 por el de Defensa (relativos a penas por deserción). El delito por el que más se ha indultado es, de lejos, el de tráfico de drogas (193, el 41%). Le siguen los robos (59); las estafas, apropiaciones indebidas y falsedades (56); las lesiones (42); los atentados contra la autoridad (24); los hurtos (11); la prevaricación y otros delitos contra la Administración Pública (9); los delitos contra el medio ambiente (9); y los homicidios imprudentes o en grado de tentativa (7).

Los indultos más polémicos de 2012

Además de los casos de los mossos d’Esquadra indultados por el Gobierno ha habido otros casos polémicos este año:
Caso Treball: Josep Maria Servitje (ex alto cargo de Unió Democràtica de Catalunya) y Víctor Manuel Lorenzo (empresario). Desviaron fondos mediante el encargo de informes inútiles. El indulto no contó con el informe favorable del tribunal sentenciador.
Yak 42. Los militares José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez habían sido condenados por falsear la identidad de 30 de los 66 fallecidos en el accidente.
Prevaricación urbanística. Tomás Gómez Arrabal (exalcalde del PP de Abdalajís, Málaga), y los ediles de su partido María Teresa Mesa Pernia, Fermín Muñoz Armero y Antonio Pérez Postigo fueron condenados por dar licencias ilegales a sabiendas de que lo eran.
Permisos falsos. Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, José Manuel Sánchez Donoso y Luis Calle Fernández habían sido condenados en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes. Las cantidades pagadas por estos a cambio de los papeles llegaban a los 3.000 euros.
Estafa y falsedad. Miguel Escudero Arias-Dávila fue indultado tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa.
Estas son las cifras totales. Para poder hacer una valoración real de a quién se indulta más, habría que compararlos con el número de condenados por cada delito. Los indultos por prevaricación no son muchos (seis en 2012), pero tampoco lo son los condenados por esta infracción. En 2011, por ejemplo, hubo solo 33. El porcentaje de perdonados se presume muy alto, aunque estas cifras no puedan compararse porque los indultados han sido sentenciados en años distintos.
En cualquier caso, son esos perdones a políticos, banqueros y empresarios... los que suelen ser interpretados como una fórmula que utiliza el Gobierno para que los poderosos no cumplan las penas. La última de estas afrentas ha sido el reciente perdón a cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturas, que ha soliviantado de tal forma a los jueces que casi 200 han firmado esta semana un documento en el que acusan al Ejecutivo de dinamitar la división de poderes con una decisión “abusiva” y “éticamente inasumible”. El tribunal sentenciador en ese caso, la Audiencia de Barcelona, se había pronunciado en contra del indulto.
El texto de los jueces —firmado por los magistrados del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez y Joaquín Giménez y por la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles— acusaba al Gobierno de burlarse de la justicia en un delito tan grave como el de las torturas. El debate ha llegado a poner en entredicho la propia figura del indulto. “Es una especie de justicia paralela, señorial, para privilegiados”, opina el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. “Un residuo del pasado con el que el Gobierno degrada la justicia convirtiéndola en dos: una para sus amigos, a los que exime de cumplir la ley; y otra para los demás, que sí están sometidos a los tribunales. El indulto debería desaparecer o quedar, en todo caso, como algo muy residual que se aplique en muy pocos casos, de manera argumentada y con un control externo”.
El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por más de 180 juristas, cuestiona también la existencia de una figura “anterior a la revolución liberal que se vincula al derecho de gracia del monarca” y habla de los problemas que plantea en una sociedad democrática basada en la separación de poderes y la soberanía popular. Proponen, en todo caso, al igual que Llamazares, que los indultos deban motivarse y que exista algún tipo de control jurisdiccional de estas decisiones.
El Gobierno, en estos casos, no puede cuestionar los hechos probados en la sentencia, ni la calificación jurídica llevada a cabo por el tribunal. Tan solo puede suavizar la pena. Sin embargo, en la práctica muchas veces sí pone en duda los hechos probados, convirtiéndose en una última instancia judicial que, a diferencia de los jueces, no debe argumentar sus decisiones.
Se ha dinamitado la separación de poderes, denuncian los jueces
En el caso de los cuatro mossos indultados, el delito es tan grave (torturas) que a priori no se consideraría susceptible de ser objeto de perdón. En este caso, y según el Ministerio de Justicia, se llevó a cabo porque había algunas dudas sobre la culpabilidad de los condenados y la petición la había avalado la propia víctima. En este caso, por tanto, el Gobierno, de alguna manera, sí estaría actuando como una tercera instancia que revisa la condena al margen del Poder Judicial.
No existe una estadística que sea accesible a cualquier ciudadano y que permita saber cuál es perfil de los indultados. Para elaborar este artículo, este diario ha analizado los 468 reales decretos sobre indultos concedidos por el Gobierno de Rajoy y publicados en el BOE desde enero de este año hasta el 25 de noviembre. La información que se obtiene del BOE, la única fuente oficial, es escasa —nombre, tribunal sentenciador, pena, delito y pena que se conmuta, sin ninguna argumentación— pero permite obtener algunos datos.
Hay distintos tipos de indulto. Uno, el más numeroso, se refiere a delitos penados muy duramente en el Código Penal, como el tráfico de droga o los robos. El indulto se usa, en estos casos, para paliar una legislación que permite al juez poca modulación y que provoca que vayan a la cárcel personas sin antecedentes por conductas no siempre graves. Casi todos los perdones por tráfico de drogas, por ejemplo, siguen la misma pauta: el Ejecutivo convierte tres años de prisión —la tarifa plana por este delito, como la llaman los presos— en dos para que el condenado sin antecedentes pueda evitar la cárcel.
“El perdón es una rémora del pasado señorial”, opina Gaspar Llamazares
Si todos los Gobiernos consideran que las penas por tráfico de drogas son desmesuradas —la media de indultos de los últimos 13 años es de más de 150 al año— ¿no convendría reformar el Código Penal en vez de recurrir al indulto?
Desde el Ministerio de Justicia se asegura que casi todos los perdones por delitos contra la salud pública siguen un patrón: gente joven que cometió el delito hace años y que tiene una vida normalizada. No se plantean, por el momento, suavizar las leyes penales. Consideran que el indulto corrige una decisión que fue correcta en su momento pero que años después resulta inadecuada. También hay casos, sin embargo, de condenados que piden el indulto inmediatamente después de la sentencia ante una pena claramente desproporcionada. La reforma de Código Penal de 2010 permite al juez moderar las sanciones por estos delitos, y habrá que esperar aún para ver el efecto que tiene en los indultos.
Dentro de los delitos objeto de indulto durante 2012 hay un dato curioso: el de los perdones por atentado contra la autoridad, desobediencia y resistencia. Un Gobierno que se ha caracterizado por multiplicar las sanciones durante las manifestaciones ha aumentado enormemente también los indultos por este delito (24 frente a los 4 de 2011 y 2009 y los 12 de 2010).
Hay delitos llamativos: homicidios, lesiones graves con deformidad o pérdida de órgano principal... Según Justicia, cuando la pena es alta, esos indultos se conceden a personas que están ya en la cárcel, para que puedan acceder a un tercer grado si así lo recomienda el centro penitenciario. Dentro de los indultos publicados en 2012 hay dos extraños: uno de abusos sexuales y otro de coacción para la prostitución. Ambos fueron concedidos en el último Consejo de Ministros del Gobierno de Zapatero.
El otro grupo de indultos es el polémico; aquellos que trascienden y que afectan a políticos, miembros de los cuerpos de seguridad, empresarios y personas vinculadas con el poder. Una veintena cada año. Como los otros, tampoco se explican. El Gobierno, como ha ocurrido en el caso de los mossos, alega que “se aplica estrictamente la legalidad”, sin hacer referencia a que la legalidad permite el arbitrio más absoluto.
Las Cortes de Cádiz reflexionaron sobre la figura del indulto en España; sobre cómo regular el derecho de gracia del monarca en un mundo que estaba cambiando y que, por primera vez, consagraba en una constitución la división de poderes. En ese momento se permitió al jefe del Estado que conservara esta facultad, no sujeta a control, porque se consideraba necesario moderar un derecho penal que aún se resentía “de la barbarie gótica”, en palabras del diputado Vicente Tomás Traver, y porque los ciudadanos eran aún súbditos. Dos siglos más tarde, el indulto está en manos del Gobierno, no del rey, pero el fondo no ha cambiado: el que indulta lo hace a quien quiere, cuando quiere y como quiere.

Un inmigrante irregular: “Esta ley es mi condena de muerte”

La lista de sus enfermedades es larga. Julio Basilio González, cubano de 59 años residente en Madrid desde marzo de 2009, pone sobre la mesa un fajo de folios que resumen sus padecimientos —un soplo en el corazón, el colesterol disparado y migrañas crónicas, entre otros— y la docena de medicaciones que necesita. Lo que más le preocupa es no poder controlar su tensión. “Hay pastillas que si no me las tomo me puede dar algo”, afirma pausado mientras toma una tila —“un café sería malísimo”, apunta—. Hasta septiembre su médico en el centro de salud de su barrio al sur de la capital, Carabanchel, le recetaba los fármacos que podía adquirir subvencionados. Pero su tarjeta sanitaria caducó y ya no se la renovaron. No tiene papeles y ha quedado excluido de la atención por la reforma de la sanidad del Gobierno, que el 31 de agosto dejó sin tarjeta a casi un millón de inmigrantes irregulares. Sus nombres ya no aparecen en el sistema. “Esta ley es mi condena de muerte”, recalca González.
“Es una cuestión de derechos humanos, con o sin papeles somos personas”, enfatiza González respecto a la negación de atención médica a los sin papeles. Este cubano trabajaba como director de una orquesta en Varadero, zona turística de la isla caribeña. Pero a finales de 2008 emigró a Holanda con su esposa, nacida en ese país. La relación se rompió meses después y González decidió venir a España. “Porque era un sueño y dominaba el idioma”, aclara. Su permiso de residencia expiró sin que encontrase un empleo. Se gastó en una guitarra los pocos ahorros que le quedaban de su trabajo en una fábrica de latas en el país nórdico. La compró en un viaje a San Sebastián, donde visitaba a un amigo. “Es de marca pero me costó muy barata”, asegura con orgullo mientras acaricia la funda del instrumento que va siempre con él. Ahora es su medio de subsistencia. Pero los siete u ocho euros que saca al día por tocar “sones cubanos” en la calle, no son suficientes para comprar sus medicamentos. “Y cada vez la gente da menos tal como están las cosas”. Con recetas se gastaba entre 40 y 50 euros al mes en fármacos, pero sospecha que ahora la factura “subirá notablemente” y se le están agotando las reservas de pastillas.
El médico de González le sigue atendiendo en consulta, la última vez el pasado viernes, pese a que el nombre y la historia clínica del paciente han desaparecido de su ordenador. No hay ningún Julio Basilio González con una afección cardíaca crónica en las bases de datos. Pero el enfermo existe, con su arteroesclorisis (endurecimiento de las arterias), sus dolores de cabeza, su soplo y una ristra de enfermedades en el historial médico que señala una y otra vez para apoyar su relato.
Las citas las pide por teléfono, como le han aconsejado en Médicos del Mundo, porque no piden datos. Otras veces, el doctor le emplaza a ir en una fecha determinada y se lo anota en un papel en blanco. En las mismas octavillas en las que le apunta las pastillas que tiene que tomar. “Como no puedo pagarlas, tendré que priorizar cuáles tomo”, planea.
Sus palabras transmiten la impotencia de sentirse vulnerable y no poder hacer nada. Pero González asegura haber perdido el temor a que le expulsen del país —al no tener papeles— si denuncia públicamente su situación. “Hasta hace un año la policía me detenía todas las semanas, pero nunca me deportaron. Me ponían multas que no podía pagar”, dice enojado. Por eso ha decido contar su historia.
No entiende por qué, después de haber vivido en España cuatro años, empadronado y con acceso a la sanidad pública, ahora no tiene derecho “a nada”. “Para darte la residencia te piden que tengas un contrato, pero sin papeles no te contratan. Me parece humillante. No sé si yo estoy loco o lo están los que hacen las leyes”.
El caso de este inmigrante irregular no es único. Médicos del Mundo ha denunciado que nueve gobiernos regionales (Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón) están ejecutando la medida sin paliativos, denegando la atención a las personas sin permiso de residencia. Algunas comunidades, dice la organización, han restringido el acceso a la sanidad más allá de lo que recoge el real decreto 16/2012. Ana (nombre supuesto), colombiana de 44 años, es víctima de esta aplicación estricta de la reforma sanitaria. Vive en Tenerife desde hace más de cuatro años en situación irregular. En 2008 le diagnosticaron cáncer de mama y, tras recibir quimioterapia, se sometió a una mastectomía. Le pusieron implantes mamarios, unas prótesis PIP (Poly Implants Prothéses) que le extrajeron tras ser retiradas del mercado en 2010 por defectuosas. Le reconstruyeron un pecho. La cirugía para el otro quedó pendiente. El pasado miércoles Sanidad le informó que no le practicaría la operación. “Había oído hablar de la nueva ley, pero no me esperaba que me sacaban de la lista de espera. No sé qué hacer, me han dejado como media mujer, con un solo pecho”, explica Ana, informa Pedro Murillo.
La denucia de casos de exclusión sanitaria tiene efectos positivos, aseguran fuentes de Médicos del Mundo. Añaden que Aragón y Canarias negaron las acusaciones en un primer momento para acceder después a abrir un diálogo con la organización en busca de una solución. En Baleares, dos asociaciones de personas enfermas han ofrecido facilitar asistencia a los pacientes que han recibido trasplantes o que requieran insulina. Una portavoz de la ONG ha manifestado a este periódico su “agradecimiento” por estos gestos, pero subraya, sin embargo, que su objetivo es que “se derogue el real decreto”.

Los fichajes entre sanidad pública y empresas potencian la privatización

Manuel Marín Ferrer fue entre 2000 y 2007 el hombre de la Generalitat valenciana en el departamento de Salud de la comarca de La Ribera, de gestión privada. Durante este tiempo ocupó el cargo de comisionado. Su trabajo consistía en supervisar desde la Administración a la empresa privada adjudicataria de la atención sanitaria: Ribera Salud UTE. En septiembre de 2007 esa misma operadora sanitaria le fichó para ocupar el cargo de mayor responsabilidad: la dirección del departamento de Salud. Y pasó, sin etapas intermedias, de vigilar a la empresa desde su puesto de la Administración pública sanitaria a estar en nómina de la compañía.
La prensa británica se ha hecho eco recientemente de casos que los anglosajones denominan gráficamente “puerta giratoria (revolving door)”: el tránsito del sector público al privado de directivos que pasan de vigilar a las empresas a trabajar para ellas. The Guardian publicaba el pasado 23 de noviembre que un exasesor de salud del Gobierno de Cameron acaba de ser fichado por un lobby de la sanidad privada.
EL PAíS
En España también existen casos similares, como muestra el caso de Marín Ferrer. Tanto de personas que ponen al servicio de las firmas privadas todo el conocimiento adquirido en la sanidad pública como al contrario, cargos que desde la Administración impulsan iniciativas privatizadoras que benefician a las empresas del sector sanitario y que algunos han bautizado como “la estrategia del caballo de Troya”.
Esto sucede en un momento muy convulso para la sanidad pública, azotada por los recortes de gasto y con la mayor apuesta privatizadora registrada hasta ahora. La gestión de 10 hospitales en Madrid y Castilla-La Mancha está a punto de cambiar de manos: de las públicas a las privadas. El rechazo a estas políticas ha sacado a la calle en bloque al sector sanitario madrileño.
Valencia y Madrid destacan por la ida y vuelta de sus ejecutivos sanitarios
El debate no es solo ideológico. También obedece a la falta de evidencia de que la privatización permite controlar el gasto, de transparencia respecto a los intereses del sector y de control sobre las empresas que intervienen en la sanidad pública. Los Gobiernos que han apostado por el modelo se han convertido frecuentemente en sus máximos defensores, como lo son las propias compañías que prestan el servicio y sacan réditos de él. No es extraño el trasiego de altos cargos que cruzan de un lado a otro los ámbitos público y privado.
El caso de Marín Ferrer se produjo precisamente en la cuna de la gestión sanitaria privada de hospitales públicos, la localidad valenciana de Alzira. En 1999, el Gobierno del PP dirigido por Eduardo Zaplana lanzó el que ha acabado por conocerse como modelo Alzira, una fórmula que se ha consolidado en la Comunidad Valenciana: la cobertura sanitaria pública del 20% de sus habitantes depende en estos momentos de una empresa. Marín pasó a la compañía que antes debía vigilar. Entre sus funciones en la Administración estuvo la de fiscalizar a Ribera Salud UTE (participada mayoritariamente por Adeslas y Ribera Salud), que se ocupa de la atención sanitaria de los 250.000 vecinos de la comarca de La Ribera. Sus atribuciones incluían comprobar que se ajustaba a las cláusulas del contrato y que se cumplía los criterios de calidad asistencial pactados.
Marín Ferrer, en una respuesta por escrito a este diario, no considera que esté incurriendo en un posible conflicto de intereses al haber pasado al otro lado. “La Administración y la empresa concesionaria actúan en todo momento como aliados (...) para garantizar una asistencia pública y de calidad, como demuestran las encuestas, a los pacientes y a nuestros profesionales, por lo que no se produce ninguna incompatibilidad”.
No existe ninguna regulación acerca de los conflictos de intereses en que pueda caer la figura del comisionado en los departamentos de gestión privada. No hay normas que impidan, de un día para otro, sentarse al otro lado de la mesa y pasar de servir al interés general a poner sus conocimientos al servicio de la empresa que supervisaba.
Tampoco existe una normativa capaz de preservar con garantías el interés público en las nuevas fórmulas de gestión sanitaria ante su creciente expansión e implantación. La consultora PriceWaterhouse Coopers llama la atención sobre ello en el informe Diez temas candentes de la sanidad española para 2012. “Con el objetivo de resolver algunos de los aspectos más controvertidos de estas fórmulas de colaboración [público privadas, en general], sería razonable iniciar el debate sobre la conveniencia de diseñar un marco regulatorio que asiente las bases de los intereses públicos a preservar, junto con el tipo de relación deseable con la empresa o empresas privadas implicadas”, recoge en el capítulo titulado Es el momento de relanzar la colaboración público-privada.
El debate incluye las dudas sobre el ahorro que supone privatizar
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), de la que forman parte 12 sociedades científicas, es más explícita. Primero, destaca la falta de información sobre el resultado de las experiencias privatizadoras: “Contrariamente a lo que publicitan sus defensores, en la práctica no se han demostrado ventajas que aconsejen su adopción”. Esta información tan limitada “solo ha permitido alertar del riesgo verosímil que la excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios puede suponer al reducir la eficacia de la supervisión sobre los servicios prestados”, añade. Y aún va más lejos al avisar del “enorme riesgo de captura del regulador”, fenómeno que se da cuando la influencia de las empresas [en este caso el sector privado sanitario] es tal que tiene la capacidad de someter a la Administración, anular su función inspectora y convertir al regulador “en casos extremos en defensor de los intereses de la empresa dominante”, en lugar del interés general.
“Puede tener sentido separar el proveedor de los servicios [privado] del financiador [público], pero siempre que exista un control estricto del segundo respecto del primero”, añade Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud (de ámbito estatal, tiene unos 900 socios, médicos o economistas, y forma parte de SESPAS). “El problema de fondo es que faltan normas de buen gobierno” respecto a este modelo, añade. En especial cuando pocos operadores sanitarios copan el mercado y, gracias a ello, adquieren gran capacidad de influencia sobre las Administraciones que contratan sus servicios, como sucede en España con el peso de Ribera Salud y Capio, los dos principales grupos que gestionan hospitales públicos.
Un ejemplo de presunto “caballo de Troya” es Antonio Burgueño, director general de Hospitales de la Consejería de Sanidad madrileña desde 2008, ideólogo del plan sanitario madrileño para 2013 (privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud), que pasó más de 20 años trabajando para empresas del sector. En su época como director asistencial en Adeslas puso en marcha el hospital de Alzira. Después asesoró a Capio en la construcción del hospital de Valdemoro —traslación del modelo Alzira a Madrid—, inaugurado en 2007. Su hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja para Ribera Salud, a la que asesoró en el proyecto del hospital de Torrejón (recién comprado por Sanitas), que la Consejería de Sanidad adjudicó cuando Burgueño padre estaba en el cargo.
"No se produce ninguna incompatibilidad", dice un afectado
En Madrid el trasvase funciona en las dos direcciones. Los dos últimos consejeros de Sanidad tienen intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la sociedad mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Los periodistas aún recuerdan la presentación de su nuevo proyecto en julio de 2011. Apareció flanqueado por dos consejeros del Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón y el presidente de la patronal. Presentó una “asociación sin ánimo de lucro”, llamada Madrid Centro Médico (MCM), que nacía con el objetivo de “potenciar el turismo sanitario de primer nivel” a las clínicas privadas madrileñas. Entre sus clientes, Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz.
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ayudaron el despegue de MCM. La primera, a través del organismo Madrid Network, le concedió un crédito de 1,3 millones de euros. Dinero que procedía de una partida de 80 millones del Ministerio de Ciencia e Innovación destinada a inversión en proyectos innovadores. El Ayuntamiento concedió una subvención de 5.900 euros a cambio de incluir el logo de la ciudad en la página web. Año y medio después, la web no tiene ningún contenido. El director de MCM, Mario Esteban, explica que le han cambiado el nombre por Ibersalud y que la mercantil ya no existe. Lamela tampoco ha realizado el “gran evento del sector de la salud” que aseguró haber firmado con Ifema para 2012 y que iba a llamarse Madrid Medical Meeting. “Está suspendido sin fecha”, confirman en Ifema. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con Lamela.
Juan José Güemes es otro ejemplo de revolving door en Madrid. Dejó su puesto de consejero de Sanidad en 2010 y fichó por la escuela de negocios IE, pero alguna de sus actividades están relacionadas con el puesto que desempeñó en el ámbito público. La empresa suiza Unilabs, de análisis clínicos, lo fichó en junio pasado como consejero. Unilabs gestiona el laboratorio del hospital Fundación Jiménez Díaz, propiedad de Capio. Este diario trató, sin éxito, de contactar con este exconsejero madrileño.
Los expertos alertan de la "excesiva proximidad" de firmas y autoridades
“Hay que distinguir entre incompatibilidad legal e incompatibilidad ética y política”, señala el profesor del IESE José Ramón Pin. “El trasvase de directivos es bastante natural en Estados Unidos, pero lo resuelven con transparencia. Un secretario de Estado, por ejemplo, pasa antes por una comisión parlamentaria. En España sería bueno tener más transparencia, un organismo que juzgara posibles conflictos de intereses”. Pin considera que restringir excesivamente ese trasvase es negativo porque “se pierde talento”: “Lo relevante no es el paso al sector privado, sino que haya mecanismos para descubrir si alguien ha pasado como una devolución de favores o solo porque es buen profesional”.
En Capio, la transferencia desde el sector público se encuentra en el mismo origen de la compañía en España. Uno de sus socios fundadores es Fernando Largo (abandonó la compañía en 2005). Antiguo militante del PSOE, este cardiólogo ocupó el cargo de director provincial del Instituto Nacional de Salud en Toledo a principios de los años noventa del pasado siglo, y fue subdirector general de conciertos del Insalud entre 1993 y 1996. Dos años después de abandonar el cargo público, colgó la chaqueta de médico y se convirtió en socio de una clínica en Castilla-La Mancha llamada Recoletas. Ese fue el germen de Capio. Casi 15 años después, el 67% de los ingresos de esta empresa provienen de las concesiones y conciertos con las Administraciones.
Entre los empleados de Capio se encuentra Teresa Echániz, hermana de José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad en Madrid cuando la empresa se hizo con el control de la Fundación Jiménez Díaz (da cobertura sanitaria a más de 400.000 madrileños), y actual consejero de salud de Castilla-La Mancha, donde se ha anunciado la privatización de la gestión de cuatro hospitales. “La contratamos cuando su hermano no tenía ningún cargo sanitario. Ella es farmacéutica y conoce el sector”, afirma Víctor Madera, el presidente del grupo. Pese a los intentos de este periódico, Capio no le facilitó hablar con la aludida, que tiene un cargo intermedio.
Entre los 10.000 trabajadores de la compañía también aparece Elena Arias, que abandonó en 2007 su puesto como directora de Recursos Humanos en Capio para asumir la gerencia del servicio de Salud del Principado de Asturias. Regresó a la empresa en 2011. Sin paradas ni descansos entremedias.
El año pasado, cuando la empresa Capio salió al mercado en busca de un nuevo comprador, llamaron a su puerta “cuatro o cinco” fondos de capital riesgo, según un consejero de la compañía. Se dice que la sanidad pública no es rentable, pero sí parece un negocio desde el punto de vista de la privada. “La prueba es que todos los fondos de inversión mundiales quieren invertir en la sanidad privada”, añade. Y eso porque en tiempos de recortes públicos, aumenta la demanda de atención privada y, además, la posibilidad de estas empresas de ganar dinero con las privatizaciones públicas. La salud puede ser un negocio en doble dirección.

Un sector en expansión

El negocio de la gestión privada de hospitales públicos en España es, básicamente, cosa de dos empresas: Capio, controlada por el fondo de capital riesgo CVC Partners, y Ribera Salud, propiedad a partes iguales de las antiguas cajas de ahorros valencianas Bancaixa (Bankia) y CAM (Sabadell). El sector, en ebullición, estuvo a punto de dar un vuelco a principios de este año, cuando Capio intentó comprar Ribera Salud.
La firma valenciana tuvo un origen instrumental. Se creó para poder llevar adelante el proyecto del PP regional de ceder al sector privado la construcción y gestión de un hospital público que se materializó en Alzira en 1999. Adeslas aportó el conocimiento sanitario. Dragados y Lubasa se encargaron de la obra. Pero faltaba músculo financiero. Para ello, el Gobierno valenciano impulsó la creación de Ribera Salud, participada por Bancaixa y CAM.
Ribera Salud creció, se emancipó y se convirtió en un operador sanitario independiente, hasta el punto de liderar proyectos. Sin embargo, el colapso de sus dos accionistas (Bancaixa absorbida por Bankia, a su vez, intervenida) y CAM (intervenida y vendida al Sabadell por un euro) puso a la empresa en una situación delicada y salió a la venta. Fue entonces cuando Capio estuvo muy cerca de adquirirla. Al final no hubo acuerdo económico entre las partes. Ahora es Sabadell CAM quien está tratando de negociar con Bankia adquirir el 50% que no posee de la firma, según fuentes de la empresa.
El fondo británico CVC, capitaneado en España por el financiero Javier de Jaime, es el accionista mayoritario de Capio. Se trata del mismo grupo que dio origen e hizo crecer a la compañía en 1998 (entonces Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, IDC). La acabó vendiendo en 2005 al grupo sueco Capio por 331 millones de euros. Un año después, otros dos fondos de inversión, Apax y Nordic Capital, compraron la compañía sueca y entraron en el Consejo de Administración de la filial española. En 2011, sin embargo, la empresa radicada en España pactó escindirse de la matriz. Buscó comprador y tras recibir distintas ofertas, se acabó cerrando la operación con CVC, viejos conocidos, por 900 millones de euros.
Junto con Capio y Ribera Salud, aseguradoras sanitarias como Sanitas (propiedad del Grupo BUPA, multinacional británica de sanidad), compañías como la recién constituida Quirón-USP (fusión participada por la familia Cordón y el fondo de capital riesgo Doughty Hanson) y Hospitales de Madrid siguen con atención el anuncio de la inminente salida al mercado de concesiones administrativas de hospitales públicos en Madrid y Castilla-La Mancha para tomar posiciones en el terreno de juego cada vez más abierto de la sanidad público-privada.

Las 10 cosas que nunca debería tirar al váter

El váter de nuestras casas está muy lejos de ser un sumidero capaz de tragarse y digerir cualquier cosa. Aceites para el coche, ácido clorhídrico, drogas, textiles e incluso animales vivos... por las alcantarillas viajan objetos y sustancias que cuesta imaginar que puedan llegar hasta allí, pero los responsables de las estaciones de depuración están ya curados de espanto.
Contrariamente a lo que cabría esperar, los vertidos industriales no son la causa principal de la contaminación que llega hasta las depuradoras. Son los hogares quienes inyectan en la red de saneamiento una mayor cantidad de sustancias tóxicas y objetos que complican el tratamiento de las aguas fecales.
Por ese motivo, el grupo de trabajo de saneamiento de aguas urbanas del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama), que se ha celebrado en Madrid del 26 al 30 de noviembre, ha elaborado un manual de buenas prácticas para identificar cuáles son las amenazas más importantes y qué efectos tienen sobre las depuradoras y el proceso de tratamiento. Según este informe elaborado por los gestores de las redes de saneamiento, éstas son las 10 cosas que usted nunca debería tirar al váter.

1.- Toallitas húmedas

Hasta las estaciones de depuración llegan cantidades ingentes de toallitas húmedas, bastoncillos para los oídos y muchos otros tipos de textiles. A pesar de que en muchas ocasiones son presentados por sus fabricantes como productos respetuosos con el medio ambiente por ser fabricados con materias primas orgánicas, generan importantes atascos y daños en los sistemas hidráulicos de la red de saneamiento.

2.- Lejía y amoniaco

Además de estos productos utilizados para la limpieza de los hogares, otras sustancias, como el ácido clorhídrico, llegan hasta las depuradoras sin ningún control. Estos productos son capaces de oxidar la materia orgánica o incluso de matar a una persona con sólo 40 mililitros en un litro de agua, como es el caso del ácido clorhídrico.

3.- Medicamentos

Los fármacos pueden provocar importantes daños a los organismos acuáticos tales como problemas de crecimiento, disfunciones sexuales y taras genéticas. Por ese motivo la Unión Europea está introduciendo limitaciones a estas sustancias ya que no es necesario una gran cantidad para causar este tipo de alteraciones en los seres vivos.

4.- Pinturas y disolventes

Es cierto que en muchas ciudades los Puntos Verdes no cuentan con la catalogación de gestores de residuo peligroso, razón por la cual el ciudadano solo puede optar a verter por el desagüe estos restos. Pero las sustancias químicas que forman estos productos hace que sean muy tóxicos al verterlos de forma directa al váter.

5.- Jabones y detergentes

Sos sustancias formadas por fosfatos que, si se vierten de forma excesiva en el agua, pueden provocar el crecimiento de algas en perjuicio de otras formas de vida acuática. Los detergentes que se desechan tienen que eliminarse a través de unos procedimientos químicos muy costosos.

6.- Basura

Cada vez está más extendido el uso de trituradores de basura presentes en los fregaderos de las cocinas. Son dispositivos diseñados para desechar los residuos orgánicos. Estos residuos terminan en la red de saneamiento en vez de ir al cubo de la basura, provocando la contaminación de las aguas residuales, la sobrecarga y los atascos en las depuradoras con los sobrecostes que ello conlleva.

7.- Aceites vegetales

Estos aceites al ser vertidos por el desagüe provocan unas bolas de grasa que atascan los colectores dificultando la salida de los gases y dando lugar a los malos olores en las ciudades.

8.- Grasas alimentarias y aceite para el coche

A diferencia de las anteriores, estas tienen mayor capacidad de generar obstrucciones porque se arrojan de forma sólida. Los aceites y las grasas hacen que la generación de residuos en una depuradora se multiplique por 20.

9.- Pesticidas e insecticidas

Se trata de sustancias químicas utilizadas para la desinfección de los cascos urbanos. Pero tienen un efecto muy grave sobre las estaciones de tratamiento. Según los gestores de las redes de saneamiento, provocan las más altas tasas de emisiones en colectores y saneamientos públicos.

10.- Tratamientos antical

Son productos denominados en el sector efluentes de equipos domésticos de tratamientos de aguas. Cada vez son más los hogares que utilizan equipos para reducir la cal y otras sales en el agua de consumo público. Esto tiene un efecto negativo, ya que puede provocar un incremento en la concentración de sales de difícil depuración y en el vertido a los cauces del agua depurada.