tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 29 de diciembre de 2013

El Gran Tiburón Blanco

Los tiburones de Australia ‘avisarán’ de su cercanía mediante una cuenta en Twitter

Los tiburones de Australia Occidental ya tienen su propia cuenta en Twitter. A través de ella se informará a los bañistas de que los escualos se están acercando a las playas.
foto062Proteger a los bañistas de los tiburones es una de las prioridades de las autoridades locales. Según el número de estos depredadores, el mayor de los estados de Australia es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Para crear su sistema de alerta temprana, los científicos colocaron transmisores especiales en más de 320 tiburones de diferentes especies, entre ellos varios tiburones blancos de gran tamaño, informa la cadena Sky News
En cuanto un tiburón ‘marcado’ se acerque a menos de un kilómetro de la playa, el transmisor emitirá una señal que el ordenador recogerá y transformará en un mensaje corto que se publicará en Twitter. Los mensajes informan sobre la especie del depredador, su tamaño y su ubicación aproximada.
Además, publicarán todo tipo de informes proporcionados por helicópteros y barcos que patrullan las aguas o pescadores locales que se crucen con un tiburón, así como las fotos más destacadas de la vida marítima de la zona. En caso de tratarse de una amenaza real, la administración de la playa emitirá una alerta y prohibirá el baño en la zona. Los científicos comentan que el período de vida de las baterías de los transmisores es de 10 años, con lo cual el experimento les permitirá, además, recaudar una información sin precedentes sobre las rutas tradicionales de los tiburones.

Ley de... ¿protección al deudor?

“Esta es una ley que, aparentemente protege al deudor pero que, en realidad, no resuelve totalmente sus problemas”, proclama Matilde Cuena, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. “Lo que plantea el juez es razonable: la posibilidad de recurso, o se le da a las dos partes o no se le da a ninguna. Esta es una de las escandalosas disfunciones que tiene la ley, es una falla en el sistema”.
Una cosa es que el trato a los ejecutados hipotecarios sea discriminatorio y otra distinta, que la cuestión planteada por Colubi prospere ante el Tribunal Constitucional. Francisco José Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, señala que no es fácil que la cuestión constitucional salga adelante. “El artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es aplicable directamente a este caso. Lo que está decidiendo el juez en ese caso concreto es si la cláusula hipotecaria aplicada al ejecutado es abusiva o no. El asunto no gira en torno a si el ejecutante tiene un recurso procesal y el ejecutado no. Eso será algo que tendrá relevancia luego”.
José María Fernández Seijó, el juez que planteó ante Luxemburgo la cuestión prejudicial que abrió la puerta para que los jueces puedan paralizar desahucios, coincide en este extremo: “Es difícil que la cuestión prospere salvo que el Tribunal Constitucional cambie el criterio”, señala este magistrado que ejerce en el juzgado número 3 de lo mercantil de Barcelona. Y recuerda que, ya en febrero de 2010, el Constitucional examinó el régimen anterior del sistema de desahucios, que era aún más rígido que el actual, y no admitió la cuestión a trámite.
No obstante, José María Fernández Seijó manifiesta: “El Tribunal Constitucional, en principio, tiene ahora la oportunidad de revisar esta cuestión”.

Un juez de Avilés encuentra un agujero en la ‘ley antidesahucios’

El lunes 23 de septiembre fue el día clave. En aquella mañana, hace algo más de tres meses, el juez Joaquín Colubi hizo frente a una jornada inusual en el juzgado. Presidió cuatro vistas de características muy similares. En todos los casos, los demandados, a punto de perder su vivienda, alegaban la existencia de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios que habían firmado. Pedían que se anulara la demanda. Al examinar la cuestión detenidamente, Colubi echó mano de la ley aprobada el pasado mes de mayo por el Gobierno tras el varapalo que el Tribunal de Luxemburgo dio al sistema de desahucios español, señalando la indefensión de los consumidores españoles.
El juez se encontró ante un grave desequilibrio: en función de cuál fuera la decisión que tomara, los bancos tenían una posibilidad de recurso ante su decisión, mientras los ejecutados, los particulares, carecían de ella. El estudio de aquellos cuatro casos, junto a uno que se sumó días después, se ha convertido en el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad que aguarda a un pronunciamiento por parte de Tribunal Constitucional, que debe decidir si admite o no la cuestión a trámite.
Colubi ha encontrado un agujero en la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, popularmente conocida como ley antidesahucios, aprobada por el Gobierno el pasado 14 de mayo. Tiene dudas de que proteja, de hecho, a esos deudores hipotecarios. Y así se lo ha hecho saber al tribunal.
“El artículo 695.4 Ley de Enjuiciamiento Civil es inconstitucional, porque, tal como sostiene el juez, establece una desigualdad de armas procesales”, manifiesta Francisco José Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. “O hay posibilidad de recurso para ambas partes o no la hay. Las dos opciones son constitucionales, lo que no es constitucionalmente posible es que, sin justificación alguna, una parte tenga a su disposición un recurso y la otra no. En este sentido, la Ley 1/2013 no responde precisamente a su nombre, pues no establece una medida para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Más bien al contrario, les perjudica”.
La situación con la que se encontró el juez Colubi en aquella mañana en el Juzgado de Instrucción número 7 de Avilés resultó inaudita. “Era la primera vez que se celebraba una vista de este tipo en mi juzgado”, relata en conversación telefónica desde Avilés este juez de 39 años. A la hora de emitir su resolución, apreció que, si no le daba la razón al ejecutante (el banco) y determinaba que las cláusulas eran abusivas, la decisión podía ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Pero si no se la daba al ejecutado (el particular), este no tenía ninguna opción de recurso.
Antes de emitir su dictamen, Colubi suspendió su decisión para someterla a consideración de las partes. En su auto, el juez refleja que tanto el ministerio fiscal como el abogado del banco no apreciaron inconstitucionalidad —este periódico intentó recabar más argumentos de la fiscalía de Asturias, desde la que no se hicieron declaraciones—. Una vez escuchadas las partes, el juez decidía plantear la cuestión.
El pasado 14 de noviembre, enviaba al Tribunal Constitucional cinco piezas de oposición a esas cinco ejecuciones hipotecarias. “Si lo he planteado es porque consideré que no había igualdad de trato para las partes”, cuenta el juez Colubi. “Si hay un partido de fútbol, me gusta que haya once jugadores contra once, y no que en un equipo haya diez. Pero puedo estar equivocado: ya lo dirá el Tribunal Constitucional”.
Jesús Ángel Vidal se muestra esperanzado ante la iniciativa del juez. Su caso es el primero que examinó el juez, en aquella mañana del 23 de septiembre, a las 9.30, en la primera vista del día. Vidal, de 52 años, empresario del sector del reciclaje del papel y del plástico, había puesto su chalé como garantía para acceder a una línea de crédito con la que insuflar liquidez a su negocio. “Pero vino el crack, y la gente empezó a dejar de abonar los pagarés”, cuenta el empresario madrileño.
Vidal firmó la hipoteca. Pero ante la imposibilidad de cumplir con las letras mensuales, relata, renegoció varias veces las cantidades que debía pagar cada mes. Pactó reducir la cuota mensual a la mitad, de 3.000 euros a 1.500 euros. Tras pagar por dos veces, ante la amenaza de subasta, hace un año se negó a pagar.
Alude que el BBVA no respetó los acuerdos a los que había llegado con él —una portavoz de la entidad bancaria asegura que se facilitaron al cliente todas las facilidades de financiación posibles, pero que no se pudo llegar a un acuerdo—. El caso es que el banco presentó la demanda de ejecución hipotecaria, que recayó en el juzgado de instrucción número 7 de Avilés. El abogado de Vidal, José Miguel Martínez Ferrández, aludió que el contrato contenía cláusulas abusivas: entre otras, dice el letrado, se aplicaron tipos del 19%, casi seis veces superiores al interés pactado para la devolución del préstamo.
El futuro de la casa de Vidal está, ahora, en el aire. Como lo está el de la vivienda de un trabajador de la siderurgia que quedó en paro cuando empezó la crisis, y cuyo caso está también entre los cinco estudiados por el juez Colubi. La ejecución hipotecaria de estas viviendas está paralizada a la espera de la decisión del Constitucional.

Luis Suárez amenaza a Mourinho

Stamford Bridge acoge el encuentro estrella de la decimonovena jornada de la Premier League. El Chelsea recibe al Liverpool en un duelo de aspirantes al título. El tercer y el cuarto clasificado de la Premier League se ven las caras en Stamford Bridge. El estadio londinense acoge el que para muchos es el duelo de la jornada: el Chelsea de José Mourinho contra el Liverpool de Roy Hodgson. Dos estilos diferentes pero con resultados muy similares que llegan al punto y final de la primera vuelta involucrados en la pelea por el título.[Siga el partido en vivo: 17.00 horas]
Una de las grandes atracciones del partido, más allá del buen rendimiento de ambos equipos, es el duelo particular entre José Mourinho y Luis Suárez. El entrenador portugués, consciente del tremendo momento de forma que atraviesa el ariete uruguayo, reconoció en L'Equipe la dificultad que supone parar al jugador 'red': "¿Cómo parar a Luis Suárez? Quizás una leve lesión, no pido nada grave, sólo que no juegue en cuatro días".
Y es que al técnico portugués no el falta razón. Luis Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, por no decir el mejor. Tras haber vivido desde la grada los primeros cinco compromisos de su equipo por haber sido sancionado tras morder en el brazo a Ivanovic, con quien se volverá a reencontrar hoy, el uruguayo acumula 19 dianas en tan solo 13 partidos que unidos a sus 9 asistencias hacen de él un auténtico quebradero de cabeza para cualquier entrenador rival.
No será fácil perforar la meta del Chelsea para Luis Suárez. Los 'blues' son junto al Arsenal y al Southampton, el segundo equipo menos goleado de la Premier con 18 goles, solo por detrás del Arsenal. El compacto y trabajado esquema de Mourinho será una prueba de fuego para un jugador cuyo nombre ya ha sido relacionado con los mejores clubes del mundo.
Precisamente, en esa labor de tratar de detener a Luis Suárez destaca el nombre de Ivanovic. El central serbio ya sufrió en sus propias carnes lo que supone medirse a Luis Suárez. Aquella tarde no solo firmó un gol el uruguayo, sino que también fue protagonista por un violento mordisco en el brazo del central para intentar ganar la posición en un lance del juego. Sin duda, todas las miradas estarán puestas en los saludos previos al inicio del partido, momento que supondrá el primer cara a cara de ambos jugadores y sobre el que sobrevuela la incertidumbre de que se pueda producir un nuevo caso como el de Suárez y Evra.

La irregularidad 'blue', el tropiezo 'red'

No cabe la menor duda de que los 'blues' son uno de los equipos más potentes del campeonato. Sin embargo, la falta de continuidad en sus resultados le han privado de estar en la cabeza de la clasificación. Si como local se muestran rocosos, serios y con veinticinco puntos de los veintisiete posibles en el bolsillo, como visitantes encuentran bastante más dificultades. Las tres victorias en sus nueve desplazamientos han lastrado al conjunto de José Mourinho, quien se encuentra a cuatro puntos del Manchester City, líder momentáneo de la clasificación.
Los de Hodgson llegan a la cita tras caer, no sin polémica, ante el Manchester City en el Etihad. Con un Luis Suárez en plan estelar y con un equilibrio entre todas sus líneas que hacía tiempo que no se recordaba en Anfield Road, el Liverpool suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos que le han catapultado hasta la nómina de candidatos al título pasando por un efímero liderato.

Frozen: El reino del hielo (2013)


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Cuando una profecía condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Anna, el temerario montañero Kristoff y el reno Sven emprenden un viaje épico en busca de Elsa, hermana de Anna y Reina de las Nieves, para poner fin al gélido hechizo. Adaptación libre del cuento "La reina de las nieves".

Killing Season (2013)


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Un militar retirado (De Niro) vive en una remota cabaña en una inhóspita región de los montes Apalaches. De pronto recibe la visita de un turista europeo (Travolta), que, en realidad, es un soldado serbio en busca de venganza. Se desata así una feroz batalla entre ambos, que demuestra que la forma más pura de la guerra es el combate singular.

Diana (2013)


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Sucesión de frentes fríos para despedir el año y recibir 2014

Sucesivos frentes fríos recorrerán la Península desde el sábado y durante la próxima semana, por lo que afectarán tanto a Fin de Año, como a los primeros días de 2014, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Así, un nuevo frente frío activo recorrerá la Península de oeste a este durante este sábado. Los vientos de componente oeste posteriores al frente frío favorecerán la abundante nubosidad en Galicia con precipitaciones débiles a moderadas.
En el litoral este peninsular y en Baleares, los cielos estarán poco nubosos o despejados, y en el resto de la Península el paso del frente dejará, al principio, lluvias débiles, tendiendo a poco nuboso a lo largo del día.
Es probable que la cola de este frente alcance a Canarias, donde se esperan lluvias débiles a moderadas, más probables en el norte de las islas y durante la tarde. Las temperaturas bajarán moderadamente y la cota de nieve estará entre 800 y 1.000 metros. El viento soplará del oeste en la Península Baleares, y del noreste en Canarias.
El domingo, 29 de diciembre, la presencia de altas presiones estabilizará la atmósfera en casi todas las zonas y habrá predominio de cielos poco nubosos, excepto en el oeste de Galicia litoral cantábrico donde habrá probabilidad de precipitaciones.
Las temperaturas continuarán en descenso, especialmente las nocturnas, con heladas en amplias zonas del interior peninsular. Se espera de nuevo tiempo estable sobre el archipiélago canario. El viento soplará del suroeste en la Península Baleares, y delnoreste y este en Canarias.
Respecto a la próxima semana y hasta fin de año, las predicciones meteorológicas, es bastante probable que, a partir del lunes, sucesivos frentes fríos atraviesen la Península y Baleares, e incluso que alguno de ellos llegue a Canarias.
Producirán precipitaciones débiles a moderadas en el noroeste peninsular, persistentes en el oeste de Galicia, y serán más débiles y dispersas hacia el este, siendo poco probables en el área Mediterránea. Es probable que la cota de nieve se sitúe en torno a 1200 metros.

Limpiadores de dramas

Lo más difícil de limpiar en una casa con tarima flotante es la sangre. Si hay mucha, al pisar los tablones, el líquido rojizo rezuma. Si hay poca, el fluido se coagula bajo las láminas del suelo y llena la vivienda de un olor putrefacto que empieza a notarse con intensidad pasada una semana. Los trabajadores de la empresa DEP Limpiezas Traumáticas ha interiorizado esto tras cuatro años borrando en Madrid el rastro de suicidios, homicidios, acumulación de basuras por síndrome de Diógenes, o cadáveres que nadie reclamó. Un servicio, tan necesario como desagradable, al que pocos se dedican: hay otra empresa, Profinet, en Barcelona, y una tercera que cerró en Asturias.
La sangre coagulada contra la que toca luchar hoy es la de un hombre que se suicidó con una escopeta hace unas semanas. El líquido inundó el pasillo y lo salpicó todo. Los operarios de DEP tuvieron que desmontar la tarima, desinfectar bajo el suelo, limpiar la pared y volver a pintar encima. A ellos les gusta decir que no son solo una empresa de limpieza, sino que su misión va más allá: deben lograr que nunca nadie recuerde lo que ha sucedido allí. Los operarios han llegado incluso a cambiar la lechada (la masa blanca que une las baldosas) para evitar que el cliente encuentre algún rastro.
Miguel Merino y su mujer, Ana Belén Sánchez, son los propietarios de la empresa. Contratan a personal según sus necesidades. Ella lleva la gerencia y él borra la huella de la desgracia. Tras años de experiencia en una empresa funeraria se percataron del problema al que se enfrentaban las familias después del entierro: “¿Y esto ahora quién lo limpia?”. “No existe ninguna legislación vigente sobre el estado de salubridad de una vivienda en la que ha muerto una persona. No es solo la limpieza, también la desinfección”, explica Merino. Los operarios de DEP viajaron a Miami (EE UU) varias veces al inicio de su andadura empresarial para aprender de las compañías que se dedican allí a esta penosa labor. “Allí es obligatorio un certificado de desinfección para alquilar o vender la casa, si no se ha limpiado correctamente, los inquilinos pueden contraer enfermedades”, aseguran desde la empresa.
El servicio se ofrece en los depósitos de cadáveres. Algunas familias ni siquiera saben lo que se encontrarán al llegar a casa. Unos se liberan de escrúpulos y se encargan ellos mismos de la tarea, otros se inclinan por contratar empresas tradicionales de limpieza. En el ordenador de DEP se suceden carpetas con los casos. Hay vídeos y fotos del antes y del después. En las primeras, sangre por el suelo, basura que llega a cubrir un ventanal, gusanos que han invadido un domicilio en el que un cadáver pasó varias semanas olvidado. Los restos de la muerte intentan ocultarse. Al igual que la sangre que se escurre bajo la tarima, los gusanos esconden sus huevos en el marco de las puertas y los colchones absorben los fluidos de los que han perecido en la cama.
El ritual de limpieza es escrupuloso. En el rellano de la casa se crea una zona de seguridad, que consiste en una lona desinfectada extendida en el suelo. Allí, los operarios se colocan el mono blanco impermeable que les cubre de arriba abajo y que no se quitarán hasta que acabe la limpieza. Sus manos están cubiertas por unos guantes de látex o de tela que a su vez envuelven con otros de goma, largos hasta los hombros. Respiran a través de una mascarilla que asegura un grado de protección solo superado por las usadas en las fugas radioactivas.
Los limpiadores van armados también con bolsas de colores, la roja es para los restos orgánicos. Lo más penoso es la sangre, pero lo más laborioso es separar los desperdicios. Hay viviendas de personas que han acumulado toneladas de basura en todas las estancias antes de morir. Son los síndromes de Diógenes graves. El baño, la cocina y el salón pierden su denominación y adquieren la misma función: vertedero. En una de las fotos del archivo de DEP se percibe la forma de un cuerpo estampada en el suelo cubierto por tres centímetros de basura.
Pero lo peor no entra por los ojos, sino por la nariz. El olor es el gran enemigo. Los limpiadores cuentan con dos armas para combatirlo: el ozonizador y el ionizador. El primero desprende ozono, que descompone y desinfecta el aire, pero es tan potente que debe trabajar solo, y tras 10 minutos conectado, los ojos se secan, la garganta pica y no se puede respirar. La casa debe ventilarse el mismo número de horas que ha estado actuando la máquina. Una casa de 50 metros cuadrados necesita cuatro horas. El segundo aparato “genera aire puro”, en palabras de los limpiadores, y se usa en la última fase de la limpieza.
Después de dejar actuar al ozonizador toca rascar, frotar y separar los residuos en bolsas. Cuando los gases de desinfección ya han surtido efecto, resulta inevitable quitarse la mascarilla. El agobio que produce el traje es tal que los operarios se olvidan del ambiente repulsivo que los rodea. Entonces la muerte penetra en el paladar. Miguel Merino cuenta que en el descanso para comer durante su primer trabajo se acercó a un restaurante cercano y el filete le supo a podrido. Después probó con las patatas y tenían el mismo sabor. El problema no estaba en el plato, sino en su boca.
El precio del servicio depende de la magnitud del drama. Merino tiene que inspeccionar el lugar y, dependiendo del personal necesario y el tiempo, diseña un presupuesto. “El otro día tuvimos que limpiar un pasillo, eso son 400 euros, pero si la situación es más grave, el precio aumenta”, explica. El limpiador de traumas detalla uno de sus últimos trabajos: una semana entera para borrar todo el rastro de un síndrome de Diógenes en un chalet madrileño. Emplear a cuatro hombres para eliminar la basura acumulada durante años en una vivienda tan grande costó más de 4.000 euros.
Pasado un tiempo prudencial y una vez que los familiares dan el visto bueno a la limpieza, Ana Belén Sánchez borra las carpetas en las que almacenan los vídeos y las fotos. Trabajo concluido. Es el último paso para eliminar definitivamente una muerte traumática.

Los hogares han pagado el 6% más desde 2009 por la subasta eléctrica

El capitán Renault está en el café de Rick, en Casablanca.
 —Estoy escandalizado de descubrir que en este local se juega.
—Sus ganancias, señor.
—Gracias. Todo el mundo fuera.
La sucesión de escándalos sobre la subasta eléctrica —conocida en la jerga como Cesur— recuerda esa escena de la película.Porque que la Cesur eleva el precio de la luz no es ningún secreto. No lo ha sido desde que en junio de 2009 el Gobierno del PSOE estableció que esta subasta fijaría la Tarifa de Último Recurso (TUR), la que marca el precio de la luz para 19 millones de consumidores cada tres meses.
El mecanismo nace para que los hogares no estén expuestos a los vaivenes de mercado. Se buscaba que la luz costase lo mismo durante un temporal de frío o en un periodo especialmente lluvioso. Así, el Ejecutivo creó una subasta virtual, en la que no se puja por la energía sino por el precio. Allí, bancos, fondos de inversión, empresas y otros intermediarios fijan un precio al que se comprometen a suministrar la electricidad. Luego la comprarán en el mercado diario, que sí fluctúa, y se lo venderán a las comercializadoras, que son divisiones de las grandes eléctricas, al precio que fija la subasta. Estas filiales, a su vez, la trasladan a los consumidores a ese precio.
Los Gobiernos de PSOE y PP han ignorado los avisos sobre la Cesur
Es decir, los intermediarios apuestan sobre cuánto va a valer la electricidad el próximo trimestre y ese es el precio que pagan los españoles. Si después el mercado eléctrico diario resulta más bajo que lo que marcó la subasta (porque ha habido mucho viento, lluvia, tiempo benigno...), los intermediarios ganan; si el mercado da precios más altos, pierden.
“Se trataba de que el precio no lo fijaran solo las eléctricas, sino que entrara más gente para que no se manipulara. Esos fondos pueden que ganen algo, pero se pensó que sería peor si el precio lo marcaban las eléctricas, que son las que la generan”, dice una fuente que trabajó en Industria.
La electricidad de los hogares se convirtió así en un producto financiero. Visto con perspectiva, ya se sabe quién ganó. De los 18 trimestres con subasta, 16 han acabado con beneficios para los intermediarios (entre los que están Morgan Stanley, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland y Deutsche Bank). De media, la diferencia entre el mercado al que compraban la electricidad y el precio al que pagaban los consumidores ha sido del 17%, según los datos de la web del OMIE, la empresa que organiza la subasta. Eso supone un sobreprecio que ronda el 6% en el total del recibo.
El máximo se dio en abril pasado, cuando la subasta Cesur había dado un precio de 45,41 euros por megavatio hora (MWh). Con la demanda hundida por la Semana Santa y en un mes ventoso y lluvioso, la media del mercado eléctrico fue de solo 18,17. Es decir, que esos traders compraron a menos de 20 y vendieron a 45 euros a las comercializadoras, que a su vez la vendían a ese precio a los consumidores. De los 53 meses desde que se instauró la Cesur, solo 10 han dado precios por debajo del mercado (ver gráfico).
“Que la Cesur era inflacionista lo sabía todo el mundo. Es un fenómeno conocido y se da en este tipo de mercados, porque los intermediarios ponen una prima de riesgo como cobertura financiera para no perder dinero”, explica Natalia Fabra, profesora de Economía de la Universidad Calos III. Jorge Fabra, su padre y durante años consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), alertó desde el inicio en votos particulares de que este sistema encarecía la luz: “Habría sido mejor para los consumidores comprar en el mercado diario, a pesar de que este también encarece los costes del suministro”. Estos estiman que el sistema de subastas Cesur ha supuesto alrededor de 1.000 millones al año de sobreprecio para los hogares.
Soria anuncia que el nuevo sistema estará basado en subastas mensuales
Jorge Morales, consultor y productor fotovoltaico, cree que la idea de que no fijaran el precio las eléctricas era buena, pero estuvo mal ejecutada: “Es malo que sea un mercado financiero el que fije el precio de la luz, pero España hizo algo peor: dejó que lo hiciera un mercado financiero a partir de un mercado en el que más del 70% de la compraventa está concentrada en tres empresas”, en alusión a las eléctricas.
El sistema se desbordó en la última Cesur, que fijó un precio de 61,83 euros por MWh, un 29,95% más que el marcado tres meses antes. Es cierto que hay un componente estacional, ya que en invierno la luz es algo más cara que el resto del año. Pero hubo mucho más.
Los intermediarios habían perdido en el trimestre anterior, por segunda vez en cuatro años, y fueron más cautos. Además, el mercado diario comenzó a registrar precios altísimos en cuanto el Gobierno dijo que no pondría los 3.600 millones que había comprometido este año para atajar el déficit de tarifa. Hacienda retiró el dinero en una enmienda en el Senado que se conoció el viernes, 29 de noviembre. El lunes, 2 de diciembre, el precio del mercado alcanzó 100 euros por MWh, un 50% más que el viernes.
Las eléctricas esgrimieron que había un anticiclón que dejaba mucho frío y poco viento. Además, las nucleares de Almaraz II y Vandellòs II estaban paradas por recarga y en los días siguientes Trillo y Vandellòs II tuvieron paradas no previstas por averías [que el Consejo de Seguridad Nuclear considera que están justificadas]. También bajó la producción hidráulica pese a que los embalses estaban al 63,5% de su capacidad frente a un 49,5% un año antes.
Expertos estiman que han causado un sobrecoste anual de 1.000 millones
Aunque eran factores coyunturales, el mercado de futuros subió ese día de 51 a 61 euros. “Los agentes apostaban porque había algún tipo de manipulación en los precios que podría mantenerse en el tiempo”, señala Morales.Con estos antecedentes, el Gobierno no suspendió la subasta del 19, donde reventó el sistema al dar una subida de la Cesur del 29% para el primer trimestre de 2014, lo que supondría subir el recibo un 11% (ya que la subasta solo marca un 44% del total).
Las eléctricas han insistido en que no hubo manipulación en y las fuentes consultadas insisten en que si la hubo fue en los días previos cuando se infló el mercado eléctrico, lo que ayudó a que subiera la Cesur.
Que no es ninguna novedad lo reconoció ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria. “Desde hace algún tiempo, la antigua CNE venía sugiriendo que la subasta eléctrica trimestral se cambiara por un sistema de subastas sucesivas”, declaró. Y avanzó que el Gobierno trabaja sobre la alternativa de convocarlas de forma mensual o solapada en el futuro. Al reducir el periodo se reduce la incertidumbre y se supone que la diferencia de precio entre la subasta y el mercado será menor.

Los seis pasos y cuatro informes necesarios para abortar

En España, desde 2010, el aborto es libre en las primeras 14 semanas de embarazo (que es cuando se produce más del 90% de los abortos). La futura ley acabará con ese derecho. EL PAÍS ha reconstruido el periplo que tendrá que recorrer con la nueva ley una mujer que quiera abortar, tomando como ejemplo el caso que se augura más probable —que la embarazada alegue riesgo para su salud psíquica— y contando con que todo le salga bien: que los médicos acrediten que existe ese riesgo y que ningún profesional objete por el camino. Este será el itinerario:
  • 1. La mujer va al ginecólogo (público o privado) o al médico de cabecera y dice que está embarazada y que quiere abortar. Si alega riesgo para su salud psíquica, el médico —tras confirmar el embarazo— la deriva a un psiquiatra o le da la opción de que lo elija ella.
  • 2. El psiquiatra la recibe y determina que, en efecto, si esa mujer sigue adelante con el embarazo existe un riesgo de “menoscabo importante” y “duradero en el tiempo” para su salud (tiene que constatar esos dos elementos). Le firma el informe.
  • 3. La mujer tiene que buscar entonces un segundo psiquiatra, que le hace otra entrevista y, si está de acuerdo con el primero, le firma el informe. Puede ocurrir que sea vista desde el inicio por los dos médicos, ya que en la mayoría de los equipos de psiquiatría de hospitales o clínicas hay varios especialistas. ¿Qué ocurre si los dos psiquiatras tienen opiniones diferentes? Habrá que pedir la opinión de otro, hasta conseguir que dos psiquiatras firmen el informe. Los dos psiquiatras pueden trabajar en centros públicos o privados, y pueden trabajar ambos en el mismo centro, pero ninguno de ellos puede estar empleado en el centro (público o privado) que después vaya a practicar el aborto.
  • 4. Uno de los dos psiquiatras tiene que dar, además, a la mujer, de forma “personal, individualizada y verbal”, información clínica explicándole dos cosas: los riesgos que el aborto puede conllevar “para la salud de la mujer y para su maternidad futura” y las consecuencias que sobre su salud psíquica tendría seguir con el embarazo. Tras explicarle esas dos cosas, el médico le extiende un certificado. Según fuentes del Ministerio de Justicia, los informes médicos serán sufragados por la Administración (igual que la propia intervención, porque el aborto forma parte de los servicios incluidos en la cartera de la sanidad pública); en el caso de que la mujer haya acudido a médicos privados, ella paga los informes y después “se le reembolsará” el dinero.
  • 5. Con los dos informes médicos y con la certificación de haber recibido la información clínica sobre los riesgos que conlleva abortar, la mujer es derivada por el ginecólogo o médico de cabecera que la atendió al principio (o acude directamente ella misma) a los servicios de salud o servicios sociales. Estos tendrán que prestarle un “asesoramiento asistencial completo”, también de forma “personal, individualizada y verbal”, es decir, concertando una cita. El Ministerio de Justicia asegura que esa cita se concertará “de forma inmediata, ese mismo día o al día siguiente”, saltándose las listas de espera si las hubiera. El “asesoramiento asistencial completo” incluirá: información de que “la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución”; orientación “sobre el modo de resolver los problemas y conflictos” personales que la mujer haya alegado como razón para abortar; un “estudio de la posibilidad de actuar directamente” sobre esos conflictos con ayuda de la Administración; e información sobre las alternativas al aborto (ayudas públicas, guarda administrativa del niño, acogimiento o adopción).
  • 6. Una vez terminado ese asesoramiento, el personal del servicio de salud expide un certificado indicando la fecha. A partir de entonces, la mujer, ya con los dos informes psiquiátricos y las dos certificaciones (información clínica y asesoramiento social) concedidos, tiene que reflexionar durante siete días antes de comunicar definitivamente su decisión de abortar.
  • 6bis. Cuando la mujer es menor de edad el proceso puede alargarse más. Si tiene entre 16 y 18 años necesitará para abortar el “asentimiento” (la ratificación) de sus padres o tutores; si tiene menos de 16 años necesitará su “consentimiento expreso”. En ambos casos, si los padres no dan su permiso a la chica, ella puede acudir a un juez (una vez que tenga todos los informes médicos y de asesoramiento asistencial concedidos, y como muy tarde 15 días antes de que venza el plazo legal para abortar). También pueden pedir la intervención del juez los médicos a los que la joven haya acudido, si perciben que existe ese conflicto en la familia. En un procedimiento de carácter urgente, a puerta cerrada y con presencia del fiscal, el juez resolverá a quién da la razón tras escuchar a la mujer y a “los demás interesados”. Si la chica tiene entre 16 y 18 años, primará su voluntad, salvo que el juez “constate su falta de madurez”; si tiene menos de 16 años, primará la voluntad de los padres, salvo que se acredite en la vista que ello es “contrario a la protección del interés de la mujer”. En todo caso, decidirá un juez. Todo el procedimiento judicial, recurso incluido, no puede superar los ocho días de duración.

ESPAÑA 2008-2013: Balance de daños

Cinco años de recesión económica, de recortes sociales, de sobresaltos, de incertidumbre y de malas noticias no solo socavan los cimientos del Estado de bienestar. También están minando los nervios de la población. El consumo de ansiolíticos y de medicamentos para el insomnio empezó a aumentar en el año 2000 con la normalización de su uso para procesos cotidianos de la vida. Pero el crecimiento sostenidopegó un claro acelerón con el inicio de la crisis. El primer año, entre 2008 y 2009, se prescribieron un 6,5% más de ansiolíticos. En 2011 (último dato oficial), los españoles consumían un 8% más que al final de la bonanza, según un informe de la Agencia Española del Medicamento que muestra también que el incremento es superior al de países del entorno como Francia o Italia. “La crisis está teniendo un efecto en los problemas de salud mental, y hay un riesgo claro de empeoramiento en la salud de la población general”, asegura Fernando Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.

Si empezamos por el que preocupa al catedrático Benavides —el aumento de los problemas en la salud mental—, los datos señalan que las consultas por depresión en los centros de atención primaria aumentaron el 19,4% entre 2007 y 2011; las visitas por síntomas relacionados con la ansiedad generalizada, un 8,4%; por trastornos psicosomáticos, un 7,3%, y por problemas de alcoholismo, un 4,6%, según una encuesta de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de Londres. Ese incremento, afirma Martin McKee, uno de los autores del estudio, tiene relación con la situación económica. “Alrededor de un tercio de los problemas de salud mental en la población atendida por estos desórdenes puede deberse al riesgo combinado del desempleo y las dificultades para pagar la hipoteca”, dice. También Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, establece el nexo entre el aumento de estas patologías y la situación del país. “Las consultas sobre estos problemas son cada vez más habituales, pero el verdadero efecto de los problemas económicos del país en la salud lo veremos a largo plazo”, advierte.
La imagen de una persona con los nervios rotos es la metáfora de un país modelado por los puñetazos de la recesión. Desde aquel día en que cayó Lehman Brothers —la compañía de servicios financieros cuya quiebra sacudió los mercados mundiales— y terminó de estallar la burbuja inmobiliaria, España ha visto cómo se disparaban las cifras de paro a la vez que se recortaba en gasto social —prestaciones por desempleo, educación, sanidad, servicios sociales— de tal manera que se tardarán dos décadas en recuperar el nivel de empleo previo a 2008, según un reciente estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers, y, en general, el nivel de bienestar, según calcularon hace un año las ONG Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, Unicef y Cáritas. Ahora que termina 2013 y las instituciones europeas ven ya “frágiles brotes verdes”, los primeros síntomas de esa recuperación que se prevé lenta y penosa, toca hacer balance de daños.
La crisis se ha llevado por delante millones de puestos de trabajo. El número de parados ha pasado de 2,1 millones en 2008 a casi 6 millones, más del 26% de la población, y España se ha situado a la cabeza de Europa en tasa de desempleo, solo superada por Grecia. Además, un 37%, los que llevan más de dos años buscando trabajo, han perdido la prestación. El INE tiene registradas ahora a 630.000 familias que no reciben ningún tipo de ingresos. Un deterioro gigantesco de las condiciones de vida que se extiende también a aquellos que aún mantienen su empleo. Los salarios reales (contando el efecto de los precios) han menguado un 7% en los últimos tres años y el PIB real por habitante ha regresado a niveles de hace una década.
Desde que el castillo de naipes de la economía española saltó por los aires en 2008, la tasa de ciudadanos en riesgo de exclusión social y pobreza —es decir, los que sufren privaciones graves o viven en hogares con trabajos esporádicos— ha subido del 23% al 27%, según los análisis de la oficina de estadística europea Eurostat. Ni siquiera tener un empleo garantiza salir del agujero. La llamada “pobreza laboral” —la que coloca bajo ese umbral a quienes trabajan— pasó de afectar al 10,8% de los ocupados al 12,7% entre 2007 y 2010, según un informe de la Fundación Alternativas. El catedrático de Economía Luis Ayala lo explica como el efecto de una precarización que comenzó antes incluso de la crisis y de la pérdida de eficacia de los mecanismos de redistribución (impuestos y prestaciones).
El colchón social, que en mejores tiempos habría ayudado a amortiguar golpes, ha adelgazado también. “Si tras las crisis de la década de los setenta se creó el Estado de bienestar, el legado de esta va a ser su deterioro”, apunta Francisco Comín, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alcalá de Henares. La escasez de recursos es tal que los españoles se han merendado buena parte de su ahorro para financiar el gasto corriente. La tasa de ahorro —el porcentaje de renta que se guarda— ha llegado a bajar hasta el 8,2% al cierre de 2012; el nivel más bajo desde que el INE inició esta estadística (en 2005).
La destrucción de una gran masa salarial intermedia junto con una peor distribución de la riqueza han dado alas a otro legado negro: el auge de la desigualdad, señala el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver, es una coz que está golpeando con dureza a la clase media. Nacer en el norte o en el sur del país tiene ahora más importancia, ya que la convergencia regional ha retrocedido entre 2008 y 2012: mientras las comunidades más ricas (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña…) han aumentado su PIB por habitante con relación a la media, las más pobres (Extremadura, Andalucía...) lo empeoran. La primera, País Vasco, tenía un PIB por habitante en 2008 del 129,7 sobre la media de 100; mientras, Extremadura estaba en el 68,4 sobre 100. Son 61 puntos de diferencia entre una y otra. En 2012, esta brecha acabó en 67,8 puntos. En el análisis de los recursos se aprecia esta desigualdad. Un ejemplo: Navarra dedica 1.400 euros por habitante a la sanidad, mientras que la Comunidad Valenciana no llega a los 1.000.

El derrumbe ha dejado cicatrices claras como esas. También otras señales, aún latentes, pero que no tardarán en asomar, según los expertos. Indicadores como los educativos, culturales o sanitarios —claves en el desarrollo de un país— necesitan años para reflejar las variaciones. “En algunos indicadores, como empleo en la construcción, estamos a niveles de 1994; en otros, como sanidad o educación, en 2004 o 2005. Yo creo que, mirando el conjunto, podríamos decir que España ha retrocedido a 2003”, dice el profesor de Economía de la Pompeu Fabra José García-Montalvo. ¿Cuánto se tardará en recuperar lo perdido? “Mucho, y dependerá de los medios que se pongan y que se acabe con problemas como el fraude fiscal”, añade. Y advierte además que quizá algunas cosas no lleguen a recuperarse nunca, pues fueron fugaz producto de eso tan irreal que fue la burbuja inmobiliaria.
La brecha social también ha crecido entre España y sus socios de la UE. La diferencia de ingresos ha colocado al país en la cuarta posición de los más desiguales, solo superado por Bulgaria, Letonia y Portugal, según el coeficiente Gini (un barómetro habitual para medir la desigualdad). Conforme a este indicador, en el que 0 es la igualdad absoluta y 100 la desigualdad total, España llegó al 34 en 2011, el nivel más alto desde que comenzó la estadística (2001) y tres puntos por encima del nivel previo a la crisis. Y aunque no es lo mismo pobreza que desigualdad, en el caso español ambas han ido de la mano. Un informe del Banco de España sobre la dispersión salarial lo atribuyó a que la destrucción de empleo se ha cebado en aquellos situados en la parte media y baja de la escala salarial —sobre todo en el arranque del declive— y volvió a agrandar la brecha entre los empleos de baja cualificación y los de más alta, que el boom del ladrillo había acortado.
De momento, un pilar tan importante para la cohesión social y el progreso como el sistema educativo, mordisco a mordisco, se ha ido resintiendo. Los presupuestos públicos destinados a escuelas y universidades han sufrido un hachazo de 7.300 millones entre 2010 y los previstos para 2014, una bajada de más del 16%. El ajuste ha derivado en una pérdida de 21.800 profesores entre los cursos 2010-2011 y 2012-2013. Y los educadores que quedan deben abarcar a 191.000 alumnos más. Eso significa, según los expertos, que aquellos alumnos con dificultades o necesidades especiales reciben menos atención. Son los que más sufren. Los presupuestos del Gobierno para educación compensatoria se han reducido un 68% (116 millones), lo que ha dejado sin fondos a los programas de refuerzo, orientación y apoyo. Para los niños con más dificultades de aprendizaje o en riesgo de exclusión social es más complicado seguir con los estudios, como también lo es para los 20.000 alumnos que, según los datos del Ministerio de Educación, se quedaron el curso pasado sin beca en bachillerato, FP o universidad. Los requisitos de renta son los mismos, pero hace falta más nota.
Esa reducción de becas se mezcla con el encarecimiento de las matrículas universitarias en buena parte de España, aunque las diferencias entre comunidades es enorme. Dos ejemplos ilustran muy bien la brecha. Derecho, una carrera tradicionalmente barata, ha pasado de costar 627 euros en Madrid en el curso 2008-2009 a 1.620 en este; y Medicina ha pasado de 980 a 1.980. Sin embargo, en Galicia los precios apenas han variado en cinco años: 591 euros en Derecho y 835 euros en Medicina.
Los ajustes causan estragos en la economía de los hogares con hijos en edad escolar. En muchas casas, apunta Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, no pueden costear el comedor y muchos niños van a la escuela sin libros de texto. El recorte de 137 millones en las partidas de material escolar ha dejado a 1,1 millones de estudiantes sin ayudas, dice un informe del Defensor del Pueblo. También el número de becas de comedor, calculan las asociaciones de padres, ha sufrido un tijeretazo de entre el 30% y el 50%. Esa cifra preocupa a los expertos porque implica que algunos de los menores dejan de tomar la única comida equilibrada que hacían.
Un porcentaje creciente de ciudadanos ni siquiera son capaces de afrontar el coste de la cesta de la compra y se ven obligados a recurrir a comedores sociales y a bancos de alimentos. En 2012 se atendió a 1,5 millones de personas, el doble que en 2009, según la Federación Española de Bancos de Alimentos. Tampoco han salido indemnes los hábitos de consumo de los que sí pueden permitirse acudir al supermercado. El porcentaje de personas que consume fruta a diario ha bajado un 5,4% desde 2007, y un 5,1% los que consumen lácteos a diario, según la Encuesta Nacional de Salud y los datos del Panel de Consumo Alimentario. Además, ha disminuido el número de ciudadanos que consumen pescado habitualmente: ahora lo hacen, como mucho, dos veces a la semana. La caída es acumulada, pero en solo un año el consumo total de pescado y marisco ha bajado un 1,2%.
Estos cambios tienen mucho que ver con el precio. En 2011, el 41% de los ciudadanos consultados por el CIS reconocieron que habían cambiado sus hábitos de alimentación por la crisis. Lo han hecho, por ejemplo, dejando de lado el aceite de oliva, uno de los principales protagonistas de la dieta mediterránea, que ha disminuido desde 2008. La caída se ha acentuado además de 2011 a 2012: en un solo año ha bajado en los hogares un 3,8%, según muestran las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Las familias trasladan su consumo de los alimentos frescos a los preparados, carnes transformadas y bollería industrial. Aunque los españoles comen menos fuera de casa, los locales que menos han acusado la caída han sido los de comida rápida. Bajan un 2,4%, frente al 5% de los restaurantes.

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Esto, unido al sedentarismo, no ayuda al abordaje de patologías como la obesidad o la diabetes, que han aumentado un 1% entre 2009 y 2011, datos de Sanidad. La radiografía de la salud de la población también muestra que ha aumentado otro 1% el porcentaje de menores (hasta 17 años) que padecen obesidad: son ahora el 9,56%. Cifras preocupantes porque además la atención a dolencias relacionadas con el sobrepeso absorbe el 7% del presupuesto sanitario.
La crisis también se mastica en la salud bucodental. Los problemas dentales aumentaron un 2,2% entre 2007 y 2012, según la Encuesta Nacional de Salud. Casi el 24% de los encuestados por el CIS afirmaban que habían pospuesto la consulta al odontólogo a pesar de necesitarla. Algo que, a la larga, puede salir muy caro. “Los problemas bucodentales, por las infecciones, pueden causar también otros: infecciones renales, problemas cardiacos...”, apunta Federico Simón, responsable del servicio dental comunitario del País Vasco, autonomía con un programa pionero de salud bucodental para menores.
No es esta la única prestación de primera necesidad que deben cubrir —y en este caso, casi al 100%— los ciudadanos. El pago por los medicamentos es ahora más alto que hace cinco años. La reforma sanitaria del Gobierno —que además ha dejado sin asistencia normalizada a los extranjeros en situación irregular— se nota mucho. Antes, todos los ciudadanos activos pagaban un 40% de los fármacos con receta; ahora esa cantidad depende de la renta y puede llegar al 60%. Además, por primera vez, unos 8,5 millones de pensionistas pagan por las medicinas que hasta ahora, si se las recetaba el médico, tenían gratis. El 16,83% de los pensionistas consultados en Madrid por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública aseguraron que, debido a problemas económicos, dejaban de comprar alguno de los fármacos prescritos; un porcentaje que subía al 27,29% en las unidades familiares con ingresos inferiores a 400 euros por persona al mes.
José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y experto en la OMS, asegura que estos y otros indicadores ya apuntan a que la crisis tendrá un importante efecto en el bienestar. “Hay que emprender importantes reformas en salud pública para que los daños no sean permanentes”, dice. Sin embargo, la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, asegura que las alertas de los analistas —también internacionales— sobre los efectos de la situación económica en la salud se rigen “más por el miedo al impacto” que por una situación real. “No hay datos fehacientes de que la crisis impacte en la salud”, insiste. Sin embargo, ese impacto está marcado por todos esos condicionantes sociales que afectan al bienestar de la población, no solo por los recursos del sistema sanitario. Y estos, además, tampoco son buenos.
Los presupuestos de sanidad de Gobierno y comunidades han sufrido un tijeretazo de en torno al 11%, es decir, 6.875 millones desde 2010 —el año en que empezaron los recortes en esta partida— hasta 2013, el equivalente a unos 160 euros al año menos por habitante y año. Un ajuste notable para un sistema que, pese a estar entre los más valorados, llevaba años por debajo de la media de la OCDE. Una de las partidas más afectadas ha sido la destinada a salud pública y prevención, que ha caído un 45%. Esto preocupa extremadamente a los expertos, sobre todo porque desde 2008 se han incrementado algunas enfermedades infecciosas prevenibles, como las paperas, la tosferina (que en 2008 afectaba a un habitante por cada 100.000, y en 2011, a 7,06) o el sarampión (que ha pasado de 0,05 casos a 7,97). “Hacer recaer el peso de los recortes en las políticas de prevención es un riesgo. Estamos hablando de elementos efectivos en relación con su coste y que, si se aplican adecuadamente, pueden ayudar a reducir el gasto sanitario global”, indica Antoni Trilla, presidente de la Agencia de Calidad y Evaluación de la Salud en Cataluña. Los repuntes de estas patologías infecciosas pueden ser puntuales. Como la mayoría de los indicadores sanitarios, establecer una causa efecto a corto plazo es complejo, pero los expertos observan de cerca a Grecia. En ese país, los recortes y la situación de la población han derivado en un incremento abrumador de enfermedades como la tuberculosis.
En España, el tijeretazo también está poniendo en riesgo la calidad de la asistencia al adelgazar las plantillas: no se cubren bajas ni se hacen sustituciones, y en dos años se han perdido más de 18.500 trabajadores, según los datos del Registro Central de Personal de las Administraciones públicas (los sindicatos elevan las cifras de pérdida de empleo en el sector de la sanidad a 53.000). Así, ya se aprecia el deterioro en las listas de espera para acudir al especialista —para lo que hay que aguardar 59 días de media— o pasar por el quirófano.
En enero de este año había 51.396 personas en espera para una operación en España, un 6,4% más que seis meses antes. En ese tiempo (de junio de 2012 a enero de 2013), el plazo que los pacientes esperan de media para una intervención quirúrgica se ha disparado de 76 días a 100. Es el mayor incremento registrado en un año desde que en 2004 el Ministerio de Sanidad empezó a registrar esos datos. La directora general Mercedes Vinuesa insiste aquí de nuevo en que la demora no tiene impacto en la salud de los que aguardan. “Lo importante está garantizado”, dice. Sin embargo, a esa disminución de recursos humanos le sigue la merma de medios materiales. Los hospitales tienen menos camas en funcionamiento que hace cinco años: 3,22 por cada 1.000 habitantes en 2011 frente a las 3,29 de 2007. Y todo indica que el declive será superior cuando se computen los datos de 2012. En definitiva, hay menos medios y personal para la misma cantidad de usuarios. O para más, porque el envejecimiento y los cambios en la dieta y estilo de vida de la población —el 44,4% llevaba una vida sedentaria frente al 39,4% de 2006, según la Encuesta Nacional de Salud— han modificado la radiografía sanitaria. En España, una de cada seis personas tiene un problema de salud crónico, muchas de las cuales son mayores.
Un sector de la población que ya ha visto cómo sus rentas han perdido un 3,1% de poder adquisitivo desde 2011 y aguarda con inquietud los nuevos cambios en sus pensiones, que ya no supeditarán sus incrementos a la evolución de los precios. Y eso que, como indica un estudio de la Fundación La Caixa, los jubilados son el colchón de muchas familias. En 2010, el 7,8% de los hogares con todos sus miembros activos en paro convivían con un mayor de 65 años como principal sustentador. Una tasa que supera en 3,7 puntos a la de 2007 y en 7 a la de Reino Unido o Dinamarca.
Los tijeretazos sociales, especialmente en la Ley de Dependencia, han alimentado el desamparo de los más débiles. El número de personas que reciben estas ayudas se ha reducido en 12.438 en el último semestre, según el Observatorio de la Dependencia. Los ajustes se han llevado de un plumazo 283 millones destinados a esta prestación. Un tijeretazo que se suma al sufrido por los cuidadores familiares, a quienes, además de excluirles de la cotización, se les ha recortado un 15% la paga. La prestación de la Ley de Dependencia está en los huesos. Cada vez es más difícil recibirla o mantenerla.
Las políticas sociales, de las que España hizo bandera antes de la crisis, se han convertido en un lujo. Lo que antes era inversión de futuro, ahora es gasto superfluo. Es lo que ha ocurrido con la innovación, la investigación o la cultura. El gasto público en investigación y desarrollo ha caído desde los más de 9.000 millones de euros de 2008 a los 6.100 en 2014. “Es una amenaza para el sistema de I+D español, construido con mucho esfuerzo durante 30 años, que se tardará una década o dos en recuperar”, advierte José Manuel Fernández, portavoz del colectivo de investigadores precarios. Ejemplo de esta sangría es la situación del buque insignia de la investigación pública. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tuvo que ser este año rescatado de la bancarrota con dos partidas extra del Gobierno por un total de 95 millones.
Miles de investigadores ven truncadas sus posibilidades en España. Y no solo los que empiezan —las becas de formación del profesorado se redujeron de 950 a 800 en 2013, después de que el Gobierno se saltara una convocatoria, la de 2011, y las de personal investigador han pasado de 1.225 en 2008 a 940 este año—, sino también los que están ya a mitad de camino: el programa Ramón y Cajal, para que científicos dirijan nuevas líneas de investigación de excelencia, ofreció en 2012 unos 175 contratos, 75 menos que el año anterior. Así, alertaba el presidente de la Sociedad Española de Neurociencia, Juan Lerma, en este diario, “va a ser difícil retener el talento”.
Igual que a la ciencia, las Administraciones están tratando a la cultura como algo prescindible. La subida del IVA de los productos culturales al 21% —el doble de la media europea— ha provocado un descalabro de en torno a un 20% entre 2008 y 2012 en la asistencia a espectáculos, compra de libros, películas, música y videojuegos. “La fortaleza intelectual, cultural y educativa de una nación es un factor clave para el crecimiento económico. Un ambiente cultural floreciente atrae a personas más creativas, que a su vez atraen a trabajadores más excepcionales”, dice el rector de la Universidad de Nueva York, John Sexton.
Han pasado cinco años desde que cayó Lehman Brothers y las previsiones del Fondo Monetario Internacional dicen que a España le queda otro lustro para volver al nivel de actividad previo a la crisis. Igual que con la Gran Recesión, que lo cambió todo, el cómo afrontar esta etapa y gestionar la complicada herencia y secuelas que ha dejado la recesión será la clave para el presente y futuro del país.