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miércoles, 22 de enero de 2014

La transformación de una cantante con Photoshop en tiempo real

Outrage (2010)



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Varios clanes yakuza se enfrentan en una lucha implacable por alcanzar el poder y la protección del Padrino. Durante muchos años, Otomo ha visto cómo progresaban sus colegas: de los tatuajes elaborados y las falanges seccionadas han pasado a las altas finanzas. Dentro de un mundo donde reinan la corrupción, la traición y la venganza, sus esfuerzos por llegar a la cima, o al menos sobrevivir, no tienen fin porque en ese mundo no existen los héroes.

PATATAS A LA IMPORTANCIA

Huevos rotos estilo Lucio

LOS MEJORES CACHOPOS DE OVIEDO

Francia sospecha que McDonald’s evadió 2.200 millones a Hacienda

El fisco francés investiga a la cadena de hamburgueserías McDonald'sde la que sospechan que evadió más de 2.200 millones de euros desde 2009 a diversas filiales en Suiza y Luxemburgo para no pagar impuestos mediante un complejo montaje a través de sus franquicias, según informa este miércoles L'Express.
Según la Hacienda francesa, esos montajes permitieron a McDonalds evitar el pago de entre 330 y 650 millones de euros en concepto de IVA y de impuesto sobre los beneficios, explicó el semanario en su sitio internet.
El ministro de Hacienda, Bernard Cazeneuve, señaló esta mañana, en una entrevista a la emisora de radio France Info, que no podía dar información sobre este caso porque está sometido al secreto fiscal y, con carácter general, afirmó que serán "implacables" contra el fraude.  "La administración fiscal tiene medios para que, cuando estas prácticas existen, cesen", aseguró Cazeneuve.
La compañía estadounidense reconoció que "como la mayor parte de las grandes empresas, somos objeto de demandas de informaciones corrientes por la inspección de finanzas a las que siempre hemos respondido".
De acuerdo con L'Express el pasado 15 de octubre los investigadores llevaron a cabo un registro en la sede de McDonald's Francia en Guyancourt, en las afueras de París, a instancias del Tribunal de Versalles. El mecanismo del supuesto fraude se asienta en las 300 franquicias, que explotan el 80% de los 1.300 restaurantes que el grupo tiene en Francia, donde McDonald's facturó el pasado año 4.350 millones de euros antes de impuestos.
Esas franquicias tienen que pagar al gigante estadounidense en concepto de canon un 4% de sus ingresos para la publicidad y entre un 10% y un 20% en unas comisiones de explotación. La gestión de ese dinero corre a cargo de una filial domiciliada en Luxemburgo, McD Europe Franchising, que en enero de 2009 abrió dos sucursales, una en Illinois, en Estados Unidos, y otra en Ginebra, en Suiza.
Esa filial luxemburguesa, que tiene 13 empleados, recibe los derechos de las franquicias en Europa y transfiere una cantidad anual a la multinacional, siempre según L'Express
A través de ese dispositivo, su volumen de negocios sólo en el año 2012 fue de más de 1.000 millones de euros, con un beneficio neto de 172,4 millones. Y al tener la base en Luxemburgo, la tasa del impuesto de sociedades a la que estaba sometida era del 1,85 %, en lugar del 33,3% en Francia.

Coca-Cola cierra cuatro plantas en España y despedirá a 750 personas

La embotelladora única de Coca-Cola en España, Iberian Partners, ha concretado sus planes de reestructuración. Los peores temores de las plantillas de la compañía, fruto de la fusión de siete plantas de envasado, están sobre la mesa: Iberian Partners cerrará cuatro de las 11 plantas que tiene. En concreto, las situadas en Alicante, Colloto (Asturias), Palma de Mallorca y Fuenlabrada (Madrid). Además, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Según la propia compañía, la intención es la "recolocación interna de casi 500 trabajadores", y por tanto, el despido de 750 empleados.
"La empresa ha presentado hoy un ERE por causas organizativas y productivas. Aunque el número de trabajadores afectados por la reestructuración es, como se había anunciado, de 1.250, se ofrecerá la continuidad mediante recolocación interna a casi 500 trabajadores. El nuevo modelo industrial potenciará 7 plantas de producción", ha resumido la dirección en un comunicado. Durante el período de consultas que ahora se abre, la empresa asegura que planteará fórmulas "que favorezcan la adscripción voluntaria a las medidas que se propongan, entre las que se analizará la prejubilación en los grupos de trabajadores en los que el acceso a la misma sea posible".
La empresa ya señaló en diciembre su intención de reestructurar la firma. Iberian Partners, nacida de la fusión de siete compañías, quería cambiar su organización. Los representantes de los trabajadores se quejaron entonces de la falta de concreción de dichos planes y expresaron su temor a un proceso de despidos masivos. "El objetivo de la reestructuración es ganar eficiencia y competitividad, y evitar duplicidades que podrían comprometer la viabilidad futura de la empresa", justifica la compañía este miércoles.
Además del cierre de las cuatro plantas (de 11 que controla la empresa), la embotelladora señala que habrá cambios en organización comercial, para que sea "más eficiente". El servicio de atención al cliente se centrará en Madrid, Barcelona y Sevilla y se integrarán las áreas de soporte de las diferentes filiales (financiero, compras, recursos humanos, desarrollo corporativo, comunicación, legal y auditoría interna). Madrid, además de la sede social de la compañía, centrará las operaciones comerciales, la comunicación y los departamentos Legal y Financiero.
Iberian Partners es la suma de unas empresas que arrastraban complejos accionariados familiares. Se fueron uniendo hasta quedar siete: Cobega, responsable de la franquicia en Cataluña y Baleares; Casbega, la segunda por tamaño, responsable de la zona centro; Rendelsur trabajaba para Andalucía y Extremadura; Colebega distribuía para la costa mediterránea; Asturbega tenía el permiso para Asturias; Begano, en Galicia; y Norbega estaba en el País Vasco y Navarra.Competencia dio luz verde a su unión en febrero de 2013.

Los jueces reabren la investigación del accidente de metro de Valencia

El accidente de metro de Valencia, que en julio de 2006 se cobró la vida de 43 personas y dejó a otras 47 heridas, debe volver a investigarse a fondo. La Audiencia de Valencia ha enmendado en un auto fechado el lunes a la juez instructora, que archivó por segunda la vez la causa el año pasado, obligándola a seguir investigando.
“No puede dejarse indefensos a quienes en la búsqueda de la legítima verdad y la reparación adecuada, pretenden evitar la permanencia de vacíos sin cubrir en la investigación”, señala la resolución. Y deben por ello practicarse las diligencias “que puedan esclarecer lo sucedido, de forma que las víctimas nunca puedan ni sospechar que no se hizo lo debido, y con ello se impidió descubrir el porqué de la muerte o lesiones de sus familiares más queridos”.
Los jueces no se limitan a ordenar la reapertura, sino que imponen las diligencias concretas que la juez, Nieves Molina, debe realizar. Todas se basan en “la existencia de nuevos elementos” de los que en su momento “no se informó al juzgado ni al perito” que evaluó en 2006 las causas del siniestro.
La instructora deberá revisar los datos que la Generalitat ocultó al juzgado y al perito en 2006
El descubrimiento de datos que fueron silenciados por los responsables de la Generalitat que dirigía el expresidente Francisco Camps fue lo que llevó a la fiscalía y a la Asociación de Víctimas a solicitar la reapertura de la causa el año pasado. La juez no consideró necesario investigarlos.
Pero la Audiencia sí, para aclarar: “Si la unidad siniestrada presentaba deficiencias como se puede deducir de los siniestros [previos] de los que no se informó al juzgado y al perito”; “la incidencia del sistema de frenado en el accidente, teniendo en cuenta la posible existencia de una avería previa de la que no se informó al perito”, y “el motivo por el que se desprendieron del marco las ventanas de la UTA [Unidad de Transporte Articulada] 3736, indicando si no estaban convenientemente fijadas o se había alterado su sistema de fijación a la unidad sin estar homologado”.
Los tres jueces de la sección segunda ordenan a la juez practicar 11 diligencias. Entre ellas, interrogar “a los mecánicos responsables de las revisiones de la unidad siniestrada en 2005 y 2006” y a los maquinistas que conducían el convoy “cuando tuvo los accidentes previos al investigado”.
El informe de un perito sobre las nuevas pruebas que se practiquen decidirá la suerte de la reapertura
Requerir a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) el informe de la avería en los frenos que la unidad sufrió “los días 20 o 21 de junio de 2006”, dos semanas antes del siniestro, así como “la grabación entre maquinista y puesto de mando” comunicándola. Reclamar a Siemens, fabricante de la UTA, las características de “marcos y ventanas”, por las que salieron disparadas parte de las víctimas en el momento del descarrilamiento.
Y pedir a FGV la identificación de los responsables de “revisar periódicamente y decidir la ubicación de las balizas de limitación de velocidad”. En la peligrosa curva entre las paradas de Jesús y Plaza de España en la que el convoy se salió de la vía no había ninguna.
La Audiencia limita la capacidad de actuación de la juez al establecer que el resultado de las diligencias que en su momento rechazó practicar deben ser remitidas al perito que realizó los informes anteriores, para que determine “si el estado de la UTA 3736 fue una de las causas del accidente”.
Nadie en el Gobierno de Camps asumió responsabilidades
El resultado de ese informe pericial decidirá la suerte de la tercera reapertura de unos hechos que no tuvieron consecuencias penales: la juez consideró único responsable, por exceso de velocidad, al conductor, que se contó entre los fallecidos. Ni políticas: nadie de la Administración Camps dimitió.
El Gobierno de Camps manejó el accidente como un problema, producido a los pocos días de la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI, y limitó la investigación abierta en las Cortes Valencianas a una semana de sesiones en el mes de agosto, en lo que fue la comisión más corta de la historia de la Cámara.
“No caben dudas, titubeos o vacilaciones. No hay que desfallecer en la búsqueda de la verdad para evitar una victimización secundaria de las víctimas del fatal accidente, personificada en ellas mismas o en sus parientes más cercanos”, concluyen ahora los jueces para justificar la nueva investigación.