tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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jueves, 16 de enero de 2014

CACHOPO O TERNERA EMPANADA

La vida secreta de Walter Mitty (2013)


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El tímido empleado de una editorial consigue evadirse de su gris existencia imaginando que es el protagonista de grandes aventuras; un día, su sueño se hace realidad cuando conoce a una misteriosa mujer que le implica en una peligrosa misión... Remake de ‘La vida secreta de Walter Mitty’ (1947), película dirigida por Norman Z. McLeod e inspirada en un relato de James Thurber.

El lobo de Wall Street (2013)


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Un corredor de bolsa de Nueva York se niega a cooperar en un caso importante de fraude de valores, en el que están implicados Wall Street, las grandes corporaciones bancarias y la mafia. Basada en la autobiografía de Jordan Belfort.

Europa alerta de la injerencia política en los órganos judiciales españoles

Un informe emitido hoy por el Consejo de Europa alerta de la preocupación que existe en este organismo por la "proliferación de escándalos de corrupción" que "debilitan la credibilidad de las instituciones españolas". El organismo europeo, ajeno a la estructura de la UE, también alerta de algunos "fallos estructurales" en el sistema judicial de España y exige medidas para garantizar laindependencia de los magistrados y poner fin a su excesiva politización.
El texto ha sido elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dentro del proceso de vigilancia continua que se ejercer sobre los países miembros de esta institución. En él se da cuenta del "papel clave" que desempeñan jueces y abogados individuales en la lucha contra la corrupción y les pide que "se mantengan alerta ante el riesgo de perder su imparcialidad e integridad".
Las 11 recomendaciones que incluye este informe abordan cuestiones de transparencia, rendición de cuentas y honorabilidad tanto en el poder político como en el judicial.
En lo que respecta a los diputados, el Consejo de Europa reclama que cada Parlamento adopte un código de conducta que sea accesible y que regule cuestiones relativas a posibles conflictos de interés, regalos y otras ventajas que pueden tener los miembros de estas cámaras.
También reclama la introducción de normas específicas sobre la relación entre los diputados y los grupos de presión y lobbies, así como un mayor detalle a la hora de retratar la situación económica y patrimonial de los diputados.

Evaluación del CGPJ

En lo que respecta a la Justicia, el informe del Greco pide una evaluación del marco normativo que regula el Gobierno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para garantizar una auténtica independencia. "Mientras que la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales a nivel individual han sido indiscutibles hasta la fecha, una gran controversia rodea la cuestión de la independencia estructural de los órganos de gobierno del poder judicial y de laFiscalía", señala el texto.
También muestra su preocupación por la forma en que se eligen los altos cargos del poder judicial y pide que se modifique por ley este sistema para asegurar una completa independencia del poder político. Así, el Consejo de Europa recuerda que actualmente los partidos políticos "pueden dividir la composición del CGPJ entre quienes les apoyan".
En cuanto a la Fiscalía General del Estado, el informe pide reconsiderar el método de selección y la duración del mandato del fiscal general y cree conveniente desvincular esta institución del Ministerio de Justicia.

Un maquinista avisó del riesgo de Angrois a Renfe antes del accidente

La señalización que tenía la curva de Angrois, en Santiago, en la que un tren Alvia descarriló por exceso de velocidad el pasado 24 de julio causando 79 muertos, era insuficiente para paliar un despiste como el que tuvo el maquinista del tren, Francisco José Garzón. Así lo consideraba un año y siete meses antes del siniestro el jefe de maquinistas de Renfe en Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, que advirtió de ello por correo electrónico a un superior. Ese documento, que fue presentado por el abogado de Garzón ante el juez instructor del caso, Luis Aláez, podría dar un vuelco a la investigación de la causa.
Adif y Renfe, las empresas públicas encargadas de gestionar las vías y los trenes respectivamente, siempre han asegurado que no tenían constancia de advertencias previas al accidente sobre la peligrosidad de la curva de Angrois, en la que los trenes debían frenar de 200 a 80 kilómetros por hora en el lapso aproximado de un minuto. El correo del jefe de maquinistas de Ourense a su superior, el jefe de Producción y Medios de la Gerencia de Mercado Norte de Renfe, José Luis Rodríguez Vilariño, desmonta esa afirmación. Lo envió el 26 de diciembre de 2011, dos semanas después de abrirse la línea Ourense-Santiago, con la ministra Ana Pastor nombrada cuatro días antes, pero con Renfe dirigida aún por el equipo socialista.
Para Iglesias Mazaira, el frenado que requería la curva de Angrois debía realizarse “de una forma brusca sin un aviso previo por señalización de la vía” y ya sin el amparo de ningún sistema de control de la velocidad. “Ocurre esa transición de velocidad en una zona de máxima atención y de riesgo por la citada transición de sistemas y por la señalización lateral que hay que respetar. Únicamente existe una señal de velocidad descendente (PTO) a la altura del PK 84,230, pero de poco vale puesto que de no haber reducido previamente la velocidad nada se podrá hacer ya”. Y así sucedió, porque, aunque a la altura de esa señal el maquinista Garzón ya había comenzado a frenar, fue insuficiente para evitar el descarrilamiento en la curva situada 200 metros después, en el kilómetro 84,413.
El jefe de maquinistas se atrevía a hacer una recomendación a su superior: “Parece importante respecto al punto anterior estudiar la posibilidad de solicitar la implantación en la vía de señales de limitación permanente a 80 km/h, que podrían facilitar el cumplimiento de las velocidades máximas”. Señales similares, aunque de carácter temporal, fueron implantadas en la vía por Adif después del accidente con limitaciones a 160, 80 y 30 kilómetros por hora.
Según indica el abogado de Garzón en el escrito remitido al juez Aláez para que investigue esa advertencia previa sobre la peligrosidad de la curva, el aviso del jefe de maquinistas “fue tratado en diversas reuniones, de las que constan actas levantadas al efecto”. El letrado dice que el sindicato de maquinistas (Semaf) “ha solicitado en reiteradas ocasiones” dichas actas para aportarlas a la causa sin que Renfe se las haya facilitado. En una respuesta que también le entrega al juez, el director general de Seguridad, Organización y Recursos Humanos de Renfe, Cecilio Gómez-Comino, admite, con fecha del pasado lunes, que “desde los primeros días del pasado mes de diciembre, fecha en la que se tuvo conocimiento del asunto de referencia, se están desarrollando actuaciones en relación al mismo”. Pero el directivo de Renfe se remite al “correspondiente informe que una vez concluido será remitido al juzgado”.
El abogado de Garzón ha pedido al juez Aláez que requiera esas actas “y cuantos documentos tengan relación con el asunto, sin tener que esperar a la confección de informe alguno”. Renfe, según considera, “ha tenido tiempo más que de sobra tanto para elaborarlo, como para aportar voluntariamente a la causa la documentación de la que dis

Una baza para el juez

El juez Aláez consideraba que “el mal o perjuicio ocasionado por un exceso de velocidad al afrontar la curva (muertes y lesiones de los ocupantes del tren) era algo que debía ser previsible previamente”. Pero, según la Audiencia de A Coruña, hasta ahora carecía de pruebas de ello. El correo ahora aparecido podría permitir a Aláez demostrar esa previsibilidad del accidente e imputar responsabilidades a quien pudo evitarlo con más medidas de seguridad.
Cuando el juez quiso imputar por ello a 27 directivos y técnicos de Adif, la Audiencia se lo impidió al “no apreciarse, con los datos aportados hasta el momento por la investigación, que pueda considerarse constitutiva de una conducta penalmente relevante la decisión de permitir la circulación del tren en el tramo en el que ocurrió el accidente con las concretas medidas de señalización” allí existentes.
Por otra parte, la aparición de esta comunicación entre jefes de Renfe se produce semanas después de que Adif recordase a sus trabajadores que deben mantener la confidencialidad. Ese silencio saltó por los aires cuando técnicos tanto de Adif como de Renfe comenzaron a hablar con periodistas tras el accidente.

Maduro profundiza en la apuesta económica de Chávez en Venezuela

La primera rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional del presidente Nicolás Maduro estuvo marcada por el recuerdo de su padre político Hugo Chávez. Lo que parecía una mención como tantas otras terminó de cobrar sentido con las novedades anunciadas. El gobernante venezolano ha decidido profundizar la apuesta económica ideada por el líder bolivariano dejando de lado cualquier concesión pragmática esbozada al comienzo de su mandato. “Construir ese modelo será la tarea principal de la revolución en los próximos cinco años, pero la tarea principal de la Nación será construir un nuevo modelo de paz”, dijo al final de su intervención.
Esa última frase fue quizá de las más esperadas de la noche. Mientras avanzaba en su copioso recuento –otro modo de homenajear a su fallecido antecesor, que estuvo hablando sin parar en 2012 en el mismo escenario durante nueve horas- parecía haberse diluido entre el alto Gobierno el efecto generado con el asesinato de la actriz Mónica Speary su exesposo. Maduro ha pedido a su ministra de Comunicación de Información, Delcy Rodríguez, la revisión a fondo de la programación de los canales que se ven en Venezuela. El Gobierno explica una parte importante del incremento de la violencia criminal del país con la oferta televisiva. Esa instrucción precedió una promesa con la cual Maduro comprometió su empeño. “Este año será el comienzo de un plan de pacificación social. Hay que reconstruir a Venezuela desde los valores sagrados de la paz y el respeto a la vida”.
“Este año será el comienzo de un plan de pacificación social", dijo el presidente Maduro
El 4 de febrero, cuando se conmemoren 22 años de la intentona golpista que dio a conocer a Hugo Chávez, el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, deberán presentar al Presidente un plan concreto para reducir los índices de criminalidad. Se trata de una oferta que busca revertir el varapalo recibido por el Gobierno como consecuencia del homicidio de Spear. La matriz de opinión más extendida sugiere que la inseguridad se ha incrementado en el país en virtud de la cesión del principio de autoridad.
Fueron los anuncios económicos, sin embargo, los que coparon el mayor interés de los venezolanos. Hasta este miércoles el gobierno no había autorizado a los particulares el uso de las tarjetas de crédito locales para comprar a través de la web. En un país tan consumista como Venezuela el asunto ha tomado visos de preocupación. Se esperaba entonces el anuncio de una devaluación que finalmente no llegó. O llegó de forma encubierta, de acuerdo con el parecer de algunos economistas que comentaban la intervención de Maduro a través de las redes sociales. La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ha sido eliminada. Todo el trabajo de asignar dólares subvencionados por el Estado será asumido por el Centro Nacional de Comercio Exterior, que será presidido por Alejandro Fleming. El dólar oficial, de 6.30 bolívares por dólar, será mantenido al menos por este año.
El gobierno piensa fortalecer el Sicad, un segundo mecanismo creado en 2013 para asignar dólares, a través del cual se convocan a subastas semanales a sectores específicos de la economía por un monto que generalmente ronda los 100 millones de dólares. La tasa de cambio en esa modalidad es casi el doble de la oficial, 11.30 Bs por dólar. Los analistas consideran que al fortalecer el Sicad el gobierno ha hecho una devaluación implícita porque liquidará la mayoría de las importaciones a esta última tasa.
No fue el único cambio crucial para entender hacia dónde marcha la economía local. Maduro anunció además la fusión de los ministerios de la Banca Pública y de Economía. El gran damnificado es el pragmático ministro de Finanzas Nelson Merentes, quien volverá a presidir el Banco Central de Venezuela. En los primeros meses del nuevo gobierno Merentes fue partidario de flexibilizar el control cambiario, convocó al diálogo al empresariado y prometió que serían atendidas sus solicitudes de divisas preferenciales. Parecía ganarle la mano a uno de los ideólogos de la política económica chavista, el titular de Planificación Jorge Giordani. Al final la influencia de Giordani en el gabinete ha podido más. Proseguirán las importaciones para el Estado a la tasa de 6.30 Bolívares por dólar, habrá un control férreo de las importaciones del sector privado y una mayor impresión de dinero sin respaldo. Maduro pareció reivindicarlo al mencionarlo en dos pasajes de su discurso y al citar sus trabajos académicos. Giordani sonreía. “Se equivocaron los enemigos del gigante [uno de los tantos eufemismos usados para llamar a Chávez]. La revolución bolivariana no desapareció con su muerte”, agregó.
El preL

Casi media Eurocámara pide la retirada de la ley del aborto

El Parlamento Europeo ha elevado la voz para oponerse al endurecimiento del aborto que pretende aplicar el Gobierno español. Socialdemócratas, verdes, liberales y la izquierda unitaria se han manifestado hoy públicamente en la Eurocámara contra lo que consideran una involución contraria a los derechos humanos. Los eurodiputados piden la retirada del proyecto y alertan del efecto contagio que puede provocar en otros países comunitarios.
La reforma del aborto en España ha dejado de ser un problema exclusivamente nacional para convertirse en una preocupación europea. Distintos representantes de la izquierda, los verdes y los liberales, que suman juntos casi el 49% de los votos en la Eurocámara, se han manifestado hoy en contra de las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente del grupo socialdemócrata en la Cámara, Hannes Swoboda, se ha declarado “francamente sorprendido” de que Rajoy no tenga “otros problemas que solucionar” para dedicarse a aprobar unos controvertidos cambios en la regulación del aborto. Se trata, en su opinión, de una polémica “artificial” destinada a enmascarar graves desafíos como el desempleo.
Swoboda expresó en conferencia de prensa su temor de que esta iniciativa española pueda calar en otros Ejecutivos conservadores de Europa y por eso avanzó la intención de su grupo de incluir la defensa de los derechos de la mujer como parte de la campaña a las elecciones europeas, que se celebrarán a finales de mayo. “No hay ninguna necesidad de cambiar la ley actual si no es para imponer la moral de una parte de la sociedad a la totalidad”, resumió a su lado la diputada socialista Iratxe García.
También los liberales utilizaron mensajes muy contundentes para expresar su “enérgico rechazo” a la propuesta española, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de diciembre. “España retrocede en el tiempo cuando restringe el acceso al aborto legal y seguro”, considera en un comunicado la liberal holandesa Sophia in’t Veld. Esta diputada, que preside el grupo de trabajo de salud sexual y reproductiva en el Parlamento, cree que el Ejecutivo español actúa “bajo presión de la Iglesia católica y, a pesar de la fuerte oposición, parece decidido a limitar los derechos de mujer y su libertad personal”.
También la izquierda unitaria lamenta esa “violación de los derechos humanos” que la norma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, supone para España. “Queremos decirle al Gobierno español que este es el camino equivocado; las mujeres deben poder decidir por sí mismas”, explicó en conferencia de prensa Mikael Gustafsson, presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad del Parlamento Europeo. A su lado, la francesa Christine Vergiat recordó que la prohibición del aborto no provoca una reducción del número de casos y que contemplarlo como derecho no significa que sea obligatorio. “Las restricciones tienen como resultado que se produzcan abortos en una situación más difícil”. Las nuevas trabas afectarán principalmente “a las mujeres más desfavorecidas, que no tendrán acceso a un aborto libre y seguro”, abundó su compañera portuguesa Ines Zuber.
“Es una mera obsesión ideológica y arcaica del Gobierno español y del ministro de Justicia en especial”, detalló también ante la prensa Raül Romeva, de los verdes europeos. Romeva subrayó la sorpresa de sus colegas europeos ante las intenciones del Ejecutivo español de eliminar la actual ley de plazos y sustituirla por otra en la que solo caben los casos de violación y los riesgos graves para la salud de la madre (ni siquiera las malformaciones fetales).
Aunque el Parlamento Europeo no tiene competencias para frenar una ley aprobada por un país miembro, sí que puede instar a la movilización y recoger firmas en contra del proyecto. Es lo que ha empezado a hacer el sueco Mikael Gustafsson, que en menos de cinco días cuenta ya con 174 firmas de eurodiputados contrarios al proyecto de ley español, además de otros 77 en diferentes parlamentos nacionales. El diputado ha asegurado que hay incluso algunos miembros del Partido Popular Europeo contrarios a la iniciativa (y cita a algunos finlandeses, sin nombrarlos).
Toda esta movilización europea precede al debate formal que se producirá mañana en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo sobre el aborto y su anclaje en los derechos de la mujer. Con una introducción de la Comisión Europea, que probablemente rehusará entrar en una cuestión tan sensible, los parlamentarios debatirán mañana sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y aludirán expresamente a la reforma del aborto español como una amenaza clara. La respuesta del Parlamento Europeo se produce a iniciativa de los socialistas españoles, que han encontrado un fuerte apoyo entre toda la izquierda y los liberales europeos.

El juez citará a los autores del informe de Hacienda que exculpa a la Infanta

El juez José Castro, instructor del caso Urdangarin, tiene previsto citar a lo largo de este jueves a los tres inspectores de Hacienda y a los policías cuyo testimonio ha solocitado el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach. Los funcionarios de la Agencia Tributaria son los que realizaron el informe que exculpaba a la infanta Cristina y a su esposo, Iñaki Urdangarin, de irregularidades fiscales.
Horrach, no ha recurrido la imputación de la Infanta ante la Audiencia de Palma pero el pasado miércoles ha dejado un alegato con reflexiones explosivas sobre la mesa del juez José Castro: “Se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de doña Cristina de Borbónverse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos”. El acusador público reclama al instructor más pruebas y peritajes de la Agencia Tributaria antes de la declaración el 8 de febrero de la hija del Rey. Pretende desmontar, de nuevo, las vigas maestras de la acusación penal contra ella por supuesto fraude fiscal y blanqueo de dinero.
El fiscal anticorrupción buscaba que las declaraciones judiciales de tres inspectores de Hacienda y de una jefe policial se celebraran antes de la prevista citación como imputada de la infanta Cristina. Y lo ha conseguido. Este jueves el juez del Caso Nóos los citará. "Se ha de evitar que se siga manteniendo la tesis inculpatoria contra doña Cristina de Borbón basada en la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa", ha declarado Horrach.