tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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martes, 28 de enero de 2014

SOPA DE TOMATE

El número de parados en Francia marca un nuevo máximo histórico

El número de desempleados en Francia ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico en el mes de diciembre tras registrar un aumento del 0,3% respecto al mes anterior, acumulando así dos meses consecutivos de subidas, según informa el Ministerio de Trabajo, Empleo, Formación Profesional y Dialogo Social de Francia.
En concreto, la cifra de desempleados aumentó en el último mes del año hasta las 3.303.200 personas, 10.200 más que los 3.293.000 de noviembre, cuando había aumentado en 17.800 personas. En comparación con el mismo mes del año pasado, cuando el número de parados era de 3.125.40 personas, la cifra de parados se ha incrementado un 5,7%.

Así, destaca que el paro aumentó de media por mes en 33.000 personas en el primer trimestre, en 18.000 personas en el segundo y en 5.500 personas en el tercero, mientras que los tres últimos meses del año la subida fue de 2.500 personas.
El Ministerio dirigido por Michel Sapin destaca que en el conjunto de 2013 el número de desempleados ha aumentado en 177.800, lo que supone aproximadamente 100.000 menos en comparación con 2012. Sin embargo, la subida supera las registradas en 2010 y 2011. En este sentido, el Ministerio defiende que el año 2013 se ha visto marcado por un nueva señal de mejora, que se ve "claramente" analizando los datos de desempleo por trimestres.
El presidente galo, François Hollande, ha asegurado este lunes desde Turquía, donde se encuentra de viaje oficial, que "desde hace varios meses hay una tendencia en materia de paro hacia la estabilización, y lo que debemos conseguir es disminuir, invertir" la tendencia al alza.
Hollande, que se pronunció antes de la publicación de las cifras oficiales, subrayó que "los empleos se crean en las empresas", razón por la que se lanzó el llamado pacto de responsabilidad, que este lunes ha empezado a consultarse con la patronal y los sindicatos paradisminuir las restricciones a la actividad y rebajar a las empresas 30.000 millones de euros de cargas sociales, a cambio de mayores contrataciones y diálogo social.
"Más que nunca, el pacto de responsabilidad es un deber que compromete al gobierno y llama a la movilización de todos los actores", añadió hoy Hollande, haciendo hincapié en que estabilizar el nivel de desempleo "no es suficiente".
Respecto al paro juvenil, el Ministerio subraya que la inversión de la curva iniciada es una realidad desde hace ocho meses, ya que el número de desempleados menores de 25 años ha bajado en 2.300 en diciembre, acumulando un descenso de 25.000 desde abril y permitiendo que 2013 cierre con menos paro juvenil que 2012.

Decisión salomónica de La Haya en el litigio entre Chile y Perú

Perú ha logrado una victoria parcial en su empeño por trazar una nueva frontera marítima con Chile en el Océano Pacífico. En una decisión que evidencia la complejidad del asunto, el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) ha ampliado la soberanía de Perú, la demandante, pero sin arrebatarle a Chile todo su mar territorial. Así, los jueces han conservado la actual divisoria, paralela a la costa, solo hasta las 80 millas náuticas (punto A). A partir de ahí, la línea se convierte en perpendicular para llegar a un punto B, en el agua. El límite definitivo de las 200 millas lo marca, recto hacia el sur, un punto C. El fallo no ajusta las coordenadas precisas que redefine. “La Corte espera que sean determinadas (por las capitales en litigio) con espíritu y buena voluntad vecinal”, ha dicho Peter Tomka, su presidente.
El nuevo trazado sale de la frontera terrestre entre Lima y Santiago establecida por el Hito1, un mojón situado a 182,3 kilómetros tierra adentro y reivindicado por Chile. Perú hubiera preferido que se contara desde el Punto Concordia, ya en la costa. Aunque el Gobierno peruano ha ganado un pedazo adicional de mar, los expertos pesqueros chilenos aseguran que las 80 millas náuticas que conservan son esenciales para la captura de anchoveta. Ambos países lideran la exportación de harina de esta especie, utilizada como fertilizante y pienso para animales en todo el mundo. Los pescadores de Arica (Chile) y Tacna (Perú), en la costa del Pacífico, aguardaron las palabras de los jueces con la expectación propia de quienes verían recortadas, o bien ampliadas rutas, esenciales para su subsistencia. De modo que las divisas multimillonarias generadas por la pesca subyacían en el diferendo. De haber logrado toda la frontera perpendicular a la costa que buscaba, Perú habría tomado posesión de unos 38.000 kilómetros cuadrados de aguas ricas en la preciada especie.
El compromiso judicial mantiene el espíritu ecuánime buscado por el TIJ desde su fundación, en 1945, en la resolución de conflictos territoriales. Sin embargo, en este caso resultaba muy difícil contentar a todos. Prueba de ello son las reacciones de las delegaciones destacadas en La Haya, sede del Tribunal. Para la peruana, aunque solo se reconoce un 60% de sus reivindicaciones, “la victoria es importante”. La evaluación completa de lo ocurrido quedó en manos del Gobierno del presidente Ollanta Humala. Los representantes chilenos estaban menos conformes. “Lamentamos profundamente una decisión que, para nosotros, carece de fundamento. Habrá que analizar su alcance”, dijo Alberto van Klaveren, representante diplomático chileno ante el Tribunal. Santiago temía la presencia de pesqueros peruanos en la zona disputada de haber ganado sus rivales el contencioso completo.
Con todo, el fallo puede marcar un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre ambos. En su demanda de 2008, Lima sostenía que la división marítima no estaba fijada. Para ella, los tratados firmados con su vecina en 1952 y 1954 (que Chile considera vinculantes) eran solo declaraciones políticas destinadas, además, a regular la pesca artesanal. Según los jueces, “la declaración de 1952 no hace referencia expresa a la delimitación, y falta la información necesaria para que pueda hablarse de un acuerdo que fije las fronteras marítimas. Pero en su apartado cuatro, sí hay elementos pertinentes para la delimitación del mar”, dijo el presidente Tomka, durante la lectura de la decisión, que se prolongó dos horas.
Dictada en pleno traspaso de poderes presidenciales en Chile, la decisión del TIJ supone un trago amargo para Michelle Bachelet, nueva jefa de Estado a partir de marzo. Su antecesor, Sebastián Piñera, ha protagonizado el periodo de incertidumbre del caso. A ella le corresponde gestionar “con sentido de Estado”, ha dicho ya, la aplicación de la decisión, de obligado cumplimiento. Las dos capitales han prometido respetar el proceso, si bien los plazos de aplicación varían. El Tribunal ha confiado en su buena voluntad, y aunque siempre se ha mantenido a distancia de las repercusiones políticas de su labor, la nueva frontera marítima podría facilitar una forma distinta de cooperación.
A ninguna de las partes se le escapa que la rivalidad chileno-peruana se remonta a la Guerra del Pacífico (1879-1883), perdida por Lima, y su aliada, Bolivia. La merma de territorio peruano posterior sigue doliendo en Lima, pero los gestos de acercamiento mutuos han ido en aumento en los últimos años. Aunque es una armonía nada fácil de conseguir, las poblaciones de ambos lados defienden o reclaman con ardor los mismos pedazos de tierra, y el fallo enfila un complicado recorrido de modificación de mapas náuticos y cambios legislativos, tal vez reafirme la labor de la Alianza del Pacífico. El acuerdo de 2011 que une a Perú, Chile, Colombia y México para “construir un área de integración profunda e impulsar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las Partes”. Bolivia, que ha demandado a su vez a Chile para recuperar la salida al mar perdida en la guerra decimonónica, espera ahora su turno.

La aseguradora Zurich rechaza el plan b de Panamá para el Canal

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el consorcio liderado por Sacyr y la aseguradora Zurich retoman hoy las negociaciones para encontrar una solución que permita concluir las obras de ampliación del canal de Panamá. Zurich lanzó una propuesta la semana pasada que fue inicialmente bien recibida, pero que no ha terminado de concretarse. Mientras, la ACP esgrime desde principios de año un plan b para acabar las obras sin el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), pero se ha encontrado con la resistencia de Zurich, según fuentes cercanas a las negociaciones.
El canal de Panamá intentó que la firma CH2MHill, que actúa como consultora y asesora de la ACP en todo el proyecto, asumiese la obra. De hecho, fuentes cercanas al conflicto indican que CH2MHill ha establecido contactos y entrevistas con empleados de GUPC para tratar de reclutar personal por si asume las obras.
La oposición de Zurich, sin embargo, ha frenado ese plan b. La aseguradora no solo se niega a desembolsar la fianza de cumplimiento de 400 millones de dólares (cerca de 300 millones de euros) sino que además ha dado a entender que ante una ruptura unilateral de la ACP con el consorcio no estaría dispuesta a garantizar con sus avales la terminación de la obra, al menos sin un periodo previo de análisis jurídico y económico. Con ello, la ACP no solo perdería el importe del aval sino que además pasaría a ejecutar las obras sin garantía alguna, en lo que fuentes cercanas a la negociación estiman que supondría una violación del contrato.
Zurich ya explicó a principios de enero a la ACP que consideraba improductivo enzarzarse en una batalla legal y abogaba por un pacto, al tiempo que lamentaba la intransigencia de la ACP para llegar a una solución negociada. Sin un acuerdo, el Canal se arriesga a un retraso de tres a cinco años, según los árbitros que resuelven en primera instancia las reclamaciones. La aseguradora no ve obstáculos legales ni contractuales para que la ACP adelante financiación para las obras cuya liquidación final esté sujeta a los mecanismos de resolución de las disputas, que fijarán si procede o no el pago de los sobrecostes de unos 1.200 millones de euros.
En esa línea va la propuesta que lanzó Zurich la semana pasada y sobre la que han estado trabajando los asesores legales de las partes. Para hoy y mañana están previstas nuevas reuniones. Las partes se han dado por ahora hasta el sábado para negociar.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro italiano, Enrico Letta, defendieron ayer en Roma una solución “justa y equitativa” del conflicto, informa Carlos E. Cué. Sacyr está en esa gran obra con Impregilo, una empresa italiana, y el Gobierno de Panamá presiona tanto a España como a Italia para buscar una solución. “Es una de nuestras prioridades”, reconoció Letta. Rajoy, de su lado, dijo: “Tenemos la esperanza de que se va a lograr una solución rápida y pronto y creemos que, a la espera de la sentencia arbitral, la conclusión de los trabajos en la fecha prevista es por lo que todos debemos apostar”.
Por su parte, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, atribuye el conflicto por las obras de ampliación del Canal a la situación financiera de Sacyr e Impregilo. “Esto pasa cuando uno se alía con dos que no tienen plata. Si uno tiene plata, la pone encima de la mesa y resuelve el conflicto. Cuando no, pasa lo que nos está pasando”, aseguró a EL PAÍS la semana pasada en un receso de las jornadas del Foro Económico Mundial, informa Alicia González.
Martinelli dice ser optimista sobre el futuro de la ampliación. “No tenga ninguna duda, las obras van a seguir adelante sí o sí”, apunta. Sus asesores sostienen que, en el fondo, Sacyr e Impregilo tienen subcontratada buena parte de sus operaciones a empresas locales, “así que no está tan claro que la rescisión del contrato signifique un gran retraso para la obra”, aseveran.

EE UU autoriza a las tecnológicas a revelar las órdenes de la NSA

El Gobierno de Estados Unidos ha llegado este lunes a un acuerdo con las principales proveedoras de Internet del país para que puedan revelar las órdenes de solicitud de datos de sus clientes cursadas por las diferentes agencias de inteligencia del país. De esta forma, la Administración Obama no sólo evita que continúen su curso las demandas al respecto que presentaron compañías como Google, Yahoo, Facebook o Microsoft al comienzo del escándalo del espionaje provocado por las filtraciones de Edward Snowden, sino que evidencia su compromiso de hacer cumplir la petición de mayor transparencia que realizó el presidente Barack Obama durante su discurso sobre la reforma de los métodos de vigilancia de sus servicios de espionaje. El trato permitirá hacerse una idea de la asiduidad con la que la NSA solicitaba información de los clientes de las tecnológicas.
El Departamento de Justicia anunciaba el compromiso a través de un comunicado firmado por el Fiscal general, Eric Holder y el director Nacional de Inteligencia, James James Clapper. El trato permite a las compañías dar a conocer “un determinado número de órdenes de seguridad nacional y de requerimientos remitidos a los proveedores de servicios de comunicación, el número de las cuentas de sus clientes objeto de dichas órdenes y la base legal de las mismas”, señala la nota.
Los gigantes tecnológicos podrán, por tanto, ofrecer a rasgos generales -cientos, miles, pero nunca cifras exactas- cuántas veces las agencias de seguridad les exigieron que les cedieran información y a cuántos clientes y usuarios afectaba dicha solicitud. También están autorizadas a desvelar las reclamaciones cursadas por FBI y del Tribunal de Vigilancia Extranjera, cuáles tenían por objeto el contenido de correos electrónicos o cuántas afectaban a las cuentas de sus usuarios.
Las compañías de Internet estuvieron en el punto de mira de las filtraciones de Snowden desde el primer momento. En algunos casos, sus responsables alegaron que la información que proveyeron al Gobierno siempre se hizo conforme a los requerimientos y requisitos recogidos en la Ley Patriótica. Cuando comenzaron a revelarse otro tipo de mecanismos de recopilación de datos que también implicaban a los servidores o los nodos empleados por los gigantes tecnológicos, muchas de estas empresas denunciaron su desconocimiento y exigieron poder hacer públicas las órdenes de la NSA para eludir cualquier responsabilidad de connivencia con las cuestionables prácticas de vigilancia de las agencias de espionaje estadounidenses.
“Aunque este tipo de información había sido clasificada, la oficina y el Director Nacional de Inteligencia, tras consultarlo con otros departamentos y agencias, ha determinado que es de interés público dar a conocer esta información”, señalan Holder y Clapper en su comunicado.
Hasta el momento, debido a que esas órdenes estaban protegidas y catalogadas como información reservada, las compañías no podían hacerlas públicas. Ante la imposibilidad de defenderse de las insinuaciones de colaboración con el espionaje del Gobierno en detrimento de la protección a la privacidad de sus clientes, de las que muchas habían hecho hasta una consigna, entidades como Yahoo, Google o Microsoft interpusieron sendas demandas para poder revelar la naturaleza y el alcance de su cooperación con las autoridades.
Desde que comenzó el escándalo del espionaje, las empresas tecnológicas han exigido a la Administración mucha mayor transparencia y celeridad en la reforma de la NSA. El recelo hacia la protección de la intimidad suscitada por las filtraciones de Snowden ha costado a las entidades miles de millones en beneficios y la obligación, en algunos países, de revisar su modelo de actuación y de negocio. Con el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia las empresas esperan poder convencer a sus clientes de la legalidad de su cooperación y recuperar parte de la reputación perdida.

Malestar en la Audiencia Nacional por el recorte a la justicia universal

La decisión del Gobierno de poner coto por la vía rápida a la llamada justicia universal antes de que la actuación de los jueces españoles genere nuevos conflictos diplomáticos con gigantes como China o Estados Unidos, ha sido acogida con irritación entre un sector de los magistrados de la Audiencia Nacional. “Es una barbaridad. El Gobierno fulmina la jurisdicción universal por una cuestión de pura conveniencia”, sostiene un magistrado instructor de la Audiencia tras analizar la iniciativa parlamentaria por la que el PP pretende la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar el ámbito de la jurisdicción para delitos cometidos fuera del territorio español. El movimiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy también suscita el rechazo —tanto por su fondo como por sus formas— de buena parte de los partidos de la oposición.
La reforma legislativa, de aprobarse, supondrá dar carpetazo a gran parte de las causas investigadas por magistrados de la Audiencia Nacional sobre delitos de genocidio, torturas, trata de seres humanos o piratería, entre otros, cometidos en el extranjero, como la investigación a la cúpula del Partido Comunista Chino por el genocidio en Tíbet o el genocidio en Guatemala.
Con carácter general, solo se salvarán del archivo los procedimientos en los que el supuesto autor o la víctima sean de nacionalidad española, o aquellos en los que la acción se dirija contra un extranjero residente en España. En los casos de genocidio, lesa humanidad y desaparición forzosa, también se podrá actuar contra ciudadanos foráneos que se encuentren circunstancialmente en España. Sin embargo, con el nuevo texto, para poder emprender una investigación internacional será necesaria una querella de la fiscalía o de un agraviado, requisito inexistente hasta ahora. Los magistrados conservan la posibilidad de ejercer la justicia universal cuando el Estado en el que sucedieron los hechos no pueda o no quiera investigar estos delitos, pero será la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que deberá determinar si se da esta dejación de funciones.
Una magistrada consultada sostiene que la reforma se trata de una “medida oportunista” para contentar a las autoridades chinas y preservar las relaciones comerciales entre los dos países. “Pero el juez lo que tiene que hacer es atenerse escrupulosamente a la ley”, recuerda. Otro magistrado, en este caso instructor, medita la posibilidad de, a medida que se vea obligado a cerrar causas, plantear cuestiones de inconstitucionalidad al entender que archivar los casos supondría incumplir los tratados internacionales que vinculan a España y que, según la Constitución, forman parte del ordenamiento interno.

MÁS 

Un tercer magistrado instructor recuerda que la jurisdicción universal “no es una cuestión de jueces iluminados ni una posición minoritaria”. “España ha sido históricamente pionera en la jurisdicción universal y en la defensa de los derechos humanos, incluso si nos remontamos a los dominicos Fray Bartolomé de las Casas [protector de los indígenas en la conquista de América] o Francisco de Vitoria. Ahora España es la inventora de la justicia universal moderna, que trata de reprimir un puñadito de crímenes que la comunidad internacional en su conjunto considera especialmente execrables”, sostiene.
Este mismo instructor reconoce que en ámbitos extrajudiciales existe la “sensación” de que “el hecho de que la justicia española, tan escasa de recursos, destine esfuerzos a meterse en camisas de once varas internacionales es un derroche innecesario”, y que ello no tiene más fruto que granjearse conflictos con terceros países. Por ejemplo, las investigaciones en países de América Latina han sido interpretadas por algunos sectores como una injerencia “colonialista” en sus asuntos internos.
PSOE e IU solicitan que Ruiz-Gallardón explique la reforma en el Congreso
Pese a todo, este magistrado defiende sin reservas la justicia universal y aboga por “reforzar los mecanismos de los tribunales penales internacionales”.
Frente al malestar de los jueces —o al menos de un sector de ellos—, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional algunas voces critican que “han sido los propios magistrados los que han abusado de la justicia universal con algunas causas que son poco más que brindis al sol”. Fuentes del ministerio público defienden la vigencia de los procedimientos de justicia extraterritorial y recuerdan que la fiscalía impulsó, entre otros, los del Sahara Occidental, El Salvador, Guatemala, el asesinato de Carmelo Soria en Chile o el de la Flotilla de la Libertad.
Los partidos de la oposición rechazaron ayer radicalmente la reforma legal que se aprobará en el mes de febrero, según las previsiones del Congreso. El responsable de Organización del PSOE, Óscar López, rechazó la fórmula de la proposición de ley del partido mayoritario, lo que es tan inusual como que es la primera en dos años de legislatura que presenta el PP. También porque no se ha buscado el consenso y se elude el trámite de informes consultivos.
La fiscalía apunta que los jueces han "abusado" de la justicia universal
El PSOE registró ayer en el Congreso la petición para que comparezca el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y lo explique.
La diputada de UPyD Irene Lozanolamentó que el PP se salte “los trámites y fuerce la legitimidad democrática”. Lozano ha dirigido una pregunta por escrito al Gobierno para saber si se trata de “conseguir al fin que el presidente Rajoy sea invitado por la dictadura china en viaje de negocios”.
También rechaza la reforma del PP el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, quien registró ayer una batería de iniciativas que incluyen peticiones de comparecencia urgentes del ministro de Justicia, del fiscal general del Estado y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que den explicaciones en la cámara Baja.

Los médicos franceses expulsan a Dukan por los riesgos de su dieta

El colegio de médicos francés ha anunciado la expulsión del nutricionista Pierre Dukan Pierre (Argel, 1942), autor de la célebre dieta hiperproteica basada en la ingesta de 100 alimentos —como la carne y el pescado— que lleva su nombre, por haber hecho promoción comercial de su régimen. La decisión ha sido adoptada por la cámara disciplinaria, que en la práctica no tendrá ningún efecto porque el propio Dukan ya se había dado de baja de este organismo en abril de 2012, poco después de su jubilación, en desacuerdo con sus colegas.
Pese a ello, la orden de médicos mantuvo el proceso disciplinario contra el nutricionista, autor de un método que, según él, ha llegado a 40 millones de personas. La dieta, basada en alimentos de alto contenido proteico, ha provocado las críticas de muchos colegas, que consideran que puede crear desequilibrios alimentarios en los pacientes. Además de los fines comerciales, la cámara disciplinaria del colegio reprocha también a Dukan el haber querido introducir en el bachillerato francés una opción dedicada a la lucha contra la obesidad.
El dietista asegura que, gracias a su método, muchos pacientes han podido perder peso por tan solo seis euros, que es el precio de su libro, del que ha vendido 13 millones de ejemplares. En declaraciones a la emisora RTL, Dukan ha afirmado sentirse tranquilo, considera su expulsión como "una vieja historia" y acusa a sus colegas de no querer evolucionar. "Es una vieja instancia que continúa su camino, es su problema no el mío (...) No me atacan a mí, atacan a alguien que quiere cambiar algo en Francia, que ha creado un fenómeno social", señala.
Dukan defiende su dieta y explica que "ha frenado la progresión del sobrepeso". Según él, la decisión de sus colegas le da "un impulso para seguir avanzando". "A mis 70 años tengo que acelerar, porque me necesitan y porque se puede ganar la guerra del sobrepeso", indica.

El PP pierde la batalla por la privatización de la sanidad en Madrid

El Gobierno madrileño (PP) se rinde. El mayor plan de privatización de la gestión de la sanidad pública jamás diseñado en España ha quedado desactivado este lunes después de que el presidente madrileño, Ignacio González, anunciara que renuncia a seguir adelante con él. Al menos de momento, ya que no descartó hacerlo en un futuro, por más que dentro del Partido Popular considerasen la posibilidad “más que remota”.
La dimisión de Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad desde marzo de 2010, se interpreta de hecho como la renuncia definitiva a los planes de privatización a cuatro meses de las elecciones europeas y a menos de año y medio de las autonómicas y municipales de 2015. Lasquetty será sustituido por el médico Javier Rodríguez Rodríguez, actual portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid. Rodríguez es catedrático de Patología General y jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Este martes tomará posesión en la sede del Gobierno regional.
El nuevo consejero de Sanidad, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez.
Fue, en última instancia, un revés judicial el que precipitó la decisión de acabar con un plan que incluía el paso a manos privadas de seis hospitales públicos inaugurados en 2008 ( (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo), afectaba a unos 5.000 trabajadores sanitarios y cambiaba la gestión de sus problemas de salud a 1,2 millones de madrileños. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordaba ayer mantener la suspensión cautelar que pesa sobre el proceso desde septiembre. Horas después, González claudicaba definitivamente tras meses de incertidumbre... Y sin reconocer que era un nuevo fiasco al Ejecutivo madrileño tras el reciente de Eurovegas. “En absoluto es un fracaso”, negó González. “Este proceso ha abierto un debate que ha servido para concienciar a la sociedad, ha sido bueno para que trabajemos juntos para reducir gastos sin perder prestaciones”, llegó a argumentar.
A nadie se le escapa, sin embargo, que la inminencia de las elecciones europeas y regionales tiene que haber pesado a la hora de decidir seguir adelante con un proyecto político que le ha costado al Gobierno regional una huelga sanitaria como no se recordaba en años y manifestaciones con decenas de miles de ciudadanos protestando en las calles. Dentro del propio Partido Popular de Madrid se ha discutido, según fuentes internas, sobre si era conveniente volver a incendiar hospitales, centros de salud y a la ciudadanía en general perseverando en un proyecto que nunca ha tenido un solo apoyo fuera de los despachos del Gobierno de González. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se cuidó mucho de darle su bendición explícita en público, y otras comunidades del PP con proyectos parecidos pero de menor envergadura renunciaron hace meses.
Pese a la variable electoral, González ha explicado su decisión en términos estrictamente judiciales y, según dijo, de “incertidumbre”. “No parece razonable que llevemos casi ocho meses sin tener definida esa medida cautelar generando una incertidumbre y falta de seguridad que no podemos seguir manteniendo”, argumentó. El presidente, que compareció junto al ya exconsejero Lasquetty, ambos con semblante grave, aseguró que el modelo de privatización que pretendían ampliar a seis hospitales de gestión pública ya es efectivo en otros cuatro centros sanitarios.
Lasquetty declaró que se marcha por “rectitud y por sentido de la responsabilidad” al no haber podido llevar a cabo un proceso que volvió a defender como garantía de sostenibilidad económica. Dentro del PP cuestionan la estrategia “errónea” en la que cayó Lasquetty, exsecretario general de la Fundación Faes, elthink tank neoliberal próximo al PP, al “ideologizar” el proceso privatizador. González rechazó ayer que así fuera: “Nunca hemos planteado esta medida como una medida puramente ideológica”, afirmó, por más que la Comunidad de Madrid nunca ofreció cifras claras del ahorro que pretendía conseguir.
El plan privatizador está suspendido cautelarmente desde septiembre, cuando la sección tercera del TSJM ordenó paralizar el proceso hasta poder entrar en el fondo del asunto. En su auto, este juzgado apuntaba a posibles irregularidades en la adjudicación, como una modificación de las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo, y a que los cambios en la gestión serían “irreversibles” si finalmente fallase contra el Gobierno regional. Un “inusual”, según fuentes jurídicas, movimiento dentro del TSJM dio un vuelco al proceso poco después. El entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, decidió elevar todos los asuntos relacionados con la privatización (siete recursos presentados por diferentes colectivos) al pleno de la Sala, bajo su presidencia. Fue una jugada que los socialistas intentaron parar recusando a Martínez Tristán por sus vínculos con el PP —está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, también exalto cargo de la Comunidad de Madrid y entonces estaba pendiente de los votos conservadores para entrar en el Consejo General del Poder Judicial—, pero que finalmente echaron atrás el medio centenar de magistrados del pleno, que acordaron devolver los asuntos a sus juzgados de origen. La sección tercera, como era previsible, no se ha contradicho a sí misma, y este lunes se ratificó en la suspensión cautelar.
Con el plan privatizador retirado, sin embargo, siguen quedando flecos y dudas por resolver. Los seis hospitales llegaron a adjudicarse en concurso público a tres empresas. No sin polémica, puesto que no hubo competencia real entre ellas —a cada una le interesaron centros distintos— y no rebajaron el precio inicialmente ofrecido por el Gobierno de González, cuestiones sobre las que alertó un informe de la Comisión Nacional de la Competencia en septiembre pasado. ¿Qué ocurrirá ahora con esas adjudicaciones? ¿Cómo se revertirán? ¿Pedirán algún tipo de compensación las empresas por los avales que suscribieron y con los que, presumiblemente, llevan perdiendo dinero todos estos meses? González no aclaró ninguna de estas cuestiones prácticas, pese a que se le preguntó por ello hasta tres veces. Tampoco las concesionarias quisieron, a llamadas de este diario, aclarar qué pasos darán.
A preguntas de los periodistas, González añadió que no se van a introducir más recortes en la sanidad madrileña como consecuencia de esta decisión de dejar sin efecto el proceso de privatización, aunque se "seguirán ajustando gastos". Tras la decisión de mantener en suspenso el procedimiento administrativo, la Justicia, ha recalcado el presidente regional, no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si es o no ajustado a la ley entregar a empresas privadas la gestión de centros sanitarios de titularidad pública.
Las cinco semanas de huelga indefinida de los médicos madrileños en protesta por el plan privatizador dejaron 50.000 consultas suspendidas y cerca de 6.500 operaciones aplazadas. La organización que lideró este paro, y que impulsó las sucesivas mareas blancas que llevaron la protesta al centro de la capital, fue la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Para malestar del PP, quienes encabezaron las protestas fueron médicos que reconocían formar parte de su electorado tradicional. Esos votantes, y las decisiones judiciales, han terminado por doblegar a la Comunidad de Madrid.
La privatización de seis hospitales públicos de la región fue el primer gran anuncio político de Ignacio González tras el abandono de Esperanza Aguirre de la presidencia madrileña. Ahora es también uno de sus más sonoros fracasos, lo que se añade al fiasco de Eurovegas, un proyecto con el que el Gobierno regional se comprometió de forma expresa y que se fue a pique a finales de año.