tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 20 de abril de 2014

Le presentamos a la novia del conejito resucitado, este conejo esta hecho un demonio !!!!


Conejo a la brasa con salsa ali-oli



Ingredientes:
1 conejo enterosalpimienta blanca1 hoja de laurel,  1 ramillete de tomillo fresco,  aceite de oliva y salsa ali-oli.
Elaboración:
Troceamos el conejo, sacando las paletillas, las piernas y el cuerpo. Partimos en cuatro trozos y salpimentamos. Por otro lado, ponemos una olla al fuego, con el agua, el laurel, y el tomillo.
Cuando empiece a hervir, añadimos el conejo y dejamos cocer durante 5 minutos para quitarle la dureza. A continuación, lo escurrimos y marcamos a la brasa con un chorro de aceite de oliva hasta que quede dorado por las dos caras.
Acompañamos con la salsa ali-oli.

Coca-Cola pierde la chispa

Es muy raro ver a los inversores con dudas sobre Coca-Cola. Pero esta vez algunos, incluso, están alzando su voz. Es lo que está haciendo desde hace algunas semanas David Winters, gestor del fondo Wintergreen Advisors. Coge los modestos resultados de la compañía y los cruza con el masivo plan de remuneraciones que se presentará en la próxima junta anual de accionistas, prevista para el miércoles 23 de abril. Su conclusión: es excesivo y sienta un mal precedente.
La multinacional estadounidense, una de las marcas más reconocidas del mundo y uno de los grandes iconos del consumo, básicamente no crece. Se vio en los resultados de cierre de ejercicio y de nuevo en los del primer trimestre del año que está en curso. Los ingresos globales cayeron un 4%, a 10.570 millones de dólares (7.650 millones de euros). En términos de volumen, la métrica que usa Coca-Cola para presentar su rendimiento, el incremento fue del 2%.
No es un secreto que Coca-Cola, igual que ocurre con su rival PepsiCo, navega contra corriente por la caída en las ventas de refrescos y bebidas azucaradas en todo el mundo, especialmente en EE UU y Europa por un cambio en los hábitos de consumo. Para compensar, está reforzando las campañas de publicidad e introduciendo nuevos productos. El 80% del negocio se genera fuera de Estados Unidos, por lo que le afecta también el tipo de cambio del dólar.
Las compensaciones por objetivo equivalen a una séptima parte del valor bursátil de la empresa
La compañía tiene en este momento una capitalización bursátil de 176.500 millones de dólares (128.000 millones de euros). El descontento de los inversores se observa en el precio de la acción, que se paga un 6% más barata que hace un año. El controvertido plan de incentivos para los ejecutivos equivale a una séptima parte de ese valor, unos 24.000 millones (17.400 millones de euros) al precio actual, y amenaza con dañar la imagen de la corporación si la ira de los inversores más descontentos se extiende.
Winters trata de sumar a otros inversores a su causa. Su firma controla 2,8 millones de acciones. Le apoya, que se sepa, el fondo de pensiones de profesores en Ontario, otro pequeño pero influyente inversor. El gestor también escribió a Berkshire Hathaway. El brazo financiero de Warren Buffett es el mayor accionista, con 400 millones de títulos. Se dice incluso que sigue vendiendo la cola con sabor a cereza porque es su preferida.
Buffett no responde, lo que indica que la batalla no irá muy lejos. Pero el oráculo de Omaha tampoco está muy contento. Ya advirtió en la última junta que no debe ser complaciente con el éxito. Un año después, el frenazo es evidente y eso pone en cuestión la estrategia a largo plazo de Muhtar Kent, que prometió un incremento importante de los ingresos para 2020. El año pasado el 23% de los accionistas votaron contra la paga a los principales ejecutivos.
El cambio en los hábitos de consumo erosiona los ingresos globales, que caen un 4% en el año
Kent admite que el pasado fue un año complicado y asegura que el negocio de la compañía repunta ahora. El primer ejecutivo de Coca-Cola ganó 20,4 millones de dólares (14,5 millones de euros) en 2013, un 30% menos que en 2012. Aún con este recorte es el directivo que más gana en la industria. La consejera delegada de PepsiCo, Indra Nooyi, se llevó 12,6 millones (unos nueve millones de euros) al bolsillo. En el controvertido plan de compensación participan 6.400 empleados en todo el mundo, no solo ejecutivos.
Es conocido que Warren Buffett es muy crítico con los planes de remuneración excesiva de los ejecutivos y por eso trató siempre de invertir en compañías donde los intereses de los gestores están en línea con el de los accionistas. Por tanto, por su silencio ante la patalea de David Winters se asume que considera la paga de Muhtar Kent como razonable, por el esfuerzo que está haciendo al frente de una de las mejores compañías del planeta. Y, por tanto, entiende que el plan tampoco destruye el valor para el accionista.
Coca-Cola presentó hace ahora dos meses un plan para controlar mejor el gasto. Buffett no duda en tomar el micrófono para ayudar a vender el mensaje de la compañía al resto de accionistas. Pero también aconseja a Kent que vaya por delante de los competidores a la hora de anticipar los problemas que pueden comerse el crecimiento de la compañía. La recompra de acciones y los dividendos sirven para mantener altos los ánimos.
Buffett mantiene su apoyo a Muhtar Kent, que ganó 14,5 millones en el último ejercicio
El problema, según Winters, es que el plan de incentivos reduce su impacto, por eso no compra el argumento. El efecto potencial de dilución del nuevo paquete para el inversor es del 14,2%, de acuerdo con la documentación que se presenta a la junta. Cuando los ejecutivos y empleados reciben premios en acciones o ejercen los derechos sobre las opciones, el efecto positivo del plan de recompra se reduce para el resto de los propietarios.
"Eso representa una transferencia innecesaria de patrimonio de los accionistas a los miembros del equipo de gestión", por eso el activista pide uno diferente. La firma de Atlanta responde a las críticas diciendo que no hay un cambio respecto a las prácticas del pasado y que los ejecutivos solo serán compensados con opciones si se cumple determinados objetivos de rendimiento.
Sobre la dilución, explica, es un cálculo máximo. Coca-Cola espera que sea inferior al 1% anual, como la que se vio durante los últimos tres ejercicios. “Se puede empezar con un número pero después hay que descontar muchas cosas, por eso la cifra final será muy parecida a la de años pasados”, explica. Al no cumplirse los objetivos marcados, las acciones no se emiten. También juega como se comporte el valor de la acción.
El plan incluye en concreto 300 millones de opciones y 40 millones de unidades de rendimiento, que equivalen a cinco títulos cada una. En 2011, 2012 y 2013 se perdieron estas últimas porque no se cumplió el mínimo. Y a la vista de la marcha de la compañía este año, parece que sucederá lo mismo en 2014. Pero si hay un alza en las acciones de Coca-Cola, podría provocar que más empleados y ejecutivos ejerzan sus derechos y hagan caja.
El problema adicional para Winters de cara a la próxima junta es que Coca-Cola es una de las compañías cotizadas más transparentes al detallar este tipo de planes. Además, la mayoría de los inversores es favorable a que se incentive el trabajo de los empleados con acciones si sirve para hacer crecer a la empresa. Kent dice que le hubiera gustado hablar con él antes de disparar, para responder a sus dudas sobre el tamaño del plan.

Los seguros de Mato para sin papeles fracasan: solo 300 pólizas firmadas

Los seguros públicos que el Gobierno ideó para garantizar la atención a quienes había retirado el derecho a la sanidad pública se han revelado como un fracaso. Según un recuento elaborado por este diario, solo 300 personas en toda España han contratado las pólizas, que cuestan 60 o 157 euros al mes, en función de la edad del asegurado. El Ministerio de Sanidad las anunció poco después de dar la orden de retirar las tarjetas a los extranjeros en situación irregular y a los ciudadanos que nunca han cotizado y cuentan con rentas superiores a 100.000 euros al año —irónicamente, las dos caras de la exclusión sanitaria— con el objetivo de que pudieran hacer uso del sistema sin que les cobraran cada atención individual.
Pese a que ya en julio de 2012 se había decidido crear estos seguros especiales, no vieron la luz hasta un año después. Pero pasados siete meses de su entrada en vigor oficial —el 1 de septiembre de 2013—, la mayoría de comunidades aseguran que ni siquiera han recibido peticiones de ciudadanos dispuestos a contratar las pólizas. Algunas, como Madrid, han elaborado y publicitado los formularios para pedirlas. Otras, como Castilla-La Mancha, ni siquiera las han puesto en marcha. “Han llegado una o dos solicitudes y se está estudiando cómo resolverlas”, dice una portavoz del servicio de salud de esta región.
La exclusión sanitaria, uno de los ejes centrales de la reforma Mato, que entró en vigor en septiembre de 2012, derivó en el apagón de unas 150.000 tarjetas sanitarias de sin papeles —según los cálculos de este diario—. Ya no tienen derecho a la asistencia normalizada gratuita —excepto los niños y las embarazadas—, solo a la de urgencias.
El decreto de Sanidad ha abierto una gran brecha de desigualdad en la atención de este colectivo, que difiere mucho según la comunidad en la que viven. Asturias y Andalucía se han rebelado. No aplican la ley y siguen asistiéndoles como antes —prestación farmacéutica incluida—, cuando solo tenían que acreditar ser residentes. País Vasco y Navarra han aprobado leyes para seguir haciéndolo; normas que han recibido, además, el aval del Tribunal Constitucional. Otras regiones, como Extremadura o Galicia han habilitado sistemas para darles asistencia cuando no tienen recursos económicos. Siete autonomías cumplen la reforma a rajatabla, según el último análisis de Médicos del Mundo.
Castilla-La Mancha es, según este informe, la comunidad que más al pie de la letra ha seguido las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Es la única que no ha establecido ningún programa especial de acceso a la atención sanitaria para quienes, con la nueva regulación, no son ni asegurados ni beneficiarios. Como María, que sabe bien lo difícil que es acudir al médico en esta región. Pide que no se desvele su nombre completo ni su nacionalidad, porque su caso está en el juzgado y teme que le pueda perjudicar. Llegó hace 10 años a España y hace cuatro pudo traer a su hija, que ahora tiene 33 y sufre una discapacidad mental. “Es como una niña”, la define. Cuando quiso regularizar su situación “cayó la reforma”.
María no sabe exactamente qué problema tiene su hija. Podría padecer una enfermedad rara, pero no está diagnosticada. Tampoco tiene reconocida la discapacidad. Le dieron número de seguridad social, pero es como si no existiera para el sistema. Hace unos meses empezó a quejarse de que le dolía mucho un bulto en la axila. Decía que no podía levantar el brazo. Su madre acabó llevándola a urgencias. “La atendieron. Gracias a Dios, era una bolita de grasa. Nos dijeron que no era nada alarmante, pero que cuando consiguiera tarjeta sanitaria debería volver para quitársela”. Como sigue sin tenerla, el bulto sigue allí. Y María espera que en cualquier momento le llegue una factura por esa visita a urgencias. “Nos pidieron el pasaporte, nos tomaron los datos y dijeron que ya nos mandarían la carta”.
Idoia Ugarte Gurrutxaga, presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, resopla cuando oye que esta comunidad asegura estar “atendiendo a todo el mundo”. “No es cierto. Llevamos desde enero de 2013 entregando un informe mensual con los casos de denegación de asistencia que nos llegan”, afirma. La organización tiene constancia, por ejemplo, de 17 casos de mujeres embarazadas y de 56 menores que desde 2012 no han podido acceder a la atención o tramitar la tarjeta sanitaria. Casos flagrantes de incumplimiento de la ley, que ampara la atención obstétrica y pediátrica gratuita en cualquier caso.
Dos grandes problemas están dificultando el acceso a la sanidad de las personas más vulnerables: la falta de información y el miedo a tener que pagar por ir al médico. Muchas veces no tienen claro a qué tienen derecho y a qué no. No ayudan casos, como el recogido por la organización Yo Sí Sanidad Universal, de un ciudadano bangladesí, atendido tras un infarto en el hospital 12 de Octubre de Madrid, a quien le llegó una factura de 12.000 euros por la atención. El hombre, que había pasado varios días ingresado, recurrió a esta organización para solucionar su caso. La respuesta del hospital fue que había sido un error. Pero sigue con la deuda.
El director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, afirma que la reforma sanitaria ha servido para “aclarar” quien tiene derecho a ser asegurado y beneficiario. “Además, hemos evitado que se siga produciendo un agujero de 1.000 millones de euros derivados del turismo sanitario que, como reclamó el Tribunal de Cuentas, no se sabía dónde iban”, añade. Aunque el Tribunal de Cuentas incidía en su informe en que había sido la incapacidad de España para gestionar los cobros lo que había hecho perder unos 970 millones, la mayoría a países de la UE. Ese turismo sanitario poco tiene que ver con el uso que hacen los extranjeros en situación irregular de la sanidad pública española.
Y los seguros ideados por Sanidad, destinados a cubrir en parte ese agujero —para quienes se lo puedan permitir—, no han servido para paliar el problema de este colectivo. En Castilla y León solo hay activos 12 de estos convenios. En la Comunidad Valenciana se han acogido a la póliza Mato 191 personas, según un portavoz, que añade que las que no tienen recursos pueden optar por el Plan Valenciano de Protección de la Salud, iniciado en septiembre pasado y al que se han apuntado 2.732 personas. En Murcia, donde hay contratadas 24 pólizas Mato, los solicitantes son en su mayoría de estados europeos o sudamericanos y centroamericanos. Madrid, con 43 convenios firmados, asegura que el perfil del solicitante es el de una persona extranjera (solo el 6% son españoles), fundamentalmente de países latinoamericanos, mujer (en torno al 80%) y de entre 40 y 65 años (más del 50%).
Las comunidades aún no han evaluado los ingresos que obtendrán por estas pólizas —que pueden llegar a costar 2.000 euros anuales—. Tampoco Sanidad, dos años después de la reforma que transformó la base de universalidad de la sanidad pública, ha medido el ahorro concreto derivado de la exclusión. Y es que a pesar del varapalo de las sociedades científicas y del Consejo de Europa —que considera ilegal la expulsión de la atención normalizada de los sin papeles— , la ministra Ana Mato mantiene que España es uno de los países que más cobertura da a los extranjeros.
Agustín Rivero es más mesurado. Asegura que con la reforma completa se ha conseguido que el sistema sea “universal, público y gratuito para los que residan en España”, y también “la accesibilidad de los grupos vulnerables”. Recuerda que en diciembre, el Consejo Interterritorial de Sanidad —donde están representadas las autonomías— aprobó un protocolo para cubrir de manera gratuita a todos los sin papeles con enfermedades infecciosas, tratamientos prolongados y crónicos o con problemas que puedan ser un riesgo para la salud pública.
La medida no ha corregido casos como el de Juan Pablo. Este uruguayo de 37 años y con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, lleva más de un año sin tomarse la medicación completa. “No puedo pagarla. Antes, el tratamiento me costaba tres o cuatro euros, ahora unos 400 cada 15 días”, se lamenta. Cuenta que lleva diez años en España, que trabajó duro durante mucho tiempo. “Llevaba nueve años con la medicación pautada. Me iba bien. Ahora tengo ataques de pánico”, remarca. Sus problemas de salud le han llevado dos veces al hospital, pero al salir ha seguido sin el tratamiento. Del médico de familia ha ido a servicios sociales. Y vuelta a empezar. “Nadie me resuelve mi caso”, dice. Ahora espera que Médicos del Mundo le ayude con los trámites para conseguir los fármacos. “Si no, no sé qué haré”, añade.

“Cogí miedo a mi propio hijo”

A Jeanette, ecuatoriana de 46 años, le da algo de apuro admitir que durante algunos meses no pudo pagar la medicación de su hijo, un joven de 22 años que padece esquizofrenia. Mientras él estuvo sin tarjeta sanitaria por culpa de la reforma de 2012, tampoco le llevó al especialista para que hiciera seguimiento de su enfermedad psiquiátrica. Toda la familia, que reside en Mora (Toledo), estaba en paro. A él le había caducado la tarjeta y se negaban a darle otra, pese a que su situación administrativa en España era legal. “Si íbamos al médico nos cobraban, así que evitamos ir”, cuenta.
Los fármacos costaban casi 500 euros cada 15 días, recuerda. Jeanette deja un momento el teléfono y va a buscar las recetas para leer las marcas comerciales. Son ansiolíticos y antipsicóticos. “Claro que sabemos que son fármacos que no se pueden dejar, pero no podía pagarlos. Estuvo unos ocho meses sin tomarlos. Durante ese tiempo tuvo crisis y estuvo muy agresivo y eufórico. A veces me imaginaba qué pasaría si le daba por coger un cuchillo y salir a la calle. Una le coge miedo hasta a su propio hijo”, relata.
El hijo de Jeanette siempre ha tenido permiso de residencia y tarjeta sanitaria europea. Y pese a ello, estuvo cerca de un año sin acceder a la atención sanitaria pública de Castilla-La Mancha. A finales del año pasado la mujer acudió a Médicos del Mundo, que la ayudó a desentrañar la maraña burocrática, presentar el papeleo adecuado y conseguir finalmente la ansiada tarjeta. Hoy siguen teniendo problemas de dinero. “Voy a Cáritas y a Cruz Roja para que nos ayuden, y mi madre, que vive en Valencia, nos echa una mano”, dice. Al menos se ha librado de la carga añadida de los fármacos, por los que, según explica, ahora paga apenas 17 euros.