tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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viernes, 14 de febrero de 2014

Jazztel es la operadora más agresiva en televenta y la más incumplidora

Jazztel es, con diferencia, la operadora de telecomunicaciones más agresiva en las campañas de televenta y también la que más incumple el código deontológico de buenas prácticas que firmaron los operadores en julio de 2012 para evitar el acoso y las malas prácticas con los consumidores.
Así lo certifica el último panel de control realizado por los propios operadores en el último trimestre del año pasado, en el que se pone de manifiesto que, según la muestra, el 63% de las llamadas son emitidas por Jazztel; el 9,9% por Telefónica; el 8,8% por Ono, el 7,8% por Vodafone; el 6,5% por Orange; el 0,9% por Yoigo y el restante 3,1% por otros operadores.
Llama la atención este dato si se tiene en cuenta que Jazztel, presidida por Leopoldo Fernández Pujals, tiene 1,4 millones de clientes de banda ancha y un millón de clientes, y realiza seis veces más llamadas que Telefónica, que cuenta con 38 millones de clientes (fijo, Internet y móvil) o que Vodafone, que posee 14,7 millones de clientes (ADSL y móvil). Una portavoz de Jazztel no quiso valorar este sondeo.
El muestreo también arroja como conclusión que Jazztel es la compañía con un menor nivel de cumplimiento de los nueve indicadores de calidad que incluye el código deontológico firmado por los operadores, y Movistar es la que mayor grado de cumplimiento tiene. Así, Telefónica tiene un 91% de grado de cumplimiento sobre los nueve indicadores que se han medido, seguida de Vodafone con 90%, y de Orange, Ono y Yoigo —que realiza un porcentaje muy bajo de las llamadas— con un 89%, mientras que el de Jazztel baja hasta el 83%.
Los nueve indicadores a los que se comprometen los operadores son: no repetir la llamada en tres meses al mismo número para un mismo número; no exceder en tres segundos la respuesta tras la llamada;  no llamar a consumidores de la lista Robinson (aquellos que no quieren recibir ningún tipo de comunicación comercial); facilitar una información veraz para que el consumidor pueda tomar una decisión; identificación del número desde el que se realiza la llamada; identificación de la operadora y la empresa que la realiza; respetar los horarios (de lunes a viernes en horario comercial, sábados por la mañana y prohibición para domingos y festivos) y no utilizar medios desleales para denigrar a la competencia.

Mejoras en la 'lista Robinson'

Las operadoras han señalado, en un comunicado conjunto, que “de forma general, se presenta una mejora desde el inicio de la medición en el cumplimiento de los principales indicadores definidos". Así, seis de los nueve indicadores mejoran, entre ellos, el de la información veraz, listas Robinson, identificación del número y la no utilización de medios engañosos. Por el contrario, los restantes tres indicadores se mantienen o empeoran ligeramente (respuesta rápida, identificación de operadora y reiteración de llamadas).
Los operadores destacan que en el último muestreo de llamadas, correspondientes al periodo noviembre-diciembre de 2013, que ningún operador ha realizado llamadas a ninguno de los clientes incluidos en la lista Robinson.
El Código Deontológico persigue el cumplimiento de buenas prácticas en las operaciones de televenta. El objetivo es medir y mejorar el cumplimiento de ítems relacionados con la experiencia del cliente que recibe la llamada: tiempos de espera; horario y número de llamadas; identificación clara del operador que está haciendo la llamada y del número desde el que se realiza; respetar listas Robinson y dar información clara y completa de la oferta, sin utilización de medios engañosos, fraudulentos y desleales.
Como próximos pasos, todos los operadores se comprometen a continuar con el seguimiento semanal del panel y a definir planes de acción para los principales puntos de mejora.

El juez del Alvia dice que Adif “jugó con la vida de muchas personas”

El juez instructor del accidente de tren del pasado 24 de julio en Santiago en el que murieron 79 personas considera que la decisión tomada por Adif en 2010 de abrir la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en ancho convencional y los cambios en los sistemas de seguridad en que ello derivó “es sospechoso de criminalidad”. Según el juez Luis Aláez “se jugaba con la vida de muchas personas todos los días por lo que la transformación de la línea tenía que conllevar medidas adicionales de seguridad”. Así lo refleja en un nuevo auto en el que además de pedir a los peritos que le adelanten ya una primera valoración sobre ese hecho, también llama a declarar como testigos al jefe de maquinistas que un año y medio antes del accidente alertó del riesgo existente en la curva de Angrois y a dos de sus superiores.
En el accidente de Angrois un tren Alvia descarriló por exceso de velocidad después de que su maquinista, Francisco José Garzón, único imputado actualmente, se olvidase de frenar a tiempo supuestamente despistado tras recibir una llamada telefónica. El juez Aláez consideraque ese error humano debía haber sido previsto y paliado con más medidas de seguridad que las que allí existían. En su último auto, con fecha del jueves, el juez analiza la decisión tomada en 2010 de que la línea Ourense-Santiago, proyectada originalmente con ancho internacional, el propio de la alta velocidad, se abriese inicialmente en ancho ibérico. Con ello se evitarían retrasos en Ourense y Santiago al tener que cambiar el ancho de rodadura de los trenes, pero esa decisión implicó también cambios en los sistemas de seguridad de la línea. En particular, se redujo el ámbito en el que se instaló el sistema de control constante de velocidad, el ERTMS, que finaliza cuatro kilómetros antes de la curva de Angrois.

En su auto, el juez Aláez también cita a declarar el próximo 7 de marzo y en calidad de testigos a tres técnicos intermedios de Renfe: el jefe de maquinistas de Ourense que un año y medio antes del accidente avisó de la insuficiente señalización de la curva de Angrois, el superior inmediato al que envió un correo con dicha advertencia y un miembro del departamento de Seguridad en la Circulación de Renfe al que supuestamente también se lo habría remitido pero quien, según declaró por escrito a la propia empresa, no tiene constancia de haberlo recibido. Aláez considera necesario “conocer el curso que haya podido seguir aquella alerta de los maquinistas”.
Aláez considera que la decisión de cambiar el ancho de la línea se tomó “probablemente por motivos comerciales”, “un beneficio que no ampararía o justificaría aquel incremento del riesgo, ya que presumiblemente la única utilidad que obtuvo la sociedad con aquella decisión ha sido el ahorro de unos minutos de viaje entre Ourense y Santiago”. El juez considera también que los miembros del Consejo de Administración de Adif, a los que ya intentó imputar hace unos meses, debían ser conocedores de la merma de la seguridad que suponía el cambio de ancho de vía.

Bruselas amenaza a España con un expediente por disparar pelotas de goma

El lanzamiento de pelotas de goma contra un grupo de inmigrantes por parte de la Guardia Civil continúa metiendo en aprietos al Gobierno español. Después de que tanto el delegado del Gobierno en Ceuta como el director de la Guardia Civil desmintieran estas prácticas, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se vio obligado a admitir el jueves en el Congreso de los Diputados que el pasado día 6 efectivamente se dispararon bolas de goma,en un episodio en el que murieron al menos 14 inmigrantes. Ahora los problemas no le llegan por las críticas de las ONG o de la oposición: es la Comisión Europea la que exige explicaciones y amenaza con la apertura de un expediente.
“Las autoridades españolas tienen la responsabilidad de analizar las circunstancias en las que ocurrió este incidente en Ceuta”, ha señalado el portavoz de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, “muy preocupada” por la confirmación de que efectivamente las fuerzas de seguridad del Estado usaron bolas de goma.
El equipo de Malmström reclama a España que clarifique este episodio y da un paso más: sugiere que, si estas explicaciones no le convencen, podría tomar medidas. “Como guardiana de los tratados, la Comisión Europea se reserva el derecho de dar los pasos adecuados si hay evidencias de que un Estado miembro ha violado la legislación europea”, añade. Por si quedaba alguna duda, la comisaria ha usado su cuenta de Twitter para mostrar su preocupación.
No es este el primer encontronazo entre Fernández Díaz y su homóloga europea. A principios del pasado mes de diciembre, Malmström expresó sus dudas sobre la instalación de cuchillas en las vallas de Melilla. “Por lo que sé de cuando se retiraron, las cuchillas no impedían que la gente entrara, solo hacían que llegaran con más heridas”, aseguró.
También anunció en aquella ocasión que pediría explicaciones al Gobierno español. Pero tras una reunión con el ministro en el que este mostró su enfado por las palabras de Malmström, la Comisión admitió que los Estados miembros tienen las competencias para gestionar sus fronteras y que no disponían de indicios de que España hubiera violado la ley europea. “Pese a todo, no estoy convencida de su efectividad”, añadió la comisaria en una especia de reconocimiento de que no tenía instrumentos para reprobar estas prácticas, pese a que personalmente le disgustaran.
Pero esta vez parece diferente. Malmström reconoce que los Estados miembros tienen las responsabilidad de gestionar sus fronteras externas. Pero este control ha de hacerse siempre de forma “proporcional con los objetivos perseguidos”. “Se debe hacer de acuerdo con el respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana”, añade el portavoz de la responsable comunitaria.
Además de los problemas con los inmigrantes, Fernández Díaz ha recibido críticas por otras iniciativas de su departamento. El Consejo de Europa –institución al margen de la UE, que incluye a medio centenar de países– tildó de “desproporcionada” la ley de Seguridad Ciudadana con la que se castiga a aquellos que se manifiesten sin autorización.