tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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lunes, 2 de septiembre de 2013

Lo que se borró del portátil de Bárcenas

El Partido Popular ordenó en abril pasado destruir el disco duro de uno de los portátiles que utilizó Luis Bárcenas durante su etapa de gerente (1990-2008) y tesorero del partido (2009), y entregó a la Audiencia Nacional el otro ordenador de su exdirectivo sin el disco duro.
Cuando dispuso la eliminación de esa información almacenada en los discos duros, el PP ya sabía de las andanzas de su extesorero y, sobre todo, conocía que Bárcenas, el hombre que controló sus cuentas durante 20 años, había ocultado una fortuna en bancos suizos que llegó a sumar, en el momento de mayor crecimiento de la bolsa, hasta 48 millones de euros.
El juez Pablo Ruz, que ordenó al PP la entrega de los ordenadores, pretendía verificar si, como le había confesado previamente Bárcenas, en ellos había información relevante sobre la caja b de la formación conservadora y la supuesta financiación ilegal para campañas electorales. Sería otra prueba más que añadir a las que ya ha acumulado Ruz para acreditar la doble contabilidad del PP y el pago de dinero oculto al fisco a diversos dirigentes.
En los papeles de Bárcenas que EL PAÍS publicó el pasado 31 de enero, y que el extesorero ha reconocido como auténticos en su última declaración judicial, hay al menos 55 apuntes que suman casi dos millones de euros que el juez considera ya acreditados. Esas anotaciones prueban algunas donaciones ilegales que el PP recibió entre 2002 y 2007, así como los pagos que hizo sin declararlos a Hacienda.
La instrucción judicial no ha conseguido ahora información directa sobre lo que ocultaban los dos ordenadores que usó Bárcenas durante 20 años debido al borrado de los discos duros ejecutado por el PP.
EL PAÍS

 Destrucción de pruebas

La actuación de los populares ha desencadenado un nuevo escándalo en la investigación del caso Bárcenas por la supuesta destrucción de pruebas para investigar las irregularidades cometidas por la formación conservadora durante sus últimos 20 años de vida. Las acusaciones particulares han pedido al juez que investigue si el PP cometió delito al destruir o eliminar los discos duros de los portátiles que usó su extesorero.
Desde hace cinco meses, el juez Pablo Ruz investiga al PP por supuesta financiación ilegal y acumula indicios para atribuir un delito contable a los tesoreros de esta formación política castigado con entre cinco y siete meses de cárcel.
En su última confesión, Bárcenas no solo contó que en esos ordenadores guardaba información contable sobre las irregularidades cometidas durante 20 años y algunas anotaciones sobre sus cuentas suizas, sino que entregó una memoria digital en la que supuestamente había descargado la información guardada en uno de los dos ordenadores que utilizó.
Esa información fue descargada del pendrive en la Audiencia Nacional e impresa en un dossier de 40 páginas facilitado a las partes personadas en el caso al que ha tenido acceso EL PAÍS. La información contenida en esas páginas revelaría algunas de las irregularidades que investiga el juez Pablo Ruz.

"Guardaba imágenes de visitas"

El abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, aseguró ayer por la noche, en una entrevista en La Sexta TV,que el segundo ordenador de Luis Bárcenas cuyo contenido destruyó el Partido Popular tenía “imágenes de personas que visitaban el PP”, dejando caer que se trataría de donantes que aparecen en los papeles del extesorero. Gómez de Liaño subrayó que ese ordenador que fue inhabilitado contenía información “relativa a agendas, visitas, nombres y circunstancias”, de los visitantes que pasaron por Génova 13. El partido aseguró al juez que, agarrándose a la Ley de Protección de Datos, había destruido el registro de entradas y salidas que el magistrado requirió a la formación conservadora. Sin embargo, Bárcenas, según su abogado, guardó en ese dispositivo parte de esa información de la que no tendría copia.
Preguntado por si el extesorero y miembros de su familia son los únicos que figuran como titulares del dinero bloqueado en Suiza, el abogado dijo: “No lo sé, si hay más no lo sé. Su explicación \[de Bárcenas\] es que no hay más titulares”. E insistió en que lo relevante es que “avance la investigación judicial”.
Por un lado, Bárcenas guardó en el ordenador una exhaustiva recopilación de presupuestos de ingresos y gastos relacionados con la campaña de las elecciones generales de 1993. En esa contabilidad, desglosada por provincias y por distintos conceptos vinculados a las actividades de una campaña electoral, figuran unos gastos totales de 2.091 millones de pesetas. Sin embargo, el PP remitió al Tribunal de Cuentas un estadillo de gastos que sumaba apenas 1.579 millones de pesetas. Los auditores públicos dieron su visto bueno a esas cuentas sin poner reparo alguno.
Por otro lado, el ordenador Toshiba, según la información que descargó el extesorero del mismo, también contenía la contabilidad que el propio Bárcenas llevaba de una supuesta caja b del PP que incluía los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Se trataría supuestamente de la parte de la caja b que Bárcenas no controló a través del cuaderno manuscrito cuya autoría también ha reconocido y que abarca los años 1990 a 1993 y 1997 a 2009.
En ese estadillo se incluían ingresos de donativos ilegales junto con pagos de sobresueldos a dirigentes de la cúpula del PP, fundamentalmente Francisco Álvarez Cascos, y otros gastos. Bárcenas anotó en el margen derecho de esa contabilidad algunas indicaciones sobre la persona o personas que ordenaban hacer esos pagos.
Entre los supuestos ordenantes de los pagos figuraba la siguiente anotación “Por indicación J.M.”. Bárcenas no supo precisar en su declaración ante el juez si esas siglas pertenecían a quien entonces era líder del partido, José María Aznar.

 Prueba prefabricada

Si el juez pudiera comprobar la fecha de elaboración de esos documentos y coincidiera con las señaladas por Bárcenas (1993 a 1997) sería muy difícil sostener, como hace el PP, la teoría de que el extesorero prefabricó una prueba falsa 16 años antes de ser imputado por corrupción. Pero de momento el juez Ruz se tiene que conformar con la palabra de Bárcenas y con el pendrive que puso a disposición de la Audiencia Nacional, dado que en los ordenadores no hay ni rastro de los discos duros utilizados por Bárcenas.
El Partido Popular señaló el pasado jueves, a través de un escrito remitido a la Audiencia Nacional, que Bárcenas no pudo almacenar la información contenida en su ordenador Toshiba en un pendrive dado que ese modelo de portátil carecía de puerto USB con el que poder descargar los archivos.
De esa manera, el PP pretende cuestionar la veracidad de la información que su ex tesorero ha puesto a disposición de la investigación judicial para acreditar la financiación ilegal del PP y las infracciones fiscales cometidas por los dirigentes que cobraron diversas cantidades de dinero sin declarar esos ingresos a Hacienda.
El abogado de Bárcenas sostiene por su parte que la información contenida en los dos ordenadores que utilizó el ex tesorero y destruida por el PP es de “extraordinaria importancia” para la investigación abierta en la Audiencia Nacional.
El PP se ha escudado en la Ley de Protección de Datos para justificar la destrucción de los discos duros. Esa Ley tan sólo avala la eliminación de información personal. Por lo que ha confesado Bárcenas, los archivos de sus ordenadores contenían información del partido para el que trabajaba.

El Gobierno peruano expulsará a los extranjeros dedicados a la minería ilegal

El Gobierno del Perú expulsará a los ciudadanos extranjeros que se dedican a la minería ilegal en distintas provincias del país, ha anunciado el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.
"Hay extranjeros que facilitan maquinaria a quienes extraen el mineral, otorgándoles créditos que se pagan con el oro extraído. Por ejemplo, las denominadas 'balsas gringo' con las que se movilizan para la extracción ilegal cuestan unos 3.500 dólares, pero son rápidamente repuestas gracias a los créditos de los "financistas" extranjeros", explicó Pulgar Vidal para la prensa.
El ministro dijo que su despacho está trabajando en coordinación con el Ministerio del Interior para establecer esta nueva medida contra la minería ilegal. Asimismo, sostuvo que otro objetivo importante es cortar el nexo entre el procesamiento del mineral, considerado actividad de minería artesanal, y la extracción del mismo.
"El procesamiento genera una demanda del metal. Esta actividad debe considerarse en el régimen común, sometida a las reglas del Gobierno nacional, con Estudios de Impacto Ambiental y bajo supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)", agregó.
La minería ilegal, de fuerte presencia en el Perú, no solo causa graves daños ecológicos, por trabajar fuera de los estándares adecuados, sino que además conlleva muchos problemas sociales, incluidos la trata de personas y la obvia evasión tributaria.
Esta actividad tiene mayor presencia en los departamentos de La Libertad, Puno y Madre de Dios, donde en 2011, el Gobierno peruano estimó que son 30.000 las hectáreas afectadas por la minería ilegal de oro, ya que el mercurio es vertido a los ríos amazónicos y a terrenos aledaños, con lo que se afecta directamente a las poblaciones indígenas.

La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de Camps y Barberá en el 'caso Nóos'

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, mediante un escrito que prevé presentar en próximas horas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el marco del caso Nóos, a raíz de su intervención en las negociaciones dirigidas a contratar al Instituto Nóos para la organización del evento Valencia Summit.
Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que en base a los alegatos de las partes el TSJCV deberá resolver ahora si acepta o no la competencia para instruir los hechos relativos a ambos aforados.
Más en concreto, el Ministerio Público atribuye a Camps y Barberá la presunta comisión de delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial, en la línea de la exposición razonada, de 70 páginas de extensión, que elevó el juez instructor del caso Nóos a la máxima instancia judicial de Valencia para pedir que asumiera la instrucción de estas pesquisas.
En su escrito, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, subrayaba cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit, por cuyas tres ediciones la entidad percibió unos tres millones de euros públicos, respondía "sólo al deseo" de ambos de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".
A partir de ahí, aseveraba el magistrado, las contrataciones de Nóos fueron actos "estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general" sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortésmente que se planteasen no dejaban de serlo", del Duque de Palma.
Así, el juez recalcaba el hecho de que, sin que se iniciara "absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación" y "en exclusiva atención" a que por parte de Camps era "hartamente conocido" que al frente de Nóos estaba Urdangarin, el expresidente valenciano "entendía que era obligado acceder [a las pretensiones del Duque] en atención a que era el yerno de S.M. El Rey".
Asimismo, aludía a la presunta intervención de Camps en las negociaciones de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar pero por los que Nóos percibió 382.000 euros del gobierno valenciano.

'Sin Camps, no se comprende ese sometimiento'

Al respecto, el instructor incidía en que la aprobación del convenio por parte de la Generalitat no estuvo precedido de ningún estudio económico ni de mercado, aseverando que "sin el beneplácito del presidente, don Francisco Camps, no se comprende ese sometimiento [del gobierno valenciano] a las exigencias" del marido de la Infanta Cristina. "El objetivo del convenio nunca llegó a cumplirse pero las arcas de la Comunidad Valenciana se vieron reducidas en la suma de 382.203 euros", abundaba.
El magistrado destacaba en esta línea la "sorprendente celeridad" con la que fue tramitado este expediente en la medida en que "tres días consecutivos, navideños por demás [a finales de 2005], lo que un es un impedimento jurídico pero sí una no muy usual práctica", bastaron para que en distintos ámbitos administrativos "perfectamente sincronizados entre sí se pudiera informar, concertar y aprobar" el convenio de colaboración para la organización de los JJEE.
Un convenio rubricado por un importe de seis millones de euros que, "al modesto entender" del juez, es "difícilmente conciliable con la serenidad y profundidad con la que se deben abordar cuestiones de tal importancia". Castro hacía hincapié en el hecho de que a la dotación económica de la Generalitat se la llamase "subvención" como "una manera de burlar las ineludibles previsiones de las normas sobre contrataciones de las Administraciones Públicas, que se inspiran en los principios de igualdad y publicidad".
Aspectos de los que "deliberadamente se prescindió para contratar arbitrariamente a quien estaba detrás del Instituto Nóos, Don Iñaki Urdangarin, al objeto de que desplegara toda su área de influencias tanto en su condición de vicepresidente del Comité Olímpico Español como en razón de su parentesco con la Casa Real, intencionadamente utilizado para vencer cualquier resistencia".

Cospedal negoció el pasado mes de febrero pagar un finiquito a Bárcenas

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, sabía que Luis Bárcenas no había pactado una "indemnización fraccionada", sino un contrato que ella misma negoció resolver en febrero de 2013; y el vicesecretario Javier Arenas sí trató de asuntos económicos con el ex tesorero en nombre de Mariano Rajoy en una reunión en diciembre de 2012, según se desprende de nuevos SMS enviados desde el teléfono de Bárcenas a los que EL MUNDO ha tenido acceso.
Los mensajes cuestionan el contenido y, sobre todo, el sentido de las declaraciones que prestaron ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz esos dos dirigentes de la formación en el Gobierno. También ponen en entredicho el relato de Rajoy en el Congreso sobre su reacción tras la aparición de las cuentas en Suiza.
El interlocutor del ex responsable de las finanzas del PP es en esta ocasión el influyente Mauricio Casals, el hombre fuerte del Grupo Planeta en Madrid, amigo personal de Rajoy y del ministro Jorge Fernández, presidente-editor del diario La Razón y consejero adjunto al presidente de Atresmedia (Antena 3).
El mismo 12 de febrero en que Bárcenas envió el SMS, sus abogados se reunieron con el representante legal de Cospedal para la "resolución del contrato".