El Gobierno del Perú expulsará a los ciudadanos extranjeros que se dedican a la minería ilegal en distintas provincias del país, ha anunciado el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.
"Hay extranjeros que facilitan maquinaria a quienes extraen el mineral, otorgándoles créditos que se pagan con el oro extraído.
Por ejemplo, las denominadas 'balsas gringo' con las que se movilizan
para la extracción ilegal cuestan unos 3.500 dólares, pero son
rápidamente repuestas gracias a los créditos de los "financistas"
extranjeros", explicó Pulgar Vidal para la prensa.
El ministro dijo que su despacho está trabajando en coordinación con
el Ministerio del Interior para establecer esta nueva medida contra la
minería ilegal. Asimismo, sostuvo que otro objetivo importante es cortar el nexo entre el procesamiento del mineral, considerado actividad de minería artesanal, y la extracción del mismo.
"El procesamiento genera una demanda del metal. Esta actividad debe considerarse en el régimen común, sometida a las reglas del Gobierno nacional, con Estudios de Impacto Ambiental y bajo supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)", agregó.
La minería ilegal, de fuerte presencia en el Perú, no solo
causa graves daños ecológicos, por trabajar fuera de los estándares
adecuados, sino que además conlleva muchos problemas sociales, incluidos la trata de personas y la obvia evasión tributaria.
Esta actividad tiene mayor presencia en los departamentos de La Libertad, Puno y Madre de Dios, donde en 2011, el Gobierno peruano estimó que son 30.000 las hectáreas afectadas por la minería ilegal de oro,
ya que el mercurio es vertido a los ríos amazónicos y a terrenos
aledaños, con lo que se afecta directamente a las poblaciones indígenas.
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