tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 24 de marzo de 2013

Ragout de guisantes con huevo escalfado

 
Ingredientes
  ½ cebolla ½ diente de ajo 150 grs. guisantes congelados ½ vasito de vino blanco ½ vasito de caldo de ave 2 huevos 1 chorrito de vinagre de vino blanco.
 
Elaboración Rehogar la cebolla y el ajo, cortados finamente, en aceite sin que cojan color.Añadir los guisantes y dejar cocer 1 minuto. Incorporar el vino blanco y dejar evaporar el alcohol. Añadir el caldo y cocer unos 3 -4 minutos más.

Huevos escalfados: Calentar agua en un cazo. Cuando esté a punto de hervir, añadir un chorrito de vinagre. Cascar el huevo en una taza y dejarlo caer en el agua caliente. Cocer 2 – 3 minutos. Meter en un bol de agua fria.

Escurrir sobre papel absorbente y servir.

Omertà Real

Diario Kafka

Un duque, un ducado, un testamento ¿falsificado?, una herencia –discutida– y una importante colección de arte. Si a esta cancioncilla le agregamos el protagonismo, a la par estelar y velado, de la Casa Real, tendremos una trama de más de tres décadas y a la que parece que hay que referirse con la boca pequeña.
Manfredo de Borbón y Bernaldo de Quirós, “tío Manfredo” para la familia y Duque de Hernani para el resto, contaba en su pinacoteca con casi 700 cuadros no precisamente de mercadillo, ya que algunos de ellos llevaban la firma de Tiziano, Rembrandt, Goya o Carpaccio. Un segundo Museo del Prado, según dicen.
A día de hoy, semejante joya de colección está en disperso y casi desconocido paradero: a pesar de ser inexportables, algunos de los cuadros están expuestos en el Metropolitano de Nueva York, en el Meadows Museum de Dallas o en el Museo de Chicago. Y otros..., pues ni se sabe.
Lo primero que uno tiende a preguntarse al leer esto es cómo esta “dejadez” es posible, más aún cuando en su momento el Instituto de Patrimonio Histórico certificaba la existencia de las 681 obras pertenecientes al Duque de Hernani.
Si movido por la curiosidad uno indaga, la cosa se complica.
"Tío Manfredo" no tenía más familia que los Méndez de Vigo, rama nacida de los hijos de su padrastro, a la cual se mantenía muy allegado. Especialmente estrecha era la relación con su sobrino Francisco Javier Méndez de Vigo y del Arco, al que todas las evidencias apuntaban como sucesor en el ducado y heredero del patrimonio. Sin embargo –y aquí está el nudo– a la muerte del duque apareció un testamento en el que dejaba el patrimonio en herencia a su viuda Teresa Mariátegui, y el ducado (oh sorpresa), a Margarita de Borbón, hermana del Rey.
Aquí las malas (y/o veraces) lenguas hablan de la falsificación de la firma del testamento, de la no publicación en el BOE del Real Decreto por el que se cedía el título nobiliario a la infanta Margarita y de la manipulación, por parte de la Casa Real, de la viuda del duque, probablemente indiferente a la colección de arte de su marido. Desde entonces la despechada familia Méndez de Vigo ha tratado de llevar a los tribunales a la Familia Real en repetidas ocasiones en un intento vano por recuperar lo que, afirman, les pertenece. Otras veces han sido ellos los querellados (por injurias al Rey, dimes y diretes).
Y con estas cosas de la Casa Real ya se sabe, quien quiera entender, que entienda. Al interesado no le va a faltar la literatura on-line que rellene los huecos de una manera verídica (y tal vez veraz).
Pero por si acaso se nos olvida con todo este entramado que lo importante aquí, más allá de las enemistades entre la aristocracia y la realeza, es la Colección Duque de Hernani, Ascensión de las Heras Ladera, diputada de Izquierda Unida, formuló el pasado día 14 de marzo en el Congreso una serie de preguntas: “¿Tiene conocimiento el Gobierno acerca del paradero de los cuadros que pertenecieron al Duque de Hernani?” (…) “ En su caso, y por su indudable valor e interés, ¿tiene previsto el Gobierno realizar alguna investigación y, si ello fuera necesario, adoptar las medidas oportunas para recuperar los cuadros que pertenecieron a la colección de arte del Duque de Hernani, y que en la actualidad se encuentran expuestos en prestigiosos museos de fuera de España, unos, y otros posiblemente en manos de coleccionistas privados?”.
¿No creen que podemos conocer de antemano la respuesta? Ley Omertà.

Sarkozy sigue poniéndose chulo

"Esto no quedará así", le dijo Nicolas Sarkozy al juez Jean-Michel Gentil el pasado jueves por la noche, con no poca chulería, cuando este le anunció que su estatus de "testigo protegido" cambiaba por el de imputado, sospechoso de "abuso de debilidad" en el caso Bettencourt. Para un abogado de formación como Sarkozy, la acusación de haberse aprovechado de la demencia senil de una anciana millonaria para sacarle dinero era una afrenta inimaginable.
Tras nueve horas en las que el ex Presidente de la República fue confrontado al antiguo mayordomo de la heredera del imperio L'Oréal, Pascal Bonnefoy, y otros tres empleados del servicio doméstico, Sarko no podía sentirse más humillado. Dicen quienes presenciaron la conversación entre el encausado y el juez instructor, en su despacho del sótano del Tribunal de Grande Instance de Burdeos, que la tensión se podía cortar con cuchillo.
Hacía tiempo que Gentil y los otros dos magistrados a cargo del sumario, Cécile Ramonatxo y Valérie Noël, querían acusar al anterior jefe del estado galo por financiación ilegal de partido político, al sospechar que, en 2007, cuando era todavía candidato al Elíseo, Liliane Bettencourt le prodigó jugosas sumas con que sufragar los gastos de campaña. Pero ese delito prescribe a los tres años en Francia y Sarkozy tenía garantizada la inmunidad penal por el artículo 67 de la Constitución durante los cinco años que duró u mandato.
Así que tuvieron que recurrir a una artillería judicial de mayor calibre, aprovechando que el dictamen médico había fijado que Madame comenzó a sufrir la "alteración de sus facultades mentales" en septiembre de 2006 y, por lo tanto, cuando el aspirante a la presidencia Nicolas Sarkozy la visitó al año siguiente, ya había perdido la cabeza. 
Nuestro hombre, que es orgulloso, susceptible, bastante rígido y tiene prontos de irascibilidad que ya le han jugado anteriormente malas pasadas –¿recuedan aquello de "Lárgate, rico gilipollas" que le soltó delante de las cámaras de televisión a un ciudadano que le increpaba durante el Salón de la Agricultura en febrero de 2008?–, no pudo pues contenerse. Con las mandíbulas apretadas, denunció primero una "injusticia" y luego le soltó a Gentil esa frase inoportuna, más propia de una película de mafiosos de Scorsese que de un político veterano como él.
Lívido ante lo que ha interpretado como una amenaza descarada del sospechoso, el juez ordena al secretario judicial que tome nota de lo que este ha dicho y lo incorpore a la trascripción del proceso verbal. Pero ante las protestas airadas del abogado Thierry Herzog, para no envenenar más el ambiente, su señoría da marcha atrás y la reunión se da por concluida en el más áspero de los escenarios.
Por supuesto, la anécdota ha trascendido este fin de semana a la prensa del Hexágono, que ha aprovechado la reacción iracunda del ex presidente para hacer un repaso de sus salidas de tiesto, cuando no de sus proverbialmente crispadas relaciones con la judicatura.
Le Monde, por ejemplo, enumera sus anteriores intentos de intimidar a magistrados, como Renaud Van Ruymbeke o Patrick Ramaël, que terminaron siendo apercibido disciplinariamente por su exceso de celo en los affaires de Clearstream y Françafrique respectivamente. ¡Hasta Le Figaro hace un recuento de escaramuzas, a pesar de tratarse de un periódico conservador cuyo propietario Serge Dassault es senador de la UMP por Esssone!
Entre las más sonadas de una lista que puede consultarse aquí, figura algunos episodios de su etapa como Ministro del Interior, cuando acusaba de laxismo a los magistrados que dejaban en libertad bajo palabra a criminales que luego cometían delitos.
¿Qué le pasa a Sarkozy con los jueces y por qué cree que le persiguen y que sólo quieren hundirle? Es un misterio. El caso es que, a pesar de sus muchos desencuentros con el poder judicial y de haber sido imputado por un delito bastante feo, una encuesta de BVA difundida anoche por el diario Le Parisien revela que nuestro hombre sigue teniendo futuro político para dos (63%) de cada tres franceses. Según dicho estudio, el 76% de los votantes de derechas cree firmemente que terminará presentándose a los comicios presidenciales de 2017 y la mayoría le prefieren como candidato a su ex primer ministro Fillon. Como sugiere el periódico parisino, "¡parece como si en vez de perjudicarle, la condición de imputado a Sarkozy le hubiera beneficiado!".
Pero demos tiempo al tiempo, ya que a la vuelta de la esquina a Sarko le esperan otros sumarios judiciales igualmente lacerantes...

EE UU somete a los inmigrantes detenidos a aislamiento prolongado

Los prisioneros confinados en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos a menudo son sometidos a medidas de aislamiento prolongado, según los datos de la Oficina de Seguridad, Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en ingles), de los que se ha hecho eco The New York Times. Aunque la proporción de detenidos sujetos a este tipo de confinamiento apenas alcanza el 1% del total de la población inmigrante recluida, la imposición de ese régimen escandaliza a las organizaciones de derechos civiles y a los abogados especialistas en inmigración por la arbitrariedad de su aplicación, por los perniciosos efectos para la salud mental y física de los detenidos y por suponer una violación de sus derechos procesales,
Los inmigrantes suelen estar recluidos una media de 23 horas diarias […] A muchos se les priva de su derecho a realizar actividades al aire libre, a la lectura o incluso se les impide recibir asesoramiento legal o contactar con sus abogados”
Informe del NIJC
De acuerdo con el estudio del ICE, que se centra en las 50 instalaciones más importantes de EE UU, que aglutinan al 85% de esa población, de la media de 34.000 ciudadanos que cada día se encuentra retenida en un centro de detención, 300 están sometidos a aislamiento. De ellos, el 46% estuvo sujeto a ese régimen durante, al menos, 15 días; el 21% lo hizo durante 45 días o más y el 11% permaneció aislado un mínimo de 75 días. El nuevo código de conducta del ICE limita a 30 días el período máximo de duración de la pena de aislamiento, aunque muchos grupos de derechos civiles han denunciado que estos confinamientos a veces se aplican de manera indefinida. Naciones Unidas asegura que la reclusión en solitario que se prolongue más de 15 días puede considerarse tortura.
El estudio Invisibles en el aislamiento, que a finales de 2012 publicaron el Centro Nacional para la Justicia para los Inmigrantes (NIJC, en sus siglas en inglés) y los Médicos a favor de los Derechos Humanos, concluye que “los inmigrantes suelen estar recluidos una media de 23 horas diarias […] A muchos se les priva de su derecho a realizar actividades al aire libre, a la lectura o incluso se les impide recibir asesoramiento legal o contactar con sus abogados”. El artículo del Times señala que la mayoría de las celdas de reclusión son de dos por cuatro metros y que a muchos de los detenidos no se les permite ejercer su derecho a llamar a sus representantes legales y que, cuando se les reconoce esa facultad, es durante la noche, de modo que no suelen encontrar a nadie al otro lado del teléfono.
El informe del ICE no aclara las causas por las que se impone está medida a los inmigrantes recluidos, pero Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del NIJC, denuncia la arbitrariedad de los motivos por los que se aplica ese castigo. “Muchas veces se trata de gente inofensiva. Los grupos de derechos humanos han denunciado numerosos casos en los que los centros de detención han decidido aislar a enfermos mentales, en lugar de ofrecerles tratamiento, o separar a las minorías sexuales, contra su voluntad, del resto de los reclusos”. En esta misma línea, The New York Times señala que “dos tercios de los aislamientos se imponen a aquellos que han infringido las reglas, han respondido a los guardas o se han involucrado en peleas”.
Entre los inmigrantes detenidos que han sido sometidos a régimen de aislamiento, son frecuentes los episodios de depresión, pérdidas de memoria y los casos de automutilzación
Entre los 429.000 inmigrantes recluidos en los más de 250 centros de detención de EE UU, según la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU),  se encuentras familias indocumentadas y con papeles, ciudadanos que llevan en el país muchos años y que ahora se enfrentan a la deportación, solicitantes de asilo, víctimas del tráfico de personas, menores o personas enfermas, denuncia Detention Watch Network. The Times señala que varios psiquiatras coinciden en el impacto negativo que el aislamiento puede producir en los inmigrantes detenidos ya que “muchos son víctimas del tráfico humano, la violencia sexual o doméstica o son supervivientes de la persecución y la tortura en sus propios países”.
Entre los inmigrantes detenidos que han sido sometidos a régimen de aislamiento son frecuentes los episodios de depresión, pérdidas de memoria y los casos de automutilación, asegura The New York Times. En su artículo señala que 18 de los suicidios que se registraron en los centros de detención en 2003 tuvieron lugar en celdas de aislamiento. Más allá de las graves consecuencias para la salud física y mental de los inmigrantes detenidos, las asociaciones de derechos humanos denuncian la vulneración que la imposición de esa medida supone para los derechos procesales de los detenidos.
Los inmigrantes que se encuentran en esas instituciones han sido denunciados por haber cometido infracciones de carácter civil, no por haber perpetrados delitos de carácter penal y, por ese motivo, no debería imponérsele ningún tipo de sanción que contemple el aislamiento
“El propósito de los centros de detención no es aplicar castigos”, asegura el informe del NIJC. Los inmigrantes que se encuentran en esas instituciones han sido denunciados por haber cometido infracciones de carácter civil, no por haber perpetrados delitos de carácter penal y, por ese motivo, no debería imponérsele ningún tipo de sanción que contemple el aislamiento. Ellos se encuentran allí a la espera y para asegurar que acuden a las vistas judiciales que se tratan su caso. “El sistema de detención de inmigrantes de este país no debería funcionar como si fueran cárceles”, asegura Mike Corradini, coautor del estudio del NIJC. “Los detenidos a los que se les aísla, se les obliga a ser invisibles en la defensa de sus derechos”.
La demanda de una revisión de la política de aislamiento en los centros de detención de EE UU se ha convertido en una de las principales denuncias que se ha realizado en los últimos meses al Congreso del país desde múltiples foros. El subsecretario de Estado, Williams Burns, anunció el pasado viernes que se ha autorizado a una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para que visite varios centros de detención de inmigrantes. A principio de este mes de marzo, la relatoría contra la Tortura de Naciones Unidas publicó un informe sobre el uso de este tipo de confinamiento por parte del Gobierno estadounidense en esos centros, instando la prohibición de este tipo de prácticas.

Valencia, radiografía de una autonomía quebrada

La Comunidad Valenciana está a un paso de convertirse en la Grecia española. La autonomía que el PP presentó como un modelo de gestión en los años de Gobierno socialista está hoy al borde del default.Los datos económicos referidos a las cuentas de 2012 han evidenciado que la Generalitat, que preside Alberto Fabra, será incapaz este año de cubrir el coste de servicios esenciales, como sanidad y educación, sin la aportación de fondos de rescate adicionales por parte del Gobierno que preside Mariano Rajoy.
El caso de la Comunidad Valenciana no es único, hay otras autonomías en situaciones similares, pero nunca antes había sido expuesto con tanta crudeza por parte del Gobierno valenciano. Su consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, no oculta su impotencia para sostener servicios básicos —solo el sostenimiento de la sanidad y la educación rondará los 9.000 millones de euros— con una financiación autonómica que este año rondará los 8.300 millones. “Hay que establecer una ruptura con el modelo de financiación existente basado en el statu quo y diseñar un nuevo modelo más simple y basado en criterios poblacionales”, señala Moragues.
Y es que los indicadores sobre la ejecución presupuestaria de 2012, han supuesto un mazazo para el presidente valenciano. Desde que sustituyó a Francisco Camps al frente de la Generalitat, en julio de 2011, Alberto Fabra ha vivido obsesionado por reducir la ingente deuda acumulada por su antecesor y por evitar que los cortes de luz en la Administración autonómica, la falta de calefacción en los colegios y las protestas por los impagos a discapacitados, farmacéuticos y colectivos de todo tipo se convirtiesen en la imagen diaria de la Comunidad Valenciana en los noticieros.
Sin embargo, pese a que el año pasado Fabra logró recortar distintas partidas de gasto, por un importe cercano a 2.000 millones de euros, el esfuerzo parece haber sido baldío. El ejercicio de 2012 se cerró con un déficit rayano en el 3,5%, más del doble del objetivo del 1,5% del PIB fijado por el Ministerio de Hacienda y el mayor de todas las autonomías españolas. El desfase entre ingresos y gastos no financieros superó el 40% y las perspectivas para este año no son mejores.
La burbuja inmobiliaria creó un espejismo y animó el despilfarro
Todo ello ha hecho que Standard & Poor's (S&P) rebajase la calificación de la Comunidad Valenciana a largo plazo hasta BB negativo. Se trata del segundo nivel de grado especulativo o bono basura, que está tan solo un escalón por encima de la calificación griega. "Las cifras de Valencia están por debajo de nuestro escenario más pesimista, lo que señala posibles dificultades para lograr una consolidación fiscal", afirma en su informe la agencia.
Algunos de los indicadores son para ponerse a temblar. Pese a los ajustes acometidos, entre 2008 y 2012, la Generalitat duplicó con creces la deuda acumulada desde la década de los ochenta. De 13.052 millones, que representaban el 12,1% del PIB hace cuatro años, se pasó a una deuda de 29.437 millones en 2012, según los últimos datos del Banco de España. Una cifra que representa el 29,3% del PIB regional y la mayor de todas las autonomías en términos relativos.
A pesar de ello, el 1 de enero de este año, la Generalitat tenía 4.600 millones de euros pendientes de pagar a sus proveedores y, a fecha de hoy, tan solo confía en poder transformar esta deuda comercial en deuda financiera a través de las líneas de crédito del Gobierno. El problema es de tal magnitud que, tras las consejerías de Sanidad y Educación, el departamento con mayor dotación presupuestaria en 2013 es el de servicio de la deuda, con 1.300 millones de euros destinados a pagar intereses. Una cantidad que permitiría construir solo en un año casi diez aeropuertos como el de Castellón.
La partida más grande, tras Sanidad y Educación, va a pagar los intereses
Las razones que han llevado al borde del precipicio la autonomía que preside Fabra hay que buscarlas, sin embargo, en otros puertos. La Comunidad Valenciana reúne tres indicadores que han sido letales en esta larga crisis económica: una renta per càpita un 12% inferior a la española, una balanza fiscal negativa y una financiación autonómica que siempre ha sido inferior a la media del conjunto de las autonomías de régimen común (211 euros menos por habitante en 2010, último año de referencia).
Durante los años de crecimiento económico, gestionados mayoritariamente por Camps, la mayor participación en los ingresos del Estado y, sobre todo, la recaudación generada por la burbuja inmobiliaria permitieron al PP valenciano compensar la deficiente financiación autonómica y desplegar una política de escaparate. Tan solo en 2006 —el año de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, las regatas previas de la Copa del América y las conversaciones con Bernie Ecclestone para conseguir el premio de Europa de fórmula 1— se recaudaron 2.421 millones de euros gracias a la economía del ladrillo.
Esos ingresos extraordinarios, que inyectaron ríos de dinero, sobre todo a orillas del Mediterráneo, permitieron impulsar grandes eventos; hitos arquitectónicos y espectaculares infraestructuras. Todo ello posibilitó que Francisco Camps —“un fenómeno”, como lo calificó Mariano Rajoy en 2007— levantase un espejismo de prosperidad por el que se colaron el despilfarro y la corrupción. El año pasado, los ingresos procedentes del sector inmobiliario no alcanzaron ni la cuarta parte de lo recaudado en la época dorada (630 millones) y hoy la mayor parte de las grandes infraestructuras tienen puesto el cartel de “se vende o se alquila” mientras los servicios básicos sufren una situación de deterioro paulatino.
Según un estudio encargado por la potente Asociación Valenciana de Empresarios, el gasto en grandes eventos explica el 12% de la deuda acumulada por la Generalitat, al que hay que añadir otro 8% procedente del sector público valenciano. El 80% restante tendría su origen en la deficiente financiación acumulada, según este estudio. "La única solución es que el Gobierno modifique el sistema para equiparar la financiación valenciana a la media estatal y que, mientras tanto, arbitre una solución de emergencia", admite el Gobierno valenciano.

La Iglesia argentina dio la espalda a los crímenes de la dictadura

Las aguas del río de la Plata bajaban manchadas con la sangre de los secuestrados que arrojaban desde los aviones militares y la mayoría de los jerarcas de la Iglesia católica argentina parecían dormidos. La siesta se prolongó desde 1976 hasta 1983, los años de la dictadura. Luis Zamora, que ahora ejerce como político opositor al Gobierno de Cristina Fernández, era entonces un abogado de 28 años. “Yo iba los jueves a la plaza de Mayo para manifestarme junto a las madres de los desaparecidos. No me olvidaré jamás de aquel día de 1979 en que nos reprimió la policía de la dictadura. Que te persiguiera esa policía significaba que podías desaparecer para siempre. Salimos corriendo hacia la catedral, que está en la misma plaza. Y cuando nos estábamos acercando cerraron la puerta. Eran las madres de los desaparecidos y les cerraron las puertas. Tuvimos que refugiarnos en el subte [el metro]. Aquello me pareció un símbolo muy directo de la complicidad entre la Iglesia y la dictadura”.
“A las pocas semanas del golpe militar más de 60 obispos de todo el país se reunieron para evaluar la situación”, explica Luis Zamora. “Todos convinieron en que en sus obispados había secuestros, desapariciones, despidos por actividades gremiales... Hubo una discusión sobre si se pronunciaban o no. Por unos 40 votos contra 20 optaron por no pronunciarse públicamente y afrontar el problema con gestiones reservadas. Eso significó avalar públicamente la dictadura y tener una carta en el futuro que les permitiera decir: ‘Hicimos cuestionamientos privados o gestiones orales’. Pero a la población le transmitían que ellos apoyaban la dictadura. En todos los actos públicos, en las fiestas patrias… siempre había un obispo o un cardenal al lado de los dictadores. La Iglesia católica bendijo el golpe”.
El entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio llegó a pedir perdón en nombre de la Iglesia en el año 2000 por no “haber hecho lo suficiente”. Lo que se comenzó a cuestionar muy pronto es si, además de no hacer lo suficiente, la Iglesia hizo demasiado. O sea, si fue cómplice necesaria en la comisión de ciertos crímenes. El director del diario Página 12, Horacio Verbitsky, sostiene que Bergoglio colaboró en la detención de los jesuitas Francisco Jalics y Orlando Yorio, secuestrados durante seis meses en 1976. Yorio murió en 2000, pero su hermana Graciela, de 67 años, señaló que Bergoglio mantuvo el doble juego: “Preocuparse [por el destino de los dos jesuitas] y por detrás hacer todas las maniobras necesarias para que los secuestraran”. Tras conocerse el nombramiento de Francisco, Jalics declaró en un comunicado desde el monasterio de Alemania en que se encuentra que ya se había reconciliado con Bergoglio y que para él estaba cerrado el caso. Sin embargo, su mensaje parecía más incriminatorio que exculpatorio. Así que el pasado miércoles, Jalics sentenció tajante en otro comunicado: “Es un error afirmar que nuestra captura ocurrió por iniciativa del padre Bergoglio”.
A pesar de esa declaración, el asunto siguió coleando en Argentina. El pasado jueves el periodista Verbitsky relató que el jesuita Jalics le había revelado en 1999, bajo la condición del anonimato, que “durante meses Bergoglio contó a todo el mundo que Jalics y Yorio estaban en la guerrilla”. Ese dato bastaba en aquella época a los militares para secuestrar, torturar o matar a cualquiera. Y más si la información provenía del superior provincial de los jesuitas, cargo que entonces ejercía el papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio negó siempre de forma rotunda haber asociado a Jalics y Yorio con la guerrilla.
“Qué dirá la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”, se preguntaba estos días Verbitsky citando el libro Iglesia y dictadura, del fallecido Emilio Mignone. El Vaticano alega que esas afirmaciones son “calumniosas y difamatorias” y que nunca hubo una sola prueba en firme contra Bergoglio.
La presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, declaró al conocerse el nombramiento del papa Francisco: “Uno condena a la jerarquía eclesiástica porque fueron partícipes, cómplices, ocultadores, directa o indirectamente. Es una historia muy triste que entinta a toda la jerarquía de la Iglesia católica argentina, que no ha dado ni un paso para colaborar con la verdad, la memoria y la justicia. Bergoglio pertenece a esa Iglesia que oscureció al país”.
El 14 de marzo —al día siguiente de la elección papal— el gran referente de los derechos humanos en Argentina, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, escribió un mensaje bastante crítico hacia Bergoglio en el que, sin embargo, le eximía de la acusación más grave: “Es indiscutible que hubo complicidades de buena parte de la jerarquía eclesial en el genocidio perpetrado contra el pueblo argentino y, aunque muchos con exceso de prudencia hicieron gestiones silenciosas para liberar a los perseguidos, fueron pocos los pastores que con coraje y decisión asumieron nuestra lucha por los derechos humanos contra la dictadura militar. No considero que Jorge Bergoglio haya sido cómplice de la dictadura, pero creo que le faltó coraje para acompañar nuestra lucha por los derechos humanos en los momentos más difíciles”.
“La actitud de la jerarquía episcopal en la dictadura fue muy difusa y confusa", explica Eduardo de la Serna, coordinador del Grupo de Curas en Opción por los Pobres de Argentina. “Hubo un grupo muy pequeño de obispos claramente opuestos y críticos de la dictadura (Alberto Pascual Devoto, Enrique Angelelli, Eduardo Pironio, Vicente F. Zazpe, Jaime de Nevare, Jorge Novak y Miguel Hesayne); un grupo no muy grande de obispos francamente cómplices (Victorio Bonamin, Adolfo Tortolo…). Creo que la mayoría confundió una serie de elementos: pánico al comunismo que creían que se aproximaba; muchos con una ignorancia en teología soberana entendieron que ‘la autoridad viene de Dios’ y entonces oponerse a la autoridad era oponerse a Dios; otros tenían una pobre idea del mal menor… Lo cierto es que entre unos y otros conformaron un episcopado cómplice o silencioso, callado y temeroso. No hicieron denuncias claras, no levantaron la voz, no se atrevieron a excomulgar —por ejemplo— a los torturadores. Bergoglio no fue Victorio Bonamín, pero tampoco fue Jorge Novak”.
Luis Zamora cuenta que acudió en 1979 junto a otros abogados a las oficinas en Buenos Aires del nuncio apostólico Pio Laghi. “Llevábamos muchos informes de gente que había desaparecido en esos tres años de dictadura. Y el nuncio no nos atendió. Su secretario nos dijo: ‘Está muy bien la información que traen, pero ya la tenemos’. Nos fuimos diciendo ‘¡Qué ingenuos somos!’. ¿Cómo podíamos pensar que la Iglesia no sabía todo esto desde el comienzo?”.
Hace tres años, Bergoglio se vio obligado a declarar como testigo en un juicio sobre los crímenes de la dictadura. El abogado que lo interrogó en representación de varias familias de víctimas era Luis Zamora. “Tras escuchar su testimonio, no me cabe duda de que Bergoglio entregó a esos jesuitas”, concluye Zamora.
Hoy día, sin embargo, soplan nuevos aires en el Vaticano. Desde que se conoció el nombramiento de Francisco han salido a la luz varios casos de personas perseguidas por la dictadura a quienes de forma discreta Bergoglio ayudó a salvar la vida. Además, se da por hecho que la primera persona a quien Francisco pretende beatificar es Carlos de Dios Murias, un fraile franciscano torturado y asesinado durante la dictadura. Las encuestas revelan que el Papa es profeta en su tierra. Y no será el Gobierno de Cristina Fernández el que se atreva a ir abiertamente en contra de las encuestas.