La Comunidad Valenciana está a un paso de convertirse en la Grecia
española. La autonomía que el PP presentó como un modelo de gestión en
los años de Gobierno socialista está hoy al borde del default.Los
datos económicos referidos a las cuentas de 2012 han evidenciado que la
Generalitat, que preside Alberto Fabra, será incapaz este año de cubrir
el coste de servicios esenciales, como sanidad y educación, sin la
aportación de fondos de rescate adicionales por parte del Gobierno que
preside Mariano Rajoy.
El caso de la Comunidad Valenciana no es único, hay otras autonomías
en situaciones similares, pero nunca antes había sido expuesto con tanta
crudeza por parte del Gobierno valenciano. Su consejero de Hacienda,
Juan Carlos Moragues, no oculta su impotencia para sostener servicios
básicos —solo el sostenimiento de la sanidad y la educación rondará los
9.000 millones de euros— con una financiación autonómica que este año
rondará los 8.300 millones. “Hay que establecer una ruptura con el
modelo de financiación existente basado en el statu quo y diseñar un nuevo modelo más simple y basado en criterios poblacionales”, señala Moragues.
Y es que los indicadores sobre la ejecución presupuestaria de 2012,
han supuesto un mazazo para el presidente valenciano. Desde que
sustituyó a Francisco Camps al frente de la Generalitat, en julio de
2011, Alberto Fabra ha vivido obsesionado por reducir la ingente deuda
acumulada por su antecesor y por evitar que los cortes de luz en la
Administración autonómica, la falta de calefacción en los colegios y las
protestas por los impagos a discapacitados, farmacéuticos y colectivos
de todo tipo se convirtiesen en la imagen diaria de la Comunidad
Valenciana en los noticieros.
Sin embargo, pese a que el año pasado Fabra logró recortar distintas
partidas de gasto, por un importe cercano a 2.000 millones de euros, el
esfuerzo parece haber sido baldío. El ejercicio de 2012 se cerró con un
déficit rayano en el 3,5%, más del doble del objetivo del 1,5% del PIB
fijado por el Ministerio de Hacienda y el mayor de todas las autonomías
españolas. El desfase entre ingresos y gastos no financieros superó el
40% y las perspectivas para este año no son mejores.
Todo ello ha hecho que Standard & Poor's (S&P) rebajase la
calificación de la Comunidad Valenciana a largo plazo hasta BB negativo.
Se trata del segundo nivel de grado especulativo o bono basura, que
está tan solo un escalón por encima de la calificación griega. "Las
cifras de Valencia están por debajo de nuestro escenario más pesimista,
lo que señala posibles dificultades para lograr una consolidación
fiscal", afirma en su informe la agencia.
Algunos de los indicadores son para ponerse a temblar. Pese a los
ajustes acometidos, entre 2008 y 2012, la Generalitat duplicó con creces
la deuda acumulada desde la década de los ochenta. De 13.052 millones,
que representaban el 12,1% del PIB hace cuatro años, se pasó a una deuda
de 29.437 millones en 2012, según los últimos datos del Banco de
España. Una cifra que representa el 29,3% del PIB regional y la mayor de
todas las autonomías en términos relativos.
A pesar de ello, el 1 de enero de este año, la Generalitat tenía
4.600 millones de euros pendientes de pagar a sus proveedores y, a fecha
de hoy, tan solo confía en poder transformar esta deuda comercial en
deuda financiera a través de las líneas de crédito del Gobierno. El
problema es de tal magnitud que, tras las consejerías de Sanidad y
Educación, el departamento con mayor dotación presupuestaria en 2013 es
el de servicio de la deuda, con 1.300 millones de euros destinados a
pagar intereses. Una cantidad que permitiría construir solo en un año
casi diez aeropuertos como el de Castellón.
Las razones que han llevado al borde del precipicio la autonomía que
preside Fabra hay que buscarlas, sin embargo, en otros puertos. La
Comunidad Valenciana reúne tres indicadores que han sido letales en esta
larga crisis económica: una renta per càpita un 12% inferior a la
española, una balanza fiscal negativa y una financiación autonómica que
siempre ha sido inferior a la media del conjunto de las autonomías de
régimen común (211 euros menos por habitante en 2010, último año de
referencia).
Durante los años de crecimiento económico, gestionados
mayoritariamente por Camps, la mayor participación en los ingresos del
Estado y, sobre todo, la recaudación generada por la burbuja
inmobiliaria permitieron al PP valenciano compensar la deficiente
financiación autonómica y desplegar una política de escaparate. Tan solo
en 2006 —el año de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, las
regatas previas de la Copa del América y las conversaciones con Bernie
Ecclestone para conseguir el premio de Europa de fórmula 1— se
recaudaron 2.421 millones de euros gracias a la economía del ladrillo.
Esos ingresos extraordinarios, que inyectaron ríos de dinero, sobre
todo a orillas del Mediterráneo, permitieron impulsar grandes eventos;
hitos arquitectónicos y espectaculares infraestructuras. Todo ello
posibilitó que Francisco Camps —“un fenómeno”, como lo calificó Mariano
Rajoy en 2007— levantase un espejismo de prosperidad por el que se
colaron el despilfarro y la corrupción. El año pasado, los ingresos
procedentes del sector inmobiliario no alcanzaron ni la cuarta parte de
lo recaudado en la época dorada (630 millones) y hoy la mayor parte de
las grandes infraestructuras tienen puesto el cartel de “se vende o se
alquila” mientras los servicios básicos sufren una situación de
deterioro paulatino.
Según un estudio encargado por la potente Asociación Valenciana de
Empresarios, el gasto en grandes eventos explica el 12% de la deuda
acumulada por la Generalitat, al que hay que añadir otro 8% procedente
del sector público valenciano. El 80% restante tendría su origen en la
deficiente financiación acumulada, según este estudio. "La única
solución es que el Gobierno modifique el sistema para equiparar la
financiación valenciana a la media estatal y que, mientras tanto,
arbitre una solución de emergencia", admite el Gobierno valenciano.
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