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lunes, 30 de junio de 2014

La justicia francesa estrecha el cerco al expresidente Sarkozy

La justicia francesa no da tregua al expresidente de la República Nicolas Sarkozy. En la madrugada del lunes, y según ha informado a primera hora el rotativo Le Monde, la policía judicial ha interrogado y detenido al abogado del político, Thierry Herzog, y al magistrado del Supremo Gilbert Azibert. Ambos, según sospecha la oficina anticorrupción especializada en infracciones financieras y fiscales, podrían formar parte de una red de informantes que mantenían al antiguo inquilino del Elíseo al tanto de los escándalos de financiación ilegal que ahora le acorralan.
Las detenciones se han producido en el marco concreto de la investigación sobre tráfico de influencia y violación del secreto de instrucción en manos de dos jueces de París y no se descarta que el propio Sarkozy sea convocado por la oficina antifraude de Nanterre en los próximos días para ser interrogado sobre este asunto.
Las escuchas telefónicas a las que fue sometido Sarkozy y su entorno en otoño pasado han desvelado esa red informante de la que se servía el expresidente de la República para seguir los procesos judiciales que le persiguen y, muy especialmente, elcaso Bettencourt, que investiga el Tribunal Supremo.Sarkozy está inmerso en varios casos de corrupción. Uno de ellos, el concerniente a Bernard Tapie, involucra también a su exministra de Economía y ahora directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Se trata de una indemnización estatal de 403 millones de euros otorgados al empresario francés en el marco de la venta de Adidas. Otros dos casos están relacionados con la financiación de la campaña del político para las elecciones de 2007, que ganó frente a Ségolène Royal. Según apuntan las pesquisas de la policía, Sarkozy habría recaudado dinero ilegalmente de la heredera del imperio L’Oreal, Lilianne Bettencourt, y del presidente libio ya desaparecido Muamar Gadafi.
Esas escuchas fueron las que desvelaron a la policía que Sarkozy utilizaba un teléfono móvil clandestino, a nombre de un tal Paul Bismuth, para hablar justamente con su abogado Herzog. Las pesquisas indican que Herzog tenía hilo directo con su amigo, el juez de la sala de lo Civil del Supremo Gilbert Azibert, ahora interrogado por la oficina anticorrupción.
Este nuevo paso de la justicia contra Sarkozy se produce en un momento político especialmente delicado para la formación conservadora que antes lideraba, la UMP (Unión por un Movimiento Popular). Tras la dimisión de Jean-François Copé como presidente del partido hace solo un par de meses por otro caso de presunta financiación ilegal (esta vez para las elecciones presidenciales de 2012 que Sarkozy perdió frente a Hollande), la UMP está sumida en una crisis de liderazgo que, previsiblemente, se resolverá en el próximo otoño. Se disputan el puesto el que fuera primer ministro de Sarkozy, François Fillon, su exministro de Exteriores, Alain Juppé, y el propio expresidente de la República, animado, quizá, por la crisis que aqueja al Partido Socialista Francés y a su cabeza visible, el presidente François Hollande, que registra una históricamente baja valoración en las encuestas.

Canarias y Castilla-La Mancha, las comunidades con más desahucios

El INE ha publicado este lunes por primera vez su estadística sobre ejecuciones hipotecarias. Según estos nuevos datos, los procesos iniciados sobre vivienda habitual caen un 4,2% en el primer trimestre de 2014 con respecto al mismo periodo de 2013 tras el fuerte repunte observado en los dos últimos años. Junto al balance general, la oficina de estadística también aporta datos por comunidades, detalle que no aparece en los registros del Banco de España, y que revela que Canarias y Castilla-La Mancha son las autonomías con más ejecuciones sobre el total de hipotecas.
Los datos del INE indican que, en el conjunto de España, la banca ha ejecutado el 0,21% de las hipotecas sobre vivienda durante el primer trimestre. Este porcentaje, que utiliza como referencia el número total de créditos para comprar vivienda firmados entre 2003 y 2013 aumenta hasta el 0,35% en el caso de Canarias y al 0,31% para Castilla–La Mancha. A continuación se sitúan Murcia y Baleares, ambos con un porcentaje del 0,27%. Por el contrario, donde menos hipotecas se ejecutan es en País Vasco (0,04%), La Rioja (0,05%) y Asturias (0,09%).
En términos absolutos, las comunidades con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda son Andalucía (4.373), Cataluña (3.993) y Valencia (2.726).
Hay que recordar que, tal y como indica el INE, "la ejecución hipotecaria es un procedimiento a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca". Por tanto, no tienen porque acabar en desahucio.
Así, el INE afirma que el total de ejecuciones en España sobre todo tipo de inmuebles aumenta un 19,5%, hasta los 32.565 procesos. De esta cifra, solo el 58% de las hipotecas (19.971 inmuebles) tenían en garantía una vivienda. A partir de ahí y discriminando por vivienda habitual, una de cada tres ejecuciones afectó a la residencia del hipotecado (9.464 casas), lo que sin embargo supone un descenso del 4,2%. Si se tienen en cuenta también las segundas residencias, la cifra asciende a 12.120. El resto o eran viviendas de personas jurídicas, fincas rústicas o, en su mayor parte con 10.600 ejecuciones, locales como garajes, oficinas, trasteros y similares.A este respecto, la estadística del Banco de España, que en lugar de coger los datos de los registradores como hace el INE recopila los de las propias entidades, sí hacen balance tanto de los desahucios como de los desalojos. Además del INE, que ha puesto en marcha la iniciativa a instancias del Ministerio de Economía, y la institución dirigida por Luis Linde, que ofrece datos más detallados con el número de desahucios, el poder judicial también ofrece su propia estadística sobre ejecuciones. Las bases de los tribunales también muestran un aumento de todos los procesos y coinciden, asimismo, en el retroceso de los alzamientos, que es el término con el que judicialmente se califica a los desahucios.

Cambio de la ley

La evolución de los desahucios, que en su mayoría corresponden a créditos firmados en 2007, justo antes del estallido de la burbuja, ha seguido la evolución de la actividad económica. Así, tras tocar máximos en lo peor de la crisis, lo que tuvo lugar entre finales de 2012 y principios de 2013, los embargos han moderado su escalada en los últimos meses. Para tratar de atajar la alarma social provocada por los desahucios —incluidos algunos suicidios—, que han dejado en la calle a familias en muchos casos sin ingresos mientras el Estado ha rescatado a los bancos con decenas de miles de millones, el Gobierno ha aprobado dos iniciativas principales.
En un primer momento puso en marcha el código de buenas prácticas para la banca, medida que tuvo una incidencia limitada, y luego reformó la ley. En este segundo caso, El Ejecutivo actuó condicionado por la iniciativa popular legislativa que llegó al Congreso respaldada por 1,4 millones de firmas. Sus promotores, no obstante, denunciaron que el proyecto legislativo aprobado finalmente tenía poca relación con sus propuestas, que pasaban por facilitar la dación en pago retroactivamente y dar más protección a los desfavorecidos.
Coincidiendo con la tramitación de la nueva ley, la justicia europea dictó una sentencia ejemplar contra la normativa española. Luxemburgo consideró que la norma protegía excesivamente a las entidades y dejaba indefenso al hipotecado, por lo que aumentó los poderes de los jueces en caso de cláusulas abusivas. Precisamente, hace pocos días se conocía la primera sentencia que, con base en la resolución de Luxemburgo, ordenaba al banco devolver la vivienda al desahuciado.

La salida de inmigrantes reduce la población en España por segundo año

España ha perdido habitantes por segundo año consecutivo desde que existen datos anuales (1971). Uno de los motivos principales de esta bajada se encuentra en la caída del número de extranjeros. Un total de 547.890 personas se marcharon al extranjero durante el año pasado, de las que 79.306 eran de nacionalidad española, según la Estadística de Migraciones difundida este lunes por el Instituto Nacional de Estadística(INE). 
Así, a lo largo de 2013 la cifra de extranjeros se redujo un 7,8% hasta las 4.676.022 personas, debido al efecto combinado de la emigración y de la adquisición de nacionalidad española.
El saldo migratorio, es decir, la diferencia entre quienes llegan a España y quienes se marchan, fue negativo con 256.849 personas —llegaron 291.041 procedentes del extranjero y se marcharon 547.890—, una cifra un 80,2% superior a la de un año antes y que estuvo basada en el descenso del 4,3% de la inmigración y el aumento del 22,7% de la emigración.
Aunque todas las nacionalidades registraron saldos migratorios negativos, las mayores reducciones en términos relativos se produjeron en la comunidad peruana (perdieron al 23,76% de sus habitantes), colombiana (un 22,75%), boliviana (un 22,22%), ecuatoriana (20,96%) y argentina (15,20%).
Las salidas y el proceso de nacionalización, por el que 230.581 extranjeros se convirtieron en españoles el año pasado, dejaron al cierre del mes de diciembre una reducción global de la población foránea en España del 7,82%, es decir, 4.676.022 ciudadanos de terceros países.Esto, junto a un saldo vegetativo(nacimientos menos defunciones) de 36.719 personas, hizo que se intensificara el ritmo de la caída de la población ya apuntada en 2012, cuando la cifra de habitantes se redujo un 0,19%, frente al 0,47% de 2013. El tamaño del país está así menguando desde que al cierre de 2011 alcanzase su punto álgido: 46.818.216 habitantes, el número más alto de la década. Actualmente, la población residente en España se sitúa en 46.507.760 habitantes, es decir un 0,4% y 220.130 personas menos que a comienzos de 2013.