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viernes, 7 de noviembre de 2014

José Mujica recibe una oferta de un millón de dólares por su simbólico 'escarabajo' azul

¿Se puede poner precio a un símbolo? El presidente uruguayo José Mujica se enfrenta estos días a esta cuestión después de haber recibido una oferta de un millón de dólares a cambio de su 'escarabajo' azul, uno de sus signos de identidad.
La oferta procedía de un jeque árabe, tal y como ha comentado el propio mandatario al semanal uruguayo 'Búsqueda'. Sin embargo, haciendo gala de la sencillez y la austeridad que caracterizan su forma de vida, Mujica no ha tenido en cuenta la propuesta. "Eso es lo que me dijeron [en referencia a la oferta], pero yo no le di ninguna importancia", declaró al medio.
Este no es sino una manifestación más del carisma de Mújica, que ha hecho de la austeridad su forma de vida y del desarrollo la constante de los últimos años en Uruguay: la reducción de la pobreza del 40% al 12% en apenas 10 años, el crecimiento exponencial de la economía o la reducción de las desigualdades figuran en su hoja de servicios.
Sin embargo, es su forma de vida lo que le ha hecho conocido en todo el mundo. Lejos de los palacios presidenciales y de los coches de lujo oficiales, Mujica volvía cada noche a su chabola a las afueras de Montevideo para compartir la cena con su esposa, la senadora Lucía Topolansky, y su perra Manuela.
De su sueldo de 250.000 pesos mensuales, rescata 20.000 para su vida diaria y el resto lo dona a fondos de ayuda social. El Volkswagen Fusca azul es su único patrimonio y está valorado en 1.945 dólares, aunque es su simbolismo lo que lo convierte en objeto de deseo. Recientemente, el embajador de México en Uruguay le dijo a Mujica que podría conseguir hasta cuatro camionetas a cambio del mítico vehículo, según recoge el diario The Guardian.
El presidente uruguayo, que apura sus últimas semanas en el poder, dijo que si obtuviera un millón de dólares por su coche, lo donaría a un proyecto para los 'sin techo'. "Los seres humanos somos fetichistas. Necesitamos símbolos materiales", responde cuando se le cuestiona por qué alguien estaría dispuesto a pagar esa abultada suma de dinero. En cambio, sus objetos más preciados son un martillo y una pala que pertenecieron a su padre: "son pequeñas cosas para el resto del mundo, pero muy importantes para mí". Una vez más, Mujica da una lección de humanidad: precio no es lo mismo que valor.

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Brochetas de vacuno con nopales y queso a la plancha

La Constitución catalana estará lista en enero

La Constitución catalana verá la luz a principios del próximo año. Se trata de un texto con 97 artículos que no será el definitivo ya que los ciudadanos podrán hacer colaboraciones a este borrador antes de su aprobación definitiva.
El magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, uno de los impulsores de esta Constitución junto con un grupo de 10 juristas, explicó ayer que en enero se publicará este borrador y los ciudadanos tendrán seis meses para hacer aportaciones al texto.«No estamos redactando la Constitución catalana porque no tenemos ninguna legitimidad para hacerlo», indicó Vidal en una entrevista en TV3, y recordó que todo depende del «parlamento constituyente de la futura República de Cataluña, si es que los ciudadanos así lo deciden en su día».
Mientras no se produce, estos juristas están «debatiendo, pensando y redactando, evidentemente, porque la memoria no nos da para tanto y por tanto escribimos, lógicamente, una propuesta de un borrador que pueda servir de herramienta de trabajo, como habrán más en su día en el parlamento constituyente, tendrán cuatro o cinco sobre la mesa. Y lo único que deseamos es que, al menos, la nuestra se la lean», dijo Vidal.
La participación de Vidal en este proyecto provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le abriese un expediente disciplinario, que concluirá en seis meses, y valorase suspenderlo cautelarmente ya que consideraba que no podría ser compatible su función como magistrado con la elaboración del borrador.
Pese a esto, el CGPJ rechazó finalmente la suspensión cautelar hace tres semanas y se está a la espera de la resolución del expediente de Comisión Disciplinaria del Poder Judicial. Sobre este asunto Vidal ha afirmado que «en mis horas libres, hago lo que me parece oportuno».
Pese a que recordó que este documento es «un acto de creación intelectual y, hasta ahora, que yo sepa, no hay ninguna norma legal que nos prohiba a los jueces pensar, debatir con colegas jurídicos y escribir», Vidal explicó que el borrador de la Constitución es «muy similar a los modelos nórdicos, que son los que nos han guiado».
«Lo hemos hecho un poco a la inversa de Islandia» dijo Vidal y recordó que en este país «cuando en 2008 cambió todo su sistema constitucional y los ciudadanos destituyeron a sus representantes, crearon comisiones constitucionales que redactaron un texto y después un equipo técnico jurídico le dio contenido».
Vidal dijo que «nosotros lo hemos hecho al revés» y recordó que «nosotros trabajamos sencillamente por iniciativa propia. Por decirlo de alguna forma, somos voluntarios que hemos decidido hacer este trabajo y someterlo a la ciudadanía».
Sobre el recurso del Gobierno contra la votación del 9-N, Vidal afirmó que el Tribunal Constitucional (TC) no debería admitir a trámite la impugnación del proceso participativo por una «cuestión estrictamente técnica y de procedimiento». El magistrado cree que una «cuestión de fondo, que es cómo se puede impugnar ante un tribunal que evalúa normas jurídicas una convocatoria que es verbal».
Vidal cree que si el TC prohibiera que los funcionarios voluntarios participaran en la votación «estaría cometiendo un delito de prevaricación».

20.45 LIGA ESPAÑOLA

Fútbol. España. Primera DivisiónCordoba – Deportivo
7 de noviembre a 20:45
(Primera División)

La pobreza extrema aumenta por primera vez en 10 años en Brasil

El número de brasileños que viven por debajo del umbral de la pobreza aumentó por primera vez en diez años, al pasar de 10,08 millones de ciudadanos que vivían en esta situación en 2012 a 10,45 millones el año pasado. Los datos fueron divulgados en la web del Instituto de Investigación Económica y Aplicada (Ipea, en portugués) el 30 de octubre prácticamente a escondidas: el Instituto ni siquiera organizó una conferencia de prensa para informar a los medios.
Las cifras contradicen el discurso del Partido de los Trabajadores de la recién reelegida presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quienes a lo largo de la reciente campaña electoral defendieron que la reducción de la miseria de la última década estaría amenazada en caso de que ganara la oposición.
Para el presidente del instituto Data Popular, Renato Meirelles, las cifras imponen un nuevo reto al Gobierno: encontrar a los que todavía no reciben el Bolsa Familia, el principal programa social del Gobierno. “Hay la cuestión económica, que tiene un impacto directo en la miseria. Pero el conjunto de políticas públicas tiene que llegar donde aún no ha llegado”, sostiene. “El sistema de protección social de Brasil es uno de los mejores del mundo y podría hacer con que no existieran estas 10 millones de personas en la miseria. Ellos tienen que estar protegido por los programas”.Se trata de la primera vez que el número de ciudadanos que viven en la pobreza extrema deja de caer desde 2003. El Ipea considera que las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza son las que no poseen renta suficiente para cubrir el coste mensual de la canasta básica alimentaria, cuyo precio varía de 26,90 dólares en Belém, capital del Estado de Pará, a 50 dólares en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, según el instituto. 
Si no se amplía esta red de asistencia social, hay el riesgo de que la miseria siga creciendo el año que viene, explica Meirelles. “Que los dirigentes aprendan con el resultado de las urnas: es necesario radicalizar el desarrollo de la economía y los programas de distribución de renta, que hicieron que el país avanzara en las últimas décadas”, finaliza el experto.
Las cifras contradicen el discurso del Partido de los Trabajadores de la recién reelegida presidenta Dilma Rousseff
Aunque el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza haya registrado un ligero aumento, la población pobre —que tiene dos veces la renta familiar de los que viven en la miseria— sigue bajando: eran 30,3 millones de ciudadanos en 2012 y, el año pasado, 26,6 millones. Hace diez años eran 60,1 millones, más del doble.
Las cifras fueron adelantadas el pasado miércoles por el diario Folha de São Paulo tras una polémica durante la campaña electoral. A mediados de octubre, Herton Araújo, director del área de Estudios y Políticas Sociales del Ipea, dimitió por no estar de acuerdo con la decisión del instituto de impedir la publicación de este estudio durante las elecciones.
Su divulgación hubiera podido ser usada por la oposición, liderada entonces por el candidato Aécio Neves (PSDB), que perdió las elecciones por un ajustado margen de votos. El área de prensa del Ipea afirmó, a través de un comunicado, que no había “nadie disponible para hablar sobre el tema” y que “la actualización de la base de datos nunca está acompañada de una divulgación a los medios de comunicación”.

El Pacto Nacional por el Derecho a decidir discute quién organiza la consulta del 9-N

El Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que agrupa a partidos, instituciones y entidades favorables a la consultase reunirá por cuarta vez este viernes en el Parlament para afianzar el 9-N tras lasuspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) y el rechazo del Tribunal Supremo (TS) a suspender el recurso del Gobierno contra el proceso participativo.
El coordinador del Pacte, Joan Rigol, ya avanzó que la celebración del 9-N será el único punto en el orden del día del encuentro, que empezará a las 11.00 horas y que tiene lugar dos días antes de la fecha prevista para la votación.
Con la determinación del Govern de seguir adelante con la votación, en el encuentro se prevé debatir si la organización del 9-N debe seguir pilotándola la Generalitat o la delega totalmente en las entidades de la sociedad civil, tales como la ANC y Òmnium Cultural.
Sin embargo, la opción de que la organización de proceso de participación recaiga en las entidades sociales no es compartida por ERC, cuyo presidente, Oriol Junqueras, ha manifestado este mismo jueves que debe hacerse "entre todos, y es evidente que el Govern también".
Además, 161 cargos electos de CiU, ERC, ICV-EUiA en los ayuntamientos y las diputaciones catalanas, el Parlament, el Congreso, el Senado y la Eurocámara firmaron un manifiesto que enviarán a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, a la CE, al Consejo de Europa y a la OSCE para que lleven a cabo «todas las actuaciones necesarias» para garantizar que los catalanes puedan decidir democráticamente su futuro político.

La Audiencia de Palma decide hoy si juzga a la CHORI-infanta Cristina


No solo parece choriza sino que además lo es !!!!

La promotora del rascacielos más alto de Europa, a concurso

La Sociedad de Gestión de Activos Prodecentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, popularmente conocido como el banco malo) ha denunciado ante un juzgado de lo Mercantil en Alicante a la promotora Olga Urbana, sociedad afincada en la Marina Baixa. La entidad, que se quedó con el stock sobrante de vivienda de las entidades bancarias tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, pide el concurso de acreedores de Olga Urbana debido a la situación de insolvencia de la compañía y su incapacidad de finalizar un edificio que estaba llamado a ser la torre residencial más alta de la Unión Europea.
Coronando el cielo de Benidorm (Alicante), los 200 metros de altura del Intempo son un símbolo de la exuberancia de una época que estalló con la burbuja inmobiliaria. Este coloso inacabado comenzó a construirse en el 2006 y arrastra una historia plagada de irregularidades. La Sareb se hizo con él en 2012 tras la reestructuración bancaria con el objetivo de darle salida. Pero nadie ha venido a comprarlo, ni empresas chinas, ni jeques árabes, como en más de una ocasión publicitó Olga Urbana, incapaz de acabar un monstruo de hormigón al que solo le faltaba un 7% de su obra cuando entró la Sareb.
La entidad bancaria ha pedido al juzgado de instrucción número uno de lo Mercantil de Alicante que declare un concurso de acreedores tras los “impagos generalizados” y la “incapacidad de Olga Urbana de hacer frente con sus propios medios a la construcción del edificio In Tempo”. El concurso, considera la Sareb, dotará de control judicial al proceso de valoración de la situación patrimonial de la compañía, su viabilidad y, en particular, la del propio proyecto.
Olga Urbana no presenta cuentas desde hace años. La Sareb adquirió por mandato legal el crédito concedido por NCG Banco (antigua Nova Caixa Galicia) a Olga Urbana para la construcción del edificio In Tempo el 31 de diciembre de 2012. Desde entonces, la deuda que ha acumulado con la Sareb es de 100 millones de euros.
Contra la sociedad promotora existen diversas denuncias por impagos de empresas que intervinieron en la construcción del edificio, incluyendo la que lo forjó y hormigonó, Kono Estructuras. Un juez incluso ha llegado a emitir una orden de detención a su administrador, José Ignacio de la Serna, por no presentarse en sala judicial conforme se le pidió. El promotor siempre alegó problemas de salud.
La medida de la Sareb, principal acreedor de Olga Urbana, no busca otra cosa que proteger “sus intereses, los de los posibles compradores, proveedores y los de otros eventuales acreedores”. Con el concurso de acreedores pretende conseguir el control de un administrador concursal que facilite información real sobre sobre el proyecto: control de ingresos y gastos, la plena protección de los derechos de los acreedores así como de los compradores y proveedores del proyecto.