La Constitución catalana verá la luz a principios del próximo año. Se trata de un texto con 97 artículos que no será el definitivo ya que los ciudadanos podrán hacer colaboraciones a este borrador antes de su aprobación definitiva.
El magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, uno de los impulsores de esta Constitución junto con un grupo de 10 juristas, explicó ayer que en enero se publicará este borrador y los ciudadanos tendrán seis meses para hacer aportaciones al texto.«No estamos redactando la Constitución catalana porque no tenemos ninguna legitimidad para hacerlo», indicó Vidal en una entrevista en TV3, y recordó que todo depende del «parlamento constituyente de la futura República de Cataluña, si es que los ciudadanos así lo deciden en su día».
Mientras no se produce, estos juristas están «debatiendo, pensando y redactando, evidentemente, porque la memoria no nos da para tanto y por tanto escribimos, lógicamente, una propuesta de un borrador que pueda servir de herramienta de trabajo, como habrán más en su día en el parlamento constituyente, tendrán cuatro o cinco sobre la mesa. Y lo único que deseamos es que, al menos, la nuestra se la lean», dijo Vidal.
La participación de Vidal en este proyecto provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le abriese un expediente disciplinario, que concluirá en seis meses, y valorase suspenderlo cautelarmente ya que consideraba que no podría ser compatible su función como magistrado con la elaboración del borrador.
Pese a esto, el CGPJ rechazó finalmente la suspensión cautelar hace tres semanas y se está a la espera de la resolución del expediente de Comisión Disciplinaria del Poder Judicial. Sobre este asunto Vidal ha afirmado que «en mis horas libres, hago lo que me parece oportuno».
Pese a que recordó que este documento es «un acto de creación intelectual y, hasta ahora, que yo sepa, no hay ninguna norma legal que nos prohiba a los jueces pensar, debatir con colegas jurídicos y escribir», Vidal explicó que el borrador de la Constitución es «muy similar a los modelos nórdicos, que son los que nos han guiado».
«Lo hemos hecho un poco a la inversa de Islandia» dijo Vidal y recordó que en este país «cuando en 2008 cambió todo su sistema constitucional y los ciudadanos destituyeron a sus representantes, crearon comisiones constitucionales que redactaron un texto y después un equipo técnico jurídico le dio contenido».
Vidal dijo que «nosotros lo hemos hecho al revés» y recordó que «nosotros trabajamos sencillamente por iniciativa propia. Por decirlo de alguna forma, somos voluntarios que hemos decidido hacer este trabajo y someterlo a la ciudadanía».
Sobre el recurso del Gobierno contra la votación del 9-N, Vidal afirmó que el Tribunal Constitucional (TC) no debería admitir a trámite la impugnación del proceso participativo por una «cuestión estrictamente técnica y de procedimiento». El magistrado cree que una «cuestión de fondo, que es cómo se puede impugnar ante un tribunal que evalúa normas jurídicas una convocatoria que es verbal».
Vidal cree que si el TC prohibiera que los funcionarios voluntarios participaran en la votación «estaría cometiendo un delito de prevaricación».
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