tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 9 de julio de 2014

Festejo aleman...

España gasta 32 veces más en control fronterizo que en ayuda a refugiados

El control de las fronteras ha merecido 32 veces más dinero que el abrigo a las personas durante los últimos cinco años en España. O sea, 289 millones de euros para lo primero y nueve para lo segundo. Con esas cuentas, España es uno de los países que proporcionalmente más fondos destina al cerrojo de sus límites fronterizos en comparación con la ayuda a los refugiados que huyen del hambre o la violencia de sus Estados e intentan llegar a un lugar más seguro.
Los números están en el informe de Amnistía Internacional El coste humano de la fortaleza Europa; violaciones de Derechos Humanos en las fronteras de Europa contra personas migrantes y refugiadas, que denuncia la vida de los sin papeles que se asoman a los bordes de Europa.
El documento aporta dos datos que explican por qué no se emigra por capricho: en 2013, la mitad de todas las entradas irregulares y el 63% de las llegadas por mar fueron de personas procedentes de Siria, Eritrea, Afganistán y Somalia, países en guerra y con los derechos violados. «La mayoría de quienes huyen lo hacen para escapar de la violencia o la persecución y, en principio, necesitan protección internacional». Pero llegan al límite con Europa, un mundo de vallas y «despliegue creciente de fuerzas de seguridad», que les obliga a tomar «rutas más peligrosas». «Muchas personas mueren ahogadas en el mar o asfixiadas en camiones» y otras «acaban en Libia, Marruecos, Ucrania o Turquía, donde sus derechos están amenazados».
Antes se han topado con las fronteras de la UE, donde, según Amnistía, «peligran derechos como el de la vida; el de la libertad y seguridad (prohibición de la detención sumaria); el de pedir asilo, el de un recurso o el de no ser devuelto colectivamente a países donde corran riesgo».
El informe cuenta que entre 2007 y 2013 la UE asignó 4.000 millones de euros a los Estados miembros para asilo, integración, retorno de ciudadanos y control de fronteras. La mitad (1.820 millones) fue para actividades, equipo y tecnología de control fronterizo. «Sólo el 17% (700 millones) se destinó a mejorar las pautas de asilo, los servicios de acogida y la integración de refugiados».
Cuando el informe compara los fondos dados a cada país para control de fronteras en relación a ayuda a refugiados, España gana, al menos entre los cinco estados que cita: Bulgaria, Grecia, Italia, Malta y España.
Amnistía Internacional escruta la frontera sur española y se ocupa del 6 de febrero, cuando 250 «migrantes, refugiados y solicitantes de asilo del África subsahariana» intentaron nadar hasta Ceuta desde aguas marroquíes. «Cuando estaban en el agua, miembros de laGuardia Civil dispararon pelotas de goma y de fogueo y lanzaron gas lacrimógeno. Murieron en el mar 14 personas».
AI recuerda que 23 supervivientes «fueron devueltos de inmediato aMarruecos» y dice que España «hizo caso omiso de los Derechos Humanos, incluido el de la vida: no se hizo nada para salvar a quienes corrían peligro de ahogarse». Los guardias «violaron el derecho internacional e hicieron un uso excesivo de la fuerza al desplegar medios antidisturbios contra personas desarmadas».
Por ello, Amnistía habla de «expulsión colectiva», un «incumplimiento de las obligaciones de España en virtud del derecho internacional y de la legislación UE y nacional».

Las diputaciones vascas piden a empresas declarar lo que gastan en sobornos

La haciendas forales vascas han incluido en la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente al pasado ejercicio un anexo que deberá ser confeccionado obligatoriamente por las empresas con sede en Euskadi en el que se exige a las compañías que detallen lo que gastaron "sobornos", según publica "El Correo" En la información, y citando fuentes de la Administración foral, se explica que la solicitud de está información de detalle, incluida por vez primera en la declaración, responde a una recomendación de la OCDE y de la Comisión Europea. Siguiendo recomendaciones de organismos europeos, las diputaciones forales vascas incluyeron a mediados del pasado año en sus normativas del Impuesto de Sociedades la aclaración de que "los sobornos no son gasto deducible".
El nuevo anexo incluido en la declaración del Impuesto de Sociedades también exige por vez primera información sobre gastos que los técnicos de hacienda intuyen que son fuente habitual de fraude fiscal, como los "gastos por relaciones públicas", en los que se incluyen comidas y viajes de los clientes. Asimismo, el anexo permitirá que las haciendas vascas estudien con más precisión el gasto en turismo de las empresas, del que sólo podrán deducir un 50% y para vehículos de un valor máximo de 25.000 euros.


Cómo conseguir 40.000 euros con una ensalada de patata

En internet pasan cosas loquísimas casi todos los días, pero hay algunas que sobrepasan la media y podrían considerarse fenómenos paranormales. Desde aquí desafío a los responsables de Cuarto milenio, a los de la revista Más allá o incluso al espíritu de Jiménez del Oso para que me expliquen el caso de Zach Danger Brown, un tipo de Columbus (Ohio, EEUU) que lleva recaudados más de 57.000 dólares (unos 41.000 euros) en la web de financiación colectiva Kickstarter para un complejísimo proyecto que probablemente revolucionará el mundo: hacer una ensalada de patatas.

Todo empezó como una parodia de los proyectos que pueblan la plataforma decrowdfounding, en la que te puedes encontrar peticiones de financiación para la compra de una croqueta o para artefactos imposibles que dosifican salsas en el mismo tenedor. El día 3, Brown abrió uno con un objetivo tan extraño como banal: recaudar 10 dólares para preparar algo parecido a lo que aquí llamamos ensaladilla. "Estoy haciendo una ensalada. Todavía no he decidido de qué tipo", decía en el texto explicativo. A los que donaran un dólar, les prometía "darles las gracias" en su web y "decir su nombre muy alto" mientras hiciera el plato. A los que dieran dos, además les enviaría una foto suya cocinando.
Por motivos que escapan al razonamiento humano, la iniciativa de Brown empezó a difundirse por la red. El primer día recaudó 107 dólares. Tres días después, alcanzó los 8.000. Y sólo en el día de ayer captó cerca de 35.000 dólares. El emprendedor ha ido ampliando las posibilidades de inversión: ahora mismo puedes poner 10 dólares y "andar por la cocina" con él mientras hace la ensalada, o estirarte hasta 20 y recibir "un haiku sobre ensalada de patata, tu nombre grabado en una patata que será usada en la ensalada y un frasco de mayonesa firmado". Si sueltas más de 50 dólares, recibes un libro de cocina con recetas de ensaladas de patata inspiradas en cada país desde el que haya llegado dinero, "un bocado de ensalada de patata" más todos los privilegios adquiridos por los inversores de uno y dos dólares.
Brown se puede considerar afortunado: no sólo ha aparecido en un montón de medios de comunicación de todo el mundo, sino que va a ingresar un pastón con una idea disparatada. Ahora bien, también tiene un pequeño problema: si quiere cumplir sus compromisos con las más de 4.000 personas que han puesto dinero, va a tener que montar una mini empresa para asumirlos. Y más teniendo en cuenta que su número puede crecer de aquí al 2 de agosto, fecha en la que termina la ronda de financiación.
Sin embargo, no está demasiado claro a qué va a destinar sus fondos este hombre de 32 años. Primero dijo que haría "el mayor bien posible". Después, que montaría "una fiesta gigantesca en Columbus a la que estará invitado todo internet". Pronto le han salido los aguaídems, que le reclaman que done el dinero a alguna organización humanitaria o banco de alimentos (no quiero imaginar lo que pensarán del fenómeno potato salad las ONGs que se tienen que batir el cobre a diario para conseguir que la gente afloje el bolsillo: yo me plantearía abandonar este planeta). En cualquier caso, Kickstarter no permite recaudar fondos con fines humanitarios, aunque si se recauda más dinero del pedido inicialmente -en este caso, prácticamente todo-, en teoría el impulsor puede disponer de esa cantidad como quiera.
"Estoy sobrepasado por el poder de internet", ha declarado Brown a la cadena ABC. "Es un honor estar en la posición en la que estoy". Desde luego, puede estar orgulloso de formar parte de la historia de Kickstarter con una de las iniciativas más absurdas a la par que exitosas que ha pasado por la plataforma. Ha logrado superar incluso a algunas de mis favoritas hasta el momento, como el museo de la pizza de Filadelfia (16.587 dólares recaudados) o la máquina de hacer sandwiches con la cara de Jesucristo (25.604 dólares). Como la inmensa mayoría de los fenómenos virales, seguramente dentro de tres días ya nos habremos olvidado de Brown, pero al menos hay que reconocerle su sentido del humor. "No entré en el juego de la ensalada de patata para ganar dinero. Lo hice para preparar ensalada de patata".

Los partidos piden al PP que antes de pactar resuelva sus escándalos

La oposición exigió ayer al PP que antes de ofrecer pactos como el que planteó el día anterior Carlos Floriano para delimitar cuándo se deben asumir responsabilidades políticas resuelva escándalos como el de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, o Juan Cotino, presidente de las Cortes valencianas. No hay diferencias muy grandes entre el PP y el PSOE en este asunto, los dos colocan la línea roja en el momento en que el juez decide enviar a un imputado a juicio oral, y así lo dejaron claro tanto Eduardo Madina como Pedro Sánchez en el debate del PSOE, pero no hay visos de un gran acuerdo en este momento.
Castedo está imputada por cohecho y tráfico de influencias. Se le atribuyen gestiones para modificar el plan de ordenación urbana a favor del constructor Enrique Ortiz. El PP no se anima a destituirla porque ella amenaza con formar un partido propio en Alicante. Cotino no está imputado, pero se acaban de publicar conversaciones entre su sobrino y el propio Ortiz —y otras entre el constructor y la alcaldesa— en las que ambos hablan de las posibles gestiones del entonces consejero y su entorno a favor de sus empresas.
La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, descalificó la propuesta lanzada por Floriano. Rodríguez señaló a EL PAÍS: “No va a haber pacto PP-PSOE contra la corrupción. Si hay algún acuerdo será de todo el Congreso. No es creíble que un presidente del PP como Rajoy, sentado en el mismo sillón que se ha pagado con fondos opacos según la Audiencia Nacional, lance ofertas de pactos de regeneración. El PP no tiene legitimidad para proponer estos acuerdos mientras tiene el Parlamento valenciano lleno de imputados y no ha dado aún una explicación sobre el caso Gürtel”.
Izquierda Unida fue más lejos. José Luis Centella, portavoz de IU en el Congreso, aseguró que el PP “está tomando el pelo a todo el mundo”. “Ya lo hemos dicho, primero el PP tiene que abrir sus cajones y sus discos duros, lo demás es lavarse la cara. Nosotros hemos dado un ejemplo de comportamiento con la dimisión de Willy Meyer y no era un caso de corrupción. El PP no puede dar lecciones teniendo a Sonia Castedo y a Juan Cotino”, remató.
Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán cree que la oferta de Floriano es “un sarcasmo”. “Están jugando a ganar tiempo mientras hacen lo que realmente les interesa que es blindarse con la reforma de la elección de los alcaldes. No vemos voluntad de legislar para que la imputación haga incompatible la posibilidad de presentarse en unas listas electorales, que es lo que queremos”, explica.
La casuística es enorme y muy variada. Incluso dentro del mismo partido. En el PP, por ejemplo, Esperanza Aguirre echó a los alcaldes y diputados autonómicos implicados en el caso Gürtel en el primer momento, incluso antes de que fueran imputados. No pudo quitarles el acta de parlamentarios pero los mandó al Grupo Mixto. En la Comunidad Valenciana, aún hay diputados imputados en el caso. Alberto Fabra los apartó de los cargos de dirección del grupo, pero no los expulsó. Si lo hubiera hecho, se habría quedado en minoría en el parlamento porque llegó a tener una decena de diputados en esa situación. Ahora poco a poco varios de ellos abandonan el Parlament, aunque otros siguen.
El PP tiene ahora mismo en ejercicio a un alcalde como el de Valladolid, Javier Léon de la Riva, que ya ha superado esa línea roja del envío a juicio oral. La Fiscalía de Valladolid pidió en mayo 15 meses de inhabilitación para el alcalde por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. De la Riva se ha opuesto, sistemáticamente y desde 2008, a cumplir una sentencia urbanística que afectaba al ático en el que residía.

Los operadores de televisión exigen proteger más los derechos del fútbol

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que ultima el Gobierno no deja claro si se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería en Internet de las retransmisiones deportivas. Los dueños de los derechos audiovisuales y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) reclaman que se establezcan medidas eficaces para perseguir las webs ilegales que enlazan a las emisiones y retransmisiones deportivas, así como a su acceso y redireccionamiento. El próximo miércoles se debatirá la reforma de la LPI en el Congreso, justo después de la final del Mundial de fútbol. Miles de usuarios usan plataformas como Rojadirecta —que ofrece enlaces para ver gratuitamente todos los partidos de competiciones internacionales y nacionales—, para disfrutar de estas emisiones a través de páginas de enlaces no autorizados que lastran la explotación de los derechos televisivos.
Los usuarios no solo acceden en streaming —descarga directa de contenidos en la web— o se bajan sin autorización películas, series, libros, videojuegos, o música, sino que disfrutan del fútbol y otros deportes sin desembolsar un solo euro a las empresas que pagan elevadas sumas por las imágenes. Aunque los derechos audiovisuales de los acontecimientos deportivos están protegidos por la legislación actual, las plataformas irregulares aprovechan los resquicios legales para saltarse la protección.
Las empresas que son titulares de estos contenidos quieren que las reformas que están en marcha ayuden a poner coto a esta lacra social. Los titulares de derechos y productores de contenidos, que no han encontrado apoyo ni en el Gobierno ni en la oposición, han presentado enmiendas a la LPI para reforzar la lucha contra estas actividades que perjudican al sector. Reclaman que las retransmisiones deportivas se incluyan específicamente en el ámbito de protección de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual —organismo dependiente de Cultura que persigue la piratería—, dentro de su artículo 158. Y solo así podrán ser contempladas como posible hoja de ruta en las enmiendas del Código Penal y en las futuras circulares de la Fiscalía.
Sugieren que se incluya en la nueva norma la protección las "prestaciones", término técnico bajo el que se engloban otros objetos protegidos como las grabaciones audiovisuales, las emisiones de los operadores de televisión o los fonogramas. Será necesario aclarar, dicen los operadores, el alcance de este término para que no haya ningún problema de interpretación sobre si abarca la emisión, transmisión y retransmisión de eventos deportivos y si se recoge en la Sección Segunda.
España es uno de los países del mundo que menos respeta la protección de los derechos de propiedad intelectual —figura en el segundo lugar, tras China, en los rankings internacionales de la piratería— y también es uno de los que más fútbol ilegal consume. Fruto de ello es que en 2013 el número de abonados a la televisión de pago bajó casi el 9% respecto al año anterior, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Los titulares de los contenidos exigen que se persiga la piratería digital y se bloqueen webs
La patronal del fútbol estima que la piratería genera unas pérdidas que rondan los 150 millones al año. Manuel Quintanar, de la LFP, explica que "no es suficiente lo que figura en la norma que está en tramitación. Se puede desaprovechar una oportunidad para que el contenido del fútbol se pueda considerar un derecho afín a la propiedad intelectual". En la misma línea, un portavoz de Mediapro, que explota los derechos de la Liga, afirma: "Los titulares de los derechos pirateados se han encontrado con todo tipo de obstáculos para perseguir este fenómeno como, por ejemplo, la imposibilidad de identificar a los infractores". Quintanar añade: "Hemos pedido que se legitime a la LFP para promover los procedimientos para poder defender los derechos del fútbol".
La retransmisión, grabación o producción de un evento deportivo ya goza de protección, como derechos y prestaciones de propiedad intelectual en la vigente LPI, así como en la Convención de Roma de 1961 y en la legislación europea. Lo que los titulares de derechos deportivos solicitan es que esa protección sea real y efectiva, al igual que sucede con contenidos audiovisuales, musicales o literarios.
El problema es cómo actuar legalmente contra las páginas como Rojadirecta. El sector se queja de que no existen herramientas legales con las que combatir eficazmente este problema. Máxime cuando se ha instalado en la sociedad la idea de que bajarse o acceder online a contenidos piratas no es delito. Este periódico ha tratado de contactar, sin éxito, con los responsables de Rojadirecta para conocer su opinión sobre las acusaciones de los productores y operadores audiovisuales.

Proteger las prestaciones

Una de las demandas de los operadores es que el Código Penal proteja, además de las obras, "las prestaciones" —por ejemplo, las retransmisiones deportivas o los festejos taurinos— y que los jueces puedan ordenar la retirada de los contenidos pirateados o el bloqueo de acceso a la web que alberga los enlaces. "Hay que modificar las normas penales para que los enlaces puedan ser equiparados a actos de comunicación pública [la distribución de un contenido a una pluralidad de personas sin que antes haya sido distribuido a cada una de ellas]", según Canal +, que reclama que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual pueda bloquear las webs de enlaces sin que esta medida técnica sea necesariamente el "último recurso".
Los operadores se quejan de que no existe base legal para poder sancionar a los autores del software para compartir contenidos de forma irregular mediante plataformas P2P [intercambio libre de contenidos digitales entre usuarios]. Para los dueños de los derechos es casi imposible poner demandas porque no saben quiénes están detrás de esas páginas. Por eso, reclaman que quienes prestan servicios —los operadores de telecomunicaciones, por ejemplo— proporcionen datos y colaboren para perseguir a los piratas. Hoy solo los facilitan si los pide un juez.

Perseguir las webs de enlaces

En el ámbito civil, la transmisión de partidos de fútbol está igual de protegida que cualquier otro programa de televisión. El problema, según las cadenas, es perseguir las webs de enlaces por la vía penal. Las reformas en marcha deberían dejar claro que los enlaces a obras de terceros son actos de "comunicación pública" siempre que concurran determinadas circunstancias. Ya existe jurisprudencia en el Tribunal de Justicia de la UE: la sentencia sobre los casos Svensonn o Telekabel. "Lo que plantean estas sentencias es que si se accede a través de páginas de enlaces a contenidos que no se podrían ver libremente en origen, eso es comunicación pública", explica Canal +. Mediapro recuerda sentencias del Tribunal de la UE sobre TV Catchup y de la Corte Suprema de EE UU en el caso Aereo, según las cuales el hecho de que cada retransmisión solo se haga accesible técnicamente de forma individualizada no impide que a la hora de la verdad sea una pluralidad de personas las que lo vean. Esto determina la existencia de "comunicación al público".
Para Mediapro, la inminente reforma de la ley "debe contemplar explícitamente la responsabilidad no solo del infractor directo sino la de quien induzca esa conducta y quien coopere con la misma". Empresas que ponen publicidad en páginas piratas están, a la postre, dándole oxígeno no solo para que sobrevivan, sino para obtener beneficios millonarios.