tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 22 de diciembre de 2013

El fiscal acusará a Urdangarin de delitos penados con 23 años

El fiscal Anticorrupción acusará a Iñaki Urdangarin de seis delitos castigados con hasta 23 años de cárcel, en el escrito que presentará en las próximas semanas solicitando la apertura del juicio oral. La petición para el socio del duque de Palma, Diego Torres, será de cinco delitos, penados con un máximo de 19 años de reclusión.
Sí habrá igualdad en la multa que el fiscal pedirá que abonen y que asciende a 3,5 millones de euros. Tal y como ha advertido el fiscal general del Estado, no habrá petición de pena para la Infanta Cristina, y hay dudas de si también se exonerará a la esposa de Torres, Ana Tejeiro
Éste es el planteamiento que tiene encima de la mesa el Ministerio Público y que, salvo sorpresas como un acuerdo de conformidad, saldrá adelante en el escrito de acusación que entregará al juez Castro después de Navidad, previsiblemente una vez que se sepa si se imputa o no a la Infanta Cristina.
Horrach pedirá para los dos protagonistas una multa conjunta de 2,5 millones de euros
La gran novedad es que Anticorrupción, cuyo fiscal adscrito a la causa es Pedro Horrach, plantea inculpar de un delito más a Urdangarin que a Torres. Finalmente, atribuirá seis infracciones penales al duque de Palma: prevaricación, malversación, falsedad, fraude y dos fiscales. A su antiguo socio e íntimo amigo le caerán prevaricación, malversación, falsedad, fraude y uno fiscal. Es decir, cinco.
Eso sí, se librarán del blanqueo de capitales porque la legislación en el momento de autos, entre 2004 y 2008, no castigaba con precisión el autoblanqueo. Esta postura facilitaría a la larga que la hija del Rey pueda librarse de este tipo penal al no atribuírselo a sus máximos protagonistas.
En el peor de los escenarios para él, es decir, tomando como referencia la parte más alta de las penas, Urdangarin podría ser condenado con hasta 23 años de prisión. A Torres sus actividades delictivas le supondrían alrededor de 19 de reclusión. A Urdangarin se le castigaría por dos delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2007 y 2008, ambos por superar la cuota de 120.000 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por su parte, Diego Torres habría infringido el artículo 305 del Código Penal -el que castiga los delitos fiscales- en 2007. La pareja se sirvió de sus empresas pantalla para pagar fraudulentamente menos al Fisco acogiéndose al Impuesto de Sociedades en lugar de tributar vía IRPF.
El fiscal sostiene que en las adjudicaciones a dedo a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, bajo la pantalla del Instituto Nóos, primó la discrecionalidad más absoluta. Tanto en los contratos suscritos con la Generalitat Valenciana de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia comandado por Rita Barberá, como con los que firmaron con el Govern de las Islas Baleares presidido por Jaume Matas.

La retahíla de irregularidades, interminable

La retahíla de irregularidades es interminable: los precios los fijaban el yerno del Rey y su socio, no hubo transparencia, tampoco concurrencia, menos aún fiscalización del gasto y, en algunos casos, todo era fruto de pactos verbales.
También cuestiona el uso del convenio como figura legal de la que se sirvieron Urdangarin y Torres -con la complicidad de Matas, Camps y Barberá- para evitar someterse a un concurso público. El hecho de que se optase por este atajo legal no basta para hacer desaparecer la ilicitud del gasto y la obligación consiguiente de reintegrarlo en su totalidad. Item más: el Tribunal de Cuentas ha defendido en varias sentencias que "no es suficiente el contrato para entender justificado el gasto, los contratos deben tener una causa, lícita por supuesto, y ésta ha de acreditarse".
A pesar de todo, se mantienen los intentos de llegar a un acuerdo
Anticorrupción entiende, por tanto, que no sólo el Govern de las Islas Baleares y la Generalitat Valenciana, sino también el Ayuntamiento de Madrid -con los 144.000 euros que les dio la Oficina Olímpica de Madrid 2016-, deberían haber elegido un mecanismo diferente al del convenio. Según la ley, esta figura queda limitada a la colaboración entre instituciones, cuando las dos partes carezcan de interés patrimonial o cuando no exista una contraposición de intereses. Es obvio, a la luz de las pruebas que obran en la causa, que había interés patrimonial, puesto que Urdangarin y Torres se metieron en sus bolsillos 2,6 millones de euros en Baleares y otros 3,5 en la Comunidad Valenciana.
El dúo Urdangarin-Torres y los demás imputados deberán devolver, pues, íntegramente las cantidades recibidas de los erarios autonómicos. La Fiscalía considera que habría que imponerles una multa de 3.495.000 euros: algo más de un millón de euros por el dinero distraído de Baleares y 2,3 millones por los fondos públicos que se embolsaron en la Comunidad Valenciana. Llama la atención la desproporción entre la multa que reclamará el fiscal y la fianza de responsabilidad civil, aún vigente, que se impuso solidariamente a ambos: 8,2 millones.
El resto, hasta completar los 6,1 millones de los que se apropiaron en total en las dos administraciones, lo pagarán los políticos y funcionarios que colaboraron en el saqueo. Jaume Matas, el dirigente popular que presidió Baleares de 1996 a 1999 y de 2003 a 2007 y que será acusado de prevaricación, malversación y fraude, también tendrá que poner parte de los fondos detraídos ilegalmente. En concreto, se baraja una multa de unos 500.000 euros.
El presidente balear posee ya antecedentes: fue condenado por el Supremo a nueve meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias y por la Audiencia de Palma a abonar 51.000 euros al Estado por cohecho.
Por último, la intención de la Fiscalía es dejar al margen a antiguos colaboradores del duque de Palma, como el empresario Miguel Zorío.
Esta hoja de ruta de Anticorrupción quedará en papel mojado si llegan a buen puerto las negociaciones que, pese a lo que mantiene el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, siguen abiertas. Torres-Dulce fue tajante hace un mes cuando este diario destapó esta posibilidad: "No hay abierta ni va a haber ninguna negociación para cerrar un pacto en el denominado caso Nóos".

Moebius

El aura (2005)


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Rodencia y el Diente de la Princesa (2012)


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Los Juegos del Hambre (2012)


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El consejero (2013)


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Narra la historia de un respetado abogado del sudoeste de Estados Unidos que se introduce en el mundo del tráfico de drogas. Escrita por el novelista Cormac McCarthy (The Road, No Country for Old Men), en su primer guión original pensado expresamente para el cine que llega a las pantallas.

Recetas galletas navideñas de mantequilla


Aprobada Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en Uruguay

Luego de casi diez años de proyectos de ley que fueron quedando sistemáticamente archivadas en cajones, los primeros donde únicamente se hablaba de Formatos Abiertos, el último, votada con media sanción en Diputados en diciembre de 2012, mucho más jugado que el que finalmente se votó este 18 de diciembre, donde se indicaba que el software que comprara o desarrollara el Estado además de Software Libre debía contemplar que el software para desarrollarlo (frameworks, etc.) también fuera libre “incluyendo el acceso como software libre al o los programas necesarios para el desarrollo” [1], se votó la Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado. 
El texto de la ley contiene cinco artículos a saber:

ARTÍCULO 1º. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los organismos descentralizados, las empresas donde el Estado posea mayoría accionaria, los Gobiernos Departamentales, las Juntas Departamentales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y los organismos de contralor del Estado, deberán distribuir toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre. Todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y estándar. 
ARTÍCULO 2º. En las instituciones y dependencias del Estado mencionadas en el artículo 1º, cuando se contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre. En caso que se opte por software privativo se deberá fundamentar la razón.

En caso de que el Estado contrate o desarrolle software, el mismo al ser distribuido, se licenciará como software libre. El intercambio de información realizado con el Estado, a través de Internet, deberá ser posible en, al menos, un programa licenciado como software libre. 
ARTÍCULO 3º. Se considera de interés general que el sistema educativo proceda a promover el uso de software libre.

ARTÍCULO 4º. El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo de 180 (ciento ochenta) días las condiciones, tiempos y formas en que se efectuará la transición de la situación actual a una que satisfaga las condiciones de la presente ley y orientará, en tal sentido, las licitaciones y contrataciones futuras de programas de computación (software) realizadas a cualquier título. 
ARTÍCULO 5º. Definiciones a los efectos de la presente ley :

A) El software libre es el que está licenciado de forma que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones 
1. Pueda ser usado para cualquier propósito

2. Tenga acceso a su código fuente de forma que pueda ser estudiado y cambiado para adaptarlo a las necesidades.

3. Pueda ser copiado y distribuido.

4. Sea posible la mejora del programa y la liberación de dichas mejoras a la ciudadanía.

B) El software privativo es todo software que prive de alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al software libre. 
C) Los formatos abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos almacenados en formatos abiertos no requieren de software privativo para ser utilizados.

D) Formatos estándar son los que han sido aprobados por una entidad internacional de certificación de estándares. 
Finalmente el Uruguay cuenta con una ley, que deberá ser reglamentada y puesta en vigor en un máximo de seis meses y eso es sin dudas un motivo para celebrar: el Estado uruguayo camina hacia la Soberanía Tecnológica y a la protección de sus datos. Como lo hiciera por decreto el gobierno de Dilma Rousseff cuando, luego de detectado el espionaje denunciado por Edward Snowden, que afectó entre otros a las cuentas de correo de la propia presidenta, resolvió utilizar Software Libre en todas las comunicaciones de correo en el Estado y encomendó la tarea al SERPRO (Servicio de Procesamiento de Datos Estatal), como lo hiciera el comandante Hugo Chávez en 2002 con el decreto 3390 al detectar que sus plantas petroleras eran controladas desde los EEUU utilizando “back-doors” de sistemas Microsoft al que el propio Comandante denunció como “brazo informático de imperio norteamericano”, como lo hiciera el gobierno de Rafael Correa al determinar que todo Ecuador utilizaría Quipux, herramienta de Software Libre para gestión documental y que entre otras cosas permitió en el fallido golpe de estado del que fuera víctima Correa, firmar electrónicamente el Decreto de Emergencia del 30 de septiembre de 2010.

Se abre una nueva etapa en Uruguay donde la defensa de la Soberanía Tecnológica podrá realizarse al amparo de esta ley. Donde el intercambio y la colaboración entre organismos o Ministerios podrá ser la mejor forma de aplicar la máxima francesa de que “el software libre se paga una sola vez”. 
Es consecuente con la política exterior tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en ámbitos regionales donde se ha definido desde el mes de julio de 2013 un claro rumbo de integración regional tanto a nivel de MERCOSUR como de UNASUR en materia de colaboración tecnológica de cara a la real defensa de la Soberanía.

Se requerirá del apoyo de los tomadores de decisión en los diferentes organismos estatales, de quienes redacten llamados de licitación para la adquisición de software, de la Comunidad de Software Libre organizada, aportando, apoyando, controlando los nuevos procesos de adquisición o implantación de herramientas informáticas. Se abren puertas para que micro, pequeñas y medianas empresas, que hasta ahora les era imposible competir con trasnacionales en las compras estatales, accedan al desarrollo o implantación de software y con esto estimular el trabajo y fomentar la investigación y lograr que el conocimiento se quede en el país y la región. 
Como indica en uno de sus párrafos el comunicado púbico del Centro de Estudios de Software Libre del Uruguay (CESoL), indiscutido referente local de la Comunidad de Software Libre y que tuvo una relevante participación en la redacción e impulso de esta ley “ Esta Ley es un pequeño paso hacia el objetivo del uso social del conocimiento y la apropiación por parte de los trabajadores informáticos del Estado y en consecuencia de toda la comunidad de dicho conocimiento, para seguir construyendo el país soberano e independiente que todos los uruguayos queremos”.

Gallardón acaba con el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo

La Marea


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha confirmado hoy, en rueda de prensa, que el Consejo de Ministros ha sancionado el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer. El próximo paso será remitirlo a las Cortes Generales para su aprobación.
Esta reforma, según ha afirmado Gallardón, se ha hecho de acuerdo a los “criterios que inspiran el discurso del Partido Popular” respecto al aborto y sobre la base de lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 sobre este mismo asunto. De esta manera, dos años después de haber ganado las elecciones, cumplen por primera vez uno de los puntos que contenía el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones generales.
La nueva norma, según el ministro de Justicia, recupera el equilibrio entre la protección del bien jurídico del derecho a la vida del nasciturus (concebido y no nacido) y el derecho a la salud y a la dignidad de la madre con lo que considera que “resuelve una enorme inquietud de la sociedad en general y de los médicos en particular”. Una reforma que, tal y como ha afirmado, ha sido elaborada tras un “amplio período de reflexión“ y con la colaboración de los expertos “que han querido acercarse a nosotros o a los que hemos querido acercarnos“.
La insistencia del ministro Gallardón en afirmar que esta norma se adecua a lo emitido por el Tribunal Constitucional en una sentencia respecto al aborto de 1985 se contradice con lo que los movimientos feministas aseveran. Ya a finales de septiembre de este año, durante la semana de movilizaciones que se organizó para protestar contra la propuesta de reforma de Gallardón, la doctora en Derecho Marta del Pozo afirmó categóricamente que el ministro de Justicia pretendía “legislar en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional ya que “no recoge que el nasciturus tenga el derecho fundamental a la vida”.
Modificaciones de la nueva ley
La primera novedad -que el ministro de Justicia ha calificado como un “auténtico avance histórico”- , es que esta Ley Orgánica se ha articulado sobre la base de la idea de que “la mujer es siempre una víctima”, por lo que en ningún caso se establecerá ningún “reproche penal cuando aborte fuera de los supuestos que establece esta norma. Sin embargo, este “avance” se ve eclipsado por la prohibición de que sea la mujer la que decida de manera unilateral si quiere seguir o no adelante con el embarazo ya que “sería radicalmente contrario a lo que establece la doctrina del Tribunal Constitucional”, ha asegurado Gallardón.
En la práctica, esto significa que se eliminará el sistema de plazos que rige la norma aún en vigor y se sustituirá por un sistema de supuestos. La ley de plazos implica que el Estado considera a la mujer como un sujeto adulto capaz de autorregularse para decidir. Al haber dos bienes jurídicos en conflicto de igual rango (la vida futura y la libre decisión de la madre), el sistema de plazos apela al criterio de la ponderación. Es decir, pone ambos derechos en una balanza y determina cuál tiene más peso.
En la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la protección del bien jurídico de la vida futura va en consonancia con el proceso biológico del embrión. En las primeras semanas de gestación se le da prioridad a la madre y, a medida que va avanzando el embarazo, va ganando terreno el feto, hasta que llega un momento en el que es el único bien jurídico protegido.
Se elimina el supuesto de malformación del feto
Por el contrario, en la reforma de Gallardón, que establece una le de supuestos, esta concepción cambia. Ahora será el Estado quien decidirá cuándo darle permiso a una mujer para interrumpir su embarazo. Una modificación de la que, para Gallardón, toda la sociedad debería sentirse orgullosa.
Respecto a los supuestos que contemplará esta nueva norma, serán sólo dos. En primer lugar, que la mujer se haya quedado embarazada fruto de una violación. En segundo lugar, que el embarazo suponga un grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer. El supuesto de interrupción de la gestación por malformación del feto se elimina, excepto si dicha anomalía pone en peligro la salud de la mujer.
Aunque, para que puedan validarse dichos supuestos, se imponen condiciones restrictivas que serán las que avalen este riesgo: que este grave peligro menoscabe “no de manera irreversible pero sí importante y duradera“ la salud de la embarazada y que este peligro esté acreditado por dos médicos especialistas al margen del que realizará el aborto y que no trabajen en el centro donde se tiene previsto que se lleve a cabo.
Para los supuestos de peligro psíquico que tengan su origen en una malformación del feto incompatible con la vida, también serán necesarios dos médicos que lo acrediten. Uno que pruebe que, en efecto, la mujer corre peligro y otro que acredite que la anomalía que presenta el feto está asociada con la muerte.
En todos estos casos, ningún aborto podrá realizarse después de las 22 semanas de gestación, a excepción de si la enfermedad del feto no se ha podido detectar con anterioridad o si surgieran complicaciones que pusieran en peligro la salud de la mujer pasado este plazo. Para el resto de los casos, se procederá a un parto inducido, ya que, según ha aseverado Alberto Ruiz Gallardón, la Organización Mundial de la Salud considera que a partir de los cinco meses y medio de embarazo “el feto es susceptible de desarrollarse independientemente de la madre”.
Las últimas dos novedades que integra esta norma son, por un lado, la prohibición de que las menores de 16 años, así como aquellas que tengan entre 16 y 18 años, decidan que se les practique un aborto sin permiso de los padres y tutores. Deberán, obligatoriamente, estar acompañadas por aquellos que ostenten la patria potestad de las menores. Además, Gallardón ha anunciado que se prohibirá la publicidad de productos o servicios “para difundir la práctica del aborto” ya que, según su criterio, aunque no sea ilegal, la información respecto a la interrupción del embarazo “en ningún caso puede convertirse en un producto de consumo”.

Los jueces, desbordados por la corrupción, exigen refuerzos

Telediarios, webs y periódicos rebosan de noticias de corrupción. Es como si todas las tropelías que se vienen cometiendo en los últimos años estuvieran, finalmente, reventando todas las costuras. Pues bien, donde realmente revientan es en los juzgados. Y detrás de cada una de esas noticias hay un juez batallando, en muchas ocasiones en solitario, contra grandes despachos de abogados con nutridos equipos de especialistas.
El último estudio elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, publicado a finales de abril tras un exhaustivo trabajo de campo, señalaba que los juzgados españoles están investigando 1.661 casos de corrupción; de los cuales 302 son considerados como macroprocesos. El servicio de inspección del CGPJ reclamaba, al hilo de este estudio, 64 nuevos jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios extra para hacer frente al creciente trabajo de los juzgados.
“La respuesta judicial se ve desbordada por los asuntos de corrupción”, asegura Francisco Martínez, juez decano de Palma. Mercè Caso, su homóloga en Barcelona, incide. “Sí, antes estos casos eran algo más extraordinario. Resultaba más sencillo conseguir medidas de refuerzo. En Barcelona, ahora mismo, es difícil encontrar un juzgado en que no haya un caso de corrupción”.
El descontento de los jueces es patente. Y esta misma semana lo dejaron bien claro en la XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos que se celebró de lunes a miércoles en Sevilla. “Quizá, esta vez, más que en otras ocasiones, hemos llamado a las cosas por su nombre”, dice Alfonso González-Guija, decano de Bilbao. Días después de la reunión, en que aprobaron unas conclusiones de consenso, los jueces hablan abiertamente de su situación.
Los jueces de múltiples localidades tienen que hacer frente a complejos casos de corrupción y compatibilizar esta labor con juicios de faltas y demás asuntos que cada semana llegan a un juzgado de instrucción, así como a los turnos de guardia de 24 horas. Además, en muchos casos, los despachos que defienden a algunos de los acusados de corrupción cuentan con extensos equipos multidisciplinares en los que puede haber decenas de letrados (criminalistas, expertos en derecho procesal, penalistas especializados en derecho administrativo, etc.) analizando cada recoveco de cada caso en busca de un filón que permita salvar al cliente.
“La soledad de los jueces instructores es una realidad”, asevera José María Páez, decano de Málaga. “Se encuentran, en muchos casos, en una situación de desigualdad que se convierte en una pesadilla”, agrega.
Los jueces decanos, que son elegidos democráticamente por sus compañeros, recogen las demandas de 2.000 jueces de base y las ponen en común en reuniones como la de Sevilla. Una de las reivindicaciones que han planteado en esta ocasión, de hecho, es que en casos especialmente complejos, los jueces puedan contar con dos o tres magistrados de apoyo que les ayuden a sacar adelante el trabajo.
González Guija plantea que no sería descabellado que jueces como Mercedes Alaya (al frente del caso de los ERE en Andalucía) o José Castro (caso Palma Arena) coordinaran a un pequeño equipo de magistrados que les ayudaran a estudiar la documentación, a cribar los miles de folios que entran en el juzgado e incluso a tomar declaración a los testigos en casos en que debe comparecer un centenar de personas. “Los casos importantes de corrupción se dilatan muchísimo”, señala el decano de Bilbao. Y son los que exigen una pronta resolución por parte de la ciudadanía.
“El auxilio inmediato es fundamental en temas de corrupción”, señala Santiago Pedraz, decano de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Poder contar con jueces de apoyo, con más funcionarios, con profesionales que puedan realizar urgentemente volcados informáticos, recabar documentos y papeles, es prioritario para que la instrucción sea eficaz. Pedro Viguer, decano de Valencia, considera fundamental que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuente con un presupuesto extraordinario para cuestiones urgentes. Y se queja de las trabas burocráticas que existen actualmente y que obstaculizan la rapidez en la asignación de refuerzos, que requieren de una autorización del CGPJ, seguida de un plácet del Ministerio de Justicia, y de la aprobación de la asignación de funcionarios por parte de la Comunidad Autónoma. “Esto funciona así, es un sistema completamente absurdo”, se queja.
Viguer asegura que lleva esperando desde septiembre a que se le asignen tres jueces para poder hacer frente a la avalancha de casos relacionados con las participaciones preferentes (1.700 desde febrero, relata) y a las numerosas causas de corrupción que hay que investigar y juzgar.
Los jueces quieren disponer de cuerpos de peritos contables, con expertos informáticos, con especialistas en cuestiones como las finanzas o el blanqueo de capitales para hacer bien su trabajo. “Contar con equipos de expertos imparciales e independientes que asesorasen en materia económica”, declara Viguer, “sería una baza extraordinaria en la lucha contra la corrupción”. Rechazan la designación de peritos por parte de la Agencia Tributaria. Y solicitaban asimismo la creación de una policía judicial, funcional y orgánicamente dependiente del Poder Judicial.
“Cualquier medida que pudiera contribuir a garantizar la independencia e imparcialidad de dichos servidores públicos, especialmente en la persecución de los delitos de corrupción, debe ser objeto de especial consideración”, declara, vía correo electrónico, Carlos Lesmes, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, y “será siempre apoyada desde el CGPJ”. Lesmes recuerda que los magistrados ya cuentan con una “potestad real y efectiva sobre los cuerpos y fuerzas policiales”.
“Lo que notamos en muchas ocasiones”, dice Miguel Pasqual del Riquelme, decano de Murcia, “es que los órganos del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia no son lo suficientemente conscientes de las necesidades de los juzgados. Hace falta un sistema de justicia que sea eficaz”.

El PP se instala en el escándalo permanente

Tenía que haber sido una semana de festejos. Mariano Rajoy cumplía este sábado dos años de presidente del Gobierno. La prima de riesgo ya no aprieta tanto y el presidente quiere ver todos los días la luz al final del túnel. Pero no fue así. Los diputados y ministros del PP se van de vacaciones navideñas —habrá consejo el 27, pero no el día 3 de enero, y el Parlamento descansa una temporada— con el susto en el cuerpo tras una semana de escándalo permanente. De hecho, algunos transmiten en privado la sensación de que ese es el lugar en el que se ha instalado el PP, el escándalo permanente, en el que una noticia tapa a la otra sin que ninguna de ellas tenga ninguna consecuencia política.
En los pasillos del Congreso y en el Gobierno se percibe un ambiente de hastío y agotamiento. En la misma semana, han quedado muy tocados el presidente de honor, José María Aznar, el presidente de Madrid, Ignacio González, y el corazón del PP, la sede de Génova 13, donde por primera vez en su historia entró la policía para registrar durante 14 horas los documentos de la contabilidad del partido. Y por si fuera poco en la misma semana también la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado como testigo en el caso Gürtel.
Pero además de los escándalos de corrupción o maniobras políticas en las cajas, la semana ha concluido con el Gobierno dividido y muy alterado por su guerra con las eléctricas, que nadie sabe cómo acabará, y una nueva ley del aborto que abre una batalla larguísima —casi un año puede durar la tramitación— que puede acabar definitivamente con la imagen pública de Alberto Ruiz-Gallardón, que ha pasado de gran valor político del PP a uno de los ministros peor valorados.
Casi nadie se libra de la quema. María Dolores de Cospedal está en el centro de muchas de las críticas internas. Todo el mundo admite que ella está sufriendo el coste por cosas que pasaron cuando ella aún no mandaba, y le reconocen que ha sido quien con más dureza se enfrentó a Luis Bárcenas. Pero, pese a eso, se ha convertido en el parachoques de Rajoy en el caso Bárcenas y sobre todo, en la secretaria general del día en el que el PP fue registrado por la policía, algo que no sucedió ni siquiera con el escándalo del caso Naseiro. Algunos interpretaron como un golpe a Cospedal y su equipo las palabras de Rajoy del viernes: “Vamos a colaborar con la justicia, esas son las instrucciones que he dado, y es lo que se está haciendo”. El auto del juez dice lo contrario, que el PP no ha facilitado todos los papeles, y por eso Pablo Ruz mandó a la policía a requisarlos.
“Ahora podemos dedicarnos a cumplir el programa”, resume un ministro
Es Cospedal, con el abogado del PP, Alberto Durán, quien dirige sin consultar con nadie la estrategia frente al caso Bárcenas-Gürtel. Y si ya fue muy criticado internamente el borrado de los ordenadores, esta nueva estrategia de atacar a la policía y al juez por su último auto también está sufriendo un importante rechazo. “Enfadar a un juez de la Audiencia Nacional muy respetado como Ruz no es lo más inteligente que se puede hacer”, resume uno de ellos. En el entorno de Cospedal, sin embargo, siguen diciendo que el juez se equivoca, que el PP entregó todos los papeles que tenía que dar en agosto, y que todo está en orden y no hay ningún pago en b de la obra de la sede. Y no lo dicen solo en público y en comunicados. También se lo cuentan a los pocos dirigentes que se animan a preguntar.
El PP sigue paralizado, y justo ahora vienen unas elecciones europeas que servirán de termómetro. De momento ni siquiera hay candidato, aunque todos los consultados están convencidos de que Rajoy aprovechará las Navidades para tomar una decisión. Miguel Arias Cañete sigue siendo uno de los más probables, aunque ahora que el PP se ha embarcado en un intento por recuperar a su electorado más conservador, con leyes como la de seguridad ciudadana, la reforma del Código Penal y en especial la del aborto, nadie descarta del todo a Jaime Mayor. De hecho, fue ese motivo, el de contentar a su electorado conservador, el que llevó a Rajoy a ponerle en 2009. Ahora ambos están mucho más distanciados que entonces, pero el pragmatismo del presidente es conocido.
“Llevamos dos años en los que solo pensábamos en evitar el rescate. Primum vivere, deinde philosophari [primero vivir, después hacer filosofía]. Ahora podemos dedicarnos a la política y empezar a cumplir nuestro programa electoral, dar alguna satisfacción a los nuestros, que están muy enfadados. Es cierto que el caso Bárcenas nos complica todo, pero creemos que ya no tiene más recorrido”, resume un ministro.
En el PP se escuchan estos días en privado muchas críticas a los jueces y sobre todo a un sistema de instrucción interminable. Así como en su día el PSOE se quejaba de la instrucción inagotable del caso Filesa, ahora el PP reclama a Ruz que acabe cuanto antes su trabajo. “Hay que asumirlo”, resume un miembro del Comité Ejecutivo Nacional, que recuerda que “todo lo relacionado con la mala imagen del partido tiene que ver con un tipo que está en la cárcel, un impresentable”, en referencia al extesorero de la formación Luis Bárcenas.
En este ambiente, el Ejecutivo ni siquiera ha organizado ningún acto por los dos años de la toma de posesión (el 21 Rajoy, el 22 los ministros). Al menos no en público. El viernes por la noche, el presidente invitó a cenar en La Moncloa a sus ministros, en una forma de celebrar el aniversario. Y el ambiente fue muy agradable, según algunos de ellos. Los escándalos no formaron parte de las conversaciones, y el discurso de Rajoy se centró en la economía y en agradecerles que hayan resistido estos dos años durísimos. “Han sido dos años pero nos han parecido 20”, resume uno de ellos.
Aunque esa cena no era propicia para hablar de asuntos delicados —estaban invitadas las parejas de los ministros y ministras— es significativo que el presidente no dijera allí una palabra sobre el registro de la sede que había concluido esa misma mañana, lo que da idea de su intento por borrar el caso Bárcenas de su agenda pública y privada. Todo se lo ha dejado a Cospedal, es ella la que asume la gestión y el coste político. Tampoco se habló de cambios, algo que el presidente no comenta con nadie. “Este es un Gobierno totalmente de confianza del presidente, más que ningún otro en democracia. Lo ha hecho él, sin equilibrios territoriales, somos su gente. Por eso para él será muy fácil prescindir de quien quiera, no va a haber resistencias”, explica uno de ellos. Aunque nadie ve ambiente de cambio salvo lo imprescindible si algún ministro va en la lista europea.
Rajoy apenas tiene presencia pública estos días -salvo el tradicional saludo a las tropas españolas- hasta que el viernes 27 ofrezca su tradicional rueda de prensa de fin de año, que será la única de este tipo en La Moncloa en todo 2013 porque la habitual de julio se canceló.
La formación sigue paralizada, sin candidato a las europeas
Al margen del caso Gürtel, que sí afecta directamente al PP y por tanto a la dirección, los marianistas ven con estupor y un cierto regusto de venganza cómo se hunde la imagen de algunos rivales políticos del presidente. Por una parte, José María Aznar, uno de los que más daño ha hecho con sus críticas abiertas a la gestión de Rajoy. “Con los correos de Blesa la imagen de Aznar ha quedado por los suelos, y la de Blesa también. Pero no creo que eso afecte tanto a la marca PP como al propio expresidente. Está siendo muy duro para él porque además le han tocado a la familia”.
El otro gran frente abierto es el PP de Madrid. Rajoy nunca ha conseguido controlarlo, es una de sus grandes frustraciones. El presidente ha ido controlando relevos en las autonomías hasta lograr un equipo de barones bastante fieles, con altibajos. Pero no en Madrid. Y esta semana, que empezó con Esperanza Aguirre declarando como testigo por los contratos de su Administración con la red Gürtel, ha visto cómo quedaba imputada por blanqueo de capitales Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, sucesor de Aguirre en la Comunidad de Madrid e históricamente enfrentado a Rajoy, aunque ahora ese choque estaba pacificado. Los marianistas intentaron montar una operación el año pasado para que González no sucediera a Aguirre. Pero Rajoy no se animó al ver que González controlaba férreamente el partido y el grupo parlamentario. Ahora el PP tiene un problema serio: está instalada la idea de que ni González, menos ahora con sus problemas judiciales, ni Ana Botella pueden ganar las elecciones de 2015 con mayoría absoluta. En la cena del PP de Madrid, el miércoles, Rajoy evitó cualquier palabra de aliento a González. Dirigentes presentes comentan que había un ambiente frío y que muchos tenían la sensación de que el cambio de ciclo en Madrid está llegando y Rajoy tendrá que tomar decisiones drásticas en unos meses.
En cualquier caso otros dirigentes recuerdan que en el PP ya se han acostumbrado a que todo esté patas arriba y nunca pase nada. “Rajoy dice que es cuestión de esperar y tiene razón. Una noticia borra a la otra, y al cabo de pocos días todo se olvida. ¿Alguien habla ya de los SMS con Bárcenas que tanto lío armaron en julio? Nadie. A Rajoy le basta con esperar y eso lo hace mejor que nadie. No va a pasar nada”, resume uno. “Cambios no va a haber. Pero no es que no pase nada. Mira lo que dice el CIS: nos hemos convertido en el principal problema de los españoles después del paro. Y va a peor”, matiza otro.