Telediarios, webs y periódicos rebosan de noticias de corrupción.
Es como si todas las tropelías que se vienen cometiendo en los últimos
años estuvieran, finalmente, reventando todas las costuras. Pues bien,
donde realmente revientan es en los juzgados. Y detrás de cada una de
esas noticias hay un juez batallando, en muchas ocasiones en solitario,
contra grandes despachos de abogados con nutridos equipos de
especialistas.
El último estudio elaborado por el Consejo General del Poder
Judicial, publicado a finales de abril tras un exhaustivo trabajo de
campo, señalaba que los juzgados españoles están investigando 1.661 casos de corrupción;
de los cuales 302 son considerados como macroprocesos. El servicio de
inspección del CGPJ reclamaba, al hilo de este estudio, 64 nuevos
jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios extra para
hacer frente al creciente trabajo de los juzgados.
“La respuesta judicial se ve desbordada por los asuntos de
corrupción”, asegura Francisco Martínez, juez decano de Palma. Mercè
Caso, su homóloga en Barcelona, incide. “Sí, antes estos casos eran algo
más extraordinario. Resultaba más sencillo conseguir medidas de
refuerzo. En Barcelona, ahora mismo, es difícil encontrar un juzgado en
que no haya un caso de corrupción”.
El descontento de los jueces es patente. Y esta misma semana lo
dejaron bien claro en la XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos que se
celebró de lunes a miércoles en Sevilla. “Quizá, esta vez, más que en
otras ocasiones, hemos llamado a las cosas por su nombre”, dice Alfonso González-Guija,
decano de Bilbao. Días después de la reunión, en que aprobaron unas
conclusiones de consenso, los jueces hablan abiertamente de su
situación.
Los jueces de múltiples localidades tienen que hacer frente a
complejos casos de corrupción y compatibilizar esta labor con juicios de
faltas y demás asuntos que cada semana llegan a un juzgado de
instrucción, así como a los turnos de guardia de 24 horas. Además, en
muchos casos, los despachos que defienden a algunos de los acusados de
corrupción cuentan con extensos equipos multidisciplinares en los que
puede haber decenas de letrados (criminalistas, expertos en derecho
procesal, penalistas especializados en derecho administrativo, etc.)
analizando cada recoveco de cada caso en busca de un filón que permita
salvar al cliente.
“La soledad de los jueces instructores es una realidad”, asevera José
María Páez, decano de Málaga. “Se encuentran, en muchos casos, en una
situación de desigualdad que se convierte en una pesadilla”, agrega.
Los jueces decanos, que son elegidos democráticamente por sus
compañeros, recogen las demandas de 2.000 jueces de base y las ponen en
común en reuniones como la de Sevilla. Una de las reivindicaciones que
han planteado en esta ocasión, de hecho, es que en casos especialmente
complejos, los jueces puedan contar con dos o tres magistrados de apoyo
que les ayuden a sacar adelante el trabajo.
González Guija plantea que no sería descabellado que jueces como Mercedes Alaya (al frente del caso de los ERE en Andalucía) o José Castro (caso Palma Arena)
coordinaran a un pequeño equipo de magistrados que les ayudaran a
estudiar la documentación, a cribar los miles de folios que entran en el
juzgado e incluso a tomar declaración a los testigos en casos en que
debe comparecer un centenar de personas. “Los casos importantes de
corrupción se dilatan muchísimo”, señala el decano de Bilbao. Y son los
que exigen una pronta resolución por parte de la ciudadanía.
“El auxilio inmediato es fundamental en temas de corrupción”, señala Santiago Pedraz,
decano de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Poder contar
con jueces de apoyo, con más funcionarios, con profesionales que puedan
realizar urgentemente volcados informáticos, recabar documentos y
papeles, es prioritario para que la instrucción sea eficaz. Pedro
Viguer, decano de Valencia, considera fundamental que el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) cuente con un presupuesto extraordinario para cuestiones
urgentes. Y se queja de las trabas burocráticas que existen actualmente y
que obstaculizan la rapidez en la asignación de refuerzos, que
requieren de una autorización del CGPJ, seguida de un plácet del
Ministerio de Justicia, y de la aprobación de la asignación de
funcionarios por parte de la Comunidad Autónoma. “Esto funciona así, es
un sistema completamente absurdo”, se queja.
Viguer asegura que lleva esperando desde septiembre a que se le
asignen tres jueces para poder hacer frente a la avalancha de casos
relacionados con las participaciones preferentes (1.700 desde febrero,
relata) y a las numerosas causas de corrupción que hay que investigar y
juzgar.
Los jueces quieren disponer de cuerpos de peritos contables, con
expertos informáticos, con especialistas en cuestiones como las finanzas
o el blanqueo de capitales para hacer bien su trabajo. “Contar con
equipos de expertos imparciales e independientes que asesorasen en
materia económica”, declara Viguer, “sería una baza extraordinaria en la
lucha contra la corrupción”. Rechazan la designación de peritos por
parte de la Agencia Tributaria. Y solicitaban asimismo la creación de
una policía judicial, funcional y orgánicamente dependiente del Poder
Judicial.
“Cualquier medida que pudiera contribuir a garantizar la
independencia e imparcialidad de dichos servidores públicos,
especialmente en la persecución de los delitos de corrupción, debe ser
objeto de especial consideración”, declara, vía correo electrónico,
Carlos Lesmes, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, y
“será siempre apoyada desde el CGPJ”. Lesmes recuerda que los
magistrados ya cuentan con una “potestad real y efectiva sobre los
cuerpos y fuerzas policiales”.
“Lo que notamos en muchas ocasiones”, dice Miguel Pasqual del
Riquelme, decano de Murcia, “es que los órganos del Poder Judicial y del
Ministerio de Justicia no son lo suficientemente conscientes de las
necesidades de los juzgados. Hace falta un sistema de justicia que sea
eficaz”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario