tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 27 de noviembre de 2013

Un Santafesino en Toronto

Anticorrupción recurrirá la sentencia contra Carlos Fabra

La Fiscalía Anticorrupción recurrirá la sentencia que ha condenado al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a cuatro años de prisión por defraudar casi 700.000 euros a Hacienda. El ministerio público prepara el recurso contra un fallo que ha rebajado en gran medida la petición de los 13 años de prisión que reclamaba por los cuatro delitos fiscales y otros dos de tráfico de influencias y cohecho. La fiscalía tiene de plazo hasta este viernes para recurrir ante el Tribunal Supremo. Según han informado desde la Fiscalía General del Estado, el motivo por el que se interpondrá el recurso es “la infracción de la ley” recogida en los artículos 849.1 (por infracción penal cuando se han declarado probados ciertos hechos en las resoluciones judiciales) y el 842 (por infracción de un precepto constitucional) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La fiscalía ha apuntado que el precepto constitucional que considera que se ha vulnerado es el recogido en el artículo 24 de la Constitución. Este artículo recoge, entre otros, el derecho a un proceso público “sin dilaciones indebidas y con todas las garantías”.
El fiscal Anticorrupción se opuso durante el juicio a que se considerara la atenuante de dilaciones en el tiempo que reclamaba la defensa de Carlos Fabra y que ha sido estimada por la Audiencia Provincial y provocado una rebaja de ocho a cuatro años en la pena por los cuatro delitos fiscales. “La jurisprudencia dice que se exige que el retraso tenga carácter extraordinario, no guarde relación con la causa y no sea atribuible al acusado”, dijo. Y añadió: “Han sido diez años, pero muy particulares, en mi vida he tenido un proceso con la litigiosidad y las cuestiones planteadas en este”.
El fiscal mantuvo además su petición de 13 años después de escuchar a los más de cincuenta testigos que pasaron por el juicio celebrado en octubre en la Audiencia Provincial de Castellón, así como a los peritos y la prueba documental. “No es un defraudador cualquiera, era presidente de la Diputación y mientras exigía impuestos él, por detrás, defraudaba”, llegó a decir. Así, reclamó al tribunal que no rebajara la petición de dos años de cárcel por cada uno de los cuatro delitos fiscales que le atribuye al estimar quedefraudó casi 700.000 euros por ingresos no justificados de 1,9 millones entre 1999 y 2004, tal y como ha confirmado la sentencia. Sin embargo, el tribunal recortó a la mitad esta petición al estimar la atenuante de dilaciones en el proceso que se prolongó durante casi diez años y al que contribuyó la propia defensa con la interposición de hasta veinte recursos.
El fiscal anticorrupción manifestó en el juicio que las acusaciones que mantiene quedaron “objetivamente acreditadas”. Habló de la relación entre el matrimonio Fabra con Vicente Vilar (el empresario que denunció que el político le exigió “cantidades millonarias” a cambio de mediar para conseguirle los permisos de sus productos fitosanitarios), habló de sus “gestiones” en Madrid porque tenía un “interés particular” para que los permisos salieran adelante. Habló de su propio “interés económico” en que los fitosanitarios fueran autorizados porque la sociedad participada por su mujer hubiera salido beneficiada. Y habló de pruebas documentales en las que se dejó constancia de las “presiones” del expresidente de la Diputación. Por ello consideró que sí se ha probado que existe tráfico de influencias: “Existen los requisitos de utilizar su autoridad para conseguir un fin”. Independientemente de que lo lograra o no, dijo. La Audiencia ha descartado el tráfico justo por considerar que si no hubo nadie influenciado no existe delito.
También estimó el fiscal que se probó durante el juicio que Fabra recibió dinero por estas gestiones. Anticorrupción apuntó a los 180.000 euros cobrados por Carmacas (la sociedad creada por el exdirigente y que el fiscal sostiene que se utilizó para ocultar los pagos de Vilar) por diferentes informes para el empresario y recordó que ninguno de sus allegados ha declarado que tuviera otro trabajo diferente al de presidente de la Diputación de Castellón. De hecho, la propia sentencia reconoce que estos pagos suponen una “actitud sospechosa” de los acusados por cohecho, pero que esta sospecha es insuficiente para sostener una condena.

49 votos del PP liquidan 24 años de historia de RTVV

Es el fin de 24 años de historia de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Las Cortes valencianas han sancionado el cierre de la televisión y la radio públicas con 49 votos a favor de los diputados del PP y 42 votos en contra de la bancada de la oposicón, y uno nulo. El debate ha sido muy duro y tenso, con acusaciones de corrupción y saqueo de Canal 9 por parte del PSPV y de EU, y amenazas de abrir un litigio para reclamar la responsabilidad patrimonial al Consell, por parte de Compromís.
Un centenar de trabajadores se ha concentrado en las inmediaciones del parlamento profiriendo gritos de dimisión al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. En el interior, representantes del comité de empresa han llamado "ladrones" a los diputados del PP, mientras los diputados de la oposición les espetaban: "No teniu vergonya" (no tenéis vergüenza). El presidente de las Cortes, Juan Cotino, ha decidido entonces dar por finalizada la sesión. La tensión se ha trasladado a la calle, donde se concentraban trabajadores de RTVV.
Tras la aprobación de la proposición de ley del PP de disolución de RTVV se debe nombrar una comisión liquidadora para finiquitar la empresa pública. La ley aprobada hoy indica que cesarán las emisiones, además de los miembros del consejo de administración de RTVV. También se llevará a cabo un Expediente de Extinción de Empleo para los cerca de 1.660 trabajadores de la empresa pública, incluidos los 952 despedidos que se reincorporaron el pasado martes como consecuencia de la sentencia de nulidad del ERE. 
El Consell quiere cerrar cuanto antes, porque desde que anunció el cierre los informativos tiene un marcado carácter crítico
No hay fecha prevista para el apagón de la señal de Canal 9 (que cambió el nombre a Nou) y de Ràdio 9 (Nou Ràdio). Hay muchas incógnitas por resolver. De momento, Canal 9 tiene comprometidos hasta casi tres millones de euros para la próxima campaña publicitaria de Navidad. Además, tiene unos derechos pendientes de pago de unos 20 millones de euros, entre otras obligaciones. El Consell, sin embargo, quiere cerrar cuanto antes, porque desde que anunció su decisión los informativos tiene un marcado carácter crítico con la Generalitat.        
En el debate parlamentario, el portavoz popular, Jorge Bellver, defendió la decisión del cierre para mantener otros servicios públicos, como la sanidad y la educación, y ha trasladado la responsabilidad de la clausura a la oposición por su negativa a negociar otro modelo de RTVV el pasado año, y por rechazar el contrato programa aprobada este mismo año. Insistió en que la decisión ha sido muy difícil pero consecuente con las prioridades del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
El panel de la votación del cierre de RTVV. / TANIA CASTRO
El diputado socialista Josep Moreno acusó directamente al Consell y al PP de actuar como una "banda" dedicada a delinquir, a saquear y a corromper, y no como un Gobierno ni un partido político. Ningún partido conservador europeo ha cerrado una televisión pública, añadió. Y ninguno ha llegado a la "estulticia y a la chapuza" en la gestión de RTVV como el PP. Moreno ha trazado un paralelismo entre la forma de actuar de la mafia y la del PP y el Gobierno valenciano.
El diputado de EUPV, Ignacio Blanco, ha reprochado al PP que no quiera sentarse a negociar y ha rechazado de plano el argumento del portavoz popular de que “nadie quería presentar” la proposición de ley para cerrar RTVV. “Es una cuestión de voluntad política”, ha afirmado el diputado. Blanco ha tildado a los populares de “émulos de Millán Astray” y ha comparado a Fabra con aquel emperador del cuento que iba desnudo sin que su entorno se lo advirtiera.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, pidió directamente la dimisión de Alberto Fabra. “Debería dimitir para evitar seguir haciendo mal a la Comunidad Valenciana, no está a la altura”, ha afirmado Morera. El diputado ha advertido a los diputados del PP y a los miembros del Consell que “tendrán que pagar con su patrimonio” la decisión del cierre de RTVV. “Les aconsejo que llamen a sus abogados, esto no les va a salir gratis”, ha subrayado Morera.
El pleno del Consell arrancó a las 10.30 con la proposición de ley del PP que autoriza al Consell a la extinción, disolución y liquidación de RTVVSAU como asunto principal del orden del día. Primero, nada más empezar el pleno, se tenía que votar la convalidación del decreto ley por el que se nombraba a los nuevos miembros del consejo de administración de RTVV. El resultado ha sido sorprendente: 42 votos afirmativos, 32 negativos y 14 nulos. El PP ha impuesto su mayoría pero siete de los 14 nulos se han producido en la bancada popular (incluido el de la consejera de Cultura, María José Català), y los otros siete, en la oposición. También ha habido un voto negativo en las filas del PP, en el caso de Maritina Hernández.
Trabajadores de RTVV protestan ante las Cortes tras la votación del cierre. / TANIA CASTRO
El extraño resultado de esta primera votación obedeció al desconcierto que se produjo en el hemiciclo cuando el diputado del grupo de no adscritos, Rafael Blasco, exconsejero del PP procesado por varios delitos, se levantó de su escaño para no asistir a la votación. La diputada de Compromís Mireia Mollà comentó en voz alta el proceder de Blasco: "Uno menos".
Se produjo entonces un momento de cierta confusión y el presidente de las Cortes, Juan Cotino, se apresuró a abrir la votación, al parecer con el micrófono apagado, y buena parte de los diputados no se enteró. Por eso hubo 14 votos nulos. Los diputados habían apretado el botón que confirma su presencia en el escaño, pero no llegaron a presionar o lo hicieron tarde el voto afirmativo o negativos, y por defecto, queda registrado el voto nulo.
El diputado socialista Rafael Rubio advirtió a Cotino del problema, pidiendo una nueva votación. El presidente de las Cortes negó tal posibilidad y apercibió a Rubio.
Los trabajadores de la cadena y los partidos de la oposición piden la dimisión del presidente valenciano, Alberto Fabra
Previamente, en el debate, el vicepresidente, José Ciscar, y luego el diputado del PP Alfredo Castelló habían defendido desde la tribuna que las “circunstancias excepcionales” dela dimisión de la anterior directora general, Rosa Vidal, y los consejeros del PP tras el anuncio del cierre de RTVV exigían una medida también “excepcional” para “garantizar” el funcionamiento de la cadena.
La diputada socialista Ana Barceló denunció que Alberto Fabra ya ha utilizado en 15 ocasiones el decreto ley para imponer medidas, un “uso y abuso” con el que “se usurpan las funciones de las Cortes”. Barceló argumentó que no había urgencia para aprobar el “decretazo”, que a juicio de los socialistas forma parte “del relato de lo rematadamente mal que han gestionado esta situación”.
Alfredo Castelló, en su réplica, insistió en que “el Consell no podía quedarse de brazos cruzados” tras la dimisión de la anterior dirección de RTVV y ha presentado el cierre del ente como el final de "tantos años gritando fora Canal 9" por parte de la oposición.
“Hoy estamos de duelo pero no olvidamos la camiseta que representa la dignidad de los trabajadores de RTVV”, arrancó su intervención el diputado de Esquerra Unida del País Valencià Ignacio Blanco. Con una camiseta contra el cierre ante sí, Blanco señaló a Fabra y afirmó que es “culpable de asesinar a RTVV”. Mònica Oltra, por Compromís, afirmó que Fabra se ha convertido “en un enterrador”.
En el texto de la proposición de ley, el grupo popular, que tiene mayoría absoluta, pedía que la iniciativa sea tramitada por el procedimiento urgente de lectura única. Por eso se produjeron hasta tres votaciones. El objeto de la proposición es suprimir la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat y, en consecuencia, autorizar al Consell a la extinción, disolución y liquidación de RTVV.
El debate ha sido muy duro y tenso, con acusaciones de corrupción y saqueo y amenazas de abrir un litigio para reclamar la responsabilidad patrimonial al Consell
A las puertas del Parlamento valenciano se han concentrado trabajadores de la radiotelevisión valenciana para protestar por el cierre. Los afectados llevan chalecos y camisetas con el lema RTVV la volem nostra, sense corrupció, en valencià, de qualitat, pública i plural. Una vez iniciada la sesión plenaria, los policías nacionales que había en el entorno de la Cámara autonómica les han comunicado que debían dispersarse porque la ley prohíbe concentraciones en ese punto mientras están reunidas las Cortes. Por ese motivo, los agentes han identificado a algunos de los empleados del ente. Varios de ellos se han quedado cerca en las terrazas de cafeterías.
Miembros del comité de empresa han asistido al pleno en la tribuna de invitados, en otras ocasiones copada por cargos de la Generalitat. El presidente del Consell, Alberto Fabra, ha tomado asiento de su escaño junto al vicepresidente, José Ciscar, ambos ante los objetivos de numerosas cámaras de televisión y fotógrafos que los esperaban en el centro del hemiciclo. Junto a ellos han seguido la sesión el resto de miembros del Gobierno valenciano.

El Senado expulsa a Berlusconi tras su condena por fraude fiscal

Dicen que no duerme desde hace días, que altera los momentos de depresión profunda con otros de una euforia desproporcionada que lo lleva a exclamar: "¡Juro que regresaré al palacio Chigi! [la sede del Gobierno]". El siempre teatral Silvio Berlusconi está perdiendo el oremus. Y, pensándolo bien, no es de extrañar. Hoy, miércoles 27 de noviembre de 2013, ha pasado a la historia de Italia como el día en que el Senado de la República expulsó, después de dos décadas de presencia ininterrumpida en el Parlamento, a aquel político y magnate conocido por Il Cavaliere, un título honorífico que --las desgracias nunca llegan solas-- también puede perder. Pero, sobre todo, más que el escaño o el sobrenombre, lo que Berlusconi teme de veras perder es la inmunidad. Ese blindaje tan eficaz contra los procesos de todo tipo que han salpicado y siguen salpicando su carrera política y que a punto están de convertirse en su tumba.
En realidad, los 321 senadores de la República reunidos en el palacio Madama no han votado la expulsión de Il Cavaliere. El orden del día simplemente preveía que el Senado se diera por enterado de la decisión de la comisión parlamentaria que declaraba vacante el escaño de Berlusconi en la región de Molise. Las nueve votaciones, rechazadas una tras otra, planteaban reemplazar el orden del día, y salvar a Il Cavaliere. La votación, prevista para las cinco de la tarde (inicialmente a las siete) se ha retrasado por una cuestión técnica: los berlusconianos exigían que el voto fuera secreto, mientras que la mayoría pedía que fuera abierto. Finalmente, a las 17.41, se ha levantado la sesión: Silvio Berlusconi ya no era senador.
A Il Cavaliere solo le queda la calle. Y a ella ha apelado durante el día de hoy. Decenas de autobuses cargados de fieles --"el ejército de Silvio"-- han llegado a Roma. Al mismo tiempo que el Senado debatía su expulsión, Berlusconi se daba un baño de masas junto a su "ejército" al exterior del edificio, insistiendo en el mensaje de siempre: "En ningún país civil y democrático, en la historia, ningún político ha sufrido una persecución de este tipo". Berlusconi ha vuelto a acusar a los jueces que le han condenado de estar nombrados a dedo para perjudicarle. "Este es un día de luto para la democracia", ha afirmado, "pero debemos seguir en el campo. No es el líder del centroderecha el que ya no es senador. Son los líderes del Gobierno los que no son parlamentarios. Ni [Beppe] Grillo ni [Matteo] Renzi [el alcalde de Florencia, favorito en las primarias del Partido Democrático]". E insistió: se presentará a las elecciones al frente de su partido, Forza Italia. "Nunca en mi vida olvidaré este día", dijo Il Cavaliere al despedirse de sus fieles. "Viva Italia, viva Forza Italia, viva la libertad".
La expulsión de Il Cavaliere se ha hecho en virtud de la llamada ley Severino, un paquete de medidas contra la corrupción en la política aprobado durante el Gobierno técnico de Mario Monti. Según la ley, resultan inelegibles o, como en este caso, indignos de mantener el escaño todos los políticos condenados a más de dos años de prisión en sentencia firme. Y Berlusconi entra en este supuesto porque, el pasado mes de agosto, el Tribunal Supremo lo condenó a cuatro años de prisión(de los que solo tendrá que descontar uno gracias a una amnistía) por fraude fiscal en el llamado caso Mediaset.
La ley Severino "es perfectamente aplicable al senador Berlusconi", ha afirmado el ponente de la comisión que pidió la expulsión de Il Cavaliere, el ecologista Dario Stefano. Con la votación prácticamente perdida —bastan los votos de la izquierda y del Movimiento 5 Estrellas, de Beppe Grillo, para echar a Berlusconi— los fieles al veterano líder han decidido que la mejor defensa es el ataque. "Su único objetivo es eliminar a Silvio Berlusconi", ha dicho la senadora Manuela Ripetti, vestida de negro —"de luto por la democracia"— como el resto de parlamentarias de Forza Italia. "Ustedes no le perdonan el que les haya impedido gobernar durante estos últimos 20 años, que les haya impedido meterle mano al país", ha afirmado. 
La sesión se ha calentado cuando la senadora del Movimiento 5 Estrellas Paola Taverna ha afirmado que "la decadencia [la expulsión] de su mandato es lo único que le importa a Berlusconi. La decadencia del país no le importa nada". Los senadores berlusconianos respondieron a voces. "Este es el espectáculo que dan al país en directo por televisión", ha afirmado el presidente del Senado, Pietro Grasso.
Para más inri, este día D y esta hora H tanto tiempo temidos por Berlusconi --y tanto tiempo soñados por la oposición-- le llega en un momento de debilidad extrema. No tanto porque tenga 77 años o porque su médico personal haya tenido que subir al estrado recientemente para evitarle un desmayo, sino porque el centroderecha que tanto empeño --y tanto dinero-- le ha costado mantener unido se ha resquebrajado finalmente. La traición de su delfín Angelino Alfano, que ha fundado el Nuevo Centroderecha llevándose consigo a un buen número de diputados y senadores, ha terminado por darle la puntilla, aunque los alfanistas votaron en contra de la expulsión de Berlusconi. Il Cavaliere ya no tiene siquiera la capacidad de la amenaza, sobre la que --a falta de los votos suficientes para gobernar-- ha basado su estrategia en los últimos tiempos. Su anuncio oficial de que ya no colaborará con el Gobierno de coalición --¿cuándo lo hizo?-- ya no implica ningún peligro para el socialdemócrata Enrico Letta. Berlusconi no podrá hacer caer al actual Ejecutivo como sí hizo caer al Gobierno de Mario Monti. Por no tener --él que tanto tuvo-- no tiene ni la influencia para que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, le conceda la gracia del indulto sin siquiera pedirla.

El sindicato internacional de futbolistas viajará al país árabe para liberar a Zahir Belounis

Zahir Belounis no sólo lleva dos años sin cobrar, sino que además su club no le dejará salir de Qatar hasta que no retire la demanda por impagos. El caso de este jugador francoargelino es la última polémica que salpica la sede del Mundial de 2022, cuestionada desde hace meses por no respetar los derechos de los trabajadores. El sindicato internacional de futbolistas (FIFPro) viajará este viernes al país asiático para intentar desbloquear su caso.
Belounis fichó por el Al Jaish qatarí en 2007 y renovó su contrato en 2010 por otras cinco temporadas, pero en noviembre de 2011 el equipo qatarí dejó de pagarle. Después de un año sin cobrar, el futbolista presentó una demanda por impagos y ahí empezó su calvario: Qatar exige a los trabajadores extranjeros un visado de su empresa para poder salir del país y el club se lo deniega hasta que firme un documento en el que niegue cualquier deuda.
Belounis ha recurrido a la Justicia ordinaria, ha escrito una carta pública a Zinedine Zidane y Pep Guardiola como embajadores del Mundial y hasta ha sopesado ponerse en huelga de hambre, según FIFPro. "No tiene libertad de movimientos ni como persona, así que no es sólo una violación de sus derechos como futbolista, sino de sus derechos humanos", declaró a Reuters Brendan Schwab, presidente de la división asiática del sindicato.
"Sé que fuisteis embajadores del Mundial de Qatar 2022 y que lo hicisteis de buena fe, pero hasta que este país no elimine su sistema de visados de salida, puede que cientos, quizá miles, de personas se queden aquí atrapadas. [...] Os pido que como embajadores del fútbol habléis de lo que me está pasando a mí y otros jóvenes aquí. Necesitamos que gente como vosotros haga oír nuestras voces", escribió Belounis en su carta a Zidane y Guardiola.
La FIFA aseguró en un reciente comunicado que no puede intervenir porque el jugador ha recurrido a la Justicia ordinaria en lugar de dirigirse a la Cámara de Resolución de Disputas del organismo que preside Joseph Blatter. "También nos gustaría señalar que a día de hoy no hemos recibido ninguna demanda contractual de Zahir Belounis contra su club, ni documentación que acompañe el caso", añadió la máxima organización del fútbol.
En su lugar, una delegación de FIFPro viajará este viernes a Qatar junto a representantes de la Confederación Sindical Internacional para encontrarse con Zahir Belounis y tratar de forzar su salida del país. Durante su visita de cuatro días, exigirán el respeto de los derechos humanos de los futbolistas y la adaptación de la liga qatarí a los estándares que impone la FIFA en las competiciones profesionales.
No es el primer conflicto de este tipo que surge en Qatar. El internacional marroquí Abdeslam Ouaddou se encontró en una situación similar y no recibió su visado hasta que amenazó con apelar a la Federación Internacional de Derechos Humanos. "Allí creen que pueden hacer lo que quieran porque piensan que el dinero puede comprar cualquier cosa. Edificios, acciones, coches... y personas. Para ellos no era más que un esclavo", sentenció Ouaddou.

Dos B-52 de EE UU sobrevuelan el espacio aéreo reclamado por China

Dos bombarderos B-52 norteamericanos han realizado este martes una misión de entrenamiento rutinaria en un espacio aéreo que desde el pasado fin de semana reclama China, cuando Pekín anunció, además de su tradicional reivindicación de unas islas que se disputa con Japón en el mar de China Oriental —las Senkaku, en japonés; las Diaoyu, en chino—, la declaración de una nueva “zona de identificación aérea” sobre las mismas. Según el Pentágono, las maniobras estaban planeadas mucho antes de que China cambiara las coordenadas creando esa nueva zona de defensa aérea, y continuará ejerciendo su derecho a volar por lo que considera espacio aéreo internacional.
A este respecto, la Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que se refiere a la crisis abierta entre Japón y China pero en el que no menciona el sobrevuelo de sus aviones. En el comunicado expresa su deseo de que Pekín y Tokio resuelvan diplomáticamente su disputa en torno a las islas cuya soberanía reclaman ambos países —y un tercero, Taiwán—, y que se hallan bajo control de Tokio. “La política anunciada por China durante el fin de semana es innecesariamente provocadora”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest, en una rueda de prensa en California, donde se encuentra el presidente estadounidense, Barack Obama. “Estos son los tipos de problemas que no deberían abordarse con amenazas o lenguaje provocador, sino que pueden y deben ser resueltos de forma diplomática”, concluyó Earnest.
Un portaaviones norteamericano y una flotilla japonesa de barcos de guerra fondearán este miércoles en la zona marítima reclamada por China, lo que supone un claro indicador de la postura que tanto Washington como el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, van a adoptar a la hora de afrontar la crisis abierta por China. Pocas horas después de que Pekín anunciase el pasado fin de semana la creación de la zona de identificación aérea sobre las Senkaku / Diaoyu, el secretario de Defensa norteamericano, Chuck Hagel, hizo público un comunicado en el que mostró su profunda preocupación por la decisión de Pekín. “Vemos este movimiento como un intento desestabilizador de alterar el statu quo en la región”, declaró el responsable de Defensa. “La decisión unilateral incrementa el riesgo de confusión y de errores de cálculo”, advirtió Hagel.
Pekín insiste en que esa zona marítima es una fuente de recursos energéticos —en las inmediaciones hay un yacimiento de gas, el Chunxiao— y del sector pesquero que pertenece a China, lo que ha elevado en los últimos días la tradicional tensión entre China y Japón, que consideró la declaración china como “inaplicable”.
Según el portavoz del Pentágono, el coronel Steven Warren, Defensa no informó al Gobierno chino de que se iban a efectuar los sobrevuelos. La misión se desarrolló “sin incidentes”, con los dos bombarderos —sin carga— sobrevolando el espacio declarado de forma unilateral por China como zona de identificación aérea durante “menos de una hora”, según Warren.
El primer ministro de Japón ha definido este martes la postura que adoptará en este incidente —con riesgo de provocar una escalada de tensión en la zona— asegurando que dará “los pasos necesarios contra cualquier intento de alterar el statu quo mediante la fuerza”. Abe manifestó asimismo su determinación de “defender el espacio aéreo y marítimo” de su país. El desafío chino supone un reto para el partido conservador del primer ministro nipón, que llegó al poder en 2012 con la promesa de que su país dejara de tener un papel testimonial en términos militares y de reclamar el derecho a su propia defensa.