tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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viernes, 7 de febrero de 2014

Todo Por las Nueces 2014


Para ver la película pica en la imágen

Comedia repleta de accion establecida a finales de los anos 50′s en una ficticia Oakton (Virginia), donde veremos las andanzas de una traviesa ardilla (Surly) y su compinche rata (Buddy), quienes planean un atraco a un almacen de nueces que se les acabara yendo de las manos.

Android Cop 2014


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En un futuro cercano, un policía y su compañero robótico deberán entrar en La Zona, una sección prohibida de la ciudad habitada por personas violentas e infectadas. Ambos deberán trabajar codo con codo para descubrir el origen de la enfermedad utilizando para ello la poderosa tecnología y armamento de la máquina.

ARROZ DE COCIDO DE CARNE

El Supremo de El Salvador cuestiona la ley de amnistía

El 25 de julio de 1981, una patrulla de 20 soldados del Ejército salvadoreño llegó al pueblo de San Francisco Angulo. Eran sobre las once de la mañana. Sin mediar palabra, asesinaron a 45 personas. En 2005, familiares de las víctimas comenzaron a exigir justicia y que se supiera la verdad de lo ocurrido. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanzó el miércoles un rayo de esperanza sobre la causa al ordenar a la Fiscalía General investigar quiénes ordenaron y cometieron los asesinatos.
Durante la guerra civil salvadoreña, entre 1980 y 1992, se produjeron este tipo de carnicerías que respondían a una táctica de contrainsurgencia conocida como tierra arrasada. Se trataba de “quitarle el agua al pez”, es decir, quitarle a la guerrilla la base social de apoyo.
Hay registro de masacres, como las de El Mozote y la de Río Sumpul, en las que fueron asesinadas un millar de personas en cada una. Los registros del Informe de la Comisión de la Verdad, auspiciado por laONU, dan cuenta de tales atrocidades de lesa humanidad, que nunca han sido investigadas judicialmente en El Salvador: lo impide una ley de amnistía promulgada en 1993, durante el Gobierno de Alfredo Cristiani.
La sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional es ahora favorable a los familiares de las víctimas: Higinio Ponce Ruiz, Ina de los Ángeles Arias de Rodríguez, Miguel Romero y Blanca Nohemy, quienes exigen desde 2005 saber la verdad. Aunque hubo exhumaciones de más de 40 cadáveres de las víctimas, la Sala de lo Constitucional considera “que el Fiscal General de la República vulneró los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad de los hechos, al no investigar oficiosamente el homicidio colectivo ocurrido en el cantón San Francisco Angulo, y haber dilatado injustificadamente el inicio de tal actividad investigativa, la cual hasta la fecha no ha sido seria, exhaustiva, diligente ni concluyente”.
Claudia Interiano, en representación de los familiares y del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madelaine Lagadec, considera que “el fallo es un hecho sin precedentes en El Salvador, porque es la primera vez que se habla que se ha violentado un derecho constitucional, que es el acceso a la jurisdicción, y dentro de este, por primera vez se estaría diciendo que se ha violado el derecho a la verdad”.
Interiano explica que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) abre las puertas para que los familiares de víctimas y supervivientes de la conocida como masacre de Tecoluca reciban reparación emocional, psicológica y física. “Se daría un paso más para sanar a la sociedad salvadoreña”, recalca la activista.
Sectores sociales ligados a grupos que velan por los derechos humanos y el Estado de derecho en El Salvador han demandado ante la Sala de lo Constitucional la anulación de la ley de amnistía de 1993. La sala ha admitido la demanda hecha el año pasado y hay expectativa de que resuelva a favor. Este fallo para investigar la masacre de Tecolucacamina en ese sentido, asevera Interiano.

Cientos de mujeres acuden al registro mercantil para inscribir su cuerpo en contra de la reforma de la ley del aborto

En el Registro Mercantil de Bienes Muebles de Madrid, en el número 44 del paseo de la Castellana, 40 mujeres esperaron ayer miércoles en la fila para solicitar la titularidad sobre un bien: su cuerpo. El objetivo de la acción fue plantarse en contra del anteproyecto de ley del aborto del Gobierno. Una ley que, si sale adelante, permitirá la interrupción voluntaria del embarazo solo en casos de violación o riesgo grave para la salud de la mujer. 
-¿Qué está registrando?
-Mi cuerpo.
-Permítame, voy a hablar con mi jefe. No sé si esto se puede.
Los empleados de los registros que recibieron las solicitudes, primero se asombraron. Luego, cuenta Yolanda Domínguez, la artista visual y activista madrileña que ideó esta iniciativa, muchos se convirtieron en cómplices. La acción se llevó a cabo en Madrid, Bilbao, Barcelona, Pamplona, Sevilla y Pontevedra. Aproximadamente 40 mujeres por ciudad, y de todas las edades presentaron una solicitud para registrar su cuerpo como propiedad.
"Queríamos certificar de manera oficial que nuestro cuerpo nos pertenece", expresa Domínguez indignada. Para ella, la reforma de ley impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido "la gota que ha colmado el vaso" del trato que siempre se le ha dado a la mujer: "Somos como una mercancía", dice. Para la madrileña, la nueva norma, que se llamará Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, no protege los derechos de la mujer. "Nuestro cuerpo es de todos menos nuestro y eso no lo podemos permitir", sentencia la artista.
Domínguez explica que, en Madrid, el registrador les comentó que su iniciativa podría convertirse en un precedente legal. En Bilbao, las hojas de registro fueron selladas y recogidas para estudiarlas. La oficial pidió a las mujeres que volviesen a las 14.00 para una resolución. Llegada la hora, fueron informadas de que la petición no procedía, cuenta May Serrano, miembro de la plataforma Mujeres Imperfectas, el colectivo encargado de organizar la acción en esta ciudad. En ambos lugares, algunas trabajadoras decidieron unirse y rellenar también una solicitud.
La hoja que se debe entregar en los registros para pedir el derecho sobre un bien requiere de una descripción del objeto. Y cada mujer detalló su cuerpo como quiso. "Mi cuerpo es grande y maravilloso. Funciona a la perfección, me encanta como huele. Tiene dos piernas, dos brazos, un útero, dos ovarios [...]", describió una de las activistas. "Esto fue de lo más curioso. Fue una acción muy potente y muy emocionante. Pero no hay que olvidar que estamos aquí por una triste realidad: que quieren decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestra propiedad", denuncia Serrano.

La legalidad de la ‘doctrina escrache’

La decisión judicial de no considerar delito el escrache celebrado en las puertas del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha levantado críticas en el PP, e incluso la descalificación de su entorno hacia una de los tres magistrados de la Audiencia provincial de Madrid que dictaron el fallo, atribuyéndole a ella sola la autoría y acusándola de juez socialista. Ese auto, además, únicamente confirma lo dictado anteriormente por otros juzgados sobre distintos escraches en la misma línea.
No es la primera vez —y, probablemente, no será la última— que la justicia no detecta ningún tipo de delito en las manifestaciones pacíficas convocadas frente a las viviendas de cargos públicos para mostrar disconformidad con sus decisiones políticas. De hecho, tan solo en algunos casos se ha tramitado, para alguno de los participantes y por hechos aislados, un expediente por una falta, pero no por un delito.
Las sentencias dicen que el límite de la crítica es más amplio para los políticos
Los argumentos de las resoluciones de juzgados de Cantabria, Aragón, Barcelona, Valencia o Madrid respecto a los escraches son muy semejantes. Y en todos esos casos se apela, a su vez, a sentencias del Tribunal Constitucional como base de sus tesis, con lo que es la doctrina de este alto tribunal la que, realmente, se aplica y no la de jueces de instrucción contra los que, como en el último caso, ha cargado hasta el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Los supuestos delitos que examinan la mayoría de las resoluciones judiciales sobre escraches se refieren a aspectos como la libertad de reunión, las injurias, coacciones, amenazas, los desórdenes o la desobediencia. Varias de ellas hacen referencia a la doctrina del Constitucional, que se aplica desde hace más de 20 años, que señala, en sus sentencias 105/1990 y 85/1992 referidas a la libertad de expresión, que “los límites permisibles de la crítica son más amplios si esta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones(...) pues precisamente en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica de carácter público es inseparable de todo cargo de relevancia pública”.
También a otra sentencia del mismo Constitucional, la 39/2005, dictada tras un agrio debate en el pleno municipal de un pueblo de Badajoz, que indica que los cargos públicos han de soportar no solo “críticas más o menos ofensivas e indiferentes sino también aquellas otras que puedan molestar, inquietar, disgustar o desabrir el ánimo de la persona a la que se dirigen”.
Esto no quiere decir, en ningún caso, que los cargos públicos queden privados de su derecho al honor y que se valide el insulto. Pero sí es lo que un juez de Torrelavega (Cantabria), en una de las primeras resoluciones tras un escrache, dictada en abril de 2013, señaló: “Es servidumbre de todo cargo político, en un régimen democrático, soportar pacientemente las molestias que le puedan causar este tipo de actos, ya que también se aprovecha de las indudables ventajas de serlo”. Fue tras una denuncia presentada por el entonces alcalde de la misma localidad, del PP.
El argumento principal gira entorno al derecho de reunión, y todos los autos van en la misma dirección y apuntan, en muchos casos, a la doctrina del Constitucional que definió en la sentencia 85/1988 este derecho como el de “una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, de defensa de intereses o de publicidad de problemas y reivindicaciones”, es decir precisamente lo que hacía la Plataforma Antidesahucios (PAH). La PAH fue uno de los primeros colectivos que más ha participado en escraches a políticos para denunciar el comportamiento de los bancos y las autoridades ante los desahucios.
También hablan esas sentencias favorables de los límites al derecho de reunión para señalar que están fijados en la alteración del orden público y el peligro para las personas o bienes. En ninguna de las causas consultadas se habían sobrepasado estos límites, ya que las manifestaciones se realizaron de manera pacífica. Es el caso de la dictaminada por un juez de Teruel, tras el escrache al diputado del PP por Aragón Santiago Lanzuela, que describió “la ausencia de violencia alguna en la conducta de los intervinientes, algunos niños a hombros de sus padres”.
Los jueces rechazan considerar delito el efecto persuasivo de una protesta
“Las personas que se concentraron y se limitaron a permanecer en el lugar durante un tiempo aproximado de una hora y media (…) teniendo en cuenta que la concentración fue pacífica, que no se profirieron amenazas o insultos, que no se alteró el orden público, no se interrumpió la libre circulación de los vehículos por la calle, ni se desobedecieron las indicaciones de los agentes, se está en el caso de entender que la actuación de estas personas no es constitutiva de ilícito penal alguno”, dijo otra juez de Valencia sobre el escrache en el domicilio del también diputado del PP Esteban González Pons. La misma juez que luego sí se tramitó una denuncia solo contra las dos personas que subieron al rellanoy aporrearon su puerta de la casa de Pons.
“Considerar delictivo el efecto persuasivo que pueda provocar una protesta en las personas a quienes va dirigida implica desconsiderar las exigencias típicas propias del delito de coacción”, expusieron los magistrados de Madrid que archivaron el caso del escrache a Santamaría.
Tampoco se consideró delictivo el escrache feminista y contra el aborto que, el pasado mes de mayo, tuvo lugar frente al domicilio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La denuncia se saldó con el archivo y una multa de 60 euros a uno de los manifestantes pero no por protestar, sino por negarse a ser identificado por la policía.
En Sevilla, el archivo llegó, pese a la denuncia de la diputada popular Silvia Heredia, porque la concentración ni siquiera llegó a su domicilio, dado que lo desconocían. En este caso, incluso la fiscalía pidió el archivo. Al margen de otras acusaciones, en esta, al igual que en la de Soraya Sáenz de Santamaría, se acusaba de “coartar la libertad de voto”. “No se exterioriza que la finalidad perseguida sea la de quebrantar la voluntad política de la vicepresidenta salvo que todo legítimo intento o deseo de incluir en el criterio de otro sea calificado como tal”, han señalado los jueces.

La fundación de la visita del Papa gastó 2,65 millones en urinarios

A lo grande, se trataba de pensar a lo grande. La burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo y la política de grandes eventos del PP en el Gobierno valenciano estaba a punto de alcanzar su paroxismo el 3 de julio de 2006 con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. Un acontecimiento impulsado por el presidente Francisco Camps, el consejero y miembro del Opus Dei Juan Cotino y el arzobispo de Valencia Agustín García Gasco ya fallecido, quienes junto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, crearon una fundación específica para organizar la visita del pontífice.
El levantamiento del secreto de sumario de la pieza cuatro del caso Gürtel, relativa a la visita del Papa a Valencia, desvela los millonarios contratos firmados por la Fundación V Encuentro para un evento en el que se manejaron unas previsiones de asistencia (dos millones de peregrinos) que quedaron, finalmente, en una décima parte.
El ‘caso Gürtel’ desvela los contratos del V Encuentro Mundial de las Familias
La Fundación V Encuentro contrató con Acciona cerca de 7.000 urinarios portátiles, cuyo coste se elevó a 2,65 millones de euros. La mayoría de los sanitarios repartidos por el antiguo cauce del Turia y las principales arterias de la ciudad quedaron sin utilizar. El pedido incluyó 5.940 urinarios a 295 euros la unidad, otros 60 preparados para personas con minusvalías del mismo precio y otros 864 sanitarios de mayor categoría (355 euros la unidad).
Las cifras contrastan con el número de sanitarios que instala el Ayuntamiento de Valencia durante la semana grande de Fallas. Un número que en los últimos años ha oscilado entre los 200 y los 300 urinarios portátiles repartidos por las zonas de mayor afluencia de visitantes.
El coste del evento con el Pontífice se estimó en unos 22 millones de euros
A cambio del contrato de los 7.000 urinarios, Acciona se comprometió a donar 550.000 euros en dinero a la Fundación V Encuentro.
Con ser excesivo, el contrato de los sanitarios portátiles no fue el de mayor montante. Los patronos encargaron a la firma Cronosport SL casi medio millón de mochilas del peregrino por un valor de 3,46 millones de euros. La documentación remitida al Tribunal Superior de Justicia de Valencia revela que se encargaron 390.000 mochilas senior y 110.000 junior que incluía un lote de artículos para el peregrino (gorra, abanico de plástico, camisa de manga corta, plano, acreditación, banderita, chapa y plano). Para las mochilas destinadas a los adultos se acordó un precio de 7,60 euros y para los niños de 4,50. El fabricante se comprometió a donar 90.000 euros a la Fundación, un porcentaje en función de la facturación final y 12.000 mochilas gratis para los voluntarios.
En los gastos se incluyó vestuario y regalos para la curia eclesiástica
Los contratos, mantenidos en secreto por la Fundación pese a que tres de sus cuatro patronos son Administraciones públicas, incluyen toda clase de dispendios. A la firma Cuco Comunicación se le contrataron por un millón de euros (990.000 para ser exactos) la construcción de los expositores de la Feria de las Familias —celebrada en Feria Valencia— los materiales necesarios y la campaña de publicidad.
La documentación, remitida por el entonces presidente ejecutivo de la Fundación y hoy prelado de Palencia, incluye el contrato para la confección de 900 casullas y 500 mitras para las autoridades religiosas por importe de 84.500 euros más IVA. Al Papa se decidió regalarle una réplica del Santo Cáliz en plata dorada valorado en 6.055 euros.
Los documentos contables y las actas reflejan la falta de rigor en la gestión económica de la Fundación V Encuentro en un presupuesto que se estimó inicialmente en más de 22 millones de euros.

Temperaturas de 40º bajo cero frenan el hito de dos alpinistas

Vivir al pie de una montaña de 8.000 metros en invierno es vivir fuera del tiempo común. No solo es la soledad, ni siquiera el frío enloquecedor, ni la paciencia exigida para pasar horas eternas esperando un cambio en el parte meteorológico para poder enfrentarse a la montaña: lo peor es saberse aislado. Gracias al teléfono vía satélite y a su conexión de internet, Simone Moro y su equipo juegan a engañarse. Juegan a creer que están en contacto con el mundo. Que están en el mundo. Que una ciudad les aguarda a la vuelta del glaciar. Pero saben que es mentira. Y para recordar su aislamiento, su condición de extraños en una naturaleza extrema, están los sonidos de la noche. Mientras Moro, italiano, y su compañero de cuerda, el alemán David Goettler, tratan de ser los primeros en hollar en invierno la cima del Nanga Parbat (8.125m, Pakistán; el único pico que resta junto al K 2), en el campo base, Emilio Previtali trata de contar la experiencia y vive conectado a los partes meteorológicos que envía con puntualidad y mágica precisión el especialista Karl Gabl desde Europa.

Será este meteorólogo quien decida, sentado en su oficina de Austria, cuándo podrán atacar la cima Moro y Goettler. Pero no será ahora mismo. A las 3.54 de la madrugada del pasado miércoles, un sonido aterrador despierta a los tres expedicionarios. No es el clásico rumor de un alud de roca, nieve o hielo. Se trata de una explosión de ruido tan inopinada que ni siquiera saben, recién despertados, a qué atribuirla. Parece el rumor de una turbina, o el de una tremenda cascada de agua. Es continuo, y, enseguida, enloquecedor. Cuando caen en la cuenta, tratan de esconder la cabeza en el interior de su saco de pluma: es el viento en altura, el viento que barre la cima del Nanga Parbat con rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Es la fuerza de algo desconocido incluso para Simone Moro, un alpinista que ha pasado más de 10 meses en invierno tratando (a veces con éxito) de conquistar un ochomil. En estas latitudes, atacar la cima con un viento superior a los 20 kms por hora es un suicidio. Toca esperar. Tras un mes de trabajo, se han encontrado con una vía en la vertiente Rupal de la montaña mucho más técnica y descarnada de lo esperado. Orientada al sur, si no hay nubosidad se puede trabajar correctamente en sus laderas, donde han equipado los tramos más serios para poder huir de la montaña en caso de necesidad. “No queremos ser héroes, sino alpinistas, por eso tratamos de no exponernos más de la cuenta”, explican. Con todo, el hielo negro que cubre buena parte del trazado hasta los 7.000 metros, la altura máxima alcanzada hace cuatro días, les obliga a vigilar cada paso. “Un error aquí es definitivo”.

Para poder aclimatarse, la pareja instaló una tienda diminuta en el hueco de una grieta, a 6.700 metros. Al día siguiente, se obligaron a reconocer el trazado hasta los 7.000 metros. Así lo vivió David Goettler: “Mis ojos absorben lo que ven, tratan de conservar cada detalle. Veo un océano, con olas, con zonas en calma, profundas, sin horizonte. No sé dónde empieza el cielo o dónde acaban las montañas”, describe. “Las olas son las montañas, algunas enormes como el Nanda Devi o los Gasherbrums. Los valles son el océano profundo. Nosotros estamos subidos a la ola más grande, en el Nanga Parbat en invierno. Estoy con Simone a 6.900 metros y no hay nadie más. El sol brilla; es un día claro y limpio. Quizá crean que hace calor… Pero hace viento y la temperatura es bajísima. Nos estamos helando”, advierte. “Tratamos de conservar el calor, mantener lo poco que conservamos. Tenemos que concentrarnos más que nunca en no perder calor. Nuestra diminuta tienda parece frágil, pero está a resguardo del viento y es un bastión. Nos protege. Pero para explorar la ruta debemos abandonarla, no sin antes vestirnos con todo. Calentar pies y botas. Calentar los guantes con la cantimplora llena de té hirviendo. Colocarnos el verdugo que protege nariz y cara”.
Y sigue su relato: “Los crampones producen un ruido extraño sobre el hielo. Caminamos sobre un terreno pronunciado y debemos extremar las precauciones. Un error sería fatal. Nos concentramos para ejecutar cada paso. Vemos por dónde discurre la ruta. La próxima vez que estemos aquí camino a la cima. Pero no sabemos si tendremos semejante oportunidad. El mal tiempo podría durar años aquí… es el juego de los ochomiles en invierno. Pero he visto este océano a mi alrededor y no tengo por qué quejarme”.
Somos alpinistas, no héroes; tratamos de no exponernos más de la cuenta”
La ruta es inhumanamente larga. El campo base queda a unos ridículos 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, a 4.525 metros de la cima… En la vertiente norte del Everest, el campo base se encuentra a 6.400 m,apenas a 2.448 de la cima. El trazado recorre la vertiente Rupal y enlaza con la arista Mazeno, desde donde se accede a la vertiente Diamir, que se remonta para efectuar una larga travesía a la izquierda hasta enlazar con la ruta Kinshofer (la clásica) y acceder a las rampas cimeras. La travesía preocupa mucho a Simone Moro. Se efectúa a mucha altura y es un terreno en el que no se puede correr, pero donde hay que correr, especialmente de bajada. Desconocen las condiciones de la nieve en ese punto, pero esperan no tener que abrir una huella profunda. “No descartamos tener que vivaquear a la vuelta”, explica Moro, posibilidad que se antoja terrorífica, con temperaturas de -40º.
De nuevo de noche, cada cual se refugia en su tienda, buscando desesperadamente reconciliarse con el calor. Repasan la ruta, memorizan lo conocido y especulan con la idea de salir hacia cima. No será pronto. En el campo base, las tiendas permanecen inmóviles, resguardadas de un viento que ruge en la vertical, a 4.000 metros. ¿Tiene sentido siquiera pensar en asomarse a esas alturas?