tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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martes, 31 de diciembre de 2013


POLLO ROSTIDO CON CIRUELAS

Solomillo de cerdo al Oporto

ROAST BEEF

Scooby-doo: La mascara del Halcon azul (2012)


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Torrente 4: Lethal Crisis (Crisis Letal) (2011)


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Retrato de un asesinato (2013)


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Horror Story (2013)


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Iron Man 3 (2013)


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2013, el año en el que aprendimos la palabra 'escrache'

El 19 de marzo de 2013 la hemeroteca de EL MUNDO contaba con tan sólo cuatro artículos que contenían el término 'escrache'. Una palabra prácticamente desconocida hasta que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzó en ese mismo mes a referirse con ella a las acciones de "señalización pública" a políticos que rechazaban su Iniciativa Legislativa Popular contra los desahuciosque llegaba al Congreso con más de un millón de firmas. Ahora, a punto de cerrar el año y cuando hemos conocido que la Fundéu la ha elegido como palabra del año, la hemeroteca de este diario cuenta con varios centenares de noticias referidas a uno de los vocablos del año: Los escraches.
El 'modus operandi' era siempre el mismo. Los 'antidesahucios' convocaban a través de las redes sociales a los ciudadanos para"señalar" a un político sin especificar quién sería el acosado. Con unos botones verdes y rojos alusivos a las votaciones en el Congreso en los que se podía leer su lema 'Sí se puede, pero no quieren' intentaron -y lograron- acercarse al propio domicilio del diputado para explicarle, "de manera pacífica y ordenada", decían, sus reclamas: la paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social.
Uno de los primeros 'populares' en sufrir esta campaña de coacción fue el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, cuando unas 60 personas se acercaron a su casa en Valencia para entregarle unas cartas para que se pusiese en contacto con ellos y "poder explicarle lo que sucede a pie de calle". Una versión que se contradice con la que ofreció el propio González Pons: "Entraron dentro del portal, subieron a la casa, y estuvieron aporreando la puerta durante 45 minutos".
Entonces las críticas comenzaron a llegar. Se pronunció la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, vinculando la Plataforma liderada por Ada Colau con "grupos proetarras". También hizo lo mismo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien se preguntó "para qué sirven las urnas y la democracia y tachó de "especial gravedad" el hecho de "intentar condicionar el voto de los diputados". También hubo políticos que buscaron sacar rédito 'tuitero' del asunto y lanzaron la broma de turno: "He quedado para hacer un 'escrache' de esos en casa de Mónica Belucci", escribió el socialistaNacho Sánchez. Y por supuesto, también alguno barrió para casa:Toni Cantó denunció el 'escrache' que recibe a diario a través de las redes sociales.
Los ciudadanos comenzaron a familiarizarse con el término y las palabras de los políticos condenando estas acciones no desanimaron a los activistas. Todo lo contrario, les hicieron coger alas y apuntar alto: a la Vicepresidencia del Gobierno. La 'número dos' del Ejecutivo,Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo que presenciar cómo unas 300 personas se agolparon a las puertas de su domicilio bajo la atenta mirada de un enorme despliegue policial. Dos semanas antes, Sáenz de Santamaría ya se pronunció sobre el asunto en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros afirmando que estas prácticas "no protegen los derechos de nadie".
Fue en ese momento cuando las críticas se endurecieron. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó el comportamiento como "profundamente antidemocrático". "No es propio de un país serio el que se acose a las personas y se les intimide, o se empapele la puerta de sus casas con sus fotos", afirmó. En la misma línea se expresó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien explicó que "vivimos en una democracia donde la libertad de expresión tiene que ser libertad de expresión" y calificó los escraches de "nazismo puro". Unas palabras que según el PSOE no estuvieron a la altura: "Ella, como siempre, echando un poquito de gasolina al fuego en vez de estar a la altura del papel institucional", dijoElena Valenciano .
Pero sin duda, las palabras que más revuelo causaron tanto dentro como fuera de la esfera política fueron las palabras del ya ex presidente del Tribunal Constitucional Gonzalo Moliner. Según el magistrado, "los 'escraches', en tanto no sean violentos, son un ejemplo de libertad de manifestación", un concepto del que aseguró ser "un enamorado". Unas palabras que no sentaron nada bien en el seno del PP, desde donde exigieron una condena total al tratarse de actos "de acoso, y los acosos son violentos".

La coacción al Congreso llegó a casa de su presidente

La PAH anunció, de nuevo, por las redes sociales que 'la primavera verde' había llegado. Por ello, apuntaron alto. Su siguiente objetivo sería el presidente del Congreso, Jesús Posada. Con unos ánimos mucho más caldeados, unas reclamas que subieron de tono y cada vez más asistentes a las convocatorias, intentaron llegar a la casa de Posada, pero un fuerte despliegue policial, formado por más de 8 furgones, abortó el 'escrache'. "Es radicalmente antidemocrático", sentenció el presidente de la Cámara Baja tras sufrir el acoso.
Manifestantes intentando acercarse al domicilio de Jesús Posada. 
Fue este el primer fracaso que se apuntaba la PAH. Por ello, decidieron reinventarse modificando su forma de actuar en su última convocatoria. Concentraron a dos centenares de personas en el centro de Madrid para "señalar" al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y las utilizaron de señuelo para evitar que el despliegue policial evitará su objetivo. Y lo consiguieron. Llenaron el portal de Montoro de pegatinas un pequeño grupo de manifestantes mientras que el grueso de la concentración se encontraba cercado por la Policía en una calle a más de un kilómetro de distancia -gritos, nervios, empujones e identificaciones, incluidos-.

Una ley que espera en el Constitucional

Pero el tiempo se les agotó. El 'rodillo popular' aprobó la reforma de la ley Hipotecaria tras rechazar las 273 enmiendas presentadas, un proyecto alternativo a la ILP que obvió por completo las exigencias de la PAH que consideraba "innegociables". "El PP pretende enterrar la ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social. No nos damos por vencidos porque hay vidas en juego. Seguiremos luchando para evitar que se condene a la exclusión social de por vida a miles de familias", explicó en su momento la Plataforma.
Pese a estas advertencias, lo cierto es que la PAH dio por finalizada su 'temporada de escraches' llegando a calificarla su portavoz de "éxito", aunque no descartan volver a retomar estas acciones en el futuro.
Ada Colau con el recurso que pretendía presentar al Constitucional Efe
La 'ley antidesahucios' espera ahora en el Constitucional después de que el PSOE presentase un recurso de inconstitucionalidad, también envuelto en la polémica, ya que la PAH acusó a los socialistas de "apoderarse del trabajo ajeno".

La justicia ve "coacciones" pero no delitos

"La finalidad del 'escrache' no era quebrantar por la fuerza la voluntad política de Saénz de Santamaría, sino expresar en la vía pública la información e ideas del colectivo concentrado sobre el problema hipotecario". En estos términos explica el juez encargado de resolver la querella presentada por el marido de la vicepresidenta por lo que entendió que eran amenazas y coacciones en su entorno íntimo. Una decisión a la que la vicepresidenta respondió con la muletilla frecuentemente utilizada por su Gobierno: "Respetamos las decisiones judiciales".
Por el contrario, la magistrada de Valencia encargada de resolver el conflicto planteado por González Pons consideró que existe una falta de coacciones en la actitud de dos participantes en el 'escrache', ya que subieron al rellano de la vivienda donde permanecieron "cuanto menos" diez minutos llamando al timbre y golpeando la puerta con la mano".

Indigentes para limpiar Fukushima

Seji Sasa suele recorrer la estación de tren de Sendai, una ciudad al norte de Japón, cada mañana. Lo hace antes de que amanezca, en busca de personas sin hogar. No es un trabajador social. Es un reclutador. Los hombres de esta estación son potenciales peones que Sasa puede enviar a contratistas en esta zona asolada por el desastre nuclear de 2011 por una retribución de 100 dólares por cabeza.
“Así es como los reclutadores como yo entramos cada día”, dice Sasa mientras camina entre hombres que duermen sobre cartón y se aferran a sus abrigos para combatir el frío del invierno. También es la forma en la que Japón encuentra gente dispuesta a aceptar un salario mínimo por uno de los empleos menos deseados en el mundo industrializado: trabajar en la limpieza de residuos radiactivos en un área del norte del país mayor que Hong Kong, tarea que cuesta al país 35.000 millones de dólares, recaudados a través de impuestos.
Hace casi tres años, un monumental terremoto y tsunami arrasó las poblaciones de la costa noreste de Japón y provocó múltiples fusiones nucleares en la central de Fukushima. Hoy, el plan de limpieza radiactiva más ambicioso que se haya llevado a cabo se está ejecutando con retraso. El esfuerzo se ve dificultado por la falta de supervisión y escasez de trabajadores, según el análisis de los contratos y las decenas de entrevistas con los afectados que ha realizado Reuters.
En enero, octubre y noviembre, gangsters japoneses fueron detenidos y acusados de infiltrarse en la red de subcontratas de descontaminación del gigante de la construcción Obayashi Corp y de enviar ilegalmente a trabajadores al proyecto financiado por el Gobierno.
El pasado octubre, Sasa reclutó a varios sintecho en la estación de tren de Sendai, que después terminaron limpiando el suelo y escombros radiactivos en la ciudad de Fukushima por menos del salario mínimo, según la policía y los relatos de los involucrados. Estos hombres en realidad acababan trabajando, a través de una cadena de tres empresas intermediarias, para Obayashi.
Obayashi, que es uno de los más de 20 principales constructores involucrados en los proyectos del Gobierno para eliminar la radiación, no ha sido acusado de ningún delito. Pero la ola de detenciones ha demostrado que los miembros de las organizaciones criminales más grandes de Japón –Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai e Inagawa-kai- habían establecido agencias de reclutamiento en el mercado negro al servicio de Obayashi.
“Estamos tomándonos muy en serio el hecho de que estos incidentes siguen sucediéndose uno detrás de otro”, dijo Junichi Ichikawa, un portavoz de Obayashi, quien también afirmó que la compañía ajustó el control de sus subcontratistas de menor nivel con el fin de excluir a los delincuentes, conocidos como yakuza. “Había aspectos de lo que habíamos estado haciendo que no fueron lo suficientemente lejos”, continuó.
Parte del problema de controlar el dinero de los contribuyentes en Fukushima es el gran número de empresas involucradas en la descontaminación, que van desde los principales contratistas que lideran el mercado a los pequeños subcontratistas, muy por debajo de estos. El número total no ha sido revelado. Pero en las diez ciudades más contaminadas y en una carretera que recorre el norte más allá de las puertas de la planta destruida en Fukushima, Reuters advirtió que 733 empresas estaban trabajando para el Ministerio de Medio Ambiente, según las condiciones de los contratos parciales dados a conocer por el propio Ministerio en agosto, de acuerdo con la ley japonesa de divulgación de la información.
Reuters también contó 56 subcontratistas que figuran en las listas del Ministerio de Medio Ambiente con contratos por valor de 2.500 millones de dólares en las áreas con más radiactividad de Fukushima y que, al no haber sido aprobadas por el Ministerio de la Construcción, no hubieran podido conseguir licitaciones en cualquier otra obra pública.
La ley de 2011 que regula la descontaminación puso el control bajo el Ministerio de Medio Ambiente el mayor programa de gasto administrado nunca por esta institución, que tiene una antigüedad de 10 años. La misma ley también rebajó los controles sobre los licitadores, haciendo posible que las compañías ganaran contratos de limpieza de radiación sin la básica publicación de los mismos y el certificado requerido para participar en trabajos públicos como la construcción de carreteras.
Reuters también encontró cinco empresas trabajando para el Ministerio de Medio Ambiente que no pudieron ser identificadas. No estaban registradas en el Ministerio de la Construcción, no consta su número de teléfono o página web, y Reuters no pudo encontrar un simple registro corporativo que revele su dueño. Tampoco había registro de las firmas en la base de datos de la principal empresa de investigación de crédito, Teikoku Databank

Precintada una fiesta que ofertó seis veces más de entradas que su aforo

Un juzgado de Fuengirola (Málaga) ha autorizado al Ayuntamiento de Mijas (85.600 habitantes) a precintar durante 12 horas un restaurante que preveía celebrar una macrofiesta no autorizada en Nochevieja en la que había una previsión de asistencia de unas 1.700 personas, pese a que el aforo del establecimiento es de 284.
El Ayuntamiento negó el 23 de diciembre el permiso a los promotores del cotillón en el restaurante La Torre porque no se cumplían “las condiciones de seguridad preceptivas”. La resolución se notificó cuatro días más tarde. Sin embargo, varios padres alertaron de que se estaban vendiendo entradas para la fiesta y que la cifra podría alcanzar las 2.000.
La Policía Local realizó una inspección del establecimiento el día 27 y pudo confirmar de uno de los organizadores que la previsión de asistencia era de unas 1.700 personas. El local tiene aforo para 284 y su licencia es de restaurante. Según el Ayuntamiento, la promoción del cotillón continuaba ayer a través de Internet y de las redes sociales y se anunciaba transporte gratuito en autobús desde distintos puntos de la provincia.
El alcalde, Ángel Nozal, pidió amparo al juzgado de guardia de Fuengirola ante la “alarma social” que generó la posibilidad de concentrar a tal cantidad de gente en un recinto que “no cumple las condiciones de seguridad, evacuación y nivel de ruidos”. El regidor reclamó como medida cautelar su precinto entre las 20.00 horas del 31 de diciembre y las 8.00 horas del 1 de enero para evitar la fiesta.
El juzgado cree que los hechos denunciados “revisten caracteres de delito”, pero entiende que las competencias para precintar el local son del Ayuntamiento, al que considera “único responsable de las consecuencias que se pudieran producir en el evento si llegase a celebrarse con un aforo fuera de lo permitido”. El alcalde, tras la resolución, firmó un decreto para clausurar el establecimiento durante 12 horas, acción que ejecutará la Policía Local.
El Ayuntamiento recordaba en su escrito que el restaurante se encuentra en una carretera sin luz, deficientemente señalizada y con mucho tráfico, lo que incrementa el riesgo de accidentes. El regidor también explicaba que la plantilla de la Policía Local en Fin de Año es “solo” de 12 agentes, que deben hacerse cargo de todo el municipio.

Ruz ordena cruzar los datos obtenidos en la sede del PP con los de la empresa que la reformó

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado este lunes a la Udef analizar de forma conjunta la documentación y efectos informáticos intervenidos en la noche del pasado 19 de diciembre en la sede nacional del PP con los obtenidos en el registro llevado a cabo en Unifica Servicios Integrales S.L., la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo que realizó obras de reforma esta sede en 2008 parte de las cuales se sospecha que pudieron haberse pagado en negro.
Una vez analizados y cruzados lo datos, deberá emitirse un informe global sobre el resultado de las diligencias practicadas, conclusiones y propuestas de actuaciones a practicar, según la providencia dictada por el titular del Juzgado Central del Instrucción número 5. Se tendrán en consideración en dicho informe "los restantes elementos aportados a la presente instrucción y que tuvieren relación con aquéllos".
En relación con la entrada y registro en la sede de Unifica, que se llevó a cabo el pasado 27 de septiembre, Ruz pide que se oficie al comisario de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) para que "de forma urgente y a la mayor brevedad" el material informático intervenido sea puesto a disposición de la "unidad investigadora actuante" -que en este caso es la Udef-, para su análisis.
Según señaló el juez en su auto del pasado 19 de diciembre, ni Urquijo ni el ex gerente del PP Cristóbal Páez ofrecieron en sus respectivas declaraciones "una explicación suficientemente consistente" sobre las facturas de la obra en la sede de Génova.
Se refería el juez a "una orden de pago de una factura" y un recibí por valor de 476.651,94 euros fechados el 13 de marzo de 2008. En la orden de pago Unifica señala que ha recibido "la totalidad de la deuda por la certificación final de ejecución material de la planta quinta", aunque tiene un añadido a mano que señala: "No adeudándose nada por ningún otro concepto".
La documentación de Unifica recogida en un informe aportado a la causa por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), aporta una factura por obras en la planta quinta que asciende a476.598,45 euros.
Sin embargo, la factura aparece adjunta a un correo electrónico remitido por Urquijo el 26 de febrero a Páez en el que dice: "Estimado Cristóbal, Según comentamos telefónicamente te adjunto la factura correspondiente al 60% de la certificación finalde obra de la planta quinta y el 100% de los anexos. Si estás de acuerdo con ella, te hago llegar los originales a través de Laura o María. Quedo a la espera de tus comentarios. Un saludo".
De la misma forma, documentación aportada por el PP a la Fiscalía Anticorrupción señala que las obras en la cuarta planta de Génova costaron 560.895 euros mientras que las facturas de Unifica reflejan por este mismo concepto un coste de 701.418 euros sin IVA.
Todos estos hechos conducen, según el auto, a "la constatación de que obra en los archivos del Partido Popular determinada documentación relativa a los extremos objetos de instrucción cuyos originales y/o correspondientes archivos informáticos deben serdefinitivamente traídos a las actuaciones".

La memoria histórica vuelve a los tribunales españoles

La memoria histórica vuelve a los tribunales españoles por una doble vía. Un magistrado de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, y el fiscal ante el Tribunal Constitucional Manuel Miranda han presentado sendos escritos que plantean la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el principal argumento esgrimido hasta ahora para desestimar las denuncias presentadas por los familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura: la ley de amnistía de 1977. Tanto el magistrado como el fiscal se remiten a los últimos informes en los que Naciones Unidas exhortaba a España a asegurar que esas desapariciones fueran investigadas y a dejar sin efecto dicha ley. El juez también hace referencia a la causa por los crímenes del franquismo abierta en Argentina.
Así, el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional tiene previsto debatir el próximo 10 de enero la propuesta del magistrado José Ricardo de Prada para retomar la cuestión sobre la competencia de la investigación de los crímenes del franquismo, tal y como reclamaban la asociación Amesde, la nieta del último jefe de Gobierno de la República, Carmen Negrín, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
De Prada explica que se han producido nuevas circunstancias que justifican que el juzgado de instrucción número 5 —desde el que el juezBaltasar Garzón inició en 2008 su fallida investigación de los crímenes del franquismo— mantenga la competencia para investigar esos hechos y que en cualquier caso, es “imprescindible” que el Constitucional debata la aplicabilidad de la ley de amnistía. Entre esas nuevas circunstancias cita la ratificación por España del Convenio Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas — que obliga al Estado a investigarlas— y la reprimenda de la ONU que echa por tierra los argumentos esgrimidos por los tribunales españoles para no hacerlo.
“El Tribunal Supremo”, recordaba la ONU, “estableció que no procede la investigación penal por casos de desapariciones forzadas dado que los casos estarían prescritos, los presuntos responsables muertos, y de todas formas sería aplicable a ellos la ley de amnistía de 1977”. A criterio del grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, “esta combinación de factores es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España”.
Recuerda De Prada que, en primer lugar, no es “totalmente descartable” que algunos de los responsables vivan, como prueba que una juez haya imputado y solicitado la extradición desde Buenos Aires de dos excargos franquistas, Billy el niño y el capitán Muñecas. Aunque las imputaciones no se refieran a casos de desapariciones forzadas, sino de torturas, “determinados temas jurídicos que se plantean en esos procedimientos de extradición serían comunes” a los que plantean las asociaciones de memoria “y requerirían un tratamiento y solución uniforme”.
“El necesario cumplimiento de las obligaciones vigentes derivadas del derecho internacional”, como recordaba la ONU, bastaría, según De Prada, para “considerar directamente inaplicable la ley de amnistía”. Pero el Supremo se ha decantado por su vigencia, por lo que el magistrado propone que sea el Constitucional quien lo debata. Más allá de “consideraciones políticas”, afirma, “desde el punto de vista jurídico-constitucional aparece como discutible que quepa reconocerse a las autoridades que lo hicieron el derecho a disponer de bienes jurídicos de la relevancia de los afectados por la ley de amnistía en relación con los crímenes de lesa humanidad”.
El magistrado asegura que se da la “situación propicia" para que el Constitucional “dialogue” con otras cortes internacionales sobre derechos humanos. “Es una ocasión única”, concluye, “para propiciar un debate sobre la ley de amnistía”, y si viola, entre otros, el artículo 24.1 de la Constitución sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la obligación del Estado de investigar “de modo suficiente”.
En la misma línea, el fiscal Manuel Miranda ha presentado un recurso de súplica ante el Constitucional contra la inadmisión de la demanda de amparo de Purificación Lapeña, representada por Eduardo Ranz, por la desaparición durante la Guerra Civil de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos. El fiscal recuerda también las “obligaciones internacionales” asumidas por España y propone al Constitucional que dé “cumplida respuesta a las legítimas demandas de investigación” de los familiares de los desaparecidos y también a las inquietudes de la ONU.
Para Miranda es “evidente” que esta demanda trasciende el caso concreto, ya que en los últimos años se han planteado en los juzgados españoles denuncias similares que reciben “respuestas jurídicas dispares, con argumentaciones no pocas veces contradictorias”. Las cuestiones planteadas por las víctimas, como el deber estatal de investigación eficaz, la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas y la eventual nulidad de la ley de amnistía, concluye, tienen “una especial trascendencia constitucional”.

Identificado el supuesto autor del ataque en la estación de Volgogrado

Las víctimas mortales de los atentados terroristas cometidos en Volgogrado han aumentado a 33 después de que falleciera uno de los heridos en la estación ferroviaria el domingo pasado y un pasajero del trolebús que explotó el lunes. Mientras tanto, las banderas en toda la provincia amanecieron hoy a media asta por el duelo oficial decretado en la región -que se prolongará hasta el viernes inclusive- al tiempo que se comenzaba a enterrar a los que perecieron en los ataques perpetrados aparentemente por fundamentalistas islámicos.
El suicida que hizo detonar la bomba en la estación ferroviaria estaría ya identificado y sería Pável Pechonkin, oriundo de Volzhsk, una ciudad de la república de Mari El que pertenece a la región del Volga. Sin embargo, los servicios de seguridad no han confirmado aún la noticia dada por varios medios de prensa rusos, y los padres, que no creen en la culpabilidad de su hijo, dicen que se hicieron los análisis correspondientes de ADN, pero que aún no conocen los resultados.
Enfermero, trabajó en una ambulancia en Kazán, capital de Tatarstán, república de la Federación Rusa con población mayoritariamente musulmana. Ilnur, un conocido de Pechonkin que iba a la misma mezquita, relató a la radio Eco de Moscú que este, mal conocedor del islam, se convirtió en un adicto de las páginas web fundamentalistas y que tuvo un cambio radical después de caer en la red de los extremistas. "Era un joven postivio y enérgico, bondadoso, y de pronto se encerró en sí mismo y prácticamente no se véia con nadie", agregó.
Cuando los padres, Nikolái y Fanazía, se enteraron que Pável, que había tomado el nombre musulmán de Ansar ar-Rusi (Ansar el Ruso) se había unido a los extremistas daguestanos, viajaron a esa república y lo buscaron en Buinaksk, ya que decían que militaba en uno de los grupos de esa ciudad. Incluso filmaron un vídeo en el que le pedían a su hijo que se regresara a casa.
En la llamada jamaat de Buinaksk actúan cinco grupos de extremistas islámicos uno de los cuales lo dirige el ruso wahhabí Alexéi Páshintsev. Bajo su mando habría estado Pechonkin.
Al principio se había informado que la explosión en la estación ferroviaria había sido obra de una viuda negra oriunda de Daguestán, Oksana Aslánova, cuya cabeza habrían encontrado en el lugar de la tragedia. Sin embargo, más tarde los investigadores, después de ver las grabaciones de las cámaras que funcionaban en la sala de ingreso se desdijeron y afirmaron que la bomba estaba en la mochila de un hombre. No está claro si Aslánova participó en el atentado del domingo y si la cabeza encontrada es la de ella o la de otra persona que simplemente se le parece.
Aslánova era amiga de Naída Asiyálova, la terrorista que se inmoló el 21 de octubre pasado en un autobús de Volgogrado. Esta mujer de 30 años era precisamente de Buinaksk y estaba casada con Dmitri Sokolov, un ruso converso al islam que en noviembre pasado fue abatido en Daguestán durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad.

Sólo el 3,7% de las familias tuvo más ingresos en el año 2013

El 27 de diciembre, tras el último Consejo de Ministros del año, el presidente del Gobierno aseguró que «2014 será el año del inicio de la recuperación», y agradeció a los españoles «su comprensión y arrojo» durante estos años tan díficiles. Sin embargo, esa comprensión, y ese optimismo no se perciben de igual forma en la calle. Según la última encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, sólo el 3,7% de los españoles tuvo más ingresos en 2013 que el año anterior, mientras que el 60%, menos incluso.
Apenas cuatro de cada 100 españoles responden de forma afirmativa a la pregunta de si han aumentado los ingresos familiares en el último año. Por contra, 60 de cada 100 ciudadanos aseguran que estos han caído y un 36,6% que se han mantenido sin cambios. Y eso a pesar de la mejora de indicadores de los últimos meses y a que el PIB nacional dejó de caer después del verano tras nueve trimestres consecutivos de contracción.
Las diferencias entre las franjas de edad, sobre una muestra total de 1.000 personas, son grandes. Así, mientras que el porcentaje de los que reconocen caídas de ingresos es del 64% entre los ciudadanos de 30 a 44 años y 45 a 64, entre los más jóvenes (18 a 29 años) y los más veteranos (más de 65) ronda más bien el 50%.
Dos de cada tres consideran que la situación empeoró a lo largo de 2013
Apenas un 13,1% aprecia la mejoría que el Ejecutivo insiste en insinuar
Es decir, que los pensionistas, cuyas prestaciones no han subido pero al menos no han bajado, son también los que menos han notado el golpe en sus rentas. Más llamativo es el caso de los jóvenes, pues el paro les afecta desproporcionadamente y sus sueldos suelen ser más bajos.
Igualmente, si se desglosa por recuerdo de voto en las últimas elecciones, los que se decantaron porIzquierda Unida (IU) son los que aseguran haber perdido ingresos de forma más pronunciada (tres de cada cuatro), mientras que entre los votantes de las demás fuerzas políticas oscila entre el 51 y el 59%.

El 64,3% discrepa de Rajoy

Con casi seis millones de parados, la deuda pública rondando el 100% del PIB, el déficit peleando un año más por cerrar en los márgenes prometidos y los salarios en caída libre, el 64,3% de los encuestados discrepa del presidente Mariano Rajoy y considera que la situación económica de España empeoró en 2013. El 22,6% estima que la situación del país «se ha mantenido igual» y apenas un 13,1% constata una mejoría en la coyuntura económica
En esto no hay grandes diferencias ni por edad ni por sexo, pero nuevamente se observa que los simpatizantes de fuerzas políticas de la oposición son más pesimistas o duros. El 87,3% de los simpatizantes de IU cree que la economía ha ido a peor, por sólo el 38,1% de los del PP.
Las salidas de las crisis son muy lentas, y aunque los fondos se peleen por comprar gangas inmobiliarias y la Bolsa coquetee con los 10.000 puntos, la economía real no ha apreciado apenas cambios. Un reciente informe del Ivie y la Fundación BBVA calcula que entre 2008 y 2012, en lo peor de la crisis, la renta disponible de los españoles se redujo un 14,7%. A su vez, y según los datos del INE, la tasa de ahorro de los hogares y las instituciones sin ánimo de lucro repuntó en el segundo trimestre de 2013 hasta el 14,9% de esa misma renta disponible, un punto más que en el mismo período de 2012.
¿Está siguiendo el Gobierno la senda adecuada con sus decisiones en política económica? Los españoles creen de forma abrumadora que, tras dos años de legislatura, reformas, recortes y nuevas leyes,no han sido capaces de hacerlo. Y además, que las cuentas para 2014 tampoco anticipan nada bueno.

Los resultados de la política económica

Nada menos que un 75,4% de los ciudadanos cree que la política económica del Gobierno no está dando resultados, mientras que sólo el 21,8% defiende que sí. El dato es brutal entre todos las franjas de edad, entre hombres y mujeres e, incluso, y es lo más llamativo, entre los simpatizantes de todos los partidos políticos. Lo piensa, por ejemplo, el 47,1% de los que tienen recuerdo de voto del Partido Popular, casi el mismo porcentaje que los que juzgan de forma positiva el impacto de las medidas del Ejecutivo de Rajoy.
El 75% piensa que las decisiones económicas de Rajoy no dan resultado
El 70% opina que los ajustes no podrán acortar la salida de la crisis
El mismo resultado se repite ante la pregunta de si los ajustes que ha llevado a cabo el Gobierno y los presupuestos presentados para 2014 -los que se vendieron como «de la recuperación», a diferencia de los «más austeros de la Democracia», del año anterior- ayudarán a acortar el tiempo de salida de la crisis.
Un rotundo 70,9% de la población estima que no, y apenas dos de cada diez, un 20,5%, que sí. La falta de confianza en las medidas y las cuentas presentadas por Hacienda para el nuevo ejercicio es clara para el 92% de los simpatizantes de IU, el 88,9% de los del PSOE, el 74,7% de los de UPyD e incluso, y de nuevo, para el 44% de los que votaron al PP en las últimas elecciones.
Curiosamente, los menos críticos con las medidas y los Presupuestos, o los menos pesimistas, son los mayores de 65 años (un 61% de ellos, frente a más del 71% en todas las demás franjas de edad), pese a la reciente aprobación de la Ley de Reforma de las pensiones, que ha desvinculado la revalorización anual del IPC, haciendo que suban apenas un 0,25% en 2014.
Preguntados hace exactamente un año por este diario, los españoles eran igual de categóricos, y apenas un 12% pensaba que en el año entrante su situación económica mejoraría. Porque si una cosa es salir de la recesión, y otra, muy distinta, es salir de la crisis, hablar de recuperación requiere pasar a otro nivel.

Se estrecha el cerco al poder adquisitivo de los ciudadanos en 2014

El cerco se estrecha sobre las clases medias. Sueldos a la baja, precios e impuestos al alza, y algunos servicios básicos como la luz o los carburantes disparando sus costes mes a mes pese a la caída del consumo. El año que empieza acentuará este escenario. Pese a la proclamación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de 2014 como el año del “inicio de la recuperación”, los hogares notarán poco ese alivio en sus economías.
Salvo que forme parte de un consejo de administración de una empresa del Ibex, cuyos emolumentos crecen año a año en plena crisis, ningún grupo se librará de esta erosión salarial. El Gobierno ha querido mandar un mensaje ejemplar manteniendo el salario mínimo interprofesional (SMI) en 645,3 euros por segundo año consecutivo, ya que se congeló también en 2013.
Para los que tengan trabajo, las previsiones apuntan a una caída salarial de en torno a un punto, según las estimaciones basadas en los costes laborales, que llevan un año cayendo. La realidad laboral de muchos superará negativamente esas previsiones. Con la reforma laboral en la mano, las empresas que pasen dificultades financieras o estén al borde un expediente de regulación de empleo (ERE) podrán negociar o imponer rebajas salariales como contrapartida.

Los funcionarios ven congelado su sueldo por cuarto año consecutivo
En la función pública, los tres millones de funcionarios verán congelado su sueldo por cuarto año consecutivo. Los diez millones de jubilados lo tendrán solo un poco mejor: la subida general de las pensiones será del 0,25%, la cuarta parte de lo que lo hicieron en 2013. El aumento mensual apenas dará para tomar un café: por ejemplo, los pensionistas con cónyuge a cargo cobrarán 780,9 euros mensuales, dos euros más.
Aunque peor aún lo tendrán los parados. A medida que se prolonga la crisis, cada vez son más los de larga duración. Actualmente, hay 2,2 millones de desempleados que llevan dos años o más sin actividad y, por tanto, han agotado su prestación y, en el mejor de los casos, cobran el subsidio asistencial de 426 euros. En 2014, se incrementará ese trágico número. El propio Ministerio de Empleo reconoce esa realidad: la cuantía media de prestaciones se reducirá un 1,4% en 2014, de los 890 a los 877 euros mensuales.
El nuevo tijeretazo que sufrirán los ingresos de los asalariados, que Gobierno y patronal venden como un impulso a la competitividad de las empresas, tendrá como contraste un alza de los precios. La inflación general será moderada pero el IPC repuntará y se espera que ronde en 2014 el 0,9%, frente al 0,2% en que puede acabar 2013, según las previsiones de organismos como la Comisión Europea o Funcas.

La baja inflación no moderará los impuestos por la Ley de Desindexación
Para desgracia de consumidores y contribuyentes, esa moderación en los precios no servirá para moderar los impuestos. Para evitar que estos no subieran si la inflación bajaba (como es previsible en un escenario de crisis), el Gobierno aprobó la Ley de Desindexación que desvincula servicios públicos, tasas e impuestos del IPC.
Libre de esa atadura, el Ministerio de Industria ha decidido por decreto ley una nueva subida de la luz, esta vez de un 2,3%. El Ministerio de Fomento sube los peajes de las autopistas y las Cercanías de Renfe casi un 2% aunque la peor parte de la lleva el Ministerio de Hacienda. Para 2014, ha prorrogado el recargo del IRPF con que inauguró la legislatura y que supuso un aumento del impuesto de entre el 0,75% y el 7%, según los ingresos. Debía acabar en 2013, pero se seguirá aplicando hasta 2015, año electoral, en el que se retirará.
El departamento de Cristóbal Montoro también ha prorrogado hasta 2015 la subida extraordinaria de los tipos del IBI de hasta un 10%. Los alcaldes tienen manos libres para aumentarlos hasta ese tope. Algunos, como los de Madrid, ya han aprovechado para anunciar un alza del 6,4%.
Ni siquiera 2014 supondrá un alivio para los que tengan una hipoteca. El euríbor, principal referencia de los préstamos hipotecarios, cerrará 2013 en el entorno del 0,54%, y la rebaja en una hipoteca media apenas se notará.

Energía, transportes y tasas

R. M.
ENERGÍA: Industria decidirá la subida de la luz
La luz subirá un 2,3% el 1 de enero para 18 millones de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso (TUR), en el cuarto aumento consecutivo en menos de un año. Pero no será el último. Al haber sido decretada el alza por el Ministerio de Industria, se revisará a finales de marzo y si ha habido desviaciones respecto al precio real de la electricidad habrá que compensar a las eléctricas en el siguiente recibo.
Habrá más revisiones. Industria tiene de plazo hasta abril para encontrar un nuevo mecanismo que sirva para actualizar el precio de la luz. Hasta ahora se fijaba trimestralmente en unas subastas celebradas por eléctricas y agentes financieros, pero el Gobierno anuló ese sistema. Ahora puede ser sustituido por subastas mensuales, por lo que se desconoce cómo serán las revisiones para el consumidor. Al consumidor solo le queda el consuelo de que tanto el gas natural como la bombona de butano se congelan.
TRANSPORTES: Alzas en tren, avión y peajes
El transporte público se abona un año más a las alzas generalizadas. Los billetes de Renfe de Cercanías y Media Distancia suben un 1,9% de media. Los de alta velocidad (AVE) y larga distancia, están liberalizados, y estarán sujetos a las tarifas, promociones y descuentos que aplique la compañía.
El transporte urbano en ciudades como Barcelona dispara su precio: el bonobús de diez viajes sube un 5,1%. En otras, como Madrid o Valencia, se congelan. Los taxis suben un 2,9% en Barcelona, y de un 2,82% en Madrid. Hasta el alquiler de bicis municipales aumentará su precio en 2014. En Barcelona, un 1,5% y en Valencia, un 4%.
Las tasas aeroportuarias se incrementarán el 0,9% en 2014 aunque Fomento aplicará bonificaciones para las compañías que logren aumentar el tráfico o creen nuevas rutas.
El peaje de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado sube un 1,85%.
IMPUESTOS MUNICIPALES: Más tasas por los servicios locales
Los hogares deberán hacer frente en el año nuevo que llega a la inventiva de los ayuntamientos y las comunidades autónomas de conseguir presupuesto de debajo de las piedras. En el Plan Presupuestario para 2014 remitido por el Gobierno a Bruselas en octubre había pistas claras del objetivo: exigía, entre otras cosas, a las entidades locales recaudar en 2014 en conjunto 538,6 millones en tasas, frente a los 55,3 millones de 2013. ¿De dónde saldrá ese dinero? Queda en manos de los alcaldes y consejeros autonómicos. Muchos han ido ya adelantando en sus presupuestos las subidas que vendrán. Algunos ejemplos: en Madrid el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) será un 6,4% más alto y el Impuesto de Vehículos, un 2%. En Cataluña a los ciudadanos se les cobrarán siete euros por pedir un duplicado de su tarjeta sanitaria. En Valencia subirá el precio de las zonas azules de aparcamiento en la calle (en algunas áreas del centro hasta el 83%) y la tasa de saneamiento del agua.