.

.

domingo, 2 de febrero de 2014

DECALEGRON: EL BOLICHE "La Historia del Queso Rockefort"


"Coquitos"

FAINÁ CON JAMOM Y QUESO

Sea europeo por un millón de euros

Hay pocas cosas que los más ricos del mundo no puedan comprar. Y desde hace pocos meses hay dos menos: la nacionalidad y la residencia europeas. Ante la indignación de Bruselas, con cerca de un millón de euros se puede comprar un pasaporte perfectamente legal en Malta. España, Portugal, Chipre o Grecia son otros de los países en los que con dinero se puede residir o nacionalizarse. Las crisis financieras y el ansia recaudatoria de algunos socios de la UE son los responsables de que valores y consensos hasta ahora intocables empiecen a agrietarse. La Comisión y el Parlamento Europeo luchan ahora por preservar el espíritu de la Unión, mientras que los inversores aflojan la cartera y se preparan para estrenar pasaporte.
En los despachos de abogados que asesoran a las grandes fortunas del mundo se apilan documentos que tratan de poner orden en el bazar de pasaportes europeos analizando país por país cuánto cuesta la residencia y la nacionalidad en cada uno. Al menos una decena de Estados ofrecen ya lo que denominan “programas de residencia por inversión”.
“Asistimos a una competición entre países de la UE por ver quién se lo pone más fácil a los ricos y quién vende más permisos de residencia”, estima Kinga Göncz, europarlamentaria socialista húngara. “Es un fenómeno que mueve mucho dinero y que es muy peligroso porque atenta contra los valores europeos que establecen la no discriminación entre las personas. Por un lado ponemos todo tipo de barreras a los refugiados para que no entren, y por otro abrimos las puertas a los extremadamente ricos. Esto es algo que choca con el espíritu del proyecto”.
Los mecanismos para comprar papeles se agrupan en tres grandes categorías. Por una parte están los países como Malta o Chipre, en los que el pasaporte se puede conseguir a cambio de inversiones o dinero en metálico. Luego hay una larga lista de Estados —entre ellos, Portugal, España, Letonia, Austria o Reino Unido— en los que, por medio de la adquisición de una vivienda o invirtiendo en deuda pública o en un negocio, se obtiene la residencia. Y normalmente, después de una cierta cantidad de años, la residencia abre la puerta a la nacionalidad. Por último están los casos considerados de interés nacional, supuesto bajo el que hasta 22 países de la UE conceden la nacionalidad a deportistas, artistas o inversores que consideran beneficiosos para el país.
“Asistimos a una competición por ver quién se lo pone más fácil a los ricos”, dice una europarlamentaria
El fenómeno de los visados de oro se ha disparado en el último año y medio en sus tres modalidades. No existen cifras globales, pero las empresas que gestionan estos permisos confirman que se trata de un mercado en auge. “En los últimos años hemos observado un incremento constante de solicitudes, sobre todo porque cada vez son más países los que ofrecen esta posibilidad”, explica Christian H. Kälin, al frente del departamento de residencia y ciudadanía de Henley & Partners, una empresa con sede en las islas Jersey y el referente para las grandes fortunas en busca de pasaporte. Se trata, además, de la empresa elegida por Malta para gestionar su programa para inversores. Kälin detalla por correo electrónico que sus clientes proceden de países de África, Europa del Este y Oriente Próximo, entre otros. Y que lo que buscan es “flexibilidad, seguridad y tener opciones para invertir, hacer negocios y vivir en Europa”. Portugal y Malta son los dos países preferidos por sus inversores. El Ministerio del Interior portugués cifra en 470 los extranjeros que se beneficiaron del programa en 2013. La mayoría de ellos proceden de China, Rusia y Brasil. Consultado el Ministerio de Empleo español, asegura que de momento no disponen de datos relativos a la Ley de Emprendedores aprobada este verano y que incluye facilidades a los millonarios para entrar en España.
Un gestor de grandes fortunas de la órbita exsoviética instalado en Europa y que prefiere no desvelar su identidad explica el funcionamiento del proceso. “Para ellos [las grandes fortunas] es mucho más cómodo tener el permiso de residencia porque así cuando vienen a hacer negocios no tienen que pedir un visado. Además, por ejemplo en el caso de los rusos, es una cuestión de prestigio social”. El banquero cifra en unos 10.000 o 15.000 euros lo que sus clientes pagan a las agencias de abogados que tramitan la residencia —“son tan ricos que para ellos esa es una cantidad insignificante”— y da cuenta de los negocios turbios que rodean todo el proceso: “Lo que pagan depende en parte de los contactos que tengan los abogados con las embajadas. Cuando lo que el país europeo exige es invertir en un negocio, muchos montan empresas falsas y, por ejemplo, la misma secretaria aparece empleada en 20 firmas a la vez”.
“En el caso de los rusos es también una cuestión de prestigio social”, cuenta un gestor de grandes fortunas
El Parlamento Europeo aprobó a mediados de enero por abrumadora mayoría una resolución no vinculante en la que indica que “se espera que todos los Estados miembros actúen de manera responsable para preservar los valores y logros comunes de la Unión, y dichos valores y logros son inestimables y no pueden llevar pegada una etiqueta con el precio”. La Comisión Europea explica que compete a los países miembros decidir quién obtiene la nacionalidad en su país, aunque también alerta del peligro de socavar los principios del proyecto europeo. Obtener un pasaporte maltés, por ejemplo, permite la libre circulación por el resto de los Estados de la UE, algo que ha empezado a generar cierta desconfianza entre el resto de miembros.
Muestra de la preocupación bruselense por el asunto han sido las intensas negociaciones que la comisaria Viviane Reding ha mantenido con el Gobierno maltés, que esta semana ha accedido a modificar su ley y exigir una residencia en el país por un plazo mínimo de 12 meses para acceder a la nacionalidad. Roberta Metsola, eurodiputada conservadora maltesa, considera el cambio legislativo positivo, porque cree que vender la nacionalidad al mejor postor supone como poco “una contradicción en un país como Malta, que no deja de quejarse de que no puede acoger a los inmigrantes que llegan por el Mediterráneo”.
Los expertos estiman que las nuevas políticas no cambiarán de forma drástica el flujo de personas ni la demografía europea, porque al fin y al cabo no son tantos los megarricos que pueden y quieren comprar un pasaporte. Pero, como alerta Jelena Dzankic, del Instituto Universitario Europeo de Florencia, esta nueva tendencia puede contribuir a “devaluar el concepto de ciudadanía europea”.

Un proyecto binacional busca conectar al aeropuerto de Tijuana con San Diego

El cruce fronterizo más transitado del mundo no es el más acogedor. Lo divide una muralla blanca de hormigón, flanqueada por dos muros de aluminio y coronada por un alambre de púas. En Tijuana, al noroeste de México, le llaman "La Línea" y es lo que la separa de San Diego, su ciudad vecina en California. Las dos comparten una zona metropolitana binacional de más de cuatro millones de habitantes. Por la garita de San Ysidro pasan al año 50 millones de personas. Un ambicioso proyecto busca unirlas con un puente peatonal que permitiría a los viajeros que pasaran por el aeropuerto tijuanense llegar a San Diego tras caminar solo 155 metros. No debería de sorprender, pero en esta región del mundo abundan las contradicciones.
El puente permitirá a los cuatro millones de pasajeros que vuelan a través de Tijuana y a los 17 que hacen lo propio desde San Diego hacer más fácil su trayecto. Suman 21 millones. Los mejores pronósticos apuntan a que, de consolidarse el proyecto, la cifra se triplicaría. Unidas, las ciudades hermanas son la tercera región más boyante de California, un Estado norteamericano que, independiente, sería la novena economía del mundo. El plan es promovido por Otay Tijuana Venture, una compañía con sede en EE UU, y Grupo Aeroportuario del Pacífico, una empresa mexicana con capital privado y gubernamental que gestiona 12 aeropuertos en México.
El proyecto busca beneficiar a los visitantes de las dos ciudades, que multiplican por 10 a sus pobladores. Pero hay cierto consenso en ambos lados de la frontera y eso que las ciudades hermanas no podrían ser más distintas: Tijuana lleva con encanto su mala fama, que se remonta a los años treinta, la época de la prohibición de alcohol en EE UU. Y San Diego es un bastión WASP: de población blanca, anglosajona y protestante. En otras palabras, una ciudad conservadora que tradicionalmente ha sido republicana. ¿Cuál es, entonces, su punto en común? "San Diego está muy lejos de Washington y nosotros muy lejos del DF. Nos ha perjudicado el centralismo", explica Juan Manuel Hernández, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana.
No sobran los recelos y provienen, en mayor parte, de la mitad mexicana. "Va a ser un golpe a corto plazo", comenta Hernández. Menciona que la desaparición del tránsito fronterizo para los viajeros afectará, sobre todo, a los pequeños empresarios tijuanenses y a los taxistas de la ciudad. El 70% de las carreras se dirigen a La Línea. Hernández señala también que las ganancias irían, en su mayoría, al Gobierno federal mexicano. "Solo nos devuelven un 20% de los impuestos que pagamos", subraya. "Solo queremos que, del dinero que se gane del aeropuerto, una buena parte vaya para el ayuntamiento local". Los aeropuertos gestionados por el GAP no pagan hasta ahora parte de sus ganancias directamente a las alcaldías de las ciudades. De lograrlo Tijuana, marcaría un precedente.
Hernández reconoce que San Diego y Tijuana "aun cuando compiten, se complementan", pero atribuye sus dudas a que la construcción del puente golpee el ya de por sí debilitado comercio tijuanense. La reciente reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto, aprobada el año pasado y puesta en marcha en enero, elevó el IVA que se pagaba en la frontera mexicana de un 11 a un 16% lo que, como efecto inmediato, ha causado que los consumidores locales prefieran hacer sus compras en San Diego. "Hay gente que prefiere cruzar al otro lado para hacer la compra del supermercado, yo misma he pagado una cuarta parte más por mis medicinas", describe Alejandra Santos, ejecutiva local.
"Estoy convencido de que el proyecto beneficiará al mediano plazo a la ciudad", afirma Humberto Jaramillo Rodríguez, presidente del Consejo Desarrollo Económico (CDE) de Tijuana. "El aeropuerto de San Diego ya no tiene para dónde crecer. Está destinado que sea ese el aeropuerto". El proyecto del aeropuerto binacional no es único en el mundo, hay un puñado de ejemplos similares en Europa, pero ninguno de esta magnitud. Jaramilla comenta que los obstáculos impuestos por sus respectivos Gobiernos federales –la subida de impuestos mexicana, los candados a la migración impuestos desde Washington- solo incrementan el sentimiento que aquí definen como "fronterizo".
La oferta para el viajero norteamericano es tentadora. Más de la mitad de los pasajeros que aterrizan en Tijuana son estadounidenses: la ciudad tiene, después del DF, el mayor número de destinos dentro de México. Y es 50% más barato comprar el billete aquí. Los promotores del proyecto aseguran que los destinos de la ciudad mexicana se elevarían de 20 a 100 de consolidarse la construcción del puente. "Aquí no hay ganaderías, no tenemos campos agrícolas y tampoco tenemos petróleo. Aquí solo hay güeros [rubios]", señala José Galicot, empresario y presidente de Tijuana Innovadora, un proyecto que impulsa la imagen de la ciudad.
David Álvarez, concejal de San Diego, define: "Solo los políticos y empresarios locales entienden el verdadero funcionamiento de la frontera". El empresario tijuanense Humberto Jaramillo coincide: "Estamos acostumbrados a trabajar con agendas regionales. Los empresarios de los dos lados vamos al centro [de los países] y pensamos: 'este cuate no tiene idea de lo que está sucediendo'".

Decenas de miles protestan en Madrid contra la ley del aborto de Gallardón

Decenas de miles de personas se han manifestado hoy sábado en Madrid contra la reforma de la ley del aborto. Numerosas organizaciones de mujeres y entidades que luchan por los derechos reproductivos de toda España han exigido, apoyadas por los partidos de la oposición y los sindicatos, la retirada del restrictivo anteproyecto de ley. Con un espíritu festivo y salpicadas de prendas de color violeta, miles de mujeres —mayores y jóvenes—, y también muchos hombres, reclamaron el aborto libre, seguro y gratuito. Viejos lemas reivindicativos, que tanto se escucharon en los años setenta y ochenta, como Nosotras parimos, nosotras decidimos o Fuera el aborto del Código Penal, volvieron a sonar ayer en una gran marcha por la interrupción voluntaria del embarazo; la primera multitudinaria desde que el Consejo de Ministros aprobase, a finales de diciembre, el anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Una norma que permitirá el aborto solo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.
La masiva movilización de Madrid ha tenido respuesta en la convención del Partido Popular, que se celebra estos días en Valladolid. Allí, el titular de Justicia se ha reafirmado en su intención de sacar adelante la ley. “Tenéis mi compromiso personal que no habrá ni un grito ni ningún insulto que a este ministro le vaya a hacer abdicar del compromiso de cumplir el programa de regular los derechos de las mujeres y del concebido”, ha apuntado. “No hablamos de un tema de moral, de conveniencia electoral, sino de defensa de los derechos fundamentales”, ha dicho, según informa Carlos E. Cué.
“No vamos a permitir que compadreen con los derechos de las mujeres
Era justo el mensaje contrario al de la calle, donde, al grito de Sí se puede, se ha pedido la retirada del anteproyecto de ley. La movilización contra la reforma de la ley del aborto ha tomado impulso animada por el éxito de la paralización del proyecto de Gamonal, en Burgos, o la retirada de la privatización sanitaria en Madrid. “El Gobierno va a pagar caro meterse con las mujeres. Conseguiremos la retirada de la ley”, declaraba la gallega Jacinta Gallego. “Rajoy, dimisión. Gallardón, dimisión”, gritaba en la estación de Atocha donde inició la marcha. Ese cántico fue uno de los más repetidos y jaleados del día.
Hasta Madrid han llegado decenas de trenes y autobuses para participar en la iniciativa Tren de la Libertad. Una idea que partió hace solo un mes de dos organizaciones de mujeres de Asturias –Tertulia Feminista Les Comadres y Mujeres por la Igualdad de Barredos-- que querían viajar hasta Madrid para reivindicar sus derechos. A su simbólico convoy se fueron sumando vagones de otros muchos lugares: Alicante, Vigo, Barcelona, Huelva, Sevilla. E incluso Francia, desde donde llegó un grupo de feministas. “Por nuestras jóvenes. Luchamos por el derecho a decidir sobre la maternidad”, remarcó sonriente y ataviada con un peto violeta la asturiana Begoña Piñero, una de las precursoras de la marcha. Piñero, de Comadres, entregó junto a una delegación de 15 mujeres el manifiesto Yo decido en el Congreso de los Diputados. “Que viva la lucha de las mujeres”, les gritaron y aplaudieron decenas de personas a la salida; cuando ya habían logrado superar las vallas que acordonaban la zona, rodeada de policía.
Las pancartas de las organizaciones, como la Plataforma Decidir nos hace Libres, Asociación Flora Tristán o Mujeres Opañel, y los carteles caseros de los ciudadanos —Madres (y padres) libresAnticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, libertad para decidir...— han predominado en las calles. Aunque también había una amplia representación de los sindicatos UGT y CC OO, y de los partidos de la oposición. La número dos del PSOE, Elena Valenciano, el diputado de IU, Gaspar Llamazares e Inés Sabanés, de Equo, exigieron al inicio de la manifestación la retirada del anteproyecto. “La regresiva reforma va contra las mujeres, su dignidad y su libertad”, insistió Valenciano.
María Rosa y su veinteañera hija Cristina critican la ley Gallardón, que convertirá a España en uno de los países más restrictivos de la UE. El proyecto de Gallardón no permite si quiera el aborto por causa de malformación fetal; solo si esta es mortal y supone un riesgo psicológico para la mujer. Uno de los puntos de la reforma –ahora sí se permite, y sin límite de plazo para los casos más graves-- que más rechazo ha suscitado en el seno del PP. “Me parece increíble tener que volver a manifestarme por el derecho al aborto”, dice María Rosa. Félix, de 37 años, y Juan Carlos (45) han viajado desde Soria. Son dos de los numerosos hombres que han participado en una movilización que históricamente había sido casi siempre femenina. “Hay que manifestarse cuando nos recortan derechos. Hombres y mujeres”, reclaman.
Carlos González, de 25 años, cree que el anteproyecto del aborto es “el peaje del Gobierno de Rajoy a la Iglesia”
Carlos González, de 25 años, acudió junto a Celia, su “compañera de vida”. Tajante, afirmó que el anteproyecto del aborto es “el peaje del Gobierno de Rajoy a la Iglesia y a los sectores más radicales”. Ella, con un sombrero de bruja de color violeta, asentía. “Las mujeres ricas viajarán al extranjero para abortar y las pobres se arriesgarán en la clandestinidad”.
Les rodea el coro de la Solfónica, nacido en las movilizaciones del 15-M, que ha recibido con sus cánticos a las viajeras en Atocha. A sus voces se han sumado después un grupo de samba, y dos de batukada, que han alegrado el paso de la marea violeta.
En la manifestación, en la que han participado organizaciones como la plataforma Decidir nos hace libres, Mujeres Opañel o Asamblea Feminista, también se han dado cita representantes políticos como la número dos del PSOE, Elena Valenciano, el diputado de IU Gaspar Llamazares o Inés Sabanés, de Equo, que han exigido la retirada del anteproyecto de ley. En la marcha también se han dado cita numerosos rostros del mundo de la cultura como las actrices Pilar Bardém, Loles León o Aitana Sánchez Gijón; el economista Emilio Ontiveros, la periodista Amalia Sánchez Sampedro o los escritores Ian Gibson, Almudena Grandes y Luis García Montero, que han criticado duramente la nueva ley. La norma más restrictiva de la democracia, que elimina el derecho de la mujer a abortar sin tener que justificarse durante las primeras semanas de gestación, y que solo permitirá la interrupción del embarazo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer
También se han dado cita en la marcha numerosos rostros del mundo de la cultura como las actrices Pilar Bardém, Loles León o Aitana Sánchez Gijón; el economista Emilio Ontiveros, la periodista Amalia Sánchez Sampedro o los escritores Ian Gibson, Almudena Grandes y Luis García Montero, que han criticado duramente la nueva ley. El proyecto de Justicia, que debe aún recabar los informes preceptivos y pasar por los trámites parlamentarios, elimina el derecho de la mujer a abortar sin tener que justificarse durante las primeras semanas de gestación. Un modelo conocido como ‘ley de plazos’ que rige en la mayoría de la UE.
Rostros del mundo de la cultura, como Aitana Sánchez-Gijón, Alba Flores o Pilar Bardem, participaron
"Esta ley es una agresión a la democracia. Los partidos totalitarios se definen no solo por intentar controlar lo público sino también la vida privada de los ciudadanos. Y esto es un claro ejemplo de ello", ha declarado García Montero. Grandes ha remarcado que todavía recuerda cuánto costó sacar adelante una ley de plazos como la vigente, aprobada en 2010. "Esto [la reforma] ha sido el capricho de un ministro que ha antepuesto sus convicciones religiosas al interés general, sin tener en cuenta la voluntad mayoritaria. Me parece un gesto de un autoritarismo intolerable y una anomalía democrática", ha criticado la escritora.
Aitana Sánchez-Gijón, se mostró “emocionada” por la amplia movilización y su tono festivo-reivindicativo. “También estoy triste por tener que volver a luchar por un derecho que ya habíamos ganado. Yo recuerdo haber ido a manifestaciones con mi madre hace 30 años. Esta ley que nos quieren colar es retrógrada y responde a los intereses de una minoría”, ha apuntado.
La actriz Alba Flores, hija de Antonio Flores, también se ha manifestado. "Esto es un atraso. Y si en el plano de la mujer ya estábamos necesitando más ayudas, esto es la puntilla", argumenta. "Estoy aquí por mi madre, por mi abuela y por las hijas que algún día tendré. También por la libertad de los hombres, que puedan decidir con nosotras si queremos o no tener hijos", ha dicho.
"Al medievo los peperos"
Justa Montero, de la Asamblea Feminista y una de las históricas de la lucha por el derecho al aborto, apunta que la del Tren de la libertad es una de las mayores manifestaciones que se han celebrado en España en reivindicación de la interrupción voluntaria del embarazo. "En 1979 también hubo otras pero esta es sin duda la mayor de los años recientes", ha señalado. En la manifestación también han participado otras luchadoras históricas por los derechos sexuales y reproductivos, como Mar Granda, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir de España o Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB.
Rita, portuguesa y envuelta en una bandera de su país, sostiene una pancarta en la que se lee: "Al medievo los peperos". Se manifiesta junto con su marido y sus dos hijos de 3 y 5 años. "Creo firmemente que esta ley busca meter a las mujeres de nuevo en la cocina", dice Rita.
“La nueva ley es un retroceso enorme en todos los derechos que las mujeres hemos conseguido. Nos obliga a ser madres cuando no queremos. Nos quita la libertad de decidir”, reclama Victoria García Corte, miembro de la Asociación de Mujeres por la Igualdad Valle del Nalón, una de las mujeres que ha viajado a Madrid desde Asturias. “Lo que pedimos es libertad a la hora de decidir. En una sociedad democrática nadie nos puede obligar a ser madres cuando no queremos. Tampoco criminalizarnos por ejercer nuestros derechos; derechos como el del aborto, que ha costado mucho conseguir”, argumenta García Cortés. “No estamos dispuestas a rendirnos”, dice. "Los que hacen esta ley son los hijos de las que hace años iban a Londres a abortar", asegura una de las manifestantes de este sábado en Madrid.
La nueva ley debe recabar aún los informes preceptivos y pasar por el trámite parlamentario. "Estamos a tiempo de parar la ley. Nuestra voz debe oírse. Madres y padres libres", reclama Josefina Lorenzo, de Alcalá de Henares. “No vamos a permitir que compadreen con los derechos de las mujeres. Con nuestro derecho a la libertad”, apunta Consuelo Navarro, Secretaria general de CC OO de Alicante, desde donde han llegado a Madrid dos autobuses. “Llevamos mucho tiempo peleando por la igualdad y ahora no es el momento de denunciar. Y menos en un contexto social democrático en el que seguimos creyendo. Nadie nos puede expropiar el derecho a decidir sobre nuestro propio continente que es nuestro cuerpo”, indica. La feminista y profesora de Derecho Mar Esquembre, también de Alicante, suscribe sus palabras. “Nos movilizamos en Madrid por nuestra libertad. Porque hemos hecho un pacto entre mujeres para luchar por nuestra libertad”, añade.
La reforma española ha desatado el debate en toda la UE donde se ha visto como un ejemplo de regresión. Las movilizaciones de hoy de Madrid han tenido también apoyo en otras ciudades europeas.

El temporal causa fuertes daños en una docena de localidades vascas

El temporal que ha vivido esta madrugada la costa vasca, uno de los más fuertes de los últimos años, ha causado daños de importancia en una serie de localidades, especialmente en San Sebastián, Zarautz y Bermeo. Seguridad había decretado la alerta roja entre las tres de la madrugada y las nueve de la mañana ante olas que podían llegar a los siete metros de alto, en coincidencia con mareas muy vivas.
Las olas han golpeado con fuerza los tres primeros puentes sobre el río Urumea en la capital guipuzcoana debido a la altura de la pleamar, que ha agravado el impacto del oleaje en la costa. Esta circunstancia ha provocado que, además del puente del Kursaal, el más cercano a la desembocadura, las olas hayan impactado también en los puentes que cruzan el río en el interior de la ciudad, como el de Santa Catalina, que conecta la Avenida de la Libertad con el barrio de Gros, y el de Santa Cristiana, que da acceso a la estación de Adif, así como el cuarto. Todos ellos tienen su estructura dañada.
En la zona de la Parte Vieja, el agua ha llegado a alcanzar un metro y medio, lo que además de afectar al paseo de Salamanca, que va en paralelo al cauce del río, el agua ha llegado a las calles Aldamar y 31 de Agosto, inundando algunos bajos. El consistorio donostiarra llegó incluso a desalojar a los vecinos de un bajo de la calle Soraluze y otro de la calle San Juan.
Las olas han causado también notables daños en el malecón de Zarautz, destrozando barandillas y bancos. En Deba varios coches aparcados en el parking de la playa han sufrido daños, mientras que en Zumaia una grúa cayó al canal de entrada al puerto. Varios locales de la playa de Orio también han resultado inundados, así como otros en Pasaia en la zona de San Juan. La carretera N-634 entre Getaria y Zarautz continúa cortada al tráfico desde las tres de la madrugada por oleaje y desprendimientos.
El fuerte oleaje ha destrozado además tres tramos del rompeolas que protege el puerto pesquero y deportivo de Bermeo. Una de las partes del espigón que se ha venido abajo ha dejado desprotegidas varias de las lonjas donde los pescadores guardan sus aparejos, que se han visto completamente anegadas. A pesar de tratarse de diques de varios metros de anchura, la fuerza de las olas ha echado abajo algunos tramos, uno de ellos de más de 50 metros de largo. Tres embarcaciones se han hundido.
El Ayuntamiento de Bermeo ha solicitado a la base de mar de Cruz Roja acudir a la zona del puerto para asegurar los barcos de recreo a sus amarres. El puerto se cerró al tráfico de buques mercantes a las 15.00 de ayer, sábado, y permanecerá cerrado hasta mañana, lunes. Además de entrar en las lonjas, el agua también ha alcanzado a algunos locales de la parte vieja.
Otro de los municipios vizcaínos donde el temporal ha causado también algunos destrozos es en Ondarroa, en el límite con Gipuzkoa, donde un aparcamiento en superficie ha quedado inundado con 30 coches afectados.
La Ría de Bilbao se ha desbordado a su paso por Erandio, lo que ha obligado a cerrar al tráfico un carril de la BI-711, mientras que en Muskiz varios locales se han visto anegados. En Bakio y Lekeitio el agua ha inundado también locales y ha causado daños en numerosos vehículos, mientras que en Ondarroa se ha visto afectado un parking en superficie con daños en algunos vehículos.
También Getxo se ha visto afectada la zona del paseo de la playa de Ereaga, así como Plentzia, donde ha habido inundaciones en el barrio de Isuskiza, y Mendexa.
La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, visita esta mañana San Sebastián y Bermeo para comprobar los daños registrados y la actuación de los servicios de emergencia.

Los jueces exprimen la ley para mitigar los daños de la crisis

La ley se interpreta según la realidad social. No es solo lo que está pasando, sino que es lo que estipula el Código Civil español. Los jueces, algunos jueces, están marcando los límites a determinadas políticas y abusos. Están señalando un camino y fijando guías para este tiempo de crisis económica y social con la justicia, y la ley, como la última frontera. “Hay un margen para la interpretación y la búsqueda de mecanismos”, afirman varios jueces.
Los desahucios, las preferentes, los indultos, las privatizaciones, los recortesy la corrupción son algunos de los temas concretos en los que jueces y magistrados han señalado los límites que nadie puede sobrepasar. Pese a las reticencias sobre el principio de que la justicia es igual para todos, el hecho es que destacados líderes políticos, relevantes banqueros, notorios personajes públicos e incluso la hija del Rey, en un acto insólito entre las monarquías europeas, han pasado o pasarán por el banquillo de los acusados porque un togado así lo ha decidido. “No hay intocables”, asegura el juez decano de Málaga, José María Páez, sin necesidad de mentar al principal partido político y el que sostiene al Gobierno o a renombrados dirigentes empresariales.
“Los jueces no hacemos política sino un control de la legalidad sobre la política”, explica el decano de Madrid, José Luis González Armengol. Y el efecto de ese control ha sido, por ejemplo, la renuncia a la privatización de la sanidad madrileña. Miles de personas salieron a la calle repetidas veces en la llamada marea blanca, reclamando al Gobierno autonómico que diera marcha atrás en su intención, pero no fue hasta que llegó la suspensión cautelar del proceso en los tribunales cuando políticamente se desistió.

MÁS

Igual de multitudinarias y más extendidas fueron las protestas por los desahucios. Y mientras en el Parlamento, y sin consenso, se debatía la modificación de medidas que contribuyeran a paliar el drama que estaba dejando a cientos de personas en la calle, los jueces volvieron a adelantarse. Comenzó un movimiento entre la judicatura para tratar de frenarlo y, finalmente, fue José María Fernández Seijo, un juez de Barcelona, el que planteó, y ganó, en la Unión Europea el caso de un desahuciado que pidió amparo por entender que los términos de su préstamo bancario eran abusivos. Su camino no fue nimio. Europa acabó dándole la razón porque la ley española no era acorde a la normativa comunitaria sobre protección de derechos del consumidor. “En aquellos aspectos en los que los Gobiernos tardan, el juez, modificando parámetros de interpretación, se acerca más a la sociedad”, resume Fernández Seijo.
El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ya señaló entonces cómo la política se había visto sobrepasada por la ciudadanía. Ahora, sostiene que “la justicia está en una encrucijada crucial para demostrar si funciona como es exigible en tiempos complicados”. “Es justo ahora cuando tenemos más trabajo y más que demostrar”, ratifica.

“Hacemos nuestro trabajo”, repiten los jueces sin querer dar importancia a la ventaja que el poder judicial está tomado al legislativo en muchos de los temas que afectan y sufren los ciudadanos.
También fueron los jueces quienes primero anularon la compra de participaciones preferentes, devolviendo los ahorros de toda una vida a ciudadanos que firmaron sin información o por ignorancia. Y quienes han dictado que la estabilidad presupuestaria y los recortes no pueden realizarse saltándose la norma, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha, donde se ha sentenciado la obligación de admitir a 500 interinos. “No somos nosotros quienes decidimos si hay que echar o no a funcionarios sino si el proceso mediante el que se ha hecho se ajusta a la realidad”, insiste Armengol.
En otros casos ha sido un tribunal, comoel Supremo, que se atrevió a reaccionar ante el indulto a un conductor kamikaze, pese a que la medida de gracia es, por ley, totalmente arbitraria y está en manos del Gobierno. Se buscó el error de forma para poner al Ejecutivo en un brete, igual que otros magistrados escudriñaron subterfugios legales para resolver con visión social.
¿Se están acercando los jueces a la sociedad o es la sociedad la que se acerca más a ellos? Son muchos los que piensan que han convergido ambos. “Yo soy prudente a la hora de atribuirnos méritos. Lo que sí sucede es que los jueces somos cada vez más accesibles y la mayoría de nosotros tiene la puerta abierta”, expone Alfonso González-Guija, juez decano de Bilbao. “La crisis ha provocado situaciones tan dramáticas que los ciudadanos acuden a quienes pueden y los políticos son más distantes”, apunta.
“La sociedad empieza a ver en los jueces su último recurso”, plantea Lourdes Menéndez, titular de un juzgado de instancia de Madrid que apeló a los derechos de los menores para evitar un desahucio de una familia. “Los ciudadanos nos ven ahora, por primera vez, más como muro de contención ante una crisis que les arrasa. Nosotros resolvemos los casos que nos llegan, no somos quienes escogemos la realidad que se nos deja encima de la mesa”, añade.

“Dedicación y servicio público”

El grupo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO), en un informe sobre la Administración de Justicia en España hecho público este mes, referencia algunas de sus virtudes, entre las que resalta su “fuerte sentido del servicio público y dedicación a su misión pública”. No hay barómetros ni encuestas recientes sobre la visión que tienen los españoles de la justicia, aunque la lentitud que tanto Europa como los propios jueces achacan a la falta de medios sigue siendo el principal hándicap. “Al estar sobrecargados no siempre son capaces de hacer frente a los casos con celeridad”, señala el informe GRECO, a sabiendas de que España ocupa el primer puesto en el ranking europeo sobre la carga de trabajo de los jueces.
La mayor salvedad que hace el Consejo de Europa es a la ley que rige el nombramiento de los rangos más altos de la judicatura y la “nueva evaluación” del marco legislativo que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre la independencia real percibida.
Otros togados alegan que el origen está en el hecho de que la gente conoce, en mayor medida, sus derechos. “Saben que pueden ganar y acuden a los juzgados”, explica Pablo Fernández de la Vega, al frente de un juzgado de Torrelavega (Cantabria), el primero que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales, a instancias de un ciudadano.

Las empresas retrasan la creación de empleo a 2015 pese a ganar más este año

El optimismo de los empresarios sobre el potencial de la economía española está en su nivel más alto de los últimos siete años. Tras una segunda mitad de 2013 mejor de lo que muchos habían pronosticado, los directivos están convencidos de que 2014 será el año de la recuperación tras una larga travesía por el desierto. La opinión más extendida es que el curso actual traerá un crecimiento del producto interior bruto (PIB) y que este se trasladará a las cuentas de resultados con mejoras de la facturación y la rentabilidad de las compañías. El indicador que presentará una recuperación más tardía (no antes de 2015) será el empleo. A pesar de que las empresas confían en incrementar este curso sus beneficios, sus políticas de recursos humanos seguirán siendo conservadoras. La mayoría apuesta por mantener la plantilla y en aquellos casos donde se aumente el número de trabajadores se hará fundamentalmente a través de contratos temporales.
Son las principales conclusiones del Barómetro de Empresas de EL PAÍS, correspondiente al segundo semestre de 2013. Una encuesta que elabora Deloitte sobre una muestra de 329 empresas —récord desde que en 1999 se empezara a realizar este estudio— con sede en España y de todos los sectores de actividad, cuya facturación conjunta supera el billón de euros y emplea a más de un millón de personas, aunque en su mayoría no cotizan en Bolsa.
El 69% de los directivos espera que el PIB aumente este año
Cuando se pregunta a los encuestados cuándo consideran que se recuperará la economía española, el 42% sitúa esa recuperación en 2014, el 21% apunta al primer semestre de 2015, el 12% cree que esa mejoría no llegará antes de la segunda mitad de 2015 y un 25% la retrasa a 2016.
Al valorar aspectos económicos concretos, los empresarios esperan que el PIB sea el que muestre los primeros signos positivos; un 69% espera un incremento durante 2014. La inversión muestra división de opiniones, si bien un 43% dice que se recuperará este año, un 40% lo retrasa al próximo ejercicio y un 17% no espera aumentos hasta 2016. En el caso del empleo, solo el 31% prevé aumentos en 2014, el 38% los sitúa en 2015 y un 31% retrasa la recuperación del mercado laboral a dos años vista.
Fuente: Deloitte (Barómetro de empresas, consulta noviembre 2013-enero 2014). / EL PAÍS
Desde el punto de vista empresarial, el indicador que registró el mejor comportamiento durante el segundo semestre de 2013 fue la producción/facturación alcanzando los mejores niveles desde la primera mitad de 2008. El número de empresas que aumentaron sus ventas supuso el 48% de la muestra, frente al 31% de la oleada anterior, y muy por encima de la previsión inicial que auguraba que solo el 39% de las compañías iba a mejorar su cifra de negocio. Las principales causas de esta mejoría, según los directivos, fueron el crecimiento del mercado doméstico, razones de estacionalidad y el tirón de las exportaciones.
El 65% de las empresas del barómetro prevé ganar más dinero
Las previsiones para el primer semestre de 2014 mantienen la tendencia positiva: un 47% estima que su facturación se incrementará; un 36% espera que se mantenga sin cambios y un 17% anticipa un descenso. Los sectores donde hay mayor consenso acerca de un crecimiento de las ventas en 2014 son, por este orden, tecnología —ningún encuestado de este sector espera caídas de facturación en la primera mitad del año—, transporte y logística, y bancas y finanzas. Si se tiene en cuenta el tamaño de las empresas, son aquellas con unos ingresos entre 300 y 600 millones las más optimistas (un 55% espera un aumento de sus ventas), mientras que las compañías con una facturación entre 60 y 150 millones son las menos optimistas.
El aspecto que los directivos consideran que tendrá una mejor evolución en 2014 son los ingresos por turismo con un 98% de las respuestas favorables. El otro negocio sobre el que hay más optimismo es la matriculación de vehículos (un 74% de las respuestas favorables), ascendiendo desde la séptima posición en 2013.
Si bien las ventas empiezan a despertar ahora, la mejora de la rentabilidad de las empresas —gracias fundamentalmente al ahorro de costes— había empezado en la oleada anterior y el barómetro actual viene a confirmar esa tendencia. El 59% de las compañías consultadas mejoraron sus beneficios en 2013, un 31% sufrió una contracción y en un 10% de los casos las ganancias se mantuvieron igual.
Solo el 31% de los encuestados cree que el empleo mejorará en 2014
Las previsiones de ganancias corporativas para el primer semestre de 2014 son incluso más positivas ya que el 65% de los participantes en el barómetro confía en aumentar sus beneficios y solo un 21% cree que disminuirán. ¿Cuánto crecerá el beneficio antes de impuestos de las empresas? La respuesta más generalizada (32% de las contestaciones) sitúa ese alza entre el 0% y el 5%; el 17% dice que el ritmo de mejora oscilará entre el 5% y el 10%; mientras que solo para el 16% los beneficios crecerán a doble dígito. Los sectores más optimistas en cuento a la evolución de su rentabilidad en 2014 son, por este orden, banca y finanzas (la comparativa interanual será en principio favorable por las menores provisiones), fabricantes, servicios y consultoría y bienes de consumo.
La mejoría del contexto económico también empieza a trasladarse a la inversión empresarial. El 51% de las compañías dice que elevó su inversión en la segunda mitad de 2013, un 28% la mantuvo y solo el 21% la redujo. Las expectativas para la inversión hasta junio de 2014 son incluso mejores, ya que el 60% de los encuestados asegura que elevará esta partida, el 26% la mantendrá en sus niveles actuales y el 17% la reducirá.
Cuando se analiza la valoración del nivel de impacto que el incremento de las inversiones tendrá en las diferentes áreas de las empresas durante 2014 se observan algunos cambios con respecto a los resultados de la anterior oleada. La valoración más positiva de los directivos es aquella inversión que se destina a la expansión del negocio, señalada por el 58% de los encuestados. En segundo lugar, se sitúan la producción y nuevas tecnologías, ambas con un 48% de respuestas. Los sectores que más prevén aumentar sus inversiones en 2014 son servicios y consultoría (100% de respuestas afirmativas), banca y finanzas, y transporte y logística.
La contratación a tiempo parcial gana adeptos entre los empresarios
El barómetro ofrece una doble lectura sobre el mercado laboral. Por un lado, parece que el ritmo de despidos podría haber alcanzado techo; por otro, las perspectivas de contratación de las empresas dibujan un largo periodo con tasas de desempleo muy elevadas y con la temporalidad como principal alternativa para aquellos que buscan un trabajo.
En el segundo semestre de 2013 el porcentaje de empresas que mantuvo el empleo, 41%, fue superior a las que lo redujeron, 37%; y las compañías que elevaron su plantilla, 22%, fue superior a lo que habían previsto los directivos en julio pasado. Por lo que se refiere al futuro, las previsiones son de mantenimiento del empleo; ascienden en 15 puntos porcentuales (hasta el 56% del total) las compañías que esperan mantener el mismo número de trabajadores en el primer semestre de 2014 y se reduce en 10 puntos, hasta el 27%, las que esperas disminuir su fuerza laboral. Las estaciones de incremento del empleo son conservadoras y descienden en cinco puntos porcentuales con respecto a la oleada anterior los encuestados que esperan incrementar su plantilla hasta junio próximo.
En cuanto al tipo de contrato es significativo que el 19% de las compañías espera aumentar su plantilla con trabajadores no fijos, cuando en 2013 esta política solo era defendida por el 10% de los encuestados, según el barómetro.
Los sectores más optimistas en cuanto a la evolución del empleo son tecnología (un 60% de los directivos de esta industria apuesta por mejoras del empleo), energía y recursos (31%) y servicios/consultoría (30%). Los sectores más pesimistas son construcción y contratas (un 50% cree que el empleo disminuirá), educación y organismos oficiales (50%) y sanidad y farmacia (38%).

El maná de las exportaciones

La política de austeridad laboral y salarial implantada en muchas compañías tiene una doble cara. Por un lado, incrementa la productividad y eleva la competitividad de los productos y servicios ofrecidos en el exterior por las empresas españolas. Por otro lado, acerca la temida espiral deflacionista al deprimir el consumo interno.
En este contexto, las empresas integrantes en el barómetro se aferran a las exportaciones como tabla de salvación. La importancia de las ventas al exterior sobre la facturación global de las compañías en 2013 fue muy relevante y para un 38% de las mismas esta vertiente ya aporta más del 30% de la facturación total. Solo un 30% de los grupos encuestados asegura no haber exportado nada el pasado curso.
El sector de fabricantes es el que mayor porcentaje de su facturación destina a la exportación (68% del total de ventas en 2013), seguido por construcción (49%) y transporte y logística (46%). Por el contrario, los más centrados en el mercado doméstico son tecnología, energía y recursos naturales, y distribución.
La dependencia exterior continuará en 2014, según se desprende de las respuestas de los encuestados. Un 55% de los directivos espera un aumento de las exportaciones este año, el 36% calcula que esta partida se mantendrá igual que el pasado curso y solo el 9% dice que disminuirá.
El mercado exterior donde más venden las empresas españolas es Europa occidental (un 85% de ellas afirma tener exposición a esta región), seguido por América Latina, América del Norte, África, Europa del Este, Asia y Oceanía.
Por tamaño, las empresas con más peso de las ventas exteriores son aquellas que facturan entre 300 y 600 millones de euros y las que menos las que ingresan menos de 30 millones anuales.