tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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jueves, 22 de noviembre de 2012


Sexo con esqueletos: “Deseo un hombre como sea, vivo o muerto”, dijo la sueca

El matutino sueco Göteborgs-Posten,  publica que la policía de Gotemburgo, la segunda ciudad en importancia del país, detuvo y conducirá en las próximas horas a declarar ante la Justicia a una mujer que almacenaba cráneos y esqueletos completos en su casa con los que se dedicaba a ejercitar distintas prácticas sexuales.
La mujer de 37 años, tenía no menos de seis cráneos y un esqueleto reconstruído en medio del living del apartamento donde vivía, así como “un gran número de otros huesos”, afirma el acta primaria para inculparla.
En el equipo de música la mujer tenía  CD´s titulados: “Mi necrofilia” y “Mi primera experiencia”, cuyo contenido la policía mantiene en reserva, lo que ahondó más la macabra trama.

Descartan que sea mentalmente inimputable

El primer exámen siquiátrico de la mujer, la mostró como imputable, ya que se comportó con nerviosismo pero con normalidad tras su detención y las respuestas han sido en su casi totalidad coherentes, aunque por supuesto de alta tensión.
“Deseo a un hombre como sea: vivo o muerto, me permite encontrar felicidad sexual paralelamente”, escribió la mujer en una serie de anotaciones que llevaba adelante. La mujer tenía un novio y las autoridades están abocadas a encontrarlo para dialogar con él.
La acusada declaró que los huesos los tenía por interés arqueológico y refutó las acusaciones que pesan sobre su conducta. Las autoridades llegaron a ella, por la reivindicación que hiciera la presunta necrofílica en un foto de Internet, de tener derecho a vivir y compartir cama con un esqueleto.
La Justicia sueca podría imponerle hasta dos años de cárcel por “violar el respetuoso descanso que se debe a los muertos”.
La invitación fue presentada formalmente ante el gobierno de Evo Morales por el Alto Representante del bloque regional, a fin de que el país trasandino pase de ser miembro asociado a ocupar un lugar junto con Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y el suspendido Paraguay. El canciller boliviano, David Choquehuanca, confirmó que se están analizando el estatuto y los protocolos para dar una respuesta en la cumbre de diciembre, en Brasilia.
"Todavía no nos hemos sentado en la mesa de diálogo" para tomar una decisión, explicó Choquehaunca, quien aclaró que, teniendo en cuenta que Bolivia es actualmente miembro asociado del Mercosur, no existe un plazo para enviar una respuesta. El país mantiene ese estatus desde que firmó, en diciembre de 1996, el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica.
Choquehuanca dijo que "vamos a procesar la invitación, la vamos a analizar" y estimó que en la próxima cumbre presidencial del bloque, que tendrá lugar en Brasilia el 6 y 7 de diciembre y en la que participará Evo Morales, "ya iniciaremos un proceso de diálogo, un proceso de trabajo, si es que Bolivia toma la decisión" de incluirse.
La invitación formal la hizo el Alto Representante del bloque, Iván Ramalho, quien evaluó que "para nuestros países será muy importante que Bolivia pudiera entrar plenamente en el Mercosur". "Es el país más apto para continuar con la integración regional" en el bloque, que aspira en un futuro mediato a incluir a todos los países latinoamericanos y caribeños, concluyó.

Récord de estadounidenses pobres espera festivo por Acción de Gracias

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Washington, 21 nov (PL) Una cifra récord de 42,2 millones de estadounidenses celebrará este próximo Día de Acción de Gracias bajo el programa federal de auxilio para pobres que reparte estampillas con derecho a comidas subsidiadas, reveló hoy un estudio del foro Sunlight Foundation.
La misma organización no gubernamental calculó que una persona integrada al plan llamado Food Stamp puede disponer de un discreto presupuesto adicional valorado en dos dólares (el costo de una taza de café) para comprar una cena promedio.

El uso de los bonos para alimentos se disparó en Estados Unidos desde el colapso del sistema financiero hace cinco años. Según el Departamento de Agricultura, esta opción aumentó en 70 por ciento desde 2007 y no disminuirá hasta que caigan los números del desempleo.

Los 42 millones 200 mil ciudadanos que recibirán mañana jueves el tradicional festivo del Thanksgiving Day con estampillas para comidas equivalen a la suma de las poblaciones en los estados de California y Connecticut.

La Sunlight Foundation recuerda que el plan de ayuda gubernamental, llamado oficialmente Programa para Asistencial Nutricional Suplementaria, significa una erogación anual cercana a 72 mil millones de dólares, que se suman al ya abultado déficit nacional.

Pese a ajustes positivos desde enero en el panorama industrial general, la macroeconomía norteamericana sigue lidiando con un remanente de casi 12 millones de desempleados y más de 40 millones de pobres o núcleos familiares de bajos ingresos.

Estados en el sur y en el oeste mantienen las más altas tasas de habitantes con penurias financieras, y paradójicamente Arizona, Nuevo Mexico y Carolina del Sur evalúan propuestas legislativas para recortar ayudas a desamparados.

La tradición moderna del Día de Acción de Gracias tiene sus orígenes por 1621, en una celebración de las buenas cosechas en Plymouth, Massachusetts, ritual que evoca también como nativos de la tribu Wampanoag ayudaron a peregrinos con la entrega de semillas.

En plaza pública culmina juicio ético a parlamento paraguayo

En plaza pública culmina juicio ético a parlamento paraguayo 


  
Asunción, 22 nov (PL) La Plaza de la Democracia es hoy aquí escenario, con participación de la población, de la sesión final del juicio que realiza un Tribunal Ético al Congreso paraguayo, acusado de violar la Constitución y de corrupción.
Al cumplirse cinco meses del inicio del juicio político que destituyó al presidente constitucional, Fernando Lugo, el jurado de personalidades integrantes de esa corte escuchará los alegatos de la acusación y la defensa, además de las intervenciones de la ciudadanía.

El inédito procedimiento comenzó hace un mes con la constitución del Tribunal, presidido por Luis Lezcano Claude, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, e integrado por prominentes juristas, investigadores e historiadores del país.

Convocado por la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia, herramienta de monitoreo y control ciudadano, recibió las denuncias relacionadas con la labor parlamentaria y confeccionó la acusación definitiva contra el órgano legislativo.

El incumplimiento de sus deberes constitucionales, y en primer término, la utilización arbitraria de la figura del juicio político, el uso indebido de influencias y otras prácticas antiéticas y corruptas constituyen los principales señalamientos recibidos por el Tribunal.

La sesión oral y pública permite que un abogado designado por el Parlamento asuma la defensa de la instancia acusada y responda los alegatos de la parte acusadora y, en horas de la tarde, podrá intervenir cualquier ciudadano presente en la Plaza para expresar sus opiniones.

A la noche, tras la deliberación final del Tribunal, se informará su fallo definitivo, el cual marcará un episodio original y trascendente de la historia política de la nación guaraní.

Los jueces de Bilbao y Mallorca suspenden todos los desahucios

Los jueces de primera instancia de Bilbao y Palma de Mallorca han acordado paralizar temporalmente todos los desahucios, después del decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada que fija una suspensión de dos años para los desalojos de las familias “más vulnerables”. Con esa tregua, los magistrados quieren dar un margen de tiempo a los ciudadanos que ya tengan un proceso de ejecución en marcha para que estén informados de la moratoria y puedan solicitarla en caso de cumplir los requisitos, así como, en su caso, recibir asistencia letrada. Las juntas de jueces de todo el país están celebrando reuniones para preparar protocolos sobre cómo aplicar la nueva norma, con resultados dispares. El juez decano de Madrid considera que el Consejo del Poder Judicial debería dictar una “instrucción interpretativa” para armonizar cómo proceder.
En Palma de Mallorca, los 20 jueces de primera instancia han decidido que hasta el 19 de diciembre no se efectuarán los cerca de 66 lanzamientos (término jurídico con el que se conoce a los desalojos) ya en trámite, cuando afecten a primeras viviendas ocupadas. Sí concluirán los desahucios de comercios, locales y casas vacías. El impulsor de la medida, el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, explicó que se trata de evitar la “contradicción esencial” que se produciría en el caso de un ciudadano que “se podría encontrar en la calle y al cabo de dos o tres días se resolviera su solicitud de suspensión”.
Las juntas de jueces de todo el país están celebrando reuniones para preparar protocolos sobre cómo aplicar la nueva norma, con resultados dispares
En Bilbao, el juez decano, Alfonso González-Guija, precisó que los magistrados han revisado las ejecuciones comprendidas en el decreto, y a partir de ahí fijarán cómo actuar para que los afectados puedan acreditar en cada caso su situación y pedir, si quieren, asistencia jurídica gratuita. Mientras tanto, no se ejecutarían nuevos desahucios, exclusivamente en el caso de viviendas habituales. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco resolverá la semana próxima si traslada el protocolo de los jueces bilbaínos al resto de juzgados vascos, cuyo texto terminaban de ultimar anoche.
En Granada, el protocolo de urgencia firmado por el juez decano establece que los secretarios judiciales podrán devolver los casos al juzgado si creen que podrían acogerse al decreto, “con objeto de que el juzgado resuelva expresamente si procede o no insistir en la práctica de la diligencia”.
El martes se celebró una reunión de jueces de primera instancia y secretarios de Barcelona para analizar el decreto, pero sin fijar una postura común. Tampoco han llegado a un acuerdo en Galicia o en el resto de Andalucía.
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, cree que “sería conveniente” que el Consejo del Poder Judicial “pilotara una iniciativa para dictar pautas de orientación a los jueces sobre el decreto”, para evitar que no actúen de forma distinta por comunidades. Fuentes del Consejo precisaron a EL PAÍS, sin embargo, que el órgano de gobierno de los jueces no puede dictar instrucciones sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico.

Casos prácticos que eran gratis y por los que habrá que pagar

La principal novedad de la Ley de Tasas que ayer publicó el BOE no es que suban las cuantías —que suben mucho— sino que se extienden a toda la población. Hasta ahora solo pagaban las empresas que facturaban más de ocho millones de euros al año; ahora lo harán todas las empresas y cualquier ciudadano que presente una demanda civil (pleitos entre particulares), contencioso-administrativa (contra la Administración) o social (pleitos laborales). Pagará en primera instancia (salvo en lo social) pero, sobre todo, en segunda: al recurrir.
El Ministerio de Justicia sostiene que, aun así, las tasas solo se aplicarán finalmente a una minoría, que cifra en “más o menos el 20% de los litigios”: porque está exenta la jurisdicción penal (el 72% del total) y la primera instancia de lo social; porque están exentos ciertos pleitos sobre derechos fundamentales o de familia, o los relacionados con menores; y porque quienes se acogen a la justicia gratuita (actualmente, los que ingresan menos de 14.000 euros brutos al año, aunque ese umbral se va a subir) seguirán sin pagar.
Para justificar el copago que se impone al resto, fundamentalmente en la segunda instancia, los responsables del ministerio se apoyan en una estadística del Consejo General del Poder Judicial: “El 75% de los recursos los pierde el recurrente, el 90% en caso de llegar hasta el Supremo. Es decir, mucha gente recurre aun sabiendo que es muy probable que pierda el recurso. Hay que evitar ese abuso”, sostienen fuentes de Justicia. Disuadir apelando al bolsillo.
El ciudadano recuperará el dinero de las tasas si al concluir el pleito el tribunal le da la razón, siempre y cuando haya condena en costas para la otra parte. Es decir, la Administración no devolverá el dinero en ningún caso, pero la parte condenada en costas asumirá también la tasa que pagó el demandante inicialmente, con lo que este la recuperará. En la jurisdicción contencioso-administrativa siempre hay condena en costas, pero en la civil y la social puede haberla o no, según fuentes del ministerio. Así que ahí el recurrente recuperará el dinero... o no.
Estos son algunos casos prácticos en los que se verá la subida de las tasas judiciales:
» Divorcio, 300 euros más el porcentaje sobre los bienes. Los asuntos de familia están exentos de tasa, pero no todos: solo aquellos que impliquen a menores o a “procesos matrimoniales sobre guarda y custodia de menores y pensión por alimentos”, o los referidos a filiaciones (reconocimientos de paternidad), entre otros. Un divorcio ordinario conllevará una tasa de 300 euros (más la variable, resultante de multiplicar 0,5% por el valor de los bienes que se reclamen). Si la demanda de custodia y pensión se presenta dentro del divorcio, pagará tasa; si se presenta de forma separada, no.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, aseguró ayer que esta tasa perjudicará a las mujeres maltratadas porque, aunque la demanda por malos tratos no pagará tasa (es un proceso penal), sí lo hará el hecho de “romper el último lazo con el agresor recurriendo al divorcio y repartiendo los bienes del matrimonio”. Será “un obstáculo para que las mujeres víctimas de la violencia sigan adelante con los procesos judiciales”, afirmó, según informa María R. Sahuquillo.
» Multas de tráfico: 200 euros por una multa de 100. Una demanda en procedimiento abreviado contra la Administración por una multa de tráfico serán 200 euros. En este caso se produce la paradoja de que, por ejemplo, si la demanda es contra una multa de tráfico de 100 euros, el ciudadano pagaría mucho más en tasas (el doble) que lo que aspira a recibir si le dan la razón y le anulan la multa. E infinitamente más si la sentencia es adversa y él recurre ante el Tribunal Superior (800 euros) o incluso llega hasta el Supremo (1.200 euros). Se podría producir así un efecto perverso, según todos los colectivos que critican la ley: que el ciudadano desistiese de pelear en los juzgados contra una sanción de la propia Administración, que es la que le disuade imponiendo la tasa.
En Justicia responden que, aunque en efecto este es un caso muy llamativo y real, “ese ciudadano se gasta bastante más en pagar al abogado y al procurador”, y que si finalmente el tribunal le da la razón recuperará el dinero de la tasa. Aducen, además, que muchos de los recursos por multas de tráfico constituyen uno de los ejemplos de “abuso” de quienes utilizan los juzgados sin pensar “en lo que cuestan al Estado”.
»Pleito por una deuda: 100 euros... o hasta 1.200. El recurso más común en España (650.000 asuntos el año pasado) es el monitorio, en el que se reclama una cantidad de dinero, por ejemplo, por deudas entre particulares. Presentar una demanda en procedimiento monitorio tendrá una tasa inicial de 100 euros; si se recurre la sentencia, 800 euros o hasta 1.200 euros (en caso de que llegue al Supremo).
» Denuncia contra el banco por preferentes: 940 euros. El Consejo General de la Abogacía facilitó ayer este ejemplo práctico: un jubilado que denuncie la pérdida de sus ahorros por las preferentes, si no prosperara la vía penal y tuviera que acudir a la vía civil, tendría que pagar 940 euros (los 300 de tasa fija más la variable) para reclamar una cuantía de 128.000 euros.
» Recurso por despido: 500 euros, aunque paga más la empresa. La jurisdicción de lo social estaba excluida hasta ahora de las tasas que pagaban las empresas. Ahora sigue excluida en primera instancia, pero no en segunda. El recurso contra una sentencia de despido ante el Tribunal Superior costará 500 euros en tasas; el segundo, ante el Supremo, 750 euros. En realidad, el PP accedió a cambiar este punto durante la tramitación parlamentaria de la ley (ante la avalancha de críticas recibidas en un momento en el que se multiplican los procedimientos de despido), de modo que queda así: si es el trabajador el que recurre, solo pagará el 40% de esa cuantía; la empresa sí pagará el 100%, así como el comité de empresa en casos de demandas colectivas por expedientes de regulación de empleo (ERE).

Ryanair, condenada por obstaculizar 'a sabiendas' el funcionamiento de la justicia

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia ha condenado a la compañía aérea Ryanair a las costas procesales y a una multa de 600 euros, la máxima contemplada para este tipo de casos, por obstaculizar a sabiendas el funcionamiento de la Administración de Justicia en España.
Según una sentencia facilitada a Efe por la Unión de Consumidores, Ryanair había recurrido el fallo de ese mismo juzgado del pasado septiembre donde se le condenaba a pagar 930 euros a un menor al que denegó el embarque en un vuelo entre las ciudades de Valencia y Sevilla por no llevar el DNI.
Los hechos, que ocurrieron el 15 de agosto cuando el menor viajaba acompañado de su familia, implicaron un incumplimiento de lo establecido en el programa nacional de seguridad para la aviación civil, que afirma que los menores de 14 años acompañados de sus padres "no requerirán de ninguna identificación".
Esa sentencia era firme sin que cupiera recurso alguno contra ella y Ryanair no compareció en el proceso, optando por "permanecer voluntariamente en rebeldía".
Un mes después, la compañía solicitó la nulidad de actuaciones y rescisión de sentencia firme, al entender que no habían sido notificados en el único lugar que ellos entienden válido, Irlanda.
Esta compañía no reconoce el aeropuerto de Valencia donde opera como lugar de comunicación, y de hecho los trabajadores del mostrador de Ryanair se negaron a recibir las citaciones de este procedimiento.
Según la Unión de Consumidores, la normativa vigente establece que el acto de comunicación se puede practicar en el lugar donde una persona ejercite su actividad profesional no ocasional.
La ley permite, de forma alternativa, que los actos de comunicación se practiquen en otros lugares diferentes al domicilio social, "y es notorio -añade la sentencia- que Ryanair ejerce su actividad habitualmente en el aeropuerto de Valencia".
El Juzgado de lo Mercantil entiende que no hay defecto procesal alguno y, por ello, no hay indefensión sino un comportamiento temerario de la compañía aérea que se niega injustificadamente a recibir notificaciones.
Condena así a Ryanair al pago de las costas causadas y de una multa de 600 euros, el máximo legal para este tipo de casos "debido a la enorme capacidad patrimonial de la compañía demandada, y a la temeridad con la que ha planteado el incidente de nulidad", recoge el fallo.
La compañía "no sólo se niega a recibir las notificaciones, sino que dolosamente arbitra medios para impedir su recepción, con la única finalidad de entorpecer el normal funcionamiento de la Administración de Justicia".
Esa conducta es, para el juez, "especialmente grave teniendo en cuenta la situación de preeminencia que disfruta la sociedad demandada, con un alto volumen de facturación y unos servicios jurídicos a su disposición que le permiten plantear incidentes".
Ryanair, incide la sentencia, no tiene "miedo a la imposición de unas costas o de una multa pecuniaria, que pueden arrojar una cantidad incluso superior a la suma a la que ha sido condenada en el procedimiento principal".