Los jueces de primera instancia de Bilbao y Palma de Mallorca han
acordado paralizar temporalmente todos los desahucios, después del
decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada que fija una suspensión de dos años para los desalojos de las familias “más vulnerables”.
Con esa tregua, los magistrados quieren dar un margen de tiempo a los
ciudadanos que ya tengan un proceso de ejecución en marcha para que
estén informados de la moratoria y puedan solicitarla en caso de cumplir
los requisitos, así como, en su caso, recibir asistencia letrada. Las
juntas de jueces de todo el país están celebrando reuniones para
preparar protocolos sobre cómo aplicar la nueva norma, con resultados
dispares. El juez decano de Madrid considera que el Consejo del Poder
Judicial debería dictar una “instrucción interpretativa” para armonizar
cómo proceder.
En Palma de Mallorca, los 20 jueces de primera instancia han decidido
que hasta el 19 de diciembre no se efectuarán los cerca de 66 lanzamientos
(término jurídico con el que se conoce a los desalojos) ya en trámite,
cuando afecten a primeras viviendas ocupadas. Sí concluirán los
desahucios de comercios, locales y casas vacías. El impulsor de la
medida, el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, explicó
que se trata de evitar la “contradicción esencial” que se produciría en
el caso de un ciudadano que “se podría encontrar en la calle y al cabo
de dos o tres días se resolviera su solicitud de suspensión”.
Las juntas de jueces de todo el país están
celebrando reuniones para preparar protocolos sobre cómo aplicar la
nueva norma, con resultados dispares
En Bilbao, el juez decano, Alfonso González-Guija, precisó que los
magistrados han revisado las ejecuciones comprendidas en el decreto, y a
partir de ahí fijarán cómo actuar para que los afectados puedan
acreditar en cada caso su situación y pedir, si quieren, asistencia
jurídica gratuita. Mientras tanto, no se ejecutarían nuevos desahucios,
exclusivamente en el caso de viviendas habituales. La Sala de Gobierno
del Tribunal Superior vasco resolverá la semana próxima si traslada el
protocolo de los jueces bilbaínos al resto de juzgados vascos, cuyo
texto terminaban de ultimar anoche.
En Granada, el protocolo de urgencia firmado por el juez decano
establece que los secretarios judiciales podrán devolver los casos al
juzgado si creen que podrían acogerse al decreto, “con objeto de que el
juzgado resuelva expresamente si procede o no insistir en la práctica de
la diligencia”.
El martes se celebró una reunión de jueces de primera instancia y
secretarios de Barcelona para analizar el decreto, pero sin fijar una
postura común. Tampoco han llegado a un acuerdo en Galicia o en el resto
de Andalucía.
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, cree que
“sería conveniente” que el Consejo del Poder Judicial “pilotara una
iniciativa para dictar pautas de orientación a los jueces sobre el
decreto”, para evitar que no actúen de forma distinta por comunidades.
Fuentes del Consejo precisaron a EL PAÍS, sin embargo, que el órgano de
gobierno de los jueces no puede dictar instrucciones sobre la
interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico.
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