“La justicia está llamada a encabezar el discurso público contra la
crisis”. Los 47 jueces decanos de España, que han suscrito esa
afirmación, se han convertido estos días en la inesperada punta de lanza
de un movimiento reivindicativo para paliar los efectos sociales del derrumbe económico.
Sus iniciativas han removido los cimientos del Poder Judicial, han
obligado al Gobierno a plantear reformas legales y han forzado a los dos principales partidos políticos
a buscar fórmulas de consenso. Han sido algunos de esos jueces decanos
los que han logrado en solo dos semanas que el Gobierno y los partidos
se apresuren a cambiar la dura legislación sobre ejecuciones
hipotecarias para poner coto a lo que los propios magistrados han
calificado: de “auténtica lacra social”: los 400.000 desalojos que otras
tantas familias han sufrido desde que comenzó la crisis económica.
“No podemos vivir de espaldas a la realidad, a la sociedad. No
podemos ser tan insensibles. La venda en los ojos es la de la
imparcialidad, pero no la de la insensibilidad”, señala el decano de
Bilbao, Alfonso González-Guija, para explicar que, en efecto, entre los
jueces se ha producido un movimiento “sin precedentes”. La mayoría de
esos decanos son profesionales por debajo de los 45 años, con todo tipo
de tendencias o preferencias políticas. Dentro de la judicatura, son los
únicos elegidos por voto directo de sus colegas en cada
circunscripción, un hecho destacado por algunos de los más activistas.
“Somos elegidos por nuestros compañeros y, por tanto, tenemos que
trasladar lo que ellos, los jueces de a pie, nos transmiten”, enfatiza
José María Páez, decano de Málaga. “Nuestra recompensa es dar un buen
servicio a nuestros compañeros que nos eligen y a los ciudadanos. No
queremos ni buscamos cargos o entrar en política”, declara Ángel Dolado,
decano de Zaragoza.
Maria Josep Feliu i Morell, decana de los jueces de Barcelona, admite
que ahora hay “un grupo muy activo de jueces” porque “somos”, añade,
“ciudadanos de a pie, que también pagamos hipotecas, que vivimos la
realidad”, señala. “Como juez, no eres un mero espectador”, comenta José
María Páez.
La punta de lanza de ese grupo está formada por una comisión de 15
jueces, entre los que destacan los decanos de las ocho ciudades más
grandes. González-Guija y Feliu i Morell son dos de ellos y pertenecen
también al grupo de jueces que prepararon a conciencia durante semanas
las tres jornadas de debate (los días 5, 6 y 7) que han reunido en
Barcelona a los 47 decanos de España que representan a más de 2.000
magistrados. “Quisimos tratar especialmente los problemas derivados de
la crisis, y no quedarnos solo en el análisis de nuestros problemas
internos”, cuenta González-Guija. Por eso, uno de los temas estrella
debatidos en esas jornadas fue el relativo a las propuestas de reforma
de la legislación sobre desahucios.
Los decanos denuncian que la crisis “ha embestido como un tsunami”
Dos semanas antes, siete jueces habían enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe encargado por la propia cúpula
de los magistrados en el que criticaban los abusos derivados de esa
normativa. El texto habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y
propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se
encuentran al borde del desalojo. El CGPJ desestimó el documento. Su
redactor, el juez Pedro Luis Viguer, decano de Valencia, fue el ponente
en Barcelona de un debate sobre el informe desechado. “Hay nuevas
generaciones de jueces que han perdido el miedo a decir cosas”, comenta
Viguer. “Ya está bien de estar mudos por un mal sentido de la
responsabilidad. Tendría que decirlo el CGPJ, pero no lo hace”, añade el
decano de Valencia.
El informe desestimado por el Poder Judicial fue apoyado “en su
totalidad” y por unanimidad por los 47 decanos, pese a haber sido
“lamentablemente rechazado de plano por el CGPJ”, como destacaron en las
conclusiones de su reunión. Y es que, con su actitud, el Poder Judicial
se topó con un problema añadido, puesto que el juez Viguer es
considerado por bastantes de sus colegas “un líder” entre los decanos
por su activismo en el análisis y elaboración de propuestas para mejorar
la justicia. Así lo señalan varios de los magistrados consultados.
Además, varios decanos —como los de Zaragoza, Valencia o Barcelona—
sostienen que el documento ha cobrado mucho más relieve precisamente por
haberlo rechazado el Consejo.
“Hemos levantado la liebre”, asevera la decana de Barcelona al hablar
del informe de sus siete colegas sobre los desahucios. “Y nos ha
ayudado el propio CGPJ al no asumirlo”, ironiza tras calificar lo
ocurrido en la cúpula judicial como “esperpéntico”. “Alguien debería dar
explicaciones.No entendemos por qué no se aprobó”, añade
González-Guija.
Casi a la misma hora en que se difundían las conclusiones del
cónclave de Barcelona, dirigentes del PSOE y el PP se reunían en Madrid
para poner en marcha la reforma de la ley hipotecaria. “Han reaccionado
seguramente porque no les quedaba más remedio”, afirma Viguer. “Les
estaban adelantando por la izquierda y por la derecha en un movimiento
vertiginoso” desatado a raíz de la difusión en EL PAÍS de ese documento
el pasado 24 de octubre. “Hasta los políticos han tenido que reaccionar
porque la sociedad tiene razón. Es una demanda tan evidente…”, argumenta
Páez. José Luis González Armengol, decano de Madrid, pone de relieve
que la actual legislación hipotecaria “provoca desigualdad entre las
partes y, por tanto, hay que hacer correcciones”. “Los jueces se han
puesto del lado de la sociedad, porque la cercanía a la sociedad es una
función primordial de un juez”, afirma.
“Las medidas del Gobierno son erráticas, de corto alcance”, afirman
“Es preciso ser actores proactivos del cambio y no meros espectadores
pasivos y vencidos de un estado insatisfactorio de cosas”, proclamaban
los decanos el pasado miércoles, tras afirmar que se sentían
“preocupados, y mucho, ante el drama social que ha supuesto la
multiplicación exponencial de los desahucios debido a la crisis
económica”. Por eso, los magistrados reclamaban “humanizar” la ley. A la
vez, clamaban contra “la nueva lacra”, la corrupción, y exigían más
medios para combatirla.
A los jueces decanos les preocupa también el aumento de litigios
derivados de la crisis, que “ha embestido como un tsunami” en los
juzgados propiciando “un insoportable estado de opinión que cuestiona no
solo su efectividad sino incluso su independencia”, concluyeron en las
jornadas de Barcelona. Pese a ese fenómeno, las medidas que se impulsan
desde el Gobierno son “erráticas, de corto alcance, de simple remiendo”.
Una de ellas llama especialmente la atención de la magistrada Feliu i
Morell: la subida de tasas anunciada por el Ministerio de Justicia. “Es
una barbaridad”, comenta la juez. “Se impedirá que los ciudadanos de a
pie acudan a la justicia. Un señor que reclame algo por su despido va a
tener que pagar 500 euros de tasa. ¿Por qué?”, se pregunta. “Me parece
horroroso. No lo puedo entender”, concluye.
Ahora, los decanos son quienes más están levantando la voz, pero es
en los juzgados, más calladamente, donde un grupo de magistrados,
todavía no muy numeroso, intenta aminorar los estragos que en plena
crisis causa la dura legislación española en materia hipotecaria. Se
trata de jueces “especialmente comprometidos”, como lo describe una juez
de Madrid, que encuentran resquicios y alternativas para no aplicar la
ley con toda su crudeza aunque sin saltársela en ningún momento. Jueces
de Pamplona, Girona, Barcelona, Torrejón (Madrid) o Elche han sido
pioneros en dictar autos planteado alternativas a los desahucios, como
la dación en pago, el alquiler social o la demora en los pagos.
Reivindicaciones de los 47 decanos
Ley del poder judicial. Retirada inmediata del Proyecto de Ley de Reforma de la LOPJ, que perjudica la calidad de la justicia.
Elección de cargos. Elección directa por jueces y
magistrados de los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial. Elección
directa de los cargos de los órganos internos del Poder Judicial.
Autonomía presupuestaria del CGPJ para garantizar independencia y eficacia. El Poder Judicial no puede seguir dependiendo económicamente del Ejecutivo.
Número de jueces. Incremento del número de jueces de
carrera hasta alcanzar la media europea de 19,8 jueces por cada 100.000
habitantes, frente al 10,3 actual. Convocatoria de oposiciones de 250
plazas/año.
Justicia profesional. Debe ser impartida por jueces
profesionales. La sobrecarga de órganos exige la creación de plazas para
terminar con los casi 1.000 jueces sustitutos.
Carga de trabajo. Determinación de la carga de
trabajo y aplicación como límite de entrada máximo admisible y con
efectos inmediatos. Alcanzada, deberán crearse las nuevas plazas
judiciales de forma automática.
Organización. Nueva demarcación con agrupación de unidades en grandes ciudades, creación de tribunales de instancia y nueva oficina judicial.
Inversión. Adopción de medidas para paliar el abandono de los juzgados mixtos.
Estatuto. Regulación de un estatuto acorde con la
especialidad de los jueces como Poder del Estado. Retribución económica
adecuada a la responsabilidad.
Jueces de entrada. Solución de la situación de los jueces que han completado su formación en la Escuela Judicial.
Tasas moderadas que no limiten el acceso a la
justicia, algo que no se contempla en el actual proyecto de ley, que las
establece claramente desproporcionadas. El enfoque debe ser otro:
incrementar las tasas que se cobran a las grandes empresas, principales
usuarias del sistema judicial.
José María Fernández Seijo, del Juzgado Mercantil número 3 de
Barcelona, se ha distinguido especialmente porque el año pasado elevó
una consulta al Tribunal de Justicia de la UE sobre un desahucio de un
marroquí al que una caja de ahorros le aplicaba intereses de demora del
18%. “Soy activo en ayudar a colectivos de afectados”, asegura el juez,
quien califica de “agresiva y severa” la legislación española al
respecto. Juliane Kokott, abogada general del tribunal europeo, se ha
decantado ya esta semana al asegurar que la ley española tiene que
permitir al juez controlar si en las hipotecas se incluyen cláusulas o
condiciones abusivas, algo que ahora no les estaba permitido.
En paralelo, casi un centenar de jueces han emitido también autos
vanguardistas en los llamados procesos monitorios (el 50% de los que
entran ahora en los juzgados civiles; 683.704 solo el año pasado), que
son aquellos en los que, con la sola demanda del banco o la entidad
financiera, se requiere el pago del deudor y, si en un plazo de 20 días
no paga o no se opone, se procede a la ejecución mediante el embargo de
bienes. Ese centenar de jueces vigila en tales casos si hay cláusulas
abusivas o intereses exagerados y, si así lo considera, dicta la
inadmisión de la demanda, que puede ser planteada de nuevo, pero ya en
procedimiento ordinario, con más opciones de defensa para el demandado.
Se trata de fórmulas destinadas a que a los afectados se les reclame lo
que deben, pero no más. Similares herramientas legales se utilizan en
esos juzgados para amparar a compradores de acciones preferentes o
complejos productos financieros que han arruinado a numerosas familias.
Entre los jueces que ya han adoptado resoluciones de ese tipo
destacan Raquel Alastruey (Barcelona), Ana María Álvarez de Yraola
(Madrid), Edmundo Rodríguez Achútegui (Álava), Raquel Blázquez (Madrid),
Guillem Soler (Barcelona), José Antonio Lozano (Almería), Rafael
Fluiters (Madrid) o Ignacio Martín (Valladolid).
La juez Lourdes Menéndez, del juzgado de primera instancia número 39
de Madrid, se encuentra también en ese grupo. “Los jueces tenemos que
aplicar la ley, pero también preocuparnos por sus consecuencias en las
personas más desfavorecidas y no olvidarnos de la realidad social del
momento en que la ley debe ser aplicada”, explica Menéndez. “Los
tribunales no podemos ser el mar que engulle ordenadamente solo a los
destinados a ahogarse”, comenta la juez citando la obra El Peso de la
Prueba, de Scott Turow.
