tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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jueves, 10 de octubre de 2013

“En España, la austeridad tiene impacto negativo en los derechos humanos”

Los recortes en sanidad, educación y medidas sociales han conducido a un preocupante crecimiento de la pobreza de las familias en España”. Así de tajante se ha mostrado en un informe el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, tras su visita a España el pasado junio. Considera que las medidas de austeridad “tienen un impacto particularmente negativo en los derechos humanos de los niños y las personas discapacitadas” y añade: “las autoridades españolas deben hacer más para asegurar que los derechos humanos de los grupos más vulnerables se respeten”.
Los “significativos” recortes en el presupuesto de educación, como los ha calificado Muznieks, de los últimos tres años están “minando la igualdad de oportunidades de los niños, haciendo cada vez más difícil el acceso a una educación de calidad”. Ha pedido al Gobierno español que mantenga una educación en derechos humanos, ya que ello es “clave” para construir “una generación de ciudadanos responsables, que son la esencia de una sociedad democrática”. La austeridad está empeorando también las condiciones de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad, según el comisario. “España debería ajustar sus políticas de forma que aseguren recursos para que los discapacitados puedan disfrutar de oportunidades de empleo y educación”.
Además, el comisario se muestra preocupado por la conducta de las fuerzas de seguridad. “Los malos tratos y la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad son una cuestión muy grave por la que España ya ha sido condenada por organismos internacionales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Pide al Gobierno que asegure que los funcionarios encargados del cumplimiento de las leyes “respetan plenamente las normas internacionales de derechos humanos”. Especialmente, Muiznieks ha expresado preocupación por la incomunicación de los presos, prácticas que califica de “violaciones graves” de los derechos humanos que “deben ser abolidas”. En este contexto, el comisario urge a eliminar las identificaciones por perfil étnico que “estigmatizan” a los inmigrantes, así como las detenciones.
Muiznieks se manifiesta consternado también por el “desproporcionado”uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, a la hora de controlar las manifestaciones contra la austeridad. Llama la atención sobre la “falta de visibilidad” del número de identificación de los policías, “especialmente” durante las manifestaciones, porque con ello se ha “impedido la persecución y sanción de los agentes que violan el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes”. El comisario se muestra alarmado por la impunidad policial respecto a los “malos tratos cometidos por las fuerzas del orden” y vuelve a urgir al Estado a que ponga fin a esta “larga práctica” que en algunos casos “perdona incluso la tortura”.

Lampedusa, la impunidad de los medios



Las migraciones masivas son un fenómeno internacional que ha incrementado su intensidad en las últimas décadas del siglo pasado y continúa siendo un tópico recurrente en la agenda política, social y cultural de numerosos países. Las causas que impulsan la movilidad poblacional son múltiples. Generalmente, se suele simplificar la cuestión atribuyendo, de modo unívoco, la salida de los inmigrantes a cuestiones económicas. Lo que para algunos representa una oportunidad para gran parte de los países acogedores se lee en clave de amenaza. El enriquecimiento que posibilita el intercambio entre distintas etnias y el desafío por encontrar elementos de convivencia armoniosa a menudo se encuentran silenciados, no sólo por los dirigentes políticos sino también por los medios hegemónicos de comunicación que estigmatizan a los inmigrantes y les otorgan una connotación peyorativa. Una barcaza que trasladaba ciudadanos de distintos países de África rumbo a las costas italianas, una práctica recurrente en el mar Mediterráneo, sufrió un desperfecto en uno de sus motores luego de dos días de navegación. Ante la desesperación por el hundimiento inminente, parte de la tripulación improvisó una fogata con el objetivo de ser avistados y reconocidos por posibles rescatadores. El intento por llamar la atención no produjo resultado positivo para los damnificados. Según los testigos y supervivientes del trágico desenlace al menos tres barcos pesqueros que transitaban en la zona decidieron no verlos. La omisión parece haber definido el destino de los inmigrantes. La tragedia tuvo como saldo centenares de muertos y desaparecidos. Las puertas de Europa permanecieron cerradas y el abrupto final colocó a las políticas migratorias en el centro de un debate reiterado.

El filósofo francés Michel Foucault distingue entre la norma y la ley precisando que esta última opera cuando existe una infracción. Se convierte en un mecanismo de legitimación del poder dominante y regula los marcos de interacción social del resto de los individuos. Es decir “las leyes están hechas por unos y se imponen a los demás”. En el año 2007, pescadores tunecinos rescataron a una cuarentena de inmigrantes que habían naufragado en el estrecho de Sicilia. Poco después el tribunal de Agrigento los condenó por “colaborar con la inmigración ilegal”. La normativa jurídica italiana, basada en la ley Bossi-Fini aprobada por Silvio Berlusconi, castiga a quienes eligen solidarizarse con los grupos movilizados ante una situación límite. La alcaldesa de Lampelusa, Giusi Nicolini, justificó la acción de los barcos que invisibilizaron a los africanos en las aguas mediterráneas. En el periódico La Repubblica declaró que “los pesqueros no auxiliaron al barco por miedo a ser procesados por favorecer la inmigración clandestina.” El “asombro” de la prensa y las afirmaciones de los políticos redirigieron el debate hacia una de las lecturas posibles, la que articula el accionar de los marineros con la legislación vigente y desde allí a las políticas migratorias de Italia y de toda Europa. 
Sin embargo, esa perspectiva del debate excluye a un actor que, como en todos los acontecimientos del mundo moderno, desempeña un rol protagónico. Los medios de comunicación se autoabsolvieron de un juicio crítico sobre su desempeño en la construcción de la inmigración como problema. El analista español Mario de la Fuente García evidenció, en varios de sus trabajos, la operación mediática que tanto en España como en otros países de Europa produce una identificación entre inmigrantes y delincuencia, ilegalidad, oleada invasora, etc. El filólogo reconoce dos aspectos en la labor ideológica del discurso periodístico: por un lado, se construye una representación social de los inmigrantes como un grupo problemático, pero al mismo tiempo se fabrica una imagen de “sociedad tolerante” en la que el racismo es una actitud aislada o incidental. Esa ambigüedad es la que se refleja en los medios -no sólo los italianos- al abordar la reciente tragedia de Lampelusa y la actitud de los pesqueros. 
Los medios hegemónicos de comunicación adoptan una actitud militante en la difusión y sedimentación de estereotipos sobre los inmigrantes como “extraños”, constitutivos de un peligro que amenaza la supuesta estabilidad laboral, la integridad socio-cultural y la seguridad personal de los ciudadanos de los países receptores. El sociólogo Zygmunt Bauman plantea una intrínseca tensión entre la ética y la moral y la conservación de la seguridad personal. Según el pensador polaco el reconocimiento de un “blanco que atenta” contra la integridad del individuo relega cualquier tipo de planteo moral frente a las acciones que se desarrollan ante su presencia. No hay inquisiciones de corte ético sobre la omisión de extraños clamando auxilio en los mares, en tanto esos sujetos fueron y son recurrentemente identificados como agente de peligro por parte de los medios. La paradoja radica en que son las mismas voces las que se desgarran cuestionando la actitud de los tripulantes. El desempeño de los medios de comunicación no participa en el debate. La impunidad que ostentan posibilita que actúen como jueces que cuestionan y clasifican. Algunos periódicos argentinos se apresuraron en aclarar que los damnificados eran inmigrantes ilegales, como si esa condición soslayara la gravedad de la situación. Los cuestionamientos son siempre hacia afuera, su participación e influencia queda exenta de cualquier tipo de reflexión.

Semáforo rojo al aceite de oliva y a los frutos secos

Los productos de alimentación de la mayoría de los supermercados británicos lucen desde verano un semáforo. En rojo, el comprador debe pensárselo dos veces antes de ponerlo en el carrito. En verde, tiene vía libre. “Es la elección más sana”, señala sin ambages la Agencia de Seguridad Alimentaria. El método de etiquetado, sin embargo, no ha podido evitar una polémica que ha traspasado las fronteras de Reino Unido. Productos como el aceite de oliva, los frutos secos o algunas carnes han recibido el castigo de un semáforo rojo, lo cual podría penalizar su consumo. El Gobierno británico y quienes lo avalan defienden el modelo para luchar contra la obesidad ante la ineficacia de otras medidas, mientras que la industria alimentaria y otros expertos consideran que ese semáforo solo demoniza un producto en concreto sin tener en cuenta la dieta global del ciudadano.
El esquema de etiquetado de semáforos rojos es una medida más de las que se están impulsando en Europa y Estados Unidos para luchar contra la obesidad. El Departamento de Sanidad de Reino Unido estima que los problemas de salud relacionados con el sobrepeso cuestan cerca de 5.000 millones de libras al año (5.900 millones de euros) al sistema. Por ello, el Gobierno británico ha implantado un esquema en el que combina los tres colores del semáforo —verde, ámbar y rojo— para indicar cuántas calorías, grasa, grasas saturadas, azúcar y sal tiene un producto.
El 60% de los distribuidores británicos se apuntan al sistema
A partir de esos elementos, el consumidor debe tomar su decisión. La Agencia de Seguridad Alimentaria (FSA, por sus siglas en inglés) ha elaborado una guía para ayudar a los consumidores a lograr un “mejor equilibrio” en su dieta. El documento es tajante. Sobre el rojo sostiene: “Está bien consumir el producto ocasionalmente o por placer, pero piensa con qué frecuencia lo eliges y cuánto de él comes”. El ámbar es una buena decisión, pero para la FSA la “elección más sana” es la del producto que luzca el verde. El sistema no se aplica al producto final sino a cada uno de sus nutrientes, por lo que es el consumidor el que debe evaluar qué alimento se aproxima más al verde.
El sistema del semáforo, que debe estar en la parte frontal del producto, es voluntario, puesto que la actual normativa comunitaria no lo contempla. Sin embargo, según el Gobierno británico, las empresas que se han adherido al uso de la etiqueta comercializan más del 60% de la comida que se vende en Reino Unido. Al sistema se han acogido, entre otros, Aldi, Lidl, Marks and Spencer,The Co-operative, Sainsbury’s y Tesco. También se han añadido Nestlé, Mars o PepsiCo. Coca-Cola, Cadbury o United Biscuits han rechazado participar.
La medida ha soliviantado a la industria agroalimentaria europea, pero en especial a la italiana, mientras que los consumidores, sin considerarla la medida óptima, la han respaldado. “Todos tenemos la responsabilidad de abordar el desafío de la obesidad, incluida la industria alimentaria”, dijo la ministra de Sanidad británica, Anna Soubry, cuando entró en vigor el etiquetado en junio.
Enseguida, Fedealimentare, que representa a 32.300 compañías italianas, y la Asociación Italiana de Pequeñas Empresas en Europa, con la patronal europea de la industria de la carne procesada Clitravi, emitieron un comunicado. “Clasificar alimentos o bebidas dentro del verde-ámbar-rojo es engañoso, no se basa en hechos científicos apropiados, hace un juicio simplista de una comida o bebida”, rezaba el texto, que recordaba que no hay “buenos” o “malos” alimentos, sino “buenas o malas dietas”.
Algunos sectores alimentarios españoles también protestan. El secretario de la Asociación Nacional de Industria de la Carne de España (Anice), Miguel Huerta, critica que la iniciativa de Reino Unido es “aparentemente voluntaria”, pero que al final “acaba obligando a los operadores”. “Tanto empresas británicas de distribución como fabricantes que no estaban de acuerdo con este sistema han acabado introduciéndolo”, denuncia. Huerta cree que el Gobierno británico debería haber acudido antes a las instituciones europeas “para estudiar el tema”.
El sector cárnico denuncia que hubo presiones 
El viernes pasado se celebró en Bruselas una reunión del comité permanente sobre legislación general de alimentos. A petición de Italia, el orden del día incluyó la discusión de la recomendación de las autoridades británicas de incluir la etiqueta, confirman fuentes comunitarias. Según el Ministerio de Sanidad español, se trató de una reunión técnica a la que asistieron jefes de servicio y no supuso posicionarse respecto al semáforo. Fuentes conocedoras del encuentro aseguran que España cierra filas con el reglamento 1169/2011, que obliga a que los productos incorporen información nutricional obligatoria.
La legislación europea actual, explican fuentes que participaron en el proceso de su elaboración, fue resultado de un debate en el que Reino Unido ya puso encima de la mesa el sistema del semáforo. En junio de 2010, el Parlamento Europeo discutió el esquema británico. Entonces, la Cámara rechazó por 243 votos a favor, 398 en contra y 16 abstenciones una enmienda a la normativa introducida por los socialistas y los verdes para introducir un sistema de semáforo. La ponente, Renate Sommer, del Partido Popular Europeo, se congratuló de que la UE adoptara normas más claras y del rechazara al semáforo.
La Comisión Europea incluyó el etiquetado obligatorio para la mayoría de alimentos transformados. La normativa establece que deberán declararse el valor energético, las grasas, las grasas saturadas, los hidratos de carbono, los azúcares, las proteínas y la sal, todos ellos por cada 100 gramos o mililitros y con la posibilidad de hacerlo también por ración.
El artículo 35.2 del reglamento, no obstante, abre la puerta a que los Estados miembros recomienden a los operadores “hacer uso de una o más formas de expresión o presentación de la información nutricional”, ya sea a través de “formas o símbolos gráficos”. En España, el sistema nutricional voluntario con mayor implantación es el de Consumo Diario Orientativo (CDO), que indica la cantidad de energía y determinados nutrientes que aporta un alimento en comparación con lo que se necesita en un día.
La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Leire Escajedo señala que el contexto en el que se da ese debate es el de “un tiempo en el que crece la preocupación por la mala dieta”. Y se da la paradoja, además, de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que hay tantos ciudadanos del mundo que morirán por una enfermedad relacionada con llevar una mala dieta como personas que fallecerán por desnutrición. “Los países anglosajones han decidido partir de la base de que el consumidor no sabe comer, por lo que categorizan de forma simple y advierten de determinados nutrientes. Proporcionan informaciones interesantes de cada alimento, pero olvidan que algunos de estos productos son importantes dentro de la dieta”, recuerda Escajedo. Fuentes del sector ponen ejemplos: el aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea, pero las grasas son elevadas, lo cual le da un semáforo rojo. Lo mismo ocurre con los frutos secos, que pueden reunir semáforos rojos por las elevadas calorías y las grasas. Y, por supuesto, con los embutidos.
Una encuesta dice que el semáforo rojo disuade al 40% de las usuarias
¿Tienen impacto medidas como los semáforos en rojo? Esa pregunta ya se formuló cuando se introdujeron mensajes en las cajetillas de tabaco. El distribuidor británico The Co-operative realizó una encuesta entre sus clientes. Según ese trabajo, el 40% de las mujeres y el 30% de los hombres dejaron de comprar un producto porque “contenía demasiadas grasas, sales o azúcares”. Javier Rovira, profesor de marketing de ESIC, asegura que estas campañas sí tienen impacto. “El consumidor cada vez es más sensible a lo que come. Y eso tiene efecto, en especial si al lado de ese alimento hay otro que en lugar de rojo tiene un ámbar”, explica.
Ese efecto es el que teme la industria agroalimentaria española, pero también al que se agarran las entidades que defienden el sistema del semáforo. Según el Ministerio de Economía, las exportaciones alimentarias a Reino Unido el año pasado alcanzaron un valor de 2.738 millones de euros, el 7,5% más que el año anterior en un mercado de más de 60 millones de consumidores. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reivindica el contenido del reglamento comunitario y considera que “el modelo de información al consumidor en Europa tiene que ser objetivo, veraz, científicamente respaldado, fácilmente comprensible por el consumidor y armonizado entre los Estados miembros”. La entidad apuesta por el modelo CDO, al contar “con el respaldo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria” y “contextualizar el alimento en el marco de una dieta global”.
Una parte del sector, no obstante, teme que otros países puedan seguir el ejemplo de Reino Unido. El director general del Foro Interalimentario —que agrupa a una treintena de proveedores de Mercadona— y exdirector de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, José Ignacio Arranz, asegura que la raíz de ese sistema proviene del “fracaso informativo” de sistemas anteriores, pero advierte de que el método empleado en Reino Unido “rompe el amplio consenso” de considerar la dieta “desde un punto de vista global”. “No creemos en el alimento bueno o malo, sino en la dieta como conjunto. Este sistema desinforma, porque desvirtúa la información que debe tener un ciudadano al descontextualizar el alimento cuando no se lo estigmatiza. Es un error desaconsejar el consumo de algunos alimentos en lugar de enseñar a consumirlos en la medida necesaria para crear una dieta equilibrada”, lamenta Arranz.
El secretario de Anice, Miguel Huerta, también pone énfasis en la dieta equilibrada y el ejercicio físico, y destaca que el código no es “útil para orientar a los consumidores”. “Es paradójico, ofrece resultados chocantes, cuando no directamente erróneos. Por poner un solo ejemplo, según este semáforo la leche o los zumos serían menos apropiados que los refrescos”, sostiene Huerta.
“Se parte de que los ciudadanos no saben comer”, dice una catedrática
Las organizaciones de consumidores no lo ven del mismo modo y respaldan, aunque con matices, el sistema del semáforo. La portavoz de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), Yolanda Quintana, asegura que los datos de obesidad “ponen en evidencia que la estrategia que se ha seguido hasta ahora no funciona”. Quintana considera que “la etiqueta de los alimentos es un elemento importante”, y recuerda que algunas empresas hasta ahora han destacado algún nutriente para ocultar otro o bien han utilizado raciones irreales para minimizar los componentes de un alimento. “Es cierto que algunos alimentos son de uso ocasional y que no forman parte de la dieta diaria, pero sin ser la panacea, es una forma objetiva de dar información”, añade Quintana.
En el debate del reglamento, de hecho, las asociaciones de consumidores españolas defendieron utilizar el semáforo para “ayudar al consumidor a interpretar la información factual”. “Se trata de que el consumidor sepa identificar de forma rápida y sencilla cuándo un determinado contenido en grasas, por ejemplo, es alto, medio bajo”, exponía el documento que elaboraron. Eso sí, las entidades propusieron que la gradación de colores no incorporara el rojo, de forma que reclamaron el verde para valores bajos, el amarillo para los medios y el ámbar —con una tonalidad baja— para los altos. “No creemos que deba utilizarse el color rojo para los valores altos porque este color es normalmente percibido como indicativo de prohibición”, sostenía el texto, que coincidía en situar cada alimento en el marco de una “dieta sana y equilibrada”. Para ello, recuerda Quintana, estas medidas deben acompañarse de “campañas de información”.
El portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, tampoco opina que el sistema de semáforo sea el ideal. No lo es, por ejemplo, para productos como el aceite de oliva. “Pero sí es positivo para otros en los que abundan las grasas saturadas”, explica. Y aun en estos casos, Sánchez aboga por que el legislador introduzca límites a los elementos que considere nocivos.
Todavía es pronto para evaluar el impacto económico que esta medida pueda tener sobre la industria española que exporta alimentos a Reino Unido. Escajedo opina que el principal problema es que las Administraciones desconocen la reacción que puede tener el consumidor. “Es muy difícil objetivar el beneficio real, pero en cambio económicamente sí puede suponer un perjuicio a algunos sectores productivos”, afirma.

Tres colores

  • Rojo. En general, son los productos desaconsejados, aunque se admiten para su “consumo ocasional”. Estos alimentos cumplen al menos uno de los siguientes requisitos: más de 15 gramos de azúcar; 20 gramos de grasas; 5 gramos de grasas saturadas; o más de 1,5 gramos de sal. Ejemplos: aceite, frutos secos, embutidos, salchichas, aceitunas, jamón serrano, patatas fritas, magdalenas, pizzas, chocolates, refrescos azucarados.
  • Ámbar. Las autoridades sanitarias consideran que están “bien”, pero “todavía es mejor” consumir los del semáforo verde. Son productos con al menos alguno de estos requisitos: entre 5 y 15 gramos de azúcar; entre 3 y 20 gramos de grasas; entre 1,5 y 5 gramos de saturadas; y entre 0,3 y 1,5 gramos de sales. Ejemplos: pan, pasta, patatas, carnes, arroz.
  • Verde. Son los considerados “más sanos”. Tienen semáforo verde si se trata de productos de menos de 5 gramos de azúcares, menos de 3 gramos de grasas, menos de 1,5 gramos de grasas saturadas y menos de 0,3 gramos de sales. Ejemplo: fruta, ensalada, maíz, vegetales.

Admitida una querella por prevaricación contra los miembros de la 'Comisión Sinde'

La llamada 'Comisión Sinde', encargada de decidir la comunicación y retirada de contenidos supuestamente 'piratas' a petición de los titulares de los derechos de autor, se enfrenta a una querella criminal acusada de prevaricación administrativa por haber dictado una resolución totalmente opuesta a una decisión judicial sobre el mismo caso, y casi simultáneamente.
El administrador del sitio web de enlaces Multiestrenos vio hace un mescómo, en un mismo día, la Justicia archivaba su caso al no considerar el enlace como comunicación pública -imprescindible, hasta ahora, para considerar delito esta actividad- y el Ministerio de Cultura resolvía lo contrario -es decir, que sí supone una vulneración de la propiedad intelectual- a través de una resolución de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI), conocida como 'Comisión Sinde'.
Ahora, su abogado, David Bravo, ha anunciado que ha sido admitida una querella contra los miembros de la 'Comisión Sinde' por un delito de prevaricación administrativa.
Mediante un auto, el juez ordena entre otras diligencias que se entregue una copia del expediente tramitado por la Sección Segunda de la CPI. En dichas actas aparecerán los nombres de los funcionarios que firman la resolución, un dato que Bravo asegura que no aparece en la copia de la misma enviada a su cliente.
En cualquier caso, la querella ha sido interpuesta contra la persona que ejerce la presidencia de la Sección Segunda -Teresa Lizaranzu Perinat- y contra un total de ocho vocales, titulares y suplentes de los mismos. La identidad de los mismos, revelada por este diario hace un año, permaneció en secreto bajo el amparo, según el propio Ministerio, de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Los argumentos

Según el texto de la querella, son muchas las sentencias que consideran que la actividad de enlazar no supone comunicación pública de contenidos (aunque existen algunas excepciones, como la sentencia de la Audiencia de Vizcaya que condenaba a los responsables de fenixp2p.com y mp3-es.com en 2011) y, por tanto, no es delito.
La querella explica además el origen de la 'Comisión Sinde', a la que describe como "un órgano creado expresamente para actuar contra páginas declaradas no infractoras de propiedad intelectual por los jueces y ello a base de interpretar y aplicar las mismas leyes de forma opuesta a estos".
La parte querellante sostiene que la resolución de la Comisión de Cultura es "arbitraria" y se contradice con resoluciones anteriores del mismo órgano. Alega que hasta la fecha se consideran a los sitios web de enlaces intermediarios, no infractores de la propiedad intelectual, siempre que no alojaran las obras. En este caso, re suele al revés: los enlaces son comunicación pública.
También destaca "la decisión de no suspender el procedimiento administrativo pese a que esa Comisión conocía que el el mismo hecho estaba siendo ya objeto de análisis en un juzgado con prioridad". Por último, recuerda que la propia Comisión, al saber que existía un proceso penal abierto, preguntó al tribunal si existía prejudicialidad pero dictó resolución sin esperar respuesta.
Por tanto, los argumentos de la parte querellante se resumen en que "la resolución de un juzgado se ha visto desautorizada en todos sus fundamentos el mismo día de su dictado por una resolución de un órgano administrativo y un ciudadano ha recibido de forma prácticamente simultánea dos resoluciones opuestas entre sí en todos los sentidos".
"Los hechos descritos tienen relevancia penal, al ser indicios serios de que sus protagonistas han dictado una resolución absolutamente arbitraria a sabiendas de su injusticia y sosteniéndola en argumentos absolutamente extravagantes", afirma el texto de la querella admitida a trámite.
Todo ello sucede a las puertas de una polémica reforma del Código Penal que cambiará sustancialmente el delito contra la propiedad intelectual y endurecerá su correspondiente castigo. La reforma, a punto de comenzar su tramitación parlamentaria, criminalizará con hasta seis años de cárcel la actividad de facilitar o enlazar a sitios de descarga no autorizada de contenidos protegidos por derechos de autor, con una notable excepción: los buscadores.

La Chori-Infanta pagó comidas, flores y ropa de niños con la Visa Oro de Aizoon

Los gastos que la infanta Cristina hacía con la tarjeta de Aizoon, detallados en un informe del servicio jurídico del BBVA remitido al juez, revelan —además de que la usó de manera más bien esporádica entre 2004 y 2011, incluso durante su estancia en Estados Unidos— los gustos de la hija menor del Rey. Actividades culturales, flores, comidas en buenos restaurantes, ropa para los niños, descargas telefónicas... Daba igual donde estuviera: Barcelona, Mallorca, Washintong o Reino Unido (donde se descargó música).
La información está contenida en los documentos en los que el juez José Castro, instructor del caso Urdangarin,  ha hallado 150.000 euros de Aizóon en una cuenta que utilizaba la Infanta y de la que era cotitular junto a su marido. Los fondos de esa cuenta proceden de Aizoon SL, la empresa familiar de la que son copropietarios al 50% los duques de Palma. Aizoon, según los investigadores, no cuenta con estructura empresarial ni personal específico. Y dicha empresa, a su vez, se nutría de los fondos procedentes de los negocios millonarios y bajo sospecha del Instituto Nóos. Esta entidad, declarada como altruista y amparada en privilegios fiscales, captó más de seis millones de organismos públicos. El duque “interpuso” Aizoon, dicen los magistrados, para colar “ciertos servicios de carácter personalísimo”.
La infanta solía usar la tarjeta Visa Business Oro para los gastos que hacía en el Centro Europeo de Barcelona, una entidad cultural y educativa fundada en 1977. Allí hizo cinco pagos en 2007 y 2008 que sumaron 1.492 euros. El mayor de ellos, de 677,2 euros: los hizo en tres días de julio. El centro organiza excursiones y visitas culturales.
El uso más frecuente era para pagar comidas. Como los 108 euros que gastó en El Jardi de L'abadessa, un restaurante tranquilo y cosmopolita de Barcelona, cerca de su palacete de Pedralbes; o los 352 euros del Escarabat Negre, en Soller (Mallorca), en pleno puerto, o los 85 dólares (60 euros) en el Uncle Julio's Rio Grande Cafe de Bethesda, al norte de Washington, un restaurante mexicano con deliciosas fajitas y gambas con bacón y miel, de septiembre de 2009.
Las flores también eran cargadas a la tarjeta de ejecutivo de Aizoon a nombre de la Infanta, en lo que se gastó unos 300 euros (Interflora y Aro Verd). En total, cargó a esa visa algo más de 3.600 euros, ropa de niño incluida (627 euros en Bonpoint).