tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 5 de mayo de 2013

Ensalada de escarola


Sevilla - Espanyol en vivo

Севилья - Эспаньол онлайн vs Севилья - Эспаньол онлайн

Inicio 05 de mayo 2013 a las 21:00
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Al menos 23 de los 100 presos de Guantánamo en huelga de hambre, alimentados a la fuerza



Al menos 23 de los 100 presos de Guantánamo que están en huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión están siendo alimentados a la fuerza por los responsables del centro de detención que EEUU tiene en su base en la isla de Cuba, según ha informado la cadena CBS.

Según la cadena, esta semana han llegado hasta Guantánamo 40 médicos y enfermeros como refuerzo ante el aumento de los reclusos en huelga de hambre, que ya suponen casi dos tercios de los 166 que permanecen en dicha prisión. De los 100 que secundan la protesta, 23 están siendo alimentados mediante sondas nasogástricas para evitar su muerte, algo que la ONU ha calificado de «inaceptable».
Was7455005Pardiss Kebriaei, una abogada del Centro para los Derechos Constitucionales que representa a ocho de los detenidos y que desde la apertura en 2002 del centro de detención lo ha criticado, ha explicado a la CBS que los huelguistas «sienten que la única salida de Guantánamo es en un ataúd».
«Todo forma parte de una frustración más amplia de unos hombres que llevan detenidos sin cargos durante once años y medio, a los que el presidente [Barack] Obama prometió que la prisión sería cerrada en un año, que saben que 86 de sus compañeros de celdas han sido autorizados a marcharse y que todavía no saben cuándo, si es que llega, van a regresar a casa», ha ilustrado la abogada.
Durante sus dos primeros años en el cargo, la Administración Obama puso en libertad a 71 presos, de los 40 fueron repatriados a 17 terceros países. En 2010, el Departamento de Justicia elaboró un listado con los reclusos que podían ser liberados, la mayoría de ellos yemeníes, pero Obama prohibió los traslados a Yemen en 2010 tras registrarse «varios complots terroristas» en este país. En la actualidad, de los 166 presos que hay al menos 84 son yemeníes.
Departamento de Estado
Tras esos dos primeros años las liberaciones cesaron y en enero de este año la Administración eliminó el cargo de enviado del Departamento de Estado encargado de las repatriaciones, algo que podría cambiar según ha revelado este miércoles la Casa Blanca.
«Una de las opciones disponibles para nosotros que estamos examinando es volver a designar a un responsable en el Departamento de Estado que vuelva a centrarse en la repatriación o traslado de los detenidos que determinemos que pueden ser devueltos a sus países o a terceros países», ha explicado el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
Asimismo, según el portavoz, la Administración también quiere acelerar el proceso de revisión de los casos de los detenidos, la mayoría de los cuales no conocen los cargos por los que se encuentran recluidos.
Según Carney, el Congreso es responsable de haber complicado el cierre del centro de detención, ya que los congresistas han retenido los fondos que habrían permitido al Gobierno trasladar a los detenidos a prisiones en territorio estadounidense.
«Tenemos que trabajar con el Congreso e intentar convencer a los miembros del Congreso de que el principal interés aquí, en términos de nuestra seguridad nacional, así como de nuestro presupuesto, es cerrar Guantánamo», ha defendido el portavoz de Obama, quien el martes aseguró que hará nuevos esfuerzos para cumplir con su promesa de cerrar este centro de detención.

El rey utiliza a TVE para luchar contra el descrédito de la Corona

Un día después de que la Corona suspendiera por segunda vez en la encuesta de confianza del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con la peor nota de su historia (3,6 sobre 10), el programa de Televisión Española Audiencia Abierta ha mostrado unas imágenes inéditas del rey despachando con el jefe de su Casa, Rafael Spottorno. Mientras, el locutor de la televisión pública loaba la “determinación, la decisión y la firmeza que está demostrando” el monarca para superar sus problemas de salud.
Juan Carlos I, salpicado por recurrentes escándalos que han afectado desde a su yerno, Iñaki Urdangarin, a su hija la infanta Cristina, además de a su entorno -especialmente en lo relativo a los negocios de la mujer definida con el eufemismo de “amiga íntima”, Corinna zu Sayn Wittgenstein-, ha expresado en el programa su deseo de “relanzar la Corona” situándose en el papel de “moderador por encima de la batalla política por encima de ideologías e intereses particulares”
El monarca desea para ello, según el relato de la televisión pública, recuperar el protagonismo que tuvo durante la Transición y propiciar acuerdos entre las fuerzas políticas mayoritarias, PP y PSOE, para “consensuar políticas para la creación de empleo”.
El programa “Audiencia Abierta” no explica cuáles son las propuestas concretas del jefe del Estado, aunque sí ha señalado que el rey ha seguido recibiendo durante la convalecencia de su operación de espalda del pasado 3 de marzo al presidente, Mariano Rajoy, así como al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien recibe “a menudo”.
Zarzuela confía en que el desplome de la popularidad de la Corona se frene cuando el rey retome su agenda, minimizando así el impacto en este descrédito de los escándalos de supuesta corrupción y tráfico de influencias que afectan al soberano y su entorno. Para tratar de zanjar el debate, cada vez más presente, de la abdicación, el locutor de TVE anuncia también en el programa que Juan Carlos I aumentará “sus contactos con sectores políticos, económicos y ciudadanos” y que la posibilidad de que pase el testigo a su hijo no se está evaluan

Ayuntamientos que claman por la ayuda a los sin papeles

Crece la presión sobre el Ministerio de Justicia. Un movimiento contra la criminalización de la ayuda a los inmigrantes recorre los ayuntamientos de España y ya hay una comunidad autónoma, Aragón, que ha manifestado su rechazo ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas que vienen de otros países. Consistorios como Sevilla, Málaga, Barakaldo o Vila-real solicitan al Gobierno que cambie la redacción de un artículo del nuevo Código Penal contra el que se han posicionado más de 30 ONG, entre las que se encuentra SOS Racismo, Médicos del Mundo y Pueblos Unidos.
La plataforma Salvemos la Hospitalidad, que agrupa a estas ONG, denuncia que el nuevo artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal iguala conductas como el tráfico de seres humanos con prácticas humanitarias y de solidaridad. También denuncian que la reforma criminaliza a aquellos que alquilen una habitación a una persona sin papeles o a quienes les sirvan un menú. “Esta propuesta es una barbaridad”, sostiene José María Tomás y Tío, juez de 62 años y presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. “Es una violación flagrante del artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos”.
El texto del anteproyecto, dice: “El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año”.
Higinio Pi, sacerdote jesuita de 49 años que lleva tres al frente de un piso que acoge inmigrantes, lo tiene claro: “No se puede penalizar la atención humanitaria a una persona que sea vulnerable”. Pi es uno de los impulsores del movimiento que ha conducido a la movilización de ayuntamientos por todo el territorio.
“No se puede penalizar la ayuda humanitaria”, dice el cura Higinio Pi
Todo empezó el 23 de noviembre 2012, cuando se dio a conocer el anteproyecto. El artículo inicialmente redactado decía: “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Esa indefinición, que dejaba al fiscal la posibilidad de pedir condena por ayudar, movilizó a un grupo de personas que se dedican a acoger a personas sin papeles. El primer paso fue poner en marcha una campaña en la plataforma change.org, donde llevan recogidas cerca de 60.000 firmas de apoyo. El segundo fue lanzar una campaña a nivel institucional, para invitar a Ayuntamientos y comunidades autónomas a sumarse a la denuncia del nuevo artículo.
La ciudad que dio el pistoletazo de salida fue Málaga, donde, a instancias de la ONG Málaga Acoge, el ayuntamiento firmó el 22 de enero la primera moción, refrendada por el Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida. El 19 de abril, el pleno de las Cortes de Aragón hacía lo propio. El último ayuntamiento en sumarse, según la web de Salvemos la Hospitalidad, ha sido el de Totana, que lo hizo el pasado 25 de abril.
En una reunión con el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, tres de los impulsores de esta movilización señalaron que la redacción del anteproyecto contenía elementos preocupantes. De hecho, la redacción del anteproyecto, que actualmente se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado, ya ha sido modificada, según confirman fuentes oficiales a EL PAÍS.
El párrafo que dejaba la puerta abierta a que se pueda perseguir penalmente a quienes ayudaran por motivos humanitarios ha sido sustituido por este nuevo texto. “Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar, de forma ocasional, ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.
Las ONG exigen que la solidaridad no sea condenable ni de forma ocasional ni continuada
Julián Ríos, profesor de Derecho Penal, y uno de los impulsores de la plataforma, se hace la siguiente pregunta, a la vista de la nueva redacción del anteproyecto. “¿Y qué pasa con quien hace del compromiso con las personas más débiles y vulnerables su opción de vida?”. Ríos considera fundamental suprimir la frase “de forma ocasional” de esta nueva redacción. El juez José María Tomás y Tío suscribe estas palabras: “Esa indefinición da pie a la arbitrariedad. Y luego la gente se quejará con determinadas sentencias de los jueces”.
Los impulsores de la plataforma critican asimismo que la ley castigue al que intencionadamente ayude al inmigrante sin papeles, con ánimo de lucro. El juez Tomás y Tío, alerta: “Tendrán que ponerse en guardia los comerciantes, posaderos, hoteleros, conductores de autobús, médicos, curas, organizaciones no gubernamentales, incluidas algunas administraciones públicas y sus servicios sociales”, señala. El profesor Ríos sostiene que es preciso introducir el concepto de “abuso de la situación de vulnerabilidad”, lo que permitiría distinguir lo que haría un taxista de la conducta de alguien que alquila habitaciones clandestinas en su sótano para hacer negocio. “Sería el único elemento que nos permitiría evitar que una norma que dice proteger a las personas que se encuentran en esta situación no se vuelva contra ellas”, considera Ríos.
Llevar en coche a un inmigrante por España no va a ser delito, señalan fuentes del Ministerio de Justicia. Ni hospedarle o llevarle en taxi, añaden. Ninguna actuación por mera motivación humanitaria tendrá sanción penal, afirman. Desde el ministerio se enfatiza que la nueva redacción responde a la obligatoriedad de trasponer la directiva comunitaria 2002/90/CE y se destaca que lo que se ha producido es una reducción de penas. Con la anterior redacción se sancionaba cualquier acto que favoreciera la “inmigración clandestina”, lo cual era mucho más grave. Podían caerle cuatro años a quien ofreciera un matrimonio falso de conveniencia para obtener papeles o a quien, por humanidad, hiciera un contrato falso a la prima de su empleada doméstica y le adelantaba el dinero para el vuelo a España.
Mikel Araguás, secretario general de la ONG Andalucía Acoge, resume su punto de vista: “El problema es que el anteproyecto señala al inmigrante irregular como causante de delitos”

Cuando la solidaridad no es ocasional

Cuca Sánchez y Roberto Borda llevan tres años acogiendo a inmigrantes en su casa. Ayer organizaron una comida en casa con los tres jóvenes que actualmente viven con ellos (Abdellah, Souleymane y Mamadou) y con tres ex habitantes de la casa (Abdelatif, Soufian y Youssouf). “Que los matices para que la ayuda humanitaria sea o no considerada crimen estén incluidos en una reforma del Código Penal me parece un desastre”, dice Borda, arquitecto de 40 años que trabaja como educador en la Asociación Apoyo, una de las promotoras de la plataforma Salvemos la Hospitalidad.Borda manifiesta que el anteproyecto les afecta como familia, y en eso incluye a todos los que hoy están comiendo en su casa: “Están condenando a la miseria a los que no tienen papeles, les dejan sin médicos y ahora no podrán alquilar habitaciones”. Asegura que los inmigrantes quedan marginados de forma indirecta, porque cualquiera que les preste un servicio estará temeroso de hacerlo por la normativa existente.
Cuca Sánchez, abogada de 43 años, que empezó a acoger gente cuando, desde su trabajo, observó la situación de desprotección de los menores tutelados en la Comunidad de Madrid, dice que la redacción del anteproyecto de ley deja demasiados cabos sueltos. “Se puede llegar a criminalizar la hospitalidad y la ayuda al que busca una salida en la vida”.
Por eso, dice, ella y su pareja han estado desde el principio involucrados en la campaña Salvemos la Hospitalidad.

La corrupción en España se hace hueco en la portada de 'The New York Times'

El diario 'The New York Times' lleva hoy a su portada en un extenso artículo la situación de corrupción en España, en el que afirma que los jueces españoles están investigando actualmente a "cerca de 1.000 políticos, que van desde los alcaldes de pueblos pequeños a ex ministros del Gobierno".
La información toma como referencia el caso de la ex alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, para repasar otros como el caso Urdangarin, la gestión del ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, e incluso nombra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que dice que ha tenido que enfrentarse a una lista "en la que se registraba que miembros de su partido recibían dinero por debajo de la mesa", en alusión a los sobresueldos entregados por Luis Bárcenas.
Aunque 'The New York Times' asegura que España "no es en absoluto el más corrupto de Europa", también apunta que "mucho más está por venir". Para el diario, la corrupción en España "es el resultado de una estructura política que pone un enorme poder en manos de las autoridades locales, en donde muchos de ellos pueden otorgar contratos o terrenos con poca o ninguna consulta".
"Durante un almuerzo pueden decidir que vas a hacer con 100 millones de euros", explica al periódico Manuel Villoria, profesor del ciencias políticas de la Universidad Juan Carlos I, y añade que, ante esto, los dirigentes "podían pedir lo que querían". "A menudo no es para ellos, puede ser un apartamento para una hija o para los hijos de una hermana", apunta Villoria.
Además, 'The New York Times' ha destacado los vínculos de las autoridades regionales y municipales con las cajas de ahorros que, en su opinión, "han creado las condiciones ideales para la corrupción en los años del 'boom' de la construcción".
Al respecto, Villoria ha explicado que, "pronto, otros sectores comenzarán a ocupar el lugar" de la construcción. Así, ha indicado que "el sistema sanitario, que está siendo sometido a la privatización, fácilmente podría tomar este lugar en el futuro, a menos que se realicen cambios".

Reforzar el sistema judicial

El diario estadounidense señala que en España "ya se habla de reformar la financiación de los partidos y las leyes de transparencia, así como el aumento de penas para la corrupción y el fortalecimiento de la independencia de los auditores". Pero, según subraya el periódico, "muchos expertos creen que aún queda mucho por hacer para reforzar el sistema judicial insuficientemente financiado, que permite que muchos casos de corrupción queden sin resolver durante años".
No es la primera vez que 'The New York Times' dedica alguno de sus reportajes a España. En septiembre de 2012 publicaba una serie de fotografía que, según explicaba, retrataban "la austeridad y el hambre" en el país. Además, el pasado mes de marzo, el diario estadounidense criticaba en un artículo el "lujo" de la Semana Santa.
Para el diario, la corrupción "fue aceptada en el sur de Europa como un hecho normal, como una forma de distribuir el botín entre unas pocas persona, en muchos casos, los fiscales". A su juicio, ha sido la llegada de la crisis la que, al "estancar proyectos", acabó "por levantar el velo sobre los funcionarios corruptos, los sobornos, los pagos por favores y otros acuerdos que pocos imaginaban".
"En un momento en España, Italia, Grecia y Portugal están imponiendo planes de austeridad de reducción del déficit a unos ciudadanos en apuros, estas revelaciones de corrupción política generalizada están avivando un amargo resentimiento, está desestabilizando gobiernos y minando la credibilidad de la clase política en su conjunto", apunta el texto.

El PSOE pide congelar los despidos por causas económicas hasta 2015

Alfredo Pérez Rubalcaba avanzó este domingo las propuestas del PSOE para abrir una mesa de diálogo con el Gobierno, otros partidos y los agentes sociales, con numerosas medidas para fomentar el crecimiento económico, frenar la caída del paro, lucha contra la pobreza e incentivar la creación de empresas.
En materia de empleo, el PSOE propone medidas tan novedosas como "alcanzar una moratoria" de los despidos por causas económicas durante 2013, 2014 y 2015, a través de un programa extraordinario de mantenimiento del empleo.
Dicho programa consistiría en ayudas a las empresas en dificultades que se comprometiesen a no despedir a sus trabajadores y optasen por una reducción de jornada. "El coste del puesto de trabajo que se mantuviese correría a cargo del empresario y del Estado, a partes iguales" y en el caso de trabajadores mayores de 50 años, la aportación del Estado subiría al 60%.
Propone que el dinero salga de una línea de crédito abierta por el MEDE por importe de 100.000 millones
Según Rubalcaba, este programa denominado Kurzabeif está en marcha en Alemania. Aparte de mantener los actuales puestos de trabajo, el PSOE también propone potenciar la creación de otros nuevos. Así, plantea que a todas las empresas de menos de 50 trabajadores que contraten trabajadores en desempleo tendrán bonificaciones extraordinarias. El 100% el primer año, el 75% el segundo y el 50% el tercero.
Asimismo, la propuesta socialista plantea reformar los contratos de formación y prácticas, y regular las prácticas no laborales en las empresas, de tal forma que las empresas que usen estos contratos podrán acceder a créditos bonificados.
Para impulsar el crecimiento económico, los socialistas piden crear un Fondo Público de 20.000 millones de euros para la financiación de las empresas, el fomento del autoempleo, la iniciativa emprendedora y la internalización de las empresas.
También pide desarrollar un programa de reestructuración de la deuda hipotecaria para la primera vivienda de las familias. Esto se haría a través de otro fondo que propone que se dote con 10.000 millones de euros.
El PSOE propone que ambos fondos proceden de la línea de crédito abierta por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) por importe de 100.000 millones de euros, de los que quedan disponibles 60.000 millones.
El documento que este domingo estudió Rubalcaba con los asesores económicos del partido también contempla otras medidas ya conocidas en el ámbito de la fiscalidad, en la lucha contra la pobreza, etcétera. Una de ellas es integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de una persona, incluidos los fondos de inversión.
El PSOE cree que el trabajo que ha realizado es un buen punto de partida para empezar a buscar otras salidas a la crisis e intentar llegar a un gran acuerdo entre todos.

Piden 20 años para dos padres por intercambiarse a sus hijas para violarlas

La Fiscalía de Sevilla y la Junta de Andalucía pedirán el martes veinte años de cárcel para dos padres, acusados de intercambiar a sus dos hijas de 6 y 7 años y abusar sexualmente de ellas con el conocimiento de las madres de las menores.
En sus escritos de calificación, tanto la Fiscalía como la Junta -como actual titular de la tutela de las niñas- no han acusado a un tercer tío carnal de las menores y a un vecino, inicialmente procesados por participar en los abusos.
Los hechos ocurrieron presuntamente entre los años 2007 y 2008 en Sevilla y los acusados A.M.M. y J.M.P.R, ambos de 39 años, se encuentran en libertad aunque el juez les impuso una fianza de 100.000 euros destinada a pagar futuras indemnizaciones a las menores.
En cuanto a las madres de las niñas, M.R.P.R. y M.B.M., la Junta de Andalucía les acusa de consentir y conocer los abusos, por lo que pide para cada una diez años de cárcel, aunque la Fiscalía solo les imputa delitos de abandono de familia y corrupción de menores, con una pena de seis meses de cárcel para cada una por cada delito.
En el caso fueron procesados inicialmente por el juez de instrucción 16 de Sevilla otro tío de las menores y un vecino, contra quienes no se ha presentado acusación, así como tampoco por los presuntos abusos sufridos por otras dos niñas del grupo familiar.
Cada uno de los padres se enfrenta ahora a una petición de diez años de cárcel por un delito de agresión sexual con acceso carnal hacia su sobrina y otro delito de agresión sexual por omisión al permitir la violación de su propia hija.
La defensa de los acusados, por su parte, reconoce que las menores fueron víctimas de abusos pero no considera demostrado que los autores fueran sus padres y en meses pasados intentó, sin éxito, que se ampliara la investigación al "comportamiento sexual impropio" que los psicólogos detectaron en un hermano mayor de las niñas.
Este juicio, que se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, estaba fijado para febrero pasado pero se aplazó porque una de las madres cambió de abogado unos días antes.