tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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sábado, 21 de diciembre de 2013

Monstruos University (2013)


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Mike Wazowski (Billy Crystal) y James P. Sullivan (John Goodman) son amigos inseparables, pero no fue siempre así. Cuando se conocieron en la Universidad, no se podían soportar, pero acabaron superando sus diferencias y se convirtieron en los mejores amigos. Precuela de la exitosa "Monstruos, S.A.".

Los Croods: Una aventura prehistorica (2013)


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Prehistoria. Tras la destrucción de su hogar por un gran terremoto, Grug se ve obligado a emigrar con su familia. Mientras avanzan por un mundo desconocido y aterrador, se encuentran con un nómada de mente abierta que los deja a todos fascinados, sobre todo a a la hija de Grug.

Justin y la espada del valor (2013)


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Ambientada en un mágico mundo medieval con el que los niños siguen soñando, Justin y la Espada del Valor es una emocionante historia que nos habla de la constancia con la que un chico persigue su propio sueño: convertirse en caballero. Es una aventura llena de emoción, acción y diversión, en la que se entremezclan la amistad, el honor y el valor.

Langostinos al horno. Recetas de Navidad

Uganda castigará con cadena perpetua la homosexualidad

El Parlamento ugandés ha aprobado una ley que prevé la condena a cadena perpetua para quienes realicen determinados actos homosexuales "con agravantes", informó hoy la prensa local. El borradordel proyecto de ley, convertido en ley, fue presentado en 2009 con penas tan severas como la condena a muerte por la comisión de actos de "homosexualidad con agravantes".
Este tipo de supuestos incluyen la violación homosexual, los actos homosexuales con menores de edad y discapacitados o cuando el acusado sea portador del VIH. La revisión del texto suprime la pena de muerte en cualquier supuesto. La mayoría parlamentaria, en poder del gubernamental Movimiento de Resistencia Nacional, rechazó una propuesta para reducir la pena de cadena perpetua en algunos supuestos de relaciones homosexuales a una condena de 14 años de cárcel.
El Gobierno rechazó una propuesta para reducir la cadena perpetua a una condena de 14 años de prisión
Tras la aprobación de la nueva ley contra la homosexualidad, los diputados ugandeses votaron a favor de una moción para agradecer al presidente de la Cámara este "regalo". El Parlamento de Uganda aprobó ayer mismo otra ley contra la pornografía, y que prohíbe el uso de prendas como las minifaldas, que ahonda en la línea de intolerancia legislativa en el país del Este de Africa.
La homosexualidad ya estaba tipificada en Uganda como delito, pero la nueva ley endurecerá las penas previstas para la comunidad gay. En la actualidad, muchos países africanos consideran ilegal la homosexualidad, y las autoridades, como en los casos de Uganda o Zimbabue, han hecho declaraciones en términos muy agresivos contra esos colectivos.

España: 47.129.783 empadronados

España cuenta con 47.129.783 personas empadronadas a 1 de enero de 2013, lo que supone un 0,3% menos que en el año anterior, después de que el Consejo de Ministros haya declarado oficiales, mediante un Real Decreto, las cifras de población de los municipios españoles resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2013.
En los últimos quince años, el aumento de población en España había estado impulsado, fundamentalmente, por la inscripción de extranjeros, cuya cifra pasó de 923.879 en el año 2000 a 5.747.734 en 2010. Sin embargo, en los últimos años, esta tendencia ha ido cambiando hasta el punto de que en 2011 las inscripciones netas de extranjeros fueron negativas (-15.229) y en 2012 lo volvieron a ser, y en mayor cuantía (-216.125).
Los datos definitivos del Padrón de este año confirman, como se avanzó en abril con la difusión de las cifras provisionales, que es la primara vez que la población española disminuye desde que en 1998 comenzaron a publicarse las cifras oficiales de población provenientes de la revisión padronal a 1 de enero. Así la cifra a 1 de enero de 2008 era 46.157.822, en 2009 pasó a 46.745.807, un año después creció hasta 47.021.031, en 2011 se situó en 47.190.493 y en 2012 fue de 47.265.321. Ahora, en 2013 por primera vez baja hasta quedarse en 47.129.783.
Las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles serán difundidas por el Instituto Nacional de Estadística(INE), una vez que el Real Decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, a través de su página web, en www.ine.es.

Ruz asegura que el Partido Popular dio 'cobertura a una facturación oficial ficticia'

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sostiene que Unifica, laempresa que reformó la sede del PP en Génova, y este partido "generaron" documentos para certificar y facturar estas obras con el objetivo de "dar cobertura a una facturación oficial ficticia".
En el auto que autoriza el requerimiento de información en el PP, el magistrado aprecia indicios de que la tesorería y la gerencia del PP y la empresa que llevó a cabo las reformas de la principal sede del partido entre 2005 y 2011 emprendieron "una acción coordinada"durante el periodo investigado para "generar" documentos con el objetivo de certificar y facturar algunas de estas reformas.
Todo ello, según Ruz, para "dar cobertura a una facturación oficial ficticia que sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra prestación de factura", pero tambiénhay indicios de que el resto de los trabajos se abonaron con "fondos ajenos que pudieren guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas de los denominados papeles de Bárcenas".

Doce documentos relevantes

'Estamos tranquilos'

Al mismo tiempo en que se conocía el contenido del auto del juez Ruz, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecía en Bruselas al término del Consejo Europeo. Al ser preguntado, el lider del PP se ha limitado a señalar que "todos debemos respetar las instrucciones que indique la Justicia"."Estamos tranquilos", ha zanjado.
En el auto, de 16 páginas, el juez recuerda que pidió la información al PP el 30 de julio y que el partido le remitió varios documentos el 10 de agosto, pero añade que la semana pasada el partido entregó a la Fiscalía Anticorrupción 17 facturas fotocopiadas, algunas de las cuales no había remitido al juez en agosto.
En concreto, Ruz destaca que sólo cinco de esos 17 documentos le habían sido remitidos en agosto y que otros 2 le son nuevos y "de relevancia para la presente instrucción", consistentes en "órdenes de pago y recibís con diversas anotaciones manuscritas y firmas estampadas sobre los documentos".
Estos 12 documentos, insiste, no habían sido "aportados antes por la formación política pese al requerimiento" del juez y, en algunos casos,"aportan matices respecto de la documentación" requisada en un registro a la empresa Unifica.

Requerimiento de papeles

El auto del juez se ha conocido al poco de concluir el requerimiento de información al PP, que se ha prolongado por espacio de 14 horas. Durante ese tiempo, el juez ha pedido a la comisión judicial y a los dos agentes de la Policía Nacional enviados a la calle Génova que recabaran toda la documentación relacionada con la reforma del edificio, pero también "cualesquiera otros elementos que pudieran estar relacionados con los apuntes contables" del ex tesorero de la formación, Luis Bárcenas, que reflejarían una supuesta caja B.
La entrega de documentos, según pidió Ruz, ha abarcado "la totalidad de la documentación de cualquier género que obrare en lasdependencias de tesorería, gerencia, contabilidad, caja, auditoría interna o cualesquiera otros archivos del Partido Popular albergados en la sede".
En el escrito, el juez añadía que la Policía también debía recabar "cuanta documentación en soporte papel o digital que guarde relación con los hechos" y con los apuntes de Bárcenas, en especial los referidos a entregas de dinero al arquitecto que hizo las obras,Álvaro Urquijo.
El juez advertía que si el PP no hubiera accedido al requerimiento se habría ordenado la entrada y registro de la sede, cosa que no ocurrió.
El secretario judicial de Ruz y dos agentes de la Policía han permanecido 14 horas -desde ayer a las 21.00 hasta hoy hasta las 11.00 horas- en la sede del PP de Génova 13 recabando la información pedida por el juez sobre las obras en el edificio, que los investigadores creen que se pagaron, en parte, con dinero negro.

A favor y en contra del aborto, todos disconformes con la nueva ley

Ni los grupos provida ni los grupos a favor del aborto se encuentran conformes con el anteproyecto para la reforma de la ley presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: unos por considerarla "insuficiente" y otros por parecerles "restrictiva y arbitraria".
Ambos colectivos han esperado toda la mañana, en accesos opuestos al Palacio de la Moncloa, para protestar contra la resolución del Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, que plantea un regreso alsistema de supuestos, anulando la ley de plazos introducida durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por la tarde unas 300 personas, según fuentes policiales, se han concentrado ante la sede del Ministerio de Justicia. Entre gritos de'Nosotras parimos, nosotras decidimos', 'Gallardón, dimisión', 'Misóginos', 'Nadie te escucha, mujer si no gritas', 'Esto nos pasa por un gobierno facha' o 'Aborto libre y gratuito', mujeres y hombres de distintas edades han manifestado su rechazo a la futura reforma del Ejecutivo.
Los manifestantes portaban carteles en los que se podían leer leyendas como 'Contra el machismo y la explotación, mujeres en lucha' o 'Jaque al patriarcado. Por nuestros derechos sexuales y reproductivos'.
Entre los asistentes se encontraba, por ejemplo, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, o Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista y la Plataforma Mujeres ante el Congreso, que considera que "la nueva ley es una bofetada a los derechos de las mujeres". A su juicio, la primera consecuencia de esta norma es que "va a llevar a las mujeres a abortar en la clandestinidad o en otros países".
Para los grupos provida, encabezados por la plataforma Derecho a Vivir, el anteproyecto no cumple su principal meta: el "aborto cero", aunque lo han celebrado por entender que "es un paso muy importante para conseguir ese objetivo", según ha manifestado la portavoz de la plataforma, Gádor Joya.
Mediante una gran pancarta que rezaba "Por el aborto cero: seguimos adelante", proclamas de "vida sí, aborto no" y cánticos de "¡Que viva la vida!" a ritmo del "¡Que viva España!" de Manolo Escobar, una veintena de miembros congregados ante la morada del Ejecutivo han querido mostrar su "compromiso con la vida".
"Hoy se ha dado un paso adelante hacia la protección de la vida de los más débiles en España", ha afirmado Joya, quien espera que la nueva ley "no se quede en un mero maquillaje" de la actual legislación.
Desde la otra punta de la Moncloa, la plataforma Decidir nos hace libres se ha manifestado precisamente a favor de la normativa -por ahora- vigente, una ley que lleva en funcionamiento "de manera impecable" desde 2011, en opinión de la portavoz de la organización,Isabel Serrano.
A pesar de la fría mañana, una veintena de sus integrantes no ha dudado en tumbarse en el gélido suelo, simulando todos los derechos que también se van a "tumbar" con la nueva ley. También, en otro acto simbólico, han portado caretas cubriéndose la boca para denunciar cómo esta nueva ley va a impedir a las mujeres el "derecho a decidir y opinar" sobre sus propios cuerpos.
Serrano, portavoz de una organización que aglutina a más de 300 asociaciones en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y a clínicas abortivas, ha asegurado que existen "muchas razones para estar en contra y muy pocas para estar a favor" del cambio de esta ley.
Razones que han expuesto en sendas pancartas, las cuales proclamaban los argumentos a favor de no cambiar la legislación: "Porque respeta a las mujeres, porque funciona, porque hace lapráctica del aborto más segura y equitativa, y porque derogarla supone un retroceso social de décadas".
"Decidir nos hace libres" también ha manifestado a los medios su preocupación por las explicaciones dadas por Alberto Ruiz-Gallardón para quien la responsabilidad penal del aborto no recaerá sobre las mujeres, sino sobre los profesionales sanitarios.
La ley de 1985 penalizaba con cárcel a las mujeres que interrumpían su embarazo, y la actual, que ahora se modifica, contempla la pena de multa, mientras que la reforma del actual Gobierno no establecerá ninguna sanción.
Algo que Serrano considera que volverá a rodear de "miedo" a la práctica del aborto entre los médicos, ya que a éstos sí se les castigará en caso de practicar una interrupción del embarazo fuera de los supuestos que establece la nueva normativa.
Por el contrario, para los grupos antiabortistas éste es uno de los puntos más positivos de la reforma, como ha comentado a la prensa el presidente de Hazteoir.org, Ignacio Arzuaga, también presente en la concentración.
"La mujer no es víctima del aborto; los culpables son los que viven del negocio y se enriquecen a costa de acabar con la vida de los seres humanos", ha asegurado Arzuaga, por lo que ha dicho que les "gusta mucho" que este colectivo "sí pueda sufrir un reproche penal".

La mujer tendrá que reflexionar 7 días como mínimo antes de abortar

Las mujeres que deseen interrumpir su embarazo tendrán que reflexionar al menos durante siete días antes de dar su consentimiento. El proceso es el siguiente: la mujer que se acoge al supuesto de "grave peligro para su vida o su salud psíquica" debe reunir dos informes médicos que acrediten el daño que supondría seguir con la gestación; después recibirá una información verbal sobre las consecuencias médicas de la intervención. El médico tiene que certificar con su firma que ha proporcionado estos datos. A continuación, la mujer será informada por los servicios sociales sobre las ayudas a la maternidad. Cuando haya pasado por todas estas fases, se iniciará un periodo mínimo de siete días antes de proceder al aborto.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado alConsejo de Ministros una reforma que llevaba dos años anunciando y que modifica fundamentalmente la socialista de 2010 en cuanto a la interpretación del aborto: la ley Aído lo contemplaba como un derecho y la ley Gallardón como una despenalización en dos supuestos. O sea, algo parecido a la de 1985.
El aborto desaparece como derecho y voluntad exclusiva de la mujer en las primeras 14 semanas y vuelve al Código Penal con dos excepciones: si el embarazo es producto de una violación o si supone un "grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer". Y eso incluye anomalías fetales incompatibles con la vida, siempre que dañen psicológicamente a la gestante. Para los embarazos que sean fruto de una violación, el límite serán 12 semanas de gestación. Para el resto de los casos, 22.
El primer cambio viene en el nombre, toda una declaración de principios. Y de finales. La norma socialista de 2010 se llamaba deLey de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la norma popular de hoy se llama Ley de Protección de la vida del concebido y de derechos de la embarazada.
El texto de Gallardón establece que el daño físico o psicólogico para la madre se acredite en un informe motivado por dos médicos de la especialidad que afecte al problema de la madre (físico o psíquico) distintos al que vaya a practicar el aborto y que no trabajen en ese mismo centro.
La norma del ministro de Justicia elimina la ley de plazos, porque "no cabe contar sólo con la voluntad de una de las partes cuando se produce un conflicto entre dos derechos a proteger: el de la mujer y el del nasciturus, como ha indicado el Tribunal Constitucional".
Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado además que superada la semana 22 podrán practicarse partos inducidos -pues se considera que con esa gestación el feto puede ser viable- en dos supuestos: que la vida de la madre corra peligro o que el feto sufra una anomalía incompatible con la vida que no se haya detectado antes y que suponga una alteración psicológica para la mujer.

Leyes de 1985 y 2010

La ley de 1985, que se mantuvo intacta hasta 2010 con dos legislaturas populares en medio, despenalizaba el aborto en tres supuestos y en dos tiempos. Si había violación, era legal hasta las 12 semanas de gestación. Y si había malformación del feto, hasta las 22.
Pero el llamado tercer supuesto tenía que ver con el "grave riesgo" para la salud "física o psíquica" de la mujer. Y no establecía ningún límite en el tiempo.
La ley de 2010 sacó al aborto del Código Penal (excepto en alguna circunstancia) y lo convirtió en un derecho de la mujer. Aquel texto, que desaparece hoy, facilitaba las cosas a la mujer durante las primeras semanas, pero se las complicaba a partir de la semana 22, cuando sólo una circunstancia extrema del feto y no de ella justificaran la interrupción del embarazo.
En realidad, la ley Aído era una ley de plazos o aborto libre hasta las primeras 14 semanas de gestación y una ley de supuestos a partir de ellas. Es decir, superadas esas 14 semanas, la ley socialista de 2010 sólo permitía la interrupción del embarazo en dos supuestos y a cada uno le daba un tiempo. Fuera de esos motivos y de esos límites temporales, el aborto era delito.
El primer supuesto era el grave riesgo para la vida o la salud de la madre o del feto y tenía un tope de 22 semanas de gestación, pero necesitaba un informe médico que avalara esa situación. El segundo obligaba a dos médicos distintos a los que fueran a practicar la intervención a evidenciar una "enfermedad extremadamente grave o incurable" del feto o "anomalías incompatibles con la vida", para lo que no se establecía ningún límite de tiempo.
Es decir, frente a la ley del 85, que no marcaba límite temporal alguno en relación a lo que le pasara a la mujer, la ley de 2010 tampoco lo hacía, pero en relación a lo que le pasara al feto. O sea, el gran avance desde el punto de vista de los derechos de la mujer era la ley de plazos, porque hacía descansar la decisión de abortar exclusivamente en la gestante, sin necesidad alguna de tutela o permiso de un tercero. Pero a partir de la semana 14, la ley Aído era más restrictiva que la ley Felipe González.