tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 8 de diciembre de 2013

Izquierda Unida y UPyD se preparan para condicionar al poder

Tienen ADN y programas radicalmente distintos, pero otean el mismo horizonte: ser decisivos en la formación de los próximos Gobiernos o, si los equilibrios parlamentarios no lo permiten debido a una excesiva fragmentación, condicionar su proyecto político. Izquierda Unida y UPyDse preparan para dar el salto desde una premisa común: la crisis del bipartidismo y la sed de regeneración democrática reflejadas en todas las encuestas. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arroja unos resultados en intención de voto que permitirían a ambas formaciones duplicar sus escaños —actualmente, la Izquierda Plural cuenta con 11 diputados y UPyD tiene cinco parlamentarios—. Además, Rosa Díez y Cayo Lara se confirman como los líderes mejor valorados por los ciudadanos, aunque con notas por debajo del 5.
Las direcciones de los dos partidos se enfrentan a este escenario con euforia y cierto vértigo, aunque aseguran que pretenden desvincular la mejora en las encuestas de su acción política. Esto es, se trata de no perder la perspectiva y ahondar en sus respectivos proyectos con vistas al primer examen: las elecciones europeas de mayo de 2014.
Una cita que, al igual que las autonómicas y municipales y las generales de 2015, IU afrontará con “mejores perspectivas”. “Aunque no nos conformamos con ello”, precisa Ricardo Sixto, diputado y responsable de comunicación de la formación. “Tenemos que coordinar esfuerzos para plantarle cara a ese mastodonte que es el sistema”.
No obstante, el panorama obliga al partido de Cayo Lara, que atraviesa —con algunas salvedades— una etapa de paz interna, a replantearse el futuro. En primer lugar, si se confirman las previsiones de los sondeos, tendrá que gestionar y organizar el crecimiento. En este contexto, Sixto recuerda que se están entablando conversaciones en tres direcciones. Por la vía interna, a través del diálogo con las federaciones; por la vía política, en referencia a la relación con otras formaciones como Iniciativa per Catalunya; y también con colectivos sociales, plataformas, grupos de la órbita del 15-M. El objetivo final consiste en condicionar al Gobierno tanto en Madrid como en los Ayuntamientos, y en todos los Parlamentos autonómicos, como ya ha ocurrido en Andalucía, donde IU gobierna con el PSOE.
Un estudio interno de proyección de escaños basado en los últimos cinco sondeos del CIS atribuye a la formación 35 diputados con un 12% de los sufragios. En cualquier caso, incluso con los 25 diputados que le otorga Metroscopia, la formación deberá pensar en nombres y en su estrategia. “Nosotros con 110 diputados como el PSOE habríamos puesto España patas arriba, pero los socialistas han optado por hacer oposición blanda. IU ha hecho oposición, no solo en el Parlamento. Hemos sido la voz de la calle en el Parlamento”, señala un dirigente.
Las encuestas profetizan que duplicarán sus escaños
Los nombres no constituyen el problema, aseguran en la formación, donde de momento apenas se discute el liderazgo de Cayo Lara. El vicepresidente andaluz, Diego Valderas, la consejera Elena Cortés y el coordinador regional Antonio Maíllo forman “un plantel capaz de encabezar candidaturas”. En Valencia, destacan Marga Sanz y Esther López Barceló. Yolanda Díaz, en Galicia. En Madrid, el coordinador, Eddy Sánchez, y la diputada autonómica Tania Sánchez. Mientras, el joven diputado Alberto Garzón se confirma como valor en alza y un enlace clave con los colectivos, el llamado “bloque social”. “Vamos a tener buenos resultados en las europeas. Eso nos va a dar presencia y visibilidad”, enfatiza Ramón Luque, secretario de Acción Política. A partir de ahí, la meta consiste en perfilarse como la fuerza imprescindible para construir un proyecto alternativo al PP.
También UPyD aspira a dar el salto, como quedó demostrado en el segundo congreso de la formación, celebrado a principios de noviembre. “Hemos hecho una tarea muy importante para preparar el partido para gobernar, para ser un instrumento de gobierno, no dentro de mucho, sino dentro de muy poco tiempo”, proclamó entonces Rosa Díez.
El número dos de la formación, Carlos Martínez-Gorriarán, explica que ese camino pasa necesariamente por los valores fundacionales de UPyD, que giran en torno a un modelo territorial inequívoco y ahora inciden en la urgencia de una reforma de la Constitución y de la ley electoral: “Desde luego tendremos que hablar de la reforma constitucional y del cambio de la ley electoral para ir hacia un nuevo modelo político”. El cónclave de la formación magenta incorporó a dos nombres nuevos en la ejecutiva: Ramón Marcos, diputado en la Asamblea de Madrid, y Andrés Herzog, el abogado autor de la querella contra Bankia. Y, el pasado lunes, la hermana del jefe de policía asesinado por ETA Maite Pagazaurtundua dejó la puerta abierta, durante un acto con Díez, a la posibilidad de ocupar puesto en la lista de las elecciones europeas. Próxima parada: Bruselas.

El ejemplo andaluz y la advertencia asturiana

En el mapa autonómico hay dos precedentes que reflejan las ambiciones, el ideario y la hoja de ruta de Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia. Cayo Lara mantuvo hace unos meses, en una entrevista en EL PAÍS, que “la protesta es importante, pero las leyes se cambian por elBoletín Oficial del Estado”.Es decir, su formación aspira en última instancia a construir un proyecto político desde la acción de Gobierno y no solo desde la oposición al sistema.
Lo está haciendo en la Junta de Andalucía, donde IU gobierna con la socialista Susana Díaz y ocupa la vicepresidencia con Diego Valderas. El decreto antidesahucios andaluz —impulsado por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y después suspendido por el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno central— fue para todos los dirigentes de IU la muestra de que se puede intentar cambiar el sistema desde las instituciones.
Ese es el planteamiento de la formación para al futuro y una forma de explorar alianzas con el principal partido de la oposición, con el objetivo de hacer frente a las políticas del Partido Popular.
La formación de Rosa Díez también aspira a gobernar y a influir en las decisiones de los dos principales partidos. Y está dispuesta a respaldar un proyecto no con el mero objetivo de entrar en un Gobierno, aseguran en UPyD, sino para lograr las reformas imprescindibles para su hoja de ruta de regeneración de la política.
Ocurrió en Asturias, donde el diputado autonómico Ignacio Prendes apoyó al Ejecutivo de Javier Fernández hasta la ruptura del acuerdo por “incumplir el pacto sobre la reforma de la ley electoral”, una de las banderas de UPyD. “A partir de hoy, el Gobierno socialista de Asturias se queda en minoría porque el PSOE ha preferido mantener un pacto electoral con el PP que respetar el pacto institucional y por la regeneración democrática que firmó con UPyD”, proclamó Rosa Díez coincidiendo con la inauguración del segundo congreso de la formación. Un anuncio medido, que pretendía dar una imagen de independencia y dejar claro que la formación magenta no se casa con nadie.

La ley de Seguridad franquista del PP chirría en Europa

El Ministerio del Interior afirma que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que quiere sacar adelante es “absolutamente imprescindible” para evitar que conductas “antisociales” queden impunes, al dejar de ser faltas cuando estas sean eliminadas por la reforma del Código Penal.
El departamento que dirige Jorge Fernández se muestra sorprendido por la polémica política, judicial y ciudadana que suscita el proyecto, y sostiene que la futura ley es similar a la que rige en países europeos vecinos. En algunos aspectos es así, pero en otros no, tales como los relativos a las manifestaciones callejeras, el cultivo de marihuana, fotografiar a los policías antidisturbios y la prostitución (ver el gráfico).
El ministro Fernández argumenta que el año pasado hubo en España 14.721 manifestaciones y este año (hasta el 31 de octubre pasado) más de 7.300. “Es ahora, en el ecuador de la legislatura, cuando se ha superado la recesión y se vislumbra la salida de la crisis, cuando parece razonable impulsar una ley para que queden mejor afianzados los derechos y libertades públicas, garantizando mejor la seguridad ciudadana, y eso sí, impidiendo la aparición de conductas ilegales violentas y vandálicas”, dijo el pasado 27 de noviembre en el Congreso.
El ministro espetó en esa misma sesión al diputado socialista Eduardo Madina: “¿Le parece que las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones a un policía (...) deben quedar sin reproche siquiera administrativo? ¿Le parece a usted que la ocupación de cualquier espacio común público o privado, fuera de los casos permitidos por la ley o la autoridad competente, no merece reproche administrativo?”.
Madina, en un agrio y durísimo enfrentamiento con Fernández, le replicó: “Son sus políticas y su miedo los que gritan en esta ley: ‘Silencio todo el mundo”
La oposición considera que la ley Fernández contempla cuantiosas multas gubernativas, contra las que es más difícil y costoso presentar recurso. Pero el ministro promete que su norma será “más garantista que la vigente” Ley de Seguridad Ciudadana.
Todo empezó con la entrevista a José María Aznar en Antena 3, el 21 de mayo, pero la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo el 27 de octubre fue el verdadero punto de inflexión. El PP es cada vez más consciente de que su electorado más conservador está muy molesto. Se ve en los medios conservadores, lo perciben los ministros y dirigentes en su entorno más cercano y sobre todo lo detectan las encuestas que como siempre interpreta para Mariano Rajoy el gurú Pedro Arriola. Dos asuntos clave tienen alterada a la derecha española. El fin de la doctrina Parot, que implica la salida a la calle de conocidos etarras y otros delincuentes como Miguel Ricart, y por otro lado la tensión independentista en Cataluña.
Consciente de este problema creciente, el Gobierno, que cree tener ahora algo más de margen político porque la prima de riesgo ya no aprieta como antes, ha empezado a concentrarse en algunas leyes que son gestos claros al electorado conservador aunque implican abrir un frente importante en el sector moderado, indignan a la izquierda y pueden perjudicar la imagen de Rajoy en Europa. La más evidente es la ley de seguridad. Si algo gusta y reclaman los sectores conservadores es dureza con las manifestaciones y los escraches. Ante la polémica suscitada, el Gobierno ha suavizado algunos aspectos, pero sigue siendo una norma pensada para satisfacer al electorado conservador, en especial con esa nueva infracción por “ofensas a España”.
El responsable de esta ley, Jorge Fernández, un ministro catalán, muy conservador y cercano a Rajoy, se ha convertido en el ariete de esta nueva estrategia del Gobierno. Mientras, para cerrar el flanco sobre Cataluña, además de estas “ofensas a España”, Rajoy lleva semanas lanzando la idea de que “la soberanía nacional y los artículos 1 y 2 de la Constitución no se van a tocar”. Y ha dejado claro que no se va a mover.
Fernández no está solo en esta estrategia para recuperar al electorado conservador.
El fin de la doctrina Parot y las excarcelaciones tienen muy alterado al mundo conservador, tanto que hastaAna Botella, hasta ahora muy cauta, aseguró que este tipo de cuestiones pueden “fragmentar el electorado del PP” y llegó a decir que hay “dudas sobre el proyecto político” de este partido. El Gobierno, aseguran los ministros, no tiene margen. Sin embargo, sí intenta hacer cosas. La semana pasada, por ejemplo, en un intento de atraerse al mundo de las víctimas, introdujo una enmienda en el Senado para que los condenados por terrorismo no reciban el subsidio por desempleo si no han mostrado arrepentimiento y pedido perdón a las víctimas. Además, Hacienda podrá embargar sus bienes por el procedimiento administrativo de apremio si no pagaron las cantidades a las que fueron condenados como responsabilidad civil y que fueron adelantadas por el Estado a las víctimas.
Rajoy parece así iniciar una segunda parte de la legislatura más política, en un claro intento por conectar con su votante natural. Aunque en el Ejecutivo admiten que la verdadera respuesta para ganar las elecciones en 2015 está en la economía, en la esperada recuperación y en la reforma fiscal que se presentará en marzo de 2014 y que es clave en la estrategia electoral del PP.
De momento la preocupación urgente, desde el punto de vista electoral, son las europeas de junio de 2014. El PP ya está en campaña. Ya ha presentado incluso su comité, aunque Rajoy no haya decidido aún su candidato, que anunciará probablemente después de Navidad. El PP teme un voto de castigo enorme al Gobierno, aunque cree que le salvará que el PSOE tampoco tendrá un buen resultado.
Son unas elecciones en las que, como dice uno de los expertos del partido, “solo votan los muy cafeteros”, esto es, la gente más politizada (en las últimas, en 2009, votó el 45%). Y esos “muy cafeteros”, en el PP, los votantes tradicionales, son muy conservadores. No es casual que en las últimas, en 2009, en una decisión que no gustó nada a los marianistas más moderados, Rajoy colocó de nuevo de cabeza de lista a Jaime Mayor, genuino representante del ala dura del PP. Y no le fue nada mal: las ganó por 500.000 votos. Ahora Mayor querría repetir como cabeza de lista. Esta vez parece más difícil, está muy distanciado de Rajoy. Aunque lo que es seguro es que el presidente, que pretende volcarse más en el partido a partir de enero, se concentrará en recuperar al electorado conservador, el que más problemas internos le está generando.

Gallardón, del Código Penal al aborto

Otro ministro dedicado a la estrategia de satisfacer al electorado conservador es Alberto Ruiz Gallardón. Suya es la reforma del Código Penal, que introduce la prisión permanente revisable y está en plena tramitación. Hasta el Consejo de Estado ha dicho que el Ejecutivo no ha justificado esta medida y se ha dejado llevar por la “alarma social” que generan algunos crímenes, aunque también ha dicho que cree que sí es constitucional. 
Gallardón tiene en sus manos una reforma clave para el electorado conservador: el aborto. El propio Rajoy aseguró el viernes a los periodistas que se aprobará este mes de diciembre, en uno de los tres consejos de ministros que quedan. La tensión interna en el Gobierno con este asunto parece en vías de solución. Rajoy eliminará la ley de plazos, el sistema que rige en casi toda Europa, y volverá a supuestos. Pero el tratamiento de esos supuestos y de los abortos en casos de malformaciones dividen al Ejecutivo hasta el último minuto, en el que Rajoy decidirá. El aborto es una ley muy complicada porque todos los ministros asumen que no gustará del todo a nadie, aunque sacarla adelante ahora es un claro gesto hacia el electorado tradicional.

Otro mensaje hacia este sector es el anuncio de una ley de servicios mínimos, algo que según la oposición es una forma encubierta de tocar por primera vez en democracia la ley de huelga. 

En otro plano, la tan criticada ley de educación, con el tratamiento que da a la educación concertada y a la asignatura de la religión o la eliminación de educación para la ciudadanía, también tiene la intención de lanzar el mensaje de que el PP va a empezar en esta segunda parte de la legislatura a cumplir su programa electoral para conectar de nuevo con su electorado natural.