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martes, 11 de marzo de 2014

Uno de cada tres consumidores toma alimentos caducados

Las familias españolas, después de ajustarse el cinturón en los gastos de ropa, los viajes en vacaciones o comidas fuera de casa, ahora se han visto obligados a racionalizar en la compra de alimentación. La crisis económica y la caída de la renta —con un bajada del 12% desde el 2007— son algunas de las causas por las que la mayoría (61%) de estas han reducido el consumo y el gasto en productos. Uno de cada tres consumidores dice que reutiliza, "si no han pasado muchos días", los alimentos que han sobrepasado la fecha de caducidad, cuando "deberían desecharse porque han dejado de ser seguros", indica la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) con los datos de un estudio realizado a 750 hogares. En él se afirma también que un 71% de los encuestados "compran lo justo y no tiran nada".
Aunque prácticamente todos los españoles (92%) consulta la fecha marcada en los alimentos, el estudio desvela "importantes carencias" a la hora de distinguir entre "fecha de caducidad" y "consumo preferente". Menos confusión hay sobre "consumo preferente", ya que un 81% acierta sobre su significado, si bien solo una cuarta parte es consciente de que, aunque no haya riesgo en consumir los productos que superen esa fecha, sí pierden calidad.  "Nos preocupa por un lado lo que supone por la precariedad y el riesgo para la salud; y en segundo lugar por lo que revela déficit de información y la confusión que tienen algunos de los consumidores sobre qué significa que un alimento esté pasado de fecha y puedo o no puede consumirse", añade Yolanda Quintana, portavoz de la organización.
Los encuestados por el Ceaccu dedican un 10% más de tiempo a buscar los productos más baratos que ofrece el comercio. Al año consumen 183 euros menos. Así, el gasto en comidas y bebidas fuera de la casa ha caído un 0,2%, entre 2011 y 2012. La compra de carne —ternera y cordero— ha bajado un 4%, el aceite de oliva casi un 5% y la de frutas un 3%.
Uno de cada tres consumidores dice usar los alimentos caducados
Quintana explica que "la precaria situación económica de los españoles ha llegado ya a lo más básico, a la alimentación. Después de que las estadísticas oficiales indicaran que recortan en gastos de partidas menos imprescindibles, como puede ser la ropa o los viajes, los productos para comer se están reduciendo en cantidad y en el dinero que destinamos a ellos. Es preocupante sobre todo con la posibilidad de que a corto plazo el Gobierno pueda aplicar alguna modificación en los impuestos sobre los alimentos".
Según el informe Ceaccu, una de cada tres personas busca las ofertas, el 23% aprovecha más la comida y el 9% ha reducido el gasto en alimentación. La crisis económica ha volcado a las familias a ser más racionales, por lo cual estas prefieren asistir al mercado de abastos o supermercado pequeño (68%), frente a la gran superficie (8%). En estos sitios suelen comprar más al peso —73% en el caso de carne, pescado y fiambre, y 82% en fruta— y en menor medida en bandejas.
En caso de quedar restos de lo que se cocina, el 83% afirma que los reutiliza —un 50% los conservan para consumirlos otro día y un 33 % prepara nuevos platos con las sobras—. "Nuestro estudio lo que demuestra es que ya las familias no tienen ningún margen para reducir aún más sus gastos en alimentación porque ya los han recortado y racionalizado", segura Quintana.
En cas
El informe revela también que con regularidad un 42% ha tenido que tirar un producto porque se ha estropeado antes de la fecha razonable de consumo. El mismo porcentaje de gente asegura no haber podido aprovechar la cantidad total del producto a causa del diseño del empaque.
En cuanto al impacto en los precios, el 89% considera que es una obligación legal vender alimentos solo dentro de las fechas de consumo y que no deberían costar más. En contraste con la mayoría de las informaciones que centran en los hogares el mayor volumen de desperdicios, los encuestados consideran que se da más en los establecimientos de venta (44%) y en los bares y restaurantes (39%). "Nos preocupa lo que pueda pasar ahora con los precios porque el jueves se presentará en el Congreso de los Diputados el informe sobre la reforma fiscal y tememos que en esta se incluya una modificación el IVA de los alimentos que consideraríamos que sería muy grave", recalca Quintana.
El estudio de Ceaccu ratifica su rechazo a cualquier iniciativa que reduzca la protección con que cuentan los consumidores, en particular, una eventual autorización para poner a la venta productos fuera de su fecha de consumo preferente. También rechaza cualquier incremento de precios directo—subida en productos dentro de fecha de consumo —como indirecto— reducción de contenido en envases sin bajada de precios.

Los Mossos dan por descabezados a los Latin Kings en Cataluña

Los Mossos d'Esquadra dan por descabezados a los Latin Kings en Cataluña con su mayor operación contra las bandas latinas en la comunidad. Esta mañana han detenido a la cúpula de este grupo en una operación con más de 15 detenidos desarrollada en varias poblaciones del área metropolitana de Barcelona y en Girona.
La operación, que está bajo el secreto del sumario, se está llevando a cabo desde las seis de la mañana en Barcelona y poblaciones del entorno metropolitano como Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona y Santa Coloma de Gramenet, además de en Girona y Salt (Girona).
Por el momento, los Mossos d'Esquadra ya han practicado una quincena de detenciones y entre los arrestados estarían algunos de los principales dirigentes de la banda, si bien la cifra de detenidos puede aumentar a lo largo del día. Los Mossos d'Esquadra han efectuado a primera hora de la mañana más de una quincena de entradas simultáneas en pisos de varios miembros de los Latin Kings, una de las bandas latinas con más arraigo en Cataluña.
A los detenidos se les imputa delitos que van desde la pertenencia a grupo criminal hasta la extorsión, el robo, la tenencia ilícita de armas o el tráfico de drogas, según han informado fuentes próximas a la investigación. Precisamente, en el registro del piso de uno de los detenidos, en el número 14 de la calle Assaonadors de Barcelona, ha intervenido también la unidad canina de los Mossos en busca de drogas. Otro de los registros que ha acabado en detención se ha efectuado en la calle Sant Pere de Mitjà en la capital catalana.
En el macrodispositivo, el más importante que ha llevado a cabo hasta ahora la policía catalana contra bandas latinas, están interviniendo también agentes de los Grupos Especiales de Intervención (GEI), de la unidad antidisturbios (BRIMO), de Seguridad Ciudadana, de recursos operativos (ARRO) y de la División de Investigación Criminal.
Según las fuentes informantes, la operación de hoy contra los Latin Kings no tiene nada que ver con la desarrollada la semana pasada contra la banda latina de los "Bloods" en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat y que se saldó con la detención de una treintena de personas.

Un juez anula la rebaja del 75% de los salarios en una empresa

El juzgado de lo Social número 16 de Barcelona ha estimado que la rebaja salarial hasta el Salario Mínimo Interprofesional impuesta de forma unilateral por la empresa IMESAPI a sus trabajadores en agosto de 2013 es “injustificada”, sin causas objetivas, “ilícita y contraria a derecho”. El juez, que subraya la falta de voluntad negociadora de la empresa, obliga a la empresa a pagar a los ocho trabajadores afectados la diferencia entre el SMI y sus anteriores sueldos (entre 11.500 y casi 17.000 euros) y a indemnizarles con mil euros a cada uno en concepto de daños morales. La defensa, que ha llevado el abogado Jordi Juan, del Col.lectiu Ronda, pedía 90.000 euros para cada uno. El juez también declara “vigente” el convenio colectivo (y sus tablas salariales) anterior a la rebaja. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En agosto pasado, ocho trabajadores de la empresa IMESAPI, que pertenece al grupo ACS (la firma se llamaba Auditel antes de ser subrogada por el conglomerado) y se dedica al mantenimiento de cabinas telefónicas, vieron como de la noche a la mañana la dirección les rebajó el sueldo de los 3.000 euros brutos que cobraban de media hasta los 645,3 euros que fija Salario Mínimo: una rebaja del 75%. La empresa dio el convenio colectivo por caducado sin negociar con los representantes de los trabajadores (pese a que lo requirieron hasta tres veces y lo denunciaron ante la Inspección de Trabajo) y pese a una cláusula que preservaba la vigencia más allá de su caducidad hasta que no hubiera un nuevo acuerdo. El convenio había caducado en 2012 y, como es preceptivo, los empleados lo denunciaron con el objetivo de comenzar las negociaciones para acordar uno nuevo, incluso elaboraron y así lo comunicaron, la preceptiva plataforma de negociación. La decisión unilateral de la dirección llegó cuando finalizó el periodo de ultractividad de un año, como establece la Reforma Laboral: de hoy para mañana las relaciones laborales de la empresa pasaron a depender de las condiciones de mínimos que fija el Estatuto de los Trabajadores.
El juez califica de “deliberadamente rebelde” la actitud de la empresa al hacer oídos sordos a las peticiones de negociación, hasta el punto de concluir que “constituye una vulneración al derecho a la libertad sindical en su vertiente del derecho a la negociación colectiva”. Entiende que la empresa ha actuado “con menosprecio de toda negociación” y cree que “no existe justificación alguna” ni de la reducción salarial ni de la negativa a negociar “a pesar de los requerimientos de los trabajadores en múltiples ocasiones haciendo caso omiso a sus comunicaciones”. En el capítulo de los fundamentos de derecho insiste en que la dirección no contestó “ni tuvo intención de sentarse a negociar” y que “no es de recibo” que alegara falta de tiempo y que “por toda alegación” afirmara que “estaba ocupada en otras cuestiones”.
El juez califica de “deliberadamente rebelde” la actitud de la empresa
El abogado que ha llevado la defensa de los trabajadores, Jordi Juan, subraya de esta sentencia “que acredita la mala fe de la empresa y demuestra el fracaso de la Reforma Laboral que se nos vendió como un instrumento para facilitar la negociación colectiva, cuando en realidad abre la puerta a medidas unilaterales”. “La sentencia muestra los desequilibrios entre empresarios y trabajadores, a favor de quien está redactada y que en realidad es una instrumento para bajar salarios”, opina el abogado.
IMESAPI, que ganó la concesión para mantener las cabinas públicas de la provincia de Barcelona en mayo de 2012, había actuado anteriormente de la misma forma con su plantilla en el País Vasco, donde también obtuvo una sentencia contraria a la decisión de dar por finiquitado el convenio. Antes de dictar sentencia, el juez ya había aceptado como medida cautelar el restablecimiento del convenio en febrero, una medida que atenuaba la situación de los trabajadores, que durante seis meses han cobrado solo los 654 euros del SMI. Y es que el magistrado se refiere el daño que para los trabajadores puede haber causado en la “atención de sus necesidades primarias” la “súbita, inesperada e injustificada reducción salarial” para la que no existe “causa objetiva como podría ser una causa técnica, económica, organizativa o de producción”. El juez también se refiere a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que si bien justifica la reducción de las comisiones que recibían unos trabajadores para ganar competitividad, alerta de que para evitar “dumping social […] no pueden ser admisibles en cualesquiera términos”.
Los empleados llevan tiempo alertando de que la empresa ganó el concurso de Telefónica porque “reventó” la selección con una oferta muy baja. “Desde entonces, hemos sufrido la discriminación de la empresa que no nos facilitaba herramientas y ha querido trasladar trabajadores a Bolívia, Perú o a trabajar en tareas de mantenimiento en la prisión de Ceuta”, afirmaba la víspera del juicio, el 19 de febrero, Josep Alpuente, representante del comité de empresa.

Malasia amplía la búsqueda del avión a la costa oeste del país

Poco antes de subir en el avión del vuelo MH370 que despegó en la madrugada del sábado pasado de Kuala Lumpur rumbo a Pekín, Lin Annan, un joven de 27 años que estudia en la capital de Malasia, llamó por teléfono a su madre en China. “Me dijo que volvía con un grupo de amigos”, cuenta esta mujer de 49 años que vive en la provincia de Qinghai (oeste de China). Fue la última vez que oyó su voz. Lin Annan nunca llegó a Pekín. El Boeing 777-200 en el que viajaba con otros 226 pasajeros y 12 tripulantes se esfumó sin dejar rastro en algún punto entre Malasia y Vietnam menos de una hora después del despegue, y cuatro días después sigue sin aparecer.
La mujer, de 49 años, no puede contener el dolor. Las lágrimas asoman tras las gafas oscuras y comienzan a descender por sus mejillas. “La compañía aérea no nos ha dado ninguna información sobre qué ocurrió con el avión”, dice con voz temblorosa. Su marido, un hombre entero y fuerte, la coge del brazo con cariño y afirma: “Es imposible que no se sepa nada. ¿Con lo desarrollada que está la tecnología hoy día, cómo puede ser que no lo encuentren? Debía tener combustible para todo el vuelo, que dura seis horas, pero solo voló una o dos. ¿Dónde está el resto del combustible?”
La pareja habla mientras sale del hotel de Pekín en el que han sido concentrados por la compañía aérea Malaysia Airlines los familiares de los pasajeros, a la espera de unas noticias que no llegan. Tras las puertas de madera del salón en el que han sido reunidos, intentan hacer frente al dolor, la frustración y la incertidumbre por tantos interrogantes. Les acompañan funcionarios malasios y chinos, y psicólogos y expertos desplazados a Pekín por la aerolínea para apoyarles. Ante el tiempo transcurrido desde que se perdió el contacto con el avión, los responsables de la aerolínea han instado a las familias a “prepararse para lo peor”.
Si en un principio la búsqueda del aparato se centró en el mar entre Malasia y Vietnam, la atención ha basculado ahora a la costa oeste de Malasia, según ha asegurado este martes Malaysia Airlines en un comunicado. “Los equipos de búsqueda y rescate han expandido el alcance más allá de la ruta de vuelo. El foco está ahora en el oeste peninsular de Malasia y el estrecho de Malacca. Las autoridades están mirando la posibilidad de que se produjera un intento del vuelo MH370 de regresar a Subang (Malasia). Se están mirando todas las posibilidades". La compañía afirma que, además de en el mar, se está buscando en tierra entre esas áreas. Una flota compuesta por 42 barcos y 35 aeronaves de una decena de países participa en las labores de búsqueda.
La decisión de mirar en el oeste de Malasia se ha producido después de que el general Rodzali Daud, jefe de la fuerza aérea de Malasia, asegurara el domingo que los registros de radar militares indican que el avión pudo dar la vuelta respecto a la ruta prevista, algo de lo que la tripulación debería haber informado a los controladores aéreos y no hizo. Un alto mando de la aviación militar malasia ha declarado a CNN que los radares detectaron por última vez el vuelo a las 2.40 del sábado en Pulau Perak, una pequeña isla del estrecho de Malacca.
Inicialmente se creyó que el vuelo MH370 pudo estrellarse en el mar a mitad de camino entre la ciudad de Kota Bharu (costa este de Malasia) y la punta sur de Vietnam, ya que es aquí donde se perdió el contacto con los radares civiles cuando volaba ya a altitud de crucero, a unos 10.000 metros. El lunes, fue ampliado el radio de búsqueda de 50 millas náuticas a 100 millas (185 kilómetros) en esta zona alrededor del punto en el que desapareció.
Mientras los equipos peinan mar, cielo y tierra, la paciencia de las familias de los pasajeros se está agotando. Se quejan de que los responsables de la aerolínea tardaron horas en informar de que el avión había desaparecido y que después no les han facilitado suficiente información. Cada vez están más frustradas por la falta de respuestas ante unos interrogantes que se suceden uno tras otro. Tanto las manchas de petróleo como posibles piezas que fueron avistadas en el mar no corresponden al aparato.
“El marido de mi sobrina iba en el vuelo. Trabaja en Kuala Lumpur con otros compañeros chinos. Tiene 24 o 25 años”, dice Zhang, una mujer de 64 años. “Las familias que están en la sala están muy enfadadas porque no reciben ninguna respuesta. Todo lo que nos dicen es ‘No sabemos qué ha ocurrido”. Las teorías de lo sucedido oscilan desde una explosión repentina en pleno vuelo por algún problema técnico o una bomba, a un secuestro e incluso un suicidio del piloto. El director de la CIA, John Brennan, ha recalcado este martes que no se puede "descartar ninguna teoría".
La tensión ha llegado al Gobierno de China –país del que son 153 de los 227 pasajeros-, que ha presionado a las autoridades de Malasia para que aceleren la búsqueda del aparato. “Este incidente pasó hace más de dos días, esperamos que los malasios puedan entender plenamente la urgencia que tiene China, especialmente las familias, y puedan acelerar la velocidad de la investigación e incrementar los esfuerzos de búsqueda y rescate”, aseguró el lunes Qin Gang, portavoz de Exteriores. Hoy ha vuelto a insistir en que se dé a las familias “información precisa y temprana”.
Qin ha reconocido, sin embargo, que “el incidente continúa bajo investigación”, y que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre lo que pudo provocar que el aparato se evaporara sin emitir siquiera un aviso de emergencia. La prensa estatal china ha sido menos comedida y ha fustigado al Gobierno de Malasia y la aerolínea por la gestión de la catástrofe, y ha pedido respuestas y mayores esfuerzos. “Malasia no puede eludir sus responsabilidades”, afirma el diario Global Times, que está ligado al Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista Chino. “La respuesta inicial de Malasia no fue lo suficientemente rápida”.
El periódico acusa también a Malasia de tener problemas de seguridad en sus aeropuertos. “Hay agujeros en la forma en que trabajan Malaysia Airlines y las autoridades de seguridad”, dice. “Si (la desaparición) es debida a un problema mecánico o un error, la culpa es de Malaysia Airlines. Si se trata de un ataque terrorista, entonces hay que cuestionar los controles de seguridad en el aeropuerto de Kuala Lumpur y en el vuelo”. Malasia Airlines ha replicado en su comunicado: “Estamos tan ansiosos como las familias por saber el estado de sus seres queridos”.
A la vez que presiona, Pekín ha enviado cuatro barcos para ayudar en los trabajos de búsqueda, tiene otros cuatro de camino, y, según asegura hoy el Diario del Ejército de Liberación del Pueblo, ha desplegado 10 satélites, que permiten tomar imágenes de alta resolución de la superficie de la Tierra. Vietnam está buscando en sus junglas, zonas montañosas y cerca de las fronteras con Laos y Camboya.
El vuelo MH370, operado en código compartido con la compañía china Southern Airlines, despegó de Kuala Lumpur a las 00.41, hora local, del sábado (17.41 del viernes en la España peninsular), y tenía previsto aterrizar en la capital china seis horas después. Tres una hora de vuelo, se perdió el contacto con el avión. Los pilotos no tuvieron tiempo, o no pudieron, enviar una señal de alarma, por lo que algunos expertos creen que se produjo una explosión repentina en pleno vuelo.
El director de la Autoridad de Aviación Civil de Malasia, Azharuddin Abdul Rahman, afirmó el lunes que la desaparición del vuelo MH370 es “un misterio sin precedentes en la aviación”. Para los familiares de los pasajeros, esto solo añade frustración. En la entrada del hotel en Pekín, espera un autobús con una docena dentro y varios policías ante la puerta. Son algunos de los familiares que han decidido aceptar la oferta de Malaysia Airlines para llevarlos y alojarlos en Kuala Lumpur, y poder estar así más cerca del posible lugar de rescate de los restos del aparato. Otros prefieren quedarse en Pekín hasta saber más. “Nos preguntan si queremos ir a Kuala Lumpur. Para qué. Lo que queremos en este momento es saber dónde está el avión”, asegura el marido de Zhang. “No he pensado en ir a Kuala Lumpur”, dice la madre de Lin Annan. “Todo lo que deseo es que mi hijo regrese vivo”. Y se le quiebra la voz.

Un análisis de sangre predice el riesgo de desarrollar alzhéimer

Un análisis de sangre ha demostrado capacidad para diagnosticar con un 90% de precisión el alzhéimer con tres años de antelación. El trabajo, liderado por Howard Federoff, de la Universidad de Georgetown (Washington DF), se basa en los niveles de 10 metabolitos lipídicos. Lo ha publicado Nature Medicine.
En el estudio se hizo un seguimiento de 525 personas mayores de 70 años durante un quinquenio. Se hicieron diversas comparaciones, y el resultado fue que las personas que desarrollaron alzhéimer o problemas cognitivos más leves tenían unos niveles más bajos de estos 10 fosfolípidos.
La relación es puramente estadística, ya que Federoff admite que no sabe ni siquiera de dónde vienen esas moléculas, aunque se sabe que están presentes en las membranas celulares. Por eso el presupone que lo que están mostrando es una rotura de las neuronas, ligada al deterioro cognitivo.
El ensayo “es muy prometedor”, ha dicho Simon Lovestone, de la Universidad de Oxford, aunque ha matizado que de los 525 solo 28 han desarrollado síntomas, por lo que habrá que ampliar los trabajos.
El alzhéimer es la primera enfermedad neurodegenerativa. En España se calcula que afecta a unas 800.000 personas.
De momento, el análisis no tiene aplicaciones médicas, ya que no hay cura para la enfermedad. Tan solo hay algunos tratamientos y terapias que intentan mantener las capacidades básicas de memoria y movilidad de los afectados.
Tampoco hay otros detectores. El diagnóstico se hace por los síntomas. Hay varios intentos de tener uno precoz midiendo algunas proteínas en el líquido cerebroespinal (las tau o beta-amiloides cuya acumulación se relacionan con la enfermedad).
En cualquier caso, el sistema descrito es sencillo y parece que concluyente. Los autores confían en tenerlo disponible a gran escala en dos años.

URUGUAY : Armados pero pacíficos

En Uruguay hay oficialmente 580.000 armas registradas para una población de poco más de 3.280.000 habitantes. Existe, además, un importante mercado negro. Y las ventas van en aumento: 50% más en los últimos cuatro años, en medio de una ola de inseguridad que - vista desde México, Colombia o Venezuela parecería ridícula - pero que para los plácidos uruguayos resulta intolerable.
Once de la mañana del domingo en el Club Uruguayo de Tiro, a pocos metros del mítico estadio Centenario de Montevideo. En varias hileras, con una diana al fondo, varios hombres disparan causando un fuerte estruendo que, sin embargo, nadie parece advertir. Aquí vienen los socios de toda la vida y también aquellos que quieren sacarse un permiso. La ley actual somete a los candidatos a tener un arma a un examen psicológico y a varias horas de clases de tiro. Cada arma y cada dueño queda registrado. Si bien la "tenencia" de armas es fácil de obtener, el "porte" de armas - es decir, el derecho a llevarla encima - es sometido a estrictos controles. De los mil socios del club, solo veinte tienen el porte, según la administración.
Los testimonios coinciden: el perfil del propietario de un arma en Uruguay es un hombre, generalmente un padre de familia, que tramita la "tenencia" para poder defender su hogar en caso de agresión externa. Basta con interrogar al vecino, al compañero de trabajo, al médico o al profesor. Muchos reconocerán que tienen una pistola en casa, en un cajón cerrado, muchas veces sin utilizar.
Pero muchas otras veces las armas se usan y en esos casos la legislación explica la paradójica situación de Uruguay, un país donde el concepto de legítima defensa resulta especialmente protector para el hogar, considerado prácticamente inviolable. En ese contexto, abatir a un ladrón dentro del domicilio se califica muchas veces como "legítima defensa". En medio de una fuerte aprobación popular, los jueces tienden a ser clementes en este tipo de situaciones.
El ultimo caso se produjo el pasado uno de marzo en la localidad norteña de Salto. Un jubilado de 64 años mató de un disparo en la cabeza a un delincuente con antecedentes que trataba de robarle la bombona de gas. Tras un interrogatorio, el juez dejó al agresor libre y sin cargos.
Gustavo Guidobono, director de la Asociación para el Desarme Civil, confirma que el arma se concibe como un "instrumento de seguridad doméstica y patriarcal" en Uruguay.
Algunas organizaciones civiles afirman que el número real de armas en manos de civiles ronda el millón. En todo caso, con 32 armas por cada cien habitantes, Uruguay está al nivel de países como Irak (34 armas por cada cien habitantes), muy por encima de Argentina (10 por cada cien habitantes), Brasil (8 por cada cien) o de Colombia (6 de cada cien), pero lejos de Estados Unidos (90 armas por cada cien habitantes). Las cifras están basadas en el Small arms Surrey 2007.
Pero Guidobono rechaza estas comparaciones, Uruguay tiene en todo caso "el mejor registro de armas de Latinoamérica, donde el control es muy relativo".
Los socios del Club de Tiro, que prefieren no dar sus nombres, rechazan de plano la nueva legislación que condena a penas de hasta 12 años de cárcel a los propietarios de armas no registradas, un rechazo que comparten con los sectores políticos conservadores.
Guillermo Maciel es el experto en seguridad del Partido Colorado, totalmente contrario a la ley. Cree que lo necesario es "desarmar a los delincuentes y no a los ciudadanos honestos". Maciel considera que las leyes tienen que dar más elementos de autodefensa a los civiles. En ese contexto, el Partido Colorado apoya una iniciativa parlamentaria para ampliar el supuesto de legítima defensa y permitirla, por ejemplo, en los comercios.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados - Aníbal Pereyra, del Frente Amplio - afirma que la nueva ley trata de luchar contra el mercado negro y dejará un plazo de un año para que los civiles cambien sus armas ilegales por ordenadores portables o bicicletas.
En todo caso, quedará intacto un curioso privilegio para los diputados y senadores uruguayos, que tienen derecho a portar armas sin ningún tipo de restricción. Un estudio de 2008 reveló que uno de cada tres legisladores tiene un arma, cifras que Pereyra considera totalmente caducas. "En 1950, se prohibió la entrada de legisladores armados al hemiciclo y actualmente sólo se usan cuando hay necesidad de transportar fondos", afirma.
Guidobono se indigna contra el "adefesio" que constituye mantener los "privilegios ridículos" de los legisladores y se muestra tajante: "los políticos uruguayos están armados", tanto en los sectores de la derecha como en el bando de los exguerrilleros tupamaros del Frente Amplio y del presidente José Mujica.